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La Federación de Asociaciones Cannábicas de Aragón (ARAFAC), nace con el fin de coordinar y aunar esfuerzos, trabajo y opiniones que permitan representar social y políticamente, al colectivo de usuarios/as de cánnabis de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como para conseguir su normalización y el reconocimiento de las propiedades terapéuticas del cánnabis.

Con ese objetivo de aunar esfuerzos y llegar a un gran entendimiento entre los distintos colectivos, queríamos desde ARAFAC, presentarnos ante vosotros/as, aprovechando la oportunidad que nos brinda la celebración el día 5 de Marzo, de la fiesta de la CINCOMARZADA, e invitaros a pasaros por el espacio que nos reserve la amable organización para ese día, y para que conozcáis de primera mano nuestras actividades como colectivo, además de toda la información que pudierais necesitar de las mismas.

Hemos preparado distintas actividades para ese día, tanto para socios y socias, como para todo aquel que se quiera acercar y aportar su pequeño grano de arena al movimiento cannábico.
Os agradeceríamos que os pasarais a compartir un rato agradable entre compañeros/as ese día, y para cualquier otra cuestión o duda, estaremos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros en el correo de la federación: arafaczgz@gmail.com

Para aquellos colectivos que quieran venir a comer al parque con nosotros/as una rica caldereta o paella, por un módico precio de 4 euros, os agradeceríamos nos lo hicierais saber lo antes posible, para poder organizarlo todo y que todo el mundo pueda disfrutar de un día de festividad entre amigos y amigas, para ello deberéis comunicarlo en el correo de ARAFAC antes del día 27 de Febrero.

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Como seguramente sabe ya todo el mundo, el 7 de septiembre del año pasado el Tribunal Supremo publicó la sentencia 484/2015 por la que se condena al presidente, secretario y tesorero del club cannábico EBERS a ocho meses de prisión y multa de 5000 euros por un delito contra la salud pública.

En esta resolución que cuenta con tres votos particulares en contra y que consta de 94 páginas, el tribunal deja sentadas las condiciones que deben darse para que en casos similares pueda condenarse a los responsables de asociaciones cannábicas.

Sea o no sea legal el consumo de marihuana, o de cualquier otra substancia prohibida, no es delito en España y si no es delito nadie puede ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.

En lo relativo al cultivo, es cierto que el artículo 368 del Código Penal lo tipifica como delictivo pero si uno puede consumir pero no comprar, ni mucho menos vender, es obvio que ha de poder cultivar lo que consume y así lo ha ido interpretando la jurisprudencia, incluida la resolución que comentamos, desde hace mas de veinte años. Hasta el momento, las asociaciones cannabicas, han encontrado una cierta cobertura legal en base a estos preceptos. Ya que puede cultivarse lo que se consume no tiene porque haber tampoco ningún impedimento para que un grupo de personas se organice de forma colectiva para compartir los gastos y tareas del cultivo y repartir el producto obtenido.

Pero ahora, el supremo ha considerado que el club Ebers rebasaba estos criterios. Textualmente:

“La magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidores o usuarios de la sustancia, así como de controlar el destino que pudieran dar al cannabis sus receptores.”

A falta de la reclamada legalización total, o al menos de una legislación penal clara, tenemos que conformarnos a día de hoy con interpretaciones judiciales que no son claras en absoluto y que generan una grave inseguridad jurídica a la población. Porque, ¿que es un número reducido de socios? ¿que es una cantidad mínima de marihuana? ¿que significa un circulo cerrado e íntimo de consumidores?

No obstante y después de analizada esta sentencia y otras similares hay una serie de precauciones que las asociaciones pueden adoptar preventivamente, para dificultar y desmontar lo máximo posible los argumentos principales que utilizan jueces y fiscales para criminalizar a los grupos de consumidores.

Al menos de forma general y documentalmente, ya que cada asociación tiene su funcionamiento y sus particularidades, creo que es importante dejar constancia de lo siguiente:

A ser posible en los estatutos, manifestar que la asociación es, en principio, un grupo cerrado de conocidos que no tiene en principio ninguna voluntad de expandirse. Para ello se pueden establecer ciertas dificultades de acceso como un periodo de espera o la recomendación y aval de otros socios.

Dejar constancia escrita de que se identifica siempre a los socios mediante su DNI y que nadie ajeno a la entidad puede acceder al local.

Que se proporciona una cantidad mínima de marihuana para su consumo inmediato, estando prohibido llevarse nada a casa.

Hacer firmar a los socios un documento en el que declaren ser consumidores habituales (eso no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos)

Que todo el mundo participa en las tareas de cultivo y obtención de la marihuana.

Que no puede consumirse fuera del local de la asociación.

Evitar la publicidad excesiva, en el sentido de captación de socios.

Todo ello, hoy por hoy no garantiza nada porque no hay una legislación clara, pero al menos puede sentar las bases para una buena defensa en caso de imputación judicial.

Para terminar desdramatizando un poco la situación, señalar que el artículo 80 del Código Penal prevé la suspensión de las penas de cárcel inferiores a dos años en la primera condena. Es decir que una pena de ocho meses no tiene porqué significar el ingreso en prisión.

David Toses, abogado

david.toses@icam.net

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El Tribunal Supremo de España condena a cuatro miembros de Pannagh a penas de cárcel en una sentencia plagada de errores y contradicciones.
Además de las condenas de cárcel, impone multas de 250.000 euros, a pesar de considerar probado que no hubo enriquecimiento.
Frente a la acusación de “ocultar sus verdaderos fines”, los miembros de Pannagh recuerdan que cuentan con varios precedentes judiciales favorables y que han acudido a diversas instituciones públicas.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que absolvió a los miembros de Pannagh del delito de tráfico de drogas. Ahora, el Supremo los condena a penas de un año y ocho meses de cárcel y multas de 250.000 euros para el presidente y la secretaria, y de seis meses y un día en el caso de los dos socios que trabajaban en el envasado de la cosecha. El tesorero ha sido absuelto por una omisión de la Audiencia.

