¿Está la prohibición del cannabis más cerca que nunca de su final?

¿Está la prohibición del cannabis más cerca que nunca de su final?

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La Marcha Mundial en Madrid demuestra que el activismo cannábico está más fuerte que nunca, pero la regulación legal puede acabar siendo una trampa.

“El futuro avanza hacia la incontestable regulación legal de la conflictiva planta, aunque sea de la mano de los innegables beneficios generales apreciados en aquellas zonas del planeta que ya han dado el paso”

“No es justo que los usuarios medicinales se sientan criminalizados y sometidos a una presión inmoral cuando van a recoger su medicina”

“El problema lo tenemos ahora, cuando cualquier persona usuaria es empujada a recurrir al mercado negro para autoabastecerse de cannabis para su consumo”

“Cuando hablamos de derechos individuales, deberíamos hablar mejor del derecho a la salud colectiva, no estamos hablando de libertades individuales, estamos hablando del respeto a la tierra como estilo de vida”

Cada vez que se oye hablar de marihuana, sobre todo los no fumadores esbozan una sonrisita cómplice, una especie auto-confesión hipócrita de “en realidad no es tan malo, pero qué le vamos a hacer, eso es cosa de los médicos y las autoridades”.

Con este mantra pasivo hemos pasado de unas épocas –sobre todo en los años 70 y 80– donde el consenso social hacia la tolerancia cannábica era masivo e intergeneracional, a un periodo prohibicionista a ultranza donde desde la Ley Corcuera de 1992, la patrimonialización de la salud pública quedaba en manos de los lobbies médicos y farmacéuticos internacionales, y la represión policial y judicial recibía prácticamente un cheque en blanco, por más que la figura del consumo compartido fuera el resquicio legal que permitiera el incremento constante de consumos colectivos partiendo de la despenalización del auto-cultivo.

Pero despenalización no significa legalidad, como se encargan de repetir machaconamente nuestros tribunales. Y ese estigma de ilegalidad o para-legalidad de cualquier actividad relacionada con el cannabis se sigue extendiendo en la realidad oficial de nuestro país, hasta contaminar amplios estados de opinión, para los que el uso del cannabis se reduce a un mal hábito perjudicial para la sociedad, que hay que controlar y reducir, más propio de ciudadanos autoexcluidos y poco serios, que de ciudadanos responsables y con capacidad crítica, activos en la sociedad diversa de hoy.

Nada más lejos de la realidad. Por más que quieran ponerse puertas al campo, el futuro avanza hacia la incontestable regulación legal de la conflictiva planta, aunque sea de la mano de los innegables beneficios generales apreciados en aquellas zonas del planeta que ya han dado el paso (determinados estados en Estados Unidos, Uruguay, etc.).

El clima político de cambio, además, hace imaginar –más con expectativas que con realidades concretas– que estamos acercándonos a un momento histórico, a un punto de no retorno en cuanto a su esperada regulación responsable que dignifique a los ojos de la sociedad a cultivadores y consumidores, mientras una considerable industria ha ido creciendo paralegalmente en los últimos años en todo el Estado: desde grow-shops sin fin a continuas ferias temáticas sobre auto-cultivo, CSC (Clubes Sociales de Cannabis), movimientos asociativos de toda índole y plantaciones masivas incontroladas, con los pros y contras que ello supone para la tan manida “salud pública”.

En un momento clave de este tira y afloja, cuando más se está hablando de iniciativas políticas (Propuestas no de Ley, Iniciativas Legislativas Populares) y algunos de los llamados gobiernos del cambio habían comenzado a avanzar en nuevas regulaciones autonómicas y municipales que dotaran de mayor seguridad que la actual tanto a los usuarios como al resto de la ciudadanía, tres sentencias consecutivas del Tribunal Supremo a finales del pasado año volvieron a ratificar, en otro paso a atrás, el marcado carácter ilegal de cualquier intento de colectivizar y regular el cultivo y consumo, perpetuando el estigma, que además globaliza con la aplicación de tratados internacionales ya obsoletos y claramente dependientes de fines como poco dudosos, de que la sociedad no consiente la visibilización y la normalización del uso y cultivo del cannabis, reduciendo su tolerancia a ámbitos cerrados y ocultos, sin posibilidad de crecimiento masivo, sin proselitismo de ninguna clase, en definitiva sin capacidad de expansión social, dejando además en manos de la discrecionalidad policial (lo que en España sabemos bien que significa) la criminalización del uso y cultivo compartido, en particular en los CSC, cuya pervivencia queda literalmente a su merced.

