El Estado, según la llamada Nueva Constitución Política del Estado, protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social, que en su estado natural no es estupefaciente y su revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirán de acuerdo a ley.
Siguiendo el ejemplo multicultural, Jamaica debería constitucionalizar la marihuana, como muchos países asiáticos el opio. Así se convierten como Bolivia en un Estado cocalero y así cada país puede tener un arbusto jurídico-simbólico cultural.
Pero fuera de lo anterior, la cuestión se presenta mucho más compleja. Morales anunció en el trópico cochabambino la legalización del cultivo de la hoja de coca y la necesidad de apoyo para obtener más de dos tercios para viabilizar las reformas legales en la futura Asamblea Plurinacional legislativa. Como vemos, una ley suplantará la actual Ley 1008 para reglamentar la cuestión cocalera.
Así, los cocaleros chapareños son la nueva clase privilegiada del país. Incluso entre los mismos cocaleros bolivianos existe discriminación que favorece solamente a los chapareños. Por ejemplo, los cupos destinados a la venta son de diez taques para los productores de La Paz y cinco para los del departamento de Cochabamba. El taque, que consta de 50 libras, es la unidad de venta en el mercado de Villa Fátima, en La Paz, en tanto que en Sacaba la medida mínima es el “paquete” de 100 libras. Por este hecho, los productores de coca de los Yungas paceños se sienten discriminados en virtud del trato preferencial que se da a los productores del trópico cochabambino, dice una nota del matutino La Prensa titulada: “Gobierno revela contrabando de hoja de coca a la Argentina” de 11 de octubre del presente año.
Recordemos que la coca yungueña tiene realmente un contenido de identidad cultural y la hoja del Chapare es ilegal, según la Ley 1008, pero Morales pretende autorizar y legalizar la producción de 30.000 hectáreas de cocales del Chapare.
La coca se vende en mercados populares, en pulperías mineras, y ahora se exporta a la Argentina. Sabemos que la coca que sirve para “acullicar” (consumir) es la que proviene de los Yungas de La Paz, y no así la del Chapare, que tiende a tener un sabor picante, no apto para el consumo tradicional.
Asimismo, sabemos que la legalización del cultivo de 30.000 hectáreas de coca no justifica el consumo tradicional, ya que el excedente está destinado al narcotráfico. Pero la cocacracia hace oídos sordos ante este aspecto.
Este asunto tan serio involucra a toda la humanidad, ya que desde los consumidores hasta los productores conviven con un vicio que produce serios efectos en la salud como en las relaciones sociales de millones de personas que son adictas.
El negocio lucrativo del narcotráfico juega con autoridades como si lo hiciera con peones en un tablero de ajedrez. Así, por la prohibición de la droga, ésta ha llegado a elevarse y superar los precios de cualquier producto de primera necesidad o de otros vicios.
Es un hecho que la prohibición eleva el precio de las sustancias narcóticas, y esto repercute en la economía y comportamiento de los productores (que buscan privilegios de parte del Estado), de los comerciantes (que recurren a medios criminales para el transporte y la venta) y los adictos (que necesitan de recurso para la compra).
David Friedman se cuestionaba: ¿La prohibición de las drogas aumenta o disminuye el crimen? Y decía que tenemos que suponer que un adicto cometerá una serie de crímenes para conseguir su vicio. La demanda de drogas es inelástica, eso significa que aumentos fuertes en su precio causarán reducciones pequeñas en su demanda. Por consiguiente, es lógico pensar que con una demanda inelástica de drogas y la consiguiente prohibición de drogas, se producirá más violencia en la sociedad ya que el adicto cometerá una serie de crímenes para financiarse en cuanto suba el precio de la sustancia. Si el precio de la droga es alto, se debe a que está prohibida; también debemos considerar que la principal causa de mortalidad en los consumidores se debe a la baja calidad de la droga, droga barata, muy común dentro de los mercados ilegales. Los pobres nuevamente son los más afectados.
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