Para condenar a los otros cuatro acusados, los miembros del Supremo se basan en una argumentación plagada de errores y contradicciones flagrantes, y que además prescinde de datos fundamentales aportados a la causa y que son relevantes para la defensa. En opinión de Pannagh, se trata claramente de una sentencia política, destinada a desmantelar el movimiento asociativo cannábico, y basada en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el estado español.

Se dice que los condenados actuaron “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos”, olvidando el hecho de que las actividades de Pannagh ya fueron consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 (Auto nº 218/06) y por la de Álava en 2012 (Auto nº 377/12), habiendo sido en ambos casos devuelta la marihuana incautada. Por tanto, los hoy condenados no tenían una “infundada esperanza”, sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva.

También se dice que hubo “ocultación de los fines reales de la asociación” e “indiferencia” ante la posible ilegalidad. Se ignoran así las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento Vasco, que entre otras cosas dieron lugar a la creación de una ponencia parlamentaria en éste último, a pesar de que tanto estas iniciativas como los autos de las Audiencias Provinciales constan en las diligencias practicadas durante la fase de instrucción y en las alegaciones presentadas por la defensa en la fase de recurso.

La nueva sentencia se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona. La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas. Lo más llamativo es que los verdaderos fines de Pannagh se detallan en los antecedentes de la sentencia y se puede ver claramente que en absoluto coinciden con lo que se dice luego en los fundamentos.

Este tipo de errores se repiten en varios puntos más, con el resultado de que el relato de los hechos queda seriamente alterado. Al tratarse de un recurso de casación, la nueva sentencia debe basarse en una nueva valoración jurídica de los hechos que se consideraron probados en la sentencia recurrida, hechos que no pueden modificarse. Sin embargo, los cambios introducidos son numerosos, decisivos y, sobre todo, contrarios a Derecho, lo que vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías. Además, se han introducido nuevas pruebas sin que haya habido una vista donde las partes puedan contrastarlas. Se condena a los miembros de Pannagh en base a, entre otras cosas, lo que se supone que sabían o a sus supuestas intenciones, cuestión que no se planteó en el juicio, y sobre la que el Supremo no ha oído a los acusados antes de condenarles, como exige la ley.

Como ejemplo de esas contradicciones, la sentencia del Tribunal Supremo habla de “falta de control y de los demás elementos exigidos jurisprudencialmente para los supuestos de atipicidad del pretendido consumo compartido”, mientras que la sentencia de la Audiencia Provincial dice que se “evidencia un control de la entrega de las sustancias y de la persona a quien se realizaba la entrega”, y que hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entregan la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondían con la previsión de consumo del socio participe, control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un cultivo compartido”.

Otra contradicción llamativa se refiere a que entre los hechos probados en la sentencia de la Audiencia (que, recordemos, el Supremo no puede alterar) se dice que “se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, y que la sustancia producida “estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de Asociación y el acuerdo de los socios”. Incluso la fiscalía, en su recurso, reconoce que “la Asociación Pannagh puso en funcionamiento un sistema de cultivo de cannabis”. Sin embargo, asombrosamente, la sentencia del Supremo afirma rotundamente que “un reducido núcleo de personas organiza, y dirige la estructura asociativa; disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo,… y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”. Con esto se falta al exigido respeto a los hechos probados, que, como se ha visto, dicen lo contrario: Fue la asociación Pannagh, que no es un “grupo indiscriminado” sino una entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados, quien decidió crear tales estructuras y contrató a los ahora condenados para que las llevaran a cabo en calidad de empleados.

Los condenados han anunciado su intención de presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, previo al recurso de amparo ante el Constitucional, ya que consideran que, entre otras cosas, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario. Los miembros de Pannagh van a convocar en los próximos días una rueda de prensa junto con representantes del movimiento asociativo cannábico para valorar la sentencia y anunciar las iniciativas que piensan llevar a cabo para denunciar este atropello.

La asociación Pannagh quiere denunciar que se haya castigado a varios trabajadores de la asociación por actividades que, como se demostró en el juicio y así consta en la sentencia revocada, fueron iniciativa y responsabilidad de todos los miembros de Pannagh, conforme a sus estatutos y mediante acuerdo asambleario. Se ha acusado a cinco socios de asociación ilícita para luego descartar esta acusación, pero al final el Supremo ha ordenado el decomiso del dinero de las cuentas de Pannagh como si la asociación hubiese sido una mera pantalla de los acusados para cometer delitos, cuando en los hechos probados se afirma lo contrario.

Finalmente, desde Pannagh animamos a seguir luchando por un cambio en las políticas de drogas que acabe con la injusta situación actual, y a seguir impulsando el esperanzador debate sobre la regulación del cannabis que se está produciendo en buena parte del mundo, al que Pannagh ha tratado de contribuir desde su fundación en 2003.

 

Bilbao, 28 de diciembre de 2015

Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh

pannagh2015@gmail.com

 

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El Tribunal Supremo español condenó hace unos días a los responsables de un club o asociación de cannabis con 290 miembros. También señaló que el cultivo destinado para un reducido grupo de miembros carecía de relevancia penal.

