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El Tribunal Supremo declara legal el procesamiento por parte de las autoridades federales a consumidores de cannabis medicinal

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Con un resultado de 6 a 3 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una decisión de 2003, dictada por un tribunal de apelación federal, que venía protegiendo a la ley sobre cannabis medicinal de California de 1996 de las leyes federales antidrogas. El tribunal de apelación dictó afirmando que, según la constitución, el Congreso carecía de autoridad para regular el cultivo y uso no comercial del cannabis, siempre y cuando éste no cruzase las fronteras interestatales. El Tribunal Supremo no está de acuerdo con ésta sentencia.

La resolución del Tribunal Supremo es una rotunda reafirmación de la autoridad federal y pone de manifiesto una profunda fisura entre los jueces que ha hecho que la mayoría de los fallos dictados en la década pasada hayan limitado el poder del Congreso Federal y aumentado el papel de los estados. La sentencia no es necesariamente la última palabra respecto al tema del cannabis medicinal, ni de los tribunales ni de otros departamentos del gobierno.

El juez John Paul Stevens, haciendo notar que “tal vez más importante aún que estas posibilidades legales es el proceso democrático”, sugirió que el poder ejecutivo podría volver a reclasificar al cannabis para uso médico o el Congreso hacerse cargo del asunto. Los abogados que defienden el cannabis medicinal, por su parte, enfatizan diciendo que las leyes estatales continúan vigente y que la influencia de la decisión federal es insignificante. Allen Hopper, abogado del American Civil Liberties Union’s Drug Law Reform Project, dijo que el gobierno federal se está haciendo cargo tan sólo del uno por ciento de los juicios sobre cannabis.

Sandra Day O’Connor, uno de tres jueces que votó no, dijo que aunque no habría votado a favor de la iniciativa médica de marihuana de California y no la apoya como política pública, representa el tipo de innovación y “experimento” que entra dentro de los límites que la Constitución puede permitir a los estados. “Dentro de las competencias principales de la policía estatal siempre se ha incluido la autoridad para definir el derecho penal y para proteger la salud, la seguridad, y el bienestar de sus ciudadanos”, dijo.

Angel Raich, una de las dos demandantes, dijo a los periodistas que seguiría utilizando cannabis, prescrito por su médico y cultivado para ella por unos amigos. “No tengo otra alternativa que continuar”, afirmó.

(Fuentes: New York Times del 6 de junio de 2005, Reuters del 6 de junio de 2005)

Cortesía de IACM
Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento

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