La cultura de la marihuana sigue siendo para las autoridades una cultura de rebeldía, de inconformismo, de desobediencia civil, que debe contenerse a toda costa.

Por eso, por este momento histórico tan crítico, existía especial interés por saber qué daría de sí la celebración de la vigésima Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid (como en otras grandes capitales del mundo simultáneamente) el pasado 7 de Mayo, que iniciada en el ya lejano 1997 por organizaciones pioneras como AMEC, no es hasta 2015 cuando asume el concepto de “Mani-Fiesta-Acción”, y que a modo de carnaval reivindicativo recorrió la Gran Vía de Madrid, por primera vez este año con un bus descubierto y la música reggae de distintos sound-systems, cantantes y animadores, atronando e invadiendo durante cuatro horas el corazón comercial del Estado, ese voraz escaparate del consumismo de marca internacional, que es el antagonista natural de la cultura cannábica, basada –al menos originariamente– en el campo y la naturaleza.

Aunque la confrontación pública de paradigmas se resolvió sin incidentes –más allá de que el interés sobrevenido de turistas y viandantes en general desbordó la afluencia prevista a la altura de Callao, al punto de que tuvieron que cerrarse temporalmente los dos sentidos de la circulación en la Gran Vía–, los 4.000 asistentes según la organización, algo de más de 1.000 según otras fuentes, no podían contener la emoción, y hasta la euforia, de saberse protagonistas justo en esos ambientes tan comerciales donde siempre se sintieron ajenos, cuando no vigilados o perseguidos.

Una alegría perpleja que, a diferencia del año pasado (cuando la Policía infiltró agentes secretos para detectar el consumo y multarlo), contó con la total permisividad policial, incluso cuando desde el bus se disparaban con un cañón de aire bolsitas con productos para fumar, entre otros merchandising de la marcha.

Marcha Mundial Marihuana

 

Pero en una lucha social tan dispersa como ésta, con intereses tan dispares como los de los dueños de negocios florecidos a la expectativa de la legalización, activistas que no entienden esta lucha sin su hermanamiento con otras paralelas en defensa de las libertades individuales, como la School of Activism de la asociación castellonense Assonabis, caravanas venidas de todas las partes del Estado, consumidores individuales, defensores convencidos de la urgencia de aprobar el uso terapéutico normalizado, defensores legales asociados, negociadores políticos, y hasta arribistas mediáticos cámara de TV hípster en mano.

Ese crisol de silbatos y globitos verdes, esa batucada tan necesaria para la visibilización y la llamada de atención, pareció tapar la mucho más importante barricada que, como una hidra, trata de concitar todas las esperanzas comunes en torno a la propuesta política de una denominada oficialmente “Regulación Responsable” de la que hablamos con representantes de dos de los organizadores oficiales de la marcha, y que, con todo, no termina de dar respuesta a la necesidad de poner encima del debate público que la marihuana y toda la cultura ancestral que arrastra, no sólo es cuestión de regulación lúdica y/o terapéutica, sino que es una formidable herramienta para poner en solfa el paradigma de consumo globalizado actual, y, en consecuencia, para hermanarse con la reivindicación ecológica, de decrecimiento y de respeto a la naturaleza, que parece obviarse en parte en el debate público que se pretende legislar.