En tribunal Supremo hace unos años amparó a asociaciones de cannabis bajo la doctrina de consumo compartido, pero, con esta última sentencia al club vasco Ebers, deja muy claro que en este concepto de consumo compartido no todo vale y fija unos limites de como deben ser estas asociaciones o clubs.
El alto tribunal con su resolución deja abierta lo que podría interpretarse como una llamada a los dirigentes a una regulación más aclaratoria para todas las partes.

En estos últimos tiempos han proliferado en España clubs de consumidores de cannabis que en un principio eran pequeñas asociaciones de consumidores que tenían cultivos compartidos para su uso exclusivo. En la actualidad, esa idea inicial también ha llevado a la creación de grandes clubes con grandes cantidades de asociados que en algunos casos han llegado a miles y en algunos casos no suministrando bajo demanda sino a discreción.

El mismo Tribunal Supremo en sentencias anteriores los amparaba bajo la figura del autoconsumo, con esta última sentencia al club Ebers, ha considerado que se excede de aquella filosofía del grupo de conocidos que conjuntamente consumen cannabis. El tribunal considera que la asociación (290 miembros) y su estructura (distribución organizada, permanencia en el tiempo, abierto a nuevas incorporaciones y que permitía a sus miembros hacer acopio de casi 400 gramos de cannabis) “excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente“.

La sentencia por su parte, tampoco admite que todos los clubes de fumadores sean ilegales. El texto de la sentencia sostiene que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones“. La sentencia ,según la interpretación de estas asociaciones de marihuana, como no fija qué tamaño del club sería delictivo y cuál no, establece que habría que observar cada asociación “caso a caso”.

La  Federación de Asociaciones Cannábicas de España y la plataforma por una Regulación Responsable  consideran esta sentencia del alto Tribunal como un ataque al asociacionismo de los consumidores de cannabis, aunque aseguran que ellos impulsan otro tipo de clubs con otras características en España. “Frente a este modelo existe un consenso hacia otros tipos de asociación con unos límites más razonables de los que tenía esta asociación”, expone Ramón Morcillo, portavoz de Regulación Responsable. Morcillo explica que según su modelo “es impensable que en pro de un consumo responsable un socio pueda retirar el consumo de medio año de una vez”, algo que sí sucedía en Ebers.

David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (FAC), admite que “no todos los clubes son iguales ni cumplen la función del consumo compartido“, y explica que “el modelo más extendido es el de una pequeña asociación o club cerrado más o menos estable, donde no hay retribución económica y todas sus decisiones se toman en asambleas”. Frente al, digamos, modelo Ebers, Rabé afirma que “no queremos seguir ese modelo“, y reivindica “el modelo de activismo, plural, en el que los socios llevan la gestión del club” y aboga por “el cultivo colectivo frente a la compra mancomunada”. De alguna manera, el que señala el Supremo que “puede carecer de relevancia penal”.

El tribunal señala en la sentencia que a pequeña escala y que la actividad del club se realice en un lugar cerrado sin publicidad u ostentación pueden ser indicadores de asociaciones que no incurran en el delito penal.  La noticia ampliada aquí

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El partido político de nueva creación, Neodemócratas, y que se presenta en Málaga cara a las elecciones andaluzas, proponen legalizar el consumo de marihuana a través de clubes o asociaciones, como ya ocurre en la Comunidad Navarra.

Según el secretario general del partido , Isaac Moriel, la medida trataría de regularizar la marihuana a través de los clubes legalizados por la autonomía con garantía de calidad, sanidad y seguridad para sus usuarios. Como ya ocurre en Navarra, los Neodemócratas quieen que el resto de los españoles, en este caso andaluces, tengan los mismos derechos. “Esto atraería a los turistas y seríamos unos de los estados más modernos de Europa” ha defendido.

neodemocratas-oficial-web-copiaNeodemocratas es un partido que aboga por una lectura nueva de la democracia española actual, más concretamente andaluza, y encaja perfectamente con una nueva visión y revisión de como hasta la fecha se ha tratado el consumo del cannabis por parte de sus usuarios y de los poderes políticos.
Apoyamos totalmente estas nuevas formas de pensar y nuevos movimientos políticos y en favor de un trato totalmente diferente al actual con respecto a la marihuana. Tomamos nota.

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La audiencia de Barcelona avala en una sentencia a los clubes o asociaciones de cannabis. La justicia en la ciudad Condal absolvió a los dirigentes del Club de cannabis Three Monkeys y con dicha absolución da crédito a este tipo de organizaciones privadas siempre y cuando estén registradas debidamente y cumplan con las normas establecidas para estos establecimientos.

Es la primera vez vez que un club cannabico es juzgado en la Audiencia de Barcelona por asociación ilícita y el fallo del tribunal no puede ser mas claro, los responsables del club no vendían a terceros no asociados, no fomentaban el consumo fuera de su local y no tenían como objetivo el enriquecimiento personal.

También la Audiencia de Barcelona acentúa que los Clubes de Cannabis son un nuevo fenómeno de reciente aparición regulados por el Gobierno catalán y en este caso por el Ayuntamiento de Barcelona definidos como instituciones sin animo de lucro y de abastecimiento exclusivo de sus socios. Además, el control de sus asociados como su mayoría de edad y su consumo en ámbito privado terapéutico o lúdico “reduce así los daños sobre la salud de sus asociados y el mercado clandestino.

                        “Resultaría cuando menos extraño que la Administración se haya ocupado de regular las condiciones de funcionamiento de estas asociaciones si fuera tan evidente que su objeto social, recogido en los Estatutos, es ilícito y penalmente relevante”, dice la sentencia

                        “Ni las conductas delictivas dejan de serlo porque se lleven a cabo bajo el amparo de una asociación constituida regularmente desde un punto de vista administrativo, ni las irregularidades administrativas en la constitución de una asociación puede determinar su calificación como asociación ilícita si no son delictivas sus finalidades”.

