EE UU y Uruguay, dos modelos para legalizar el uso del cannabis

EE UU y Uruguay, dos modelos para legalizar el uso del cannabis

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Desde que en 2010 se presentara la Proposición 19 en California, el tema de la legalización del cannabis para uso lúdico se ha establecido en diversas agendas gubernamentales como consecuencia del fracaso de las políticas actuales de carácter punitivo. Diversos investigadores y expertos en la materia llevan años pronunciándose a favor de la necesidad de implementar políticas distintas, por lo que se evaluará minuciosamente el impacto de las mismas en estas regiones.

En EE UU, el número de Estados que han decidido legalizar el consumo terapéutico de cannabis sigue aumentando, hasta llegar a 20, más el distrito de Columbia. Además, se están presentando varias iniciativas populares con la intención de convocar referendos este año, tanto para legalizar el uso terapéutico en nuevos Estados (Arkansas, Florida, Idaho, Nebras­ka y Ohio) como para legalizar el uso lúdico del cannabis (Arizona, Alaska, Cali­fornia, Missouri y Oregón). Las encuestas parecen favorables para que el 19 de agosto Alaska se convierta en el tercer Estado de EE UU en legalizar el uso recreativo del cannabis.

A la cabeza en legalización

El 1 de enero se inició la venta de cannabis para uso lúdico en Co­lorado, donde se permite a los mayores de 21 años que sean residentes comprar hasta 28 gramos al día, mientras que los visitantes pueden adquirir hasta siete gramos. Du­rante los dos primeros años sólo se podrá conseguir la droga en los dispensarios de marihuana medicinal. La Administración pública espera recaudar casi 70 millones de dólares en impuestos en un año, una inyección económica bastante considerable por legalizar una actividad comercial que se llevaba a cabo de forma sumergida.

El 5 de noviembre de 2013, en Colorado se aprobó la Proposición AA, con la que se imponen impuestos especiales a la venta de marihuana para uso lúdico, de los cuales un 15% se destinará a la construcción de escuelas públicas y un 10% a financiar la burocracia que controla este nuevo mercado regulado. Por lo que respecta al Estado de Washin­gton, se espera que en junio empiece la comercialización bajo unos criterios similares a los de Colorado.

Sin embargo, estos procesos de cambio siguen viéndose desde ciertos sectores con temor. La ONU advirtió a los gobiernos que han legalizado el uso lúdico del cannabis que esas medidas incumplen los convenios internacionales sobre drogas.

El caso de Uruguay

El pasado diciembre, el Gobierno de Uruguay promulgó el texto con el que legalizaba el consumo de cannabis, la ley para el control y la regulación por parte del Estado de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de la marihuana y sus derivados.

Esta ley fue aprobada con la finalidad de luchar contra el narcotráfico de una forma más eficaz. A raíz de la nueva norma, sólo las personas mayores de 18 años y residentes en el país que se hayan registrado previamente podrán comprar en las farmacias autorizadas hasta 40 gramos de marihuana al mes, o cultivar hasta seis plantas con una producción máxima de 480 gramos.

El proceso político que ha llevado a la legalización del cannabis en Uruguay presenta diferencias sustanciales con lo acontecido en los Estados estadounidenses de Colo­rado o Washington. La más notoria es que estos llevaban 12 y 14 años respectivamente con una legislación que permitía el uso terapéutico de esta sustancia cuando aprobaron su uso lúdico. En cambio, la sociedad uruguaya parte de un rechazo del uso terapéutico del cannabis por parte de sectores sanitarios como el Sindicato Médico del Uru­guay, y un consumo despenalizado con un acceso a la droga que estaba totalmente prohibido por la Ley 17.016 de 1998.

Control estatal

Otra característica distintiva del modelo uruguayo es la alta intervención del Estado en el control y la supervisión de este nuevo mercado regulado, como se visualiza con el establecimiento del precio de mercado –se estima que será en torno a un dólar por gramo– y con la obligación de un registro de usuarios, todo ello con la única intención de reducir el narcotráfico. El Gobierno aplicará la mayor protección posible al software de registro de usuarios para luchar contra quienes quieren boicotear esta medida obteniendo los datos de los usuarios.

Será interesante evaluar el impacto de este cambio en la sociedad uruguaya y la evolución de la opinión pública con respecto a la percepción de la eficacia de esta política pública, puesto que los últimos sondeos siguen mostrando a una mayoría de personas en contra de la medida. Asi­mismo, es importante señalar que desde que empezó el siglo se ha triplicado el número de personas que se pronuncian a favor de la legalización como medio para solucionar los problemas relacionados con las drogas, como su tráfico ilegal. Y es que para el presidente uruguayo, José Mujica, las políticas punitivas y represivas que se han aplicado hasta el momento como respuesta a la venta y consumo no han servido de freno del narcotráfico: “La batalla está perdida en todo el mundo y desde hace tiempo”, afirma.

España apuesta por endurecer los castigos

Mientras que en algunas regiones del planeta los Gobiernos tratan de corregir el incumplimiento de los objetivos de sus políticas de drogas, en España se decide ahondar más en unas políticas punitivas sobradamente fracasadas. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido seguir el guión que estableció el Gobierno de José María Aznar en el documento llamado Informe sobre el cannabis 2004: análisis de situación y propuestas de actuación, en el que se mostraban las líneas de trabajo para las reformas políticas en el ámbito de las drogas en la legislatura que empezaría en 2004. Esta guía, basada en el endurecimiento de los castigos por las infracciones y delitos relacionados con las drogas, no llegó aplicarse al perder el PP las elecciones generales de ese año.

Fuente DiagonalPeriodico

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