“Cuando hablamos de derechos individuales, deberíamos hablar mejor del derecho a la salud colectiva, no estamos hablando de libertades individuales, estamos hablando del respeto a la tierra como estilo de vida, no estamos hablando de los negocios de las farmacéuticas ni del alcohol, estamos hablando de la libertad del cultivo libre, del agricultor, del respecto del modus vivendi que respeta una vida, que no necesita los libros, que no necesita el dinero, y que no necesita de prohibiciones, que aprende de la naturaleza, la enseñanza de la naturaleza y las plantas que curan. La realidad es que la cola de caballo, la albahaca, el romero, el tomillo, el ajo, la cebolla, la zanahoria son medicina, y el cáñamo o la marihuana es una de ellas. Están en la naturaleza, porque es un elemento más de supervivencia que podemos acceder a él, y relacionarnos con él. Desde ese punto de vista, todo lo demás son negocios perversos del capital. En el movimiento de capital, si tú tienes mucho dinero puedes decidir dónde invertir, si tú decides invertir en vez en la tierra y en la cultura que protege a la vida a través del cáñamo, por ejemplo, decides invertir en otros subproductos paramilitares o eclesiásticos, naturalmente que no avanzamos”, advierte Sergio Monleón, fundador del grupo pionero de reggae en España, Jah Macetas, y que no participó en la Marcha, aunque no es contrario a ella.

“El objetivo de esta marcha era solicitar a todos los partidos políticos que incluyen en su programa alguna fórmula relativa a la regulación del cannabis, (PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos y ERC) que sean coherentes con sus programas y valientes para impulsar una Ponencia Parlamentaria seria, técnica y objetiva con presencia de la sociedad civil, a través de una Proposición No de Ley transversal a todas estas fuerzas políticas, que cristalice en una regulación responsable e integral del cannabis”, cuenta Bernardo Soriano, de la firma S&F Abogados, muy implicada en la negociación política de la regulación, a través de la Plataforma Regulación Responsable, de la que es portavoz. Pero le cuestiono si no se está confiando demasiado en la agenda de los políticos y si tienen un plan B para el caso de que esa PNL no termine de salir nunca adelante.

“La falta de voluntad política siempre se suple con movilización social, el Plan B es una ILP a nivel nacional para que sea el movimiento social anti prohibicionista ligado al cannabis el que lleve el debate al Parlamento, pero primero optamos por la incidencia política y la coherencia en el cumplimiento de sus programas”, explica.

Pero a falta de agenda política nacional clara, a diferencia de Soriano, que cree como el Tribunal Supremo que ayuntamientos y comunidades autónomas no tienen competencias para ir impulsando poco a poco la regulación, David Rabé, de la veterana Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), sí les otorga un papel más relevante a estos políticos de mayor cercanía con el ciudadano, sobre todo con los CSC: “Las comunidades autónomas deben regular la actividad de los CSC, puesto que son estas administraciones en las que nos damos de alta. Hemos venido para ser parte de la solución y no parte del problema. El modelo que defendemos desde la FAC no deja lugar a dudas, somos igual de activistas que quien decide cultivar sus dos, tres o cuatro plantas en su casa para su autoconsumo, la diferencia es que decidimos asociarnos para gestionar entre todos, la defensa de ese derecho al autoconsumo como organización social. Juntos defendemos mejor nuestro derecho a ese espacio para las personas usuarias de cannabis donde prime la información, la reducción de riesgos y el aportar un servicio social a la comunidad”.

Si finalmente ese debate público y político se llega a abrir como piden las organizaciones convocantes, la cuestión de la salud pública será el caballo de batalla. Una perspectiva más ambiciosa que la mera seguridad jurídica exigiría no perder de vista las reflexiones casi metafísicas tan rastafaris pero de mucho calado real, que hace Monleón, sobre la relación con la planta a la que deberíamos aspirar legítimamente en una sociedad avanzada.