Estudiados los estatutos del Club de cannabis Three Monkeys el tribunal de justicia corrobora que éstos coinciden con los reglamentos fijados para este tipo de asociaciones cannabicas.

“No consta que la sustancia estupefaciente que los acusados poseían en la sede de su local haya sido entregada a personas no consumidoras que no fueran socios de la asociación o que la sacaran del citado local para su consumo posterior en lugar público y tampoco consta publicidad alguna del local donde tiene su sede la asociación ni que personas ajenas a la misma pudieran acceder al mismo”, resalta el fallo del tribunal de justicia catalán.

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En Barcelona el Ayuntamiento aprobó una instrucción para limitar la salida de lo humos de los clubes de marihuana de la ciudad, ya que éste implica una situación de riesgo para la salud publica y que el consistorio municipal quiere controlar y atajar. Este primer paso debe ser corregido antes de preparar y elaborar una regulación para los clubes y asociaciones.

El documento establece los limites de las emisiones del humo de cannabis por parte de estos clubes, ya que tienen compuestos tóxicos y psicotropicos además de olores.
Según el escrito, las emisiones que superen los umbrales calculados en la instrucción se podrán estimar como riesgo para la salud de los ciudadanos, por lo que se establecerán “medidas correctivas que se estimen convenientes” para poner fin a esta situación.

El gerente de Hàbitat Urbà del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Civit, firmó el mes de Enero pasado el preámbulo de la instrucción que recogía el dato de la instalación en la ciudad de asociaciones de cannabis y que en las cuales, se ponía a disposición de sus asociados y dentro de sus locales cannabis para consumo privado . Aunque la actividad es legal en la ciudad Condal, este tipo de clubes de consumidores de marihuana producen y emiten humos que pueden ser molestos para el resto de ciudadanos.

Las malas salidas de humo de los clubes ha sido uno de los motivos más importantes y graves por los cuales muchos clubes o asociaciones han tenido problemas legales con las inspecciones de sus instalaciones, además de otras.

Se ha aprobado dotar a los clubes de cannabis de unas normas a las que ajustarse de medidas y análisis, “en el procedimiento de legalización y control de las asociaciones cannábicas”. La regulación de las salidas de humos de estas sedes cannabicas se enmarcaran dentro de Ordenanza Municipal

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marihuana

El Gobierno catalán ha regulado por primera vez los clubes de cannabis

La Generalitat Catalana reguló ayer los clubes o asociaciones de marihuana en Cataluña, los aproximadamente cuatrocientos clubes no podrán estar abiertos más de ocho horas ni podrán estar cerca de colegios o centros sanitarios, la edad mínima para poder ser socio en los clubes será de 18 años y se necesitarán al menos quince días para poder disponer o consumir cannabis.

Los Clubes de cannabis son asociaciones sin animo de lucro que dispensan entre sus asociados marihuana o extractos de cannabis, desde ayer ya están regulados bajo el paraguas de la Generalitat catalana y por lo menos estarán más protegidos por la ley, siempre y cuando respeten las normas ya reguladas.

En una primera instancia el gobierno autónomo ha dado el primer paso y ya los ha regulado, a partir de ahora serán los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales los que autoricen y den permiso para su creación o autorización. Para acceder a estos locales de asociaciones o clubes donde se podrá adquirir y consumir marihuana, se tendrá que ser mayor de edad (18 años), estar asociado anteriormente con un mínimo de 15 días y ser avalado por otro socio. En estos locales no se permitirá el consumo de otras sustancias o drogas, ni alcohol, tampoco su venta. Además, el horario de apertura no podrá superar las ocho horas ni estar abierto a partir de las 22 horas, los fines de semana, viernes y sábados, se podrá alargar hasta las 24 horas.

Tampoco se podrá promocionar actividades del consumo de cannabis ni publicidad de los locales en carteles, letreros publicitarios, dípticos o trípticos. La reglamentación será muy exigente con los temas medioambientales y con el trato y satisfacción de la comunidad vecinal.

Actualmente 200 clubes ya están inscritos y otros 200 le seguirán. Es una buena noticia para el sector del cannabis ya que la medida va siguiendo la estela de otras partes del mundo que ya comenzaron. El Gobierno catalán ha querido regular una situación que se da en la sociedad catalana y en toda España. Aplaudimos la medida y esperamos que otras comunidades tomen ejemplo y regulen a estas asociaciones o clubes para que no estén a merced de ninguna irregularidad.

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Todos los grupos parlamentarios menos el PP acordaron una propuesta de regulación. No podrán cerrar más allá de la medianoche durante los fines de semana. Solamente podrán administrar cannabis a los socios y sólo podrán serlo de una única asociación.

La regulación de los clubes de cannabis de Cataluña que ultiman el Govern y todos los partidos menos el PP prohibirá a los centros abrir más de ocho horas al día, así como que cierren las puertas como muy tarde a las 22 horas los días laborables y a medianoche los fines de semana.

Lo ha revelado a la Comissió de Salut del Parlament el secretario de Salut Pública, Antoni Mateu, en el marco de la presentación de una propuesta de resolución para la regulación de los clubes cannábicos acordada por todos los partidos parlamentarios menos el PP.

Un tema de salud pública

Mateu, acompañado del subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, ha concretado que la regulación se centrará en los aspectos de salud pública y prohibirá que en los centros se venda tabaco y bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta que con la posibilidad de obtener diversas substancias se incita a más consumo y se incrementa el riesgo para la salud de los usuarios.

Además, solamente podrán administrar marihuana a los usuarios que sean socios, tendrán que hacerlo con un periodo de carencia de 15 días -una iniciativa que lucha contra el turismo cannábico, actualmente en proliferación en Cataluña-, y tendrán que obtener una licencia municipal para abrir las puertas.

También recoge que los usuarios solo podrán ser socios de una única asociación y que los centros tendrán que ofrecer información y asesoramiento “sobre los riesgos que supone para la salud el consumo de cánnabis”, mientras que también tendrán que formar a sus trabajadores con nociones básicas de salud pública.

Mateu ha insistido en que “fumar no es bueno y mucho menos lo es el cannabis”, aunque ha admitido que ante la proliferación de los clubes cannábicos en Cataluña hay que regularlo y no prohibirlo.

Aprobación en la próxima Comissió de Salut

La propuesta de regulación se aprobará definitivamente en la próxima Comissió de Salut a la espera de que los grupos puedan presentar enmiendas, un trámite que se avanza a la publicación de la nueva norma en el Dari Oficial de la Generalitat (Dogc).

La iniciativa tiene un historial de tres años de negociaciones entre el Govern, los partidos y las entidades del sector, que han estado presentes en la Comissió de este jueves a través de sus portavoces. Fuente

 

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El secretario de Salut Publica, el doctor Antoni Mateu, y el subdirector de Drogodependencias de la Agencia de Salut Pública de Cataluña, el doctor Joan Colom, han presentado una propuesta de resolución a la Comisión de Salut del Parlamento de Cataluña para determinar los criterios de salud pública para orientar a las asociaciones y l,os clubes sociales de cannabis y las condiciones para el ejercicio de su actividad

Esta propuesta se enmarca en el lan Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) y pretende proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una politica orientada a minimizar los daños del consumo de cannabis, como también a impulsar la debida información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados al consumo de esta sustancia.

La propuesta de resolución establece unos criterios relevantes de Salut Pública en relación con el consumo asociativo de cannabis, así como orientar a la autorización de la actividad de las asociaciones cannabicas por los ayuntamientos de Cataluña. Estos criterios se unen a los ayuntamientos para que los incorporen, en las ordenanzas municipales que dicten para la regulación de estas actividades de ámbito municipal.

La resolución presentada, es fruto del consenso entre la mayoría de grupos parlamentarios y las Federaciones y Asociaciones representativas de los Clubes Cannabicos y las entidades municipalistas debidamente informadas.

El objetivo de la propuesta pretende incidir en los factores determinados que pueden influenciar en una disminución del impacto en la salud de la población general y especialmente de las más vulnerable.

CRITERIOS DE SALUT PUBLICA

·Limitación de acceso
-Edad mínima para acceder mayor de 18 años
-Ser consumidor/a habitual de cannabis
-No ser socio o asociado de ningún otro Club de cannabis
-Acceso exclusivo alas instalaciones del local para socios y socias
-Medidas de control de acceso al club

·Oferta de servicios de información, asesoramiento profesionalizado en reducción de riesgos y daños para los socios y socias (entidades especializadas) así como de detección precoz, seguimiento y derivación de los consumos problemáticos del cannabis.

·Formación en reducción de riesgos y daños asociados a consumo de cannabis a los responsables de la dispensación de la asociación (garantizando una formación mínima anual)

·Prohibición del consumo de otras drogas o bebidas alcohólicas dentro del club

·Prohibición de venta o comercialización de cualquiera bien o producto consumibles

·Condiciones de salubridad de los locales según lo establecido en la normativa vigente, así como de las zonas de consumo.

·Periodo de carencia de 15 días desde la adscripción a la asociación

·Estar avalado por otro miembro de la asociación

·Limitación horaria (no se podrá abrir más de 8 horas diarias, estableciendo como hora limite de cerrar las 22 horas y los viernes y sábados a las 24 horas.

·Limitación de su ubicación definida por la distancia mínima entre los diferentes clubs y entre ellos y los centros educativos y servicios sanitarios.

·Limitación de todo tipo de publicidad de la asociación i de sus establecimientos, locales o clubes, y actividades de promoción de consumo de cannabis por parte de los miembros de la misma, ni a través de carteles, rótulos publicitarios o cualquier otro medio, en papel o electrónico.

·Respeto a la normativa medioambiental y , particularmente, el descanso de los vecinos.

·Inscripción en el registro Municipal de Asociaciones de personas consumidoras de cannabis y en la sección registral correspondiente de Registro de Asociaciones CATFAC

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La Comisión de Salud del Parlamento aprobará el jueves una regulación de mínimos para los clubes de marihuana a través de una resolución acordada después de meses de reuniones entre el Departamento de Salud, los grupos parlamentarios y las asociaciones del sector. Fuentes cercanas al proceso han concretado que la intención inicial era elaborar una regulación “ambiciosa” que profundizara en el cultivo y el transporte de la marihuana, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo basado en los aspectos sanitarios.

La resolución se centrará en cuestiones de saludo publica: no podrán acceder a los clubs los menores de 21 años, todos tendrán que disponer de la licencia municipal pertinente y no se podrá abrir nuevas aperturas cerca de los centros escolares. Tampoco se podrá administrar marihuana a los clientes de los clubs hasta pasados quince días después de si inscripción, una medida que persigue evitar el turismo cannabico, cada vez más en auge en Cataluña. Además, prevé que los centros no puedan tener carteles y reclamos que inciten al consumo de marihuana, pero en cambio tendrán que disponer de paneles informativos que expliquen a los usuarios los peligros sanitarios que conlleva.