“El objetivo de todo ejército, cuando arrasa, lo que pretende es divorciar a la ciudadanía de su vínculo con la naturaleza. En cuanto divorcias a la gente de la naturaleza, todos los miedos son posibles. El primer miedo es a comer lo que es natural, el segundo miedo es a fumar lo que es natural, lo que siempre ha sido tu sustento aparece como tu enemigo, porque te pautan desde pequeño en las escuelas las bases de tu alimentación, te restringen la clorofila, te restringen todos los cannabinoides que tú hubieras comido en la tierra, viviendo naturalmente cerca de ella, y te los cambian por lácteos y azúcares, te cambian todas esas pautas de comida desde la infancia, te secuestran de la familia y te meten en esos aislamientos sensoriales llamados escuelas, con personajes que sólo leen libros y te los recitan, y claro toda esa frustración acumulada de la infancia crea pautas deficientes de minerales, de vitaminas, de todo tipo de movimientos porque estás sentado en sillas todo el tiempo, que no es correcto, porque ninguna persona en la infancia estaría sentada en sillas tantas horas…Entonces el resultado de toda esa alienación programada, sistemática y paramilitar, es el divorcio completo de la tierra, y de los conceptos de respeto a la tierra y de luchar por ella, porque la desconocemos. ¿Qué solución te dan? Te colocan el alcohol, la televisión y otros distractores sociales como la política, el deporte y cualquier otro subproducto paramilitar. Porque en el fondo lo que se busca es impedir que tú seas autosuficiente. Y dentro de esa prohibición, naturalmente criminalizan todo lo que te sienta bien. Todo lo que te hace estar a gusto. Si tú estás a gusto con algo, penalizado. O en tu casa, y que no se entere nadie”.

“Es que precisamente es ése el argumento de peso para ponernos manos a la obra hacia un nuevo modelo de regulación en el uso del cannabis”, apunta Rabé. “Se apeló a un problema de salud pública para prohibir el cannabis, lo cierto es que cuando se prohibió –hace ya 50 años–, no existía un problema de salud pública con respecto al cannabis ni a su uso. El problema lo tenemos ahora, cuando cualquier persona usuaria es empujada a recurrir al mercado negro para autoabastecerse de cannabis para su consumo, donde además del peligro de seguridad que ello conlleva, también está expuesto a la adulteración o a recibir cannabis en mal estado a precios fuera de toda lógica sensata”.

“Afortunadamente en España contamos con la mejor sociedad del mundo en cuanto a número de investigaciones con cannabinoides, la Sociedad Española de Investigación con Cannabinoides (SEIC)”, añade Soriano. “Además, algunos de sus integrantes más significativos y con más background, junto con algunos médicos y Asociaciones de Pacientes como dosemociones, han formado el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), principal ente que trabaja por la normalización del uso del cannabis medicinal, la información veraz y la incidencia política de cara a su regulación”.

En realidad, el uso terapéutico del cannabis parece contar con un consenso científicode tal magnitud que sólo necesitaría voluntad política para su legalización definitiva. Sin embargo, les pregunto si esto no puede suponer el chocolate del loro, la vía fácil para los políticos, pero dejando fuera al grueso de usuarios, considerados de interés residual, cuando su uso es sólo para fines lúdicos. Una legalización “trampa” en toda regla.

Pero aun asumiendo el riesgo, Bernardo Soriano sale al paso: “Coincido contigo en que hay riesgo de que se centren en la regulación del uso medicinal y dejen al grueso de los usuarios fuera, que sería lo fácil para ellos, les damos un caramelito para que se callen…, pero por otra parte eso no puede coartar la reivindicación totalmente lícita que esgrimen los usuarios medicinales respecto de tener un acceso seguro, económico y de calidad que ahora no tienen y que el Estado en dejación de sus funciones no les provee. No es justo que los usuarios medicinales se sientan criminalizados y sometidos a una presión inmoral cuando van a recoger su medicina, imaginemos que cuando fuéramos a comprar ibuprofeno y saliéramos de la farmacia nos pudieran sancionar con 600 euros por acceder a una sustancia que nos beneficia como tratamiento y que nos ha recomendado un médico. Como dice Carola Pérez, presidenta de OECM, el dolor no puede esperar. Por eso la Propuesta de Regulación Responsable protege y vela por todas esas realidades de los distintos usuarios y usuarias. Esta propuesta la llamamos la de los cinco pilares: regulación de la tenencia, consumo y cultivo para uso personal; de los Clubes Sociales de Cannabis; de un sistema de licencias en tres niveles –producción, manufactura y venta–; establecimiento de políticas sobre el cannabis basadas en la información, educación y prevención de riesgos; y regulación del cannabis medicinal”.