Salud va a trasladar a los grupos parlamentarios su propuesta de borrador en Julio, en el marco de una reunión en la cual se van evidenciar numerosas diferencias: las entidades y algunos grupos querían que también se regulase el transporte y el cultivo, pero la Generalitat Catalana abogaba por una normativa sanitaria. Así que van acordar desplegar una regulación “de mínimos” basada en el ámbito sanitario. Fuente

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El Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid ha absuelto a los socios de una asociación de usuarios del cannabis del delito de tráfico de marihuana en cantidad de notoria importancia al estimar que se está ante “un círculo cerrado” sin que exista distribución de la planta a cambio de dinero.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juez exonera a Aurelio P.S., Álvaro R.P. y Daniel Antonio G.P. del citado delito, por el que se enfrentaba cada uno a una solicitud de dos años de cárcel. Contra la misma, cabe interponer un recurso de apelación.

En España, se permite el cultivo de cannabis esencialmente con una actividad instrumental que sólo alcanza relevancia jurídico penal en la medida en que el proceso de su puesta en marcha persiga como finalidad la obtención de droga con ánimo de traficar.

De este modo, se excluye del ámbito penal el cultivo de la planta de la marihuana destinado al autoconsumo, o a cualquiera de las modalidades de utilización exentas de punición.

Según los hechos probados, los socios constituyeron la Asociación Cataja de Usuario de Cannabis el 10 de diciembre de 2008, un colectivo que tenía como fines el estudio sobre las distintas variedades de cañamo o evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherentes al mercado ilegal de cannnabis mediante actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso.

Para participar en la asociación, se establecían una serie de requisitos como el hecho de haber adquirido la condición de socio, que debería ser avalado por otro socio y admitido por decisión de la Junta Directiva.

Además, fijaba que el total de cada periodo de cultivo “se dividirá entre el total de socios participantes en ese periodo atendiendo a la categoría concreta que a cada socio le corresponda según previsión”.

También señalaba que “en orden a excluir cualquier posibilidad aparte del autoconsumo privado, la participación de cada socio no podrá exceder la cantidad de 2 gramos por persona y día”.

Tras la fundación, el colectivo utilizaba una parcela situada en Chinchón para el cultivo de la planta para realizar las labores de cultivo, secado y manipulación.

Tras exponer los hechos, el magistrado concluye que no está acreditado que los socios “hubieran realizado una distribución, de marihuana, a cambio de dinero o no, a una persona distinta de los socios, y en estos casos, solo en cantidades y términos expuestos” en los estatutos.

Por tanto, sostiene que se está ante “un cultivo compartido en un círculo cerrado sin la finalidad de tráfico de marihuana”, en contra de lo considerado por la Fiscalía acerca de que podría ser “una mera tapadera de vendedores y compradores de marihuana”.

En el juicio, los acusados manifestaron que la marihuana se distribuía en un círculo cerrado como era el de los socios de la asociación Cataja. Fuente

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El pasado sábado 25 de Octubre se llevó a cabo una reunión inédita hasta el momento en Baleares, el primer encuentro de asociaciones cannábicas en Baleares donde se analizó el recorrido de los clubes sociales, sus dificultades y la realidad actual con la que tienen que lidiar día a día.

Fueron convocados, 16 clubes sociales que en la actualidad están registrados en toda Baleares, profesionales del ámbito de la prevención y reducción de riesgos en el uso de sustancias (Energy Control), representantes de la federación catalana implicada en el debate con la generalitat sobre la regulación en Catalunya (CatFac), así como con representantes de las fuerzas políticas con las que más contacto y reuniones se han realizado en nuestras islas para informar de manera detallada del modelo de clubes: PP, PSOE, GRUP MÉS, IU Y UpyD

La gran asistencia de convocados marcó esta jornada, resultó más que evidente el interés y necesidad de unión de todo un movimiento asociativo balear, que cada año cobra más fuerza en nuestra comunidad.

La decisión fué unánime, es necesario dotar de servicios profesionalizados y unificados en la gestión de nuestros clubes, establecer protocolos de prevención de riesgos y detección de posibles consumos problemáticos, organizar un departamento terapéutico común formado por facultativos especialmente formados en tratamiento con cánnabis, seguir con determinación la lucha por los derechos de todo/as los usuario/as responsables de cánnabis de Baleares y poe extensión en todo el estado español. Por lo tanto solicitamos a todos los grupos políticos que se aborde de manera inmediata los siguientes puntos:

– La tramitación de iniciativas parlamentarias que permitan la regulación de todos los clubes sociales de cánnabis de Baleares
– La creación de un registro específico para nuestros clubes
– Homologación del código de buenas prácticas de un CSC
– Determinar las normativas y mecanismos de control por los que se deberán regir todos los clubes sociales
– Instar al gobierno central a un cambio legislativo que despenalice el autocultivo personal de cánnabis y tipifique el número de plantas que una persona puede plantar sin que pueda ser considerado delito
– Que se ponga en marcha un departamento terapéutico dependiente de la conselleria de Sanidad especializada en uso médico del cánnabis

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Las conlusiones obtenidas del análisis de la trayectoria del movimeinto asociativo, son ejemplo de que se han hecho bien las cosas desde el principio, estos son algunos puntos de interés

– No ha existido presión ni acoso en nigún momento por parte de los municipios donde residen los clubes, tampoco por parte de los cuerpos policiales
– La comunicación de la localización y caracteristicas de los proyectos de cultivo a los ayuntamientos y cuerpos de seguridad, ha sido determinante en esta situación de total normalidad
– La juventud y determinación de nuestro movimiento. Muchos de los clubes son de reciente creación y están en fase de organización interna
– Se echa en falta la poca formación especializada en la puesta en marcha de las actividades de un CSC. Es fácil crear un club pero resulta complejo organizar el trabajo a nivel interno y organizativo
– El movimiento asociativo balear se encuentra en actual expansión
– Es necesario la unión de todo nuestro movimiento
– La importancia de realizar actividades conjuntas donde se ofrezca información continuada en la prevención de riesgos
– La creación de un grupo de trabajo abierto con el mayor número de fuerzas politicas para el consenso de una propuesta de regulación de clubes sociales de cánnabis y el reconocimiento de los derechos de los consumidores terapéuticos y particulares de cánnabis en Baleares

El debate con las distintas fuerzas políticas, transcurrió con total transparencia y cordialidad en sus formas y en la calidad de análisis del problema sobre la actual legislación sobre cánabis en nuestra comunidad. Grup Més, IU y UpyD, coincidieron en que las competencias actuales de nuestro gobierno autonómico pueden permitir la regulación de los clubes sociales, determinando claramente las obligaciones, responsabilidades y normativas que deben de cumplir todos los clubes que quieran formalizar su situación. Serviría de ejemplo para que otras comunidades regularizen también sus clubes sociales y para que el gobierno central ponga en marcha los mecanismos legislativos necesarios para adaptar el actual código penal en materia de uso, producción y tenencia de cánnabis.

Si algo se echó en falta sin duda alguna, fué la ausencia de representantes de los dos principales partidos de nuestro país en último momento. Cierto es que el PSOE, si que se ha puesto en contacto con nosotros para tener una reunión en el menro plazo de tiempo para debatir las conclusiones de esta primera reunión para analizar la cuestión de la regulación en el uso de cánnabis.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Llubí por su colaboración en la cesión de un espacio donde llevar a cabo esta reunión pionera en Baleares.

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CONVOCADOS

ABEIC (Llubi) · BOCA (Maó) · CARB (Alaró) · ANCE (Palma) · CCB (Manacor) · CANNABIS SMOKE CONTROL (Manacor) · BONA VIDA SOCIAL CLUB (Pollença) · ASOCIACIÓN AMICS DEL CANNABIS (Alcudia) · HAZE CLUB (Ibiza) · QUNUBU (Ibiza) · AMESCA (Menorca) · MEDICAL GANJA (Formentera) · NA MARIETA (Calviá) · GREEN LEMON (Ibiza) · MAMCUC (Palma) · ENERGY CONTROL (Baleares) · CATFAC (Catalunya) · EUSFAC (Euskadi) PP · PSOE · GRUP MÉS · EU · UPyD

ASISTENTES
ABEIC (Llubi) · BOCA (Maó) · CARB (Alaró) · BONA VIDA SOCIAL CLUB (Pollença) · ASOCIACIÓN AMICS DEL CANNABIS (Alcúdia) · ENERGY CONTROL (Baleares) · CATFAC (CATALUNYA)

APOYOS A LA PROPUESTA
HAZE CLUB (Ibiza) · NA MARIETA (Calvia) · CCB (Manacor) · FAC (Federación nacional)

GRUPOS PARLAMENTARIOS ASISTENTES
Lluís Apesteguía (Concejal GRUP MÉS) · Nacho Martín (Dirección EU Balears) · Valentín Gomila (Comunicación UpyD)

Fuente FAC

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La Federación de Asociaciones Cannábicas de España es una agrupación de diversas asociaciones de usuarios de cánnabis de todo el territorio nacional español que comparten ideas en torno a la regulación buscando siempre un fin social. Así, todas las agrupaciones federadas, que aglutinan a cultivadores, estudiosos y usuarios, pretenden lograr que en su entorno, cualquier usuario de cánnabis pueda acceder a él de forma segura, respetando sus derechos como usuario y alejándolo del peligroso mercado negro.

La FAC demanda un cambio en la legislación actual en las políticas de drogas para que sea más justas y eficaces. Asimismo la FAC abre un debate público sobre la participación de la sociedad civil en el diseño de dichas políticas. Para hacer frente a esta demanda la FAC cuenta con una propuesta reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, este último a través de los Clubes Sociales de Cannabis o “CSC”, los cuales funcionan democráticamente, sin ánimo de lucro, producen bajo demanda de un circulo cerrado de persona adultas que no pueden cultivárselo ellos mismos.

La FAC participa en parlamentos autonómicos, nacionales y europeos, foros internacionales, talleres, debates e intervenciones en medios de comunicación. En el plano social cuenta con asesorías jurídicas y legales, conferencias, manifestaciones y diversas actividades a nivel lúdico y forma parte de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD).

Que es regular:

-Regular es una cuestión de responsabilidad social

-La falta de regulación aumenta la violencia y el crimen organizado

-Regular es invertir en educación y prevención

-Regular es aliviar el dolor de aquello que padecen

-Regular es dejar de financiar al narco y la violencia

-Regular es combatir el fraude y la corrupción

-Regular es poder mirar el futuro con tranquilidad

-Regular no es una cuestión de legalidad sino de responsabilidad

FAC

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Insta al Gobierno que incluya estas agrupaciones en la Ley vasca de Adicciones. Quiere soporte legal al cultivo para el consumo colectivo de las personas asociadas. PNV, EH Bildu y PSE-EE abogan por dar pasos a la existencia legal.

El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno autonómico a regular la actividad de los clubes de cannabis en la futura Ley vasca de Adicciones y a dar soporte legal al cultivo para el consumo colectivo de las personas asociadas.

La Cámara vasca ha puesto fin a dos años de trabajo de la ponencia que ha estudiado una solución regulada a estos clubes con la aprobación de unas recomendaciones que, a juicio del PNV, “situarán a Euskadi a la cabeza de la regularización de estos locales”.

El PP ha sido el único grupo que se ha apeado del grueso de las recomendaciones y conclusiones aprobadas, ya que entiende que ni la Comunidad Autónoma Vasca tiene competencias para regular esta cuestión, ni el Parlamento Vasco puede ofrecer una solución normativa para las asociaciones de cannabis.