Y David Rabé pone el dedo en la llaga, además, cuando avisa de los peligros de la apropiación en ciernes por la industria farmacéutica, que se ve venir bajo el paraguas del uso terapéutico del THC, deslindándolo del cultivo y consumo natural de la planta, y convirtiéndolo en sintético: “Si hay que enfatizar algo con respecto al uso terapéutico del cannabis, es que ha sido usado desde muchos siglos atrás por diferentes civilizaciones como planta medicinal, y que tan sólo desde hace 50 años sufrimos su ilegalización. Actualmente, los únicos que pueden recomendar su uso terapéutico son los facultativos médicos. Debe seguir siendo así para que más profesionales sanitarios se conciencien de que muchos pacientes necesitan de su implicación para recuperar un recurso terapéutico barato, eficaz y versátil. El reconocimiento al uso terapéutico del cannabis debería ser algo en lo que todo/as los facultativos/as tendrían que estar de acuerdo, es un hecho que cada vez más médicos reciben consultas sobre uso de cannabis por parte de sus pacientes, con lo que debería de haber más formación e información sobre este tipo de terapias. Muchos apuestan por un fármaco (Sativex) con un concentrado de THC, ¿nadie se ha percatado que cultivar la planta de la que se extrae el componente activo puede ser mejor y más barato?, detrás de su posible expansión como recurso terapéutico viable vuelven a estar presentes criterios morales antes que el juramento hipocrático al que deben de acogerse los facultativos médicos”. Criterios morales y economicistas, añadiría yo.

MMM2016

 

Lo que resulta indudable es que la sociedad civil en España va muy por delante de la sociedad política, jurídica y científica. La prueba es la respuesta inmediata del colectivo musical reggae que participó con entusiasmo en la marcha, con los sound systems Chronic, Mas Jahma Promotions, Crossfyah, The Silly Tang, Dj Shayman, y los cantantes Lion Sitte y Mr. Moaktahr, pero sobre todo el papel que está jugando una industria cada vez más en auge como la de los Grow Shops, cuya incidencia como industria, no está claro si perjudica o beneficia a la cultura anti-farmacéutica que subyace detrás la marihuana.

“El movimiento de los Grow Shop sin duda ha sido lo que ha impulsado la normalización de la sustancia surgiendo con valentía en un momento en que la situación en España no era buena, siendo los pioneros. Creo que la industria no es incipiente, sino que está consolidada, siendo España el país de referencia en Europa y más potente empresarialmente moviendo cientos de millones de euros. Este gigante por otra parte tiene los pies de barro al sustentarse en una sustancia que a priori es ilegal. No es entendible que haya un movimiento tan gigantesco ligado a esta sustancia, y que en ningún caso sería imaginable respecto de otra sustancia ilícita, esto es sin duda por la integración transversal que tiene la sustancia en la sociedad. Por tanto, a mi modo de ver beneficia, dado que normaliza”, dice Bernardo Soriano.

Pero David Rabé no lo ve tan claro y, además, está más preocupado por el abuso que cuatro aprovechados buscando negocio pretendan hacer del incipiente modelo de CSC: “Es complicado de augurar, pero eso debería de hacernos ver la urgencia por la cual debemos de regular lo antes posible, y tenemos la obligación de hacerlo pensando en las personas y no en las empresas ni en una política de ‘tanto ganas, tanto vales’. Mayoristas, bancos de semillas, grows, etc… son empresas que han ayudado a que millones de personas puedan cultivar cannabis de una manera segura y con garantías, no debemos olvidar eso. Lo que nos preocupa más es la mercadotecnia que circula alrededor de los CSC, donde encontramos muchos conceptos alejados de lo que es el activismo y la desobediencia civil. No nos cansamos de repetir que crear un Club Social cuesta sólo 50 euros, el costo real está en el esfuerzo por comprender como funciona nuestro modelo asociativo y aplicarlo de forma adecuada. Regular permitirá separar bien el grano de la paja”.

Sea como fuere, la revolución cultural verde está en marcha irremisiblemente. Bueno será no olvidar, porque los ancestros consideraron desde siempre al cáñamo como una planta sagrada. Algo debían saber que a nosotros, en general, se nos escapa.

Por Carlos Monty para DiagonalPeriodico.net

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