Por contra, PNV, EH Bildu y PSE-EE han abogado por ir dando pasos jurídicos hacia la existencia legal no conflictiva de los clubes de cannabis y han instado al Gobierno vasco “a avanzar en un sistema propio que ofrezca garantías y seguridad jurídica” a estas asociaciones, así como a abordar “los desarrollos normativos que contribuyan a dar una solución a la citada actividad”.

El parlamentario del PNV Luis Javier Tellería ha opinado que el margen de maniobra del Gobierno vasco en este sentido es “estrecho” pero ha dicho que “ha llegado el momento de dar pasos hacia la legalización” de estas asociaciones, que actualmente se mueven en la alegalidad.

En las recomendaciones consensuadas por PNV, EH Bildu y PSE-EE se contempla que, mientras no exista dicha regulación, las asociaciones de cannabis de Euskadi deberían establecer sus propios mecanismos de autorregulación y buenas prácticas.

Asimismo, se prevé que los usos terapéuticos y/o sanitarios deberán quedar excluidos del ámbito de estas asociaciones, que en los últimos años se han convertido “en una realidad cotidiana” ya que cada vez son más numerosas.

Uno de los argumentos para pedir la regulación de estos clubes es el respeto a la libertad individual y a los derechos de los consumidores.

En este sentido, se considera necesaria una reflexión sobre nuevos modelos de regulación jurídico-administrativa que permitan un consumo informado, libre, responsable y sometido a sistemas de control por las administraciones públicas.

También se destaca de los clubes sociales de cannabis el respeto que promueven de las libertades individuales pero sin dejar de lado la protección de la salud, lo que minimiza los riesgos del consumo de esta sustancia.

Por todo ello, se emplaza al Gobierno de España a revisar la normativa con el objeto de dar a estas asociaciones un soporte legal y evitar así la inseguridad jurídica en la que se encuentran, petición que ha sido apoyada también por el PP.

“No puede ser que Irun (Gipuzkoa) acoja una feria sobre marihuana y que, a escasos 10 kilómetros, en Oiartzun, se destruya una plantación de un club social de cannabis por instrucción de un fiscal”, ha advertido Tellería durante el debate en comisión.

Asimismo, el texto aprobado pide a las administraciones competentes que intensifiquen los esfuerzos públicos en campañas para limitar el consumo de esta sustancia, con especial atención a los menores de edad.

Iñaki Lazarobaster (EH Bildu) ha reconocido que a su grupo le habría gustado mayor concreción y ambición en las recomendaciones aprobadas pero ha dado prioridad a la existencia de “un consenso amplio en torno a unos mínimos”.

Txaro Sarasúa (PSE-EE) ha afirmado que en el País Vasco hay más de 50 asociaciones destinadas al autocultivo de cannabis (el triple que hace tres años) y ha opinado que son una realidad que debe regularse dentro de un marco de derechos y obligaciones.

Carmelo Barrio (PP) ha apuntado que no existe evidencia científica como para considerar que los clubes sociales de cannabis puedan ser centros orientados a la reducción de daños, ya que son lugares de consumo y de comercialización de esta sustancia.

En una nota, Gorka Maneiro (UPyD) ha pedido ir más allá y afrontar el debate legislativo sobre la despenalización y regulación segura del consumo de derivados del cannabis, y de su cultivo, producción y venta. Fuente

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El Parlamento foral de Navarra publicará en los próximos días en su Boletín Oficial la proposición de ley reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, que se tramitará por iniciativa legislativa popular.

Un comunicado de las Asociaciones Cannábicas de Navarra ha informado de que, una vez recogidas las firmas necesarias, ha entregado los certificados de la Junta Electoral Provincial y se ha ordenado la publicación del texto en el Boletín Oficial.
Según la asociación, el Gobierno de Navarra deberá adoptar una postura sobre dicha ley en un plazo de quince días.

La organización, por su parte, informa de que va abrir una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y el Gobierno Foral “en aras de llegar a acuerdos de cara a la tramitación parlamentaria de esta ley” para que “se sumen a una propuesta que viene avalada por la recogida de más del doble de las firmas” exigidas. Fuente

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El Club de Cannabis Kali presentará un recurso contra el precinto policial que mantiene cerrada su sede, ubicada en la población catalana de Sant Cugat. Todo y que la junta de la asociación espera que el recurso no prospero, este tramite permitirá presentar un recurso de obertura para llevar el caso a una instancia superior.

La sede del Club esta precintada desde el registro en Julio pasado por la policía por un presunto delito contra la salud publica. El jusgado de instrucción numero 6 de Rubi investiga el caso, pero mantiene cerrada la sede. La Junta del Club Kali demandó la reapertura del espacio y después de la negativa, la asociación presentará un recurso.

El Presidente del Club Kali, Angel Benito, ha lamentado los argumentos de la jueza por desestimar su petición y ha avanzado que , por eso, presentarán un recurso.

Si el tramite es desestimado, presenmtarán un nuevo recurso, en este caso de apertura, para llevar el caso a un juez superior. Con estos tramites, el Club Kali prevé que el local se pueda abrir en Navidad.

De momento, la asociación ha despedido al personal por la imposibilidad de afrontar los pagos nada mas mantendrá el alquiler del local, de unos mil euros. La junta sigue activa a la espera de las resoluciones judiciales.

Además, el Club Kali prevéque durante este mes la Consellería de Salud de la Generalitat Catalana presente la prpuesta de buenas practicas para este tipo de entidades, hecho que el Club Kali espera que el servicio ayude delante de las instancias judiciales. Fuente