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Ayer se certificaron las firmas necesarias para la iniciativa popular.

Las asociaciones de consumidores de cannabis alcanzaron un total de 54.937 firmas, pasando de las 50.000 necesarias, para que el Parlamento de Cataluña pueda hacer un debate en su totalidad en el pleno.

Las asociaciones entregaron más de 67.000 firmas aunque solo se dieron por válidas más de 54.000. Los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) superaron el mínimo exigido para poder comenzar con la tramitación parlamentaria, tal como ha dicho el Presidente de la comisión de control, Daniel Bartomeus.

Órgano que forman varios magistrados y juristas que son los que velan por un correcto proceso en la recogida de firmas.

Cuando se valide la propuesta, la mesa y junta de portavoces tendrán que poner un plazo para que los grupos políticos del parlamento catalán presenten sus enmiendas y se fije una fecha para el pleno donde se debatirá en su totalidad esta cuestión. La iniciativa legislativa popular tendrá que someterse a un primer debate en un máximo de cuatro meses después de recibir la certificación de firmas.

El objetivo de la iniciativa es regular el modelo de la actividad de los clubes y asociaciones creando unas normas generales para poderse constituir, además de un posterior establecimiento de reglas para el cultivo, registro, distribución y medidas de control higiénico y médico.

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Como seguramente sabe ya todo el mundo, el 7 de septiembre del año pasado el Tribunal Supremo publicó la sentencia 484/2015 por la que se condena al presidente, secretario y tesorero del club cannábico EBERS a ocho meses de prisión y multa de 5000 euros por un delito contra la salud pública.

En esta resolución que cuenta con tres votos particulares en contra y que consta de 94 páginas, el tribunal deja sentadas las condiciones que deben darse para que en casos similares pueda condenarse a los responsables de asociaciones cannábicas.

Sea o no sea legal el consumo de marihuana, o de cualquier otra substancia prohibida, no es delito en España y si no es delito nadie puede ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.

En lo relativo al cultivo, es cierto que el artículo 368 del Código Penal lo tipifica como delictivo pero si uno puede consumir pero no comprar, ni mucho menos vender, es obvio que ha de poder cultivar lo que consume y así lo ha ido interpretando la jurisprudencia, incluida la resolución que comentamos, desde hace mas de veinte años. Hasta el momento, las asociaciones cannabicas, han encontrado una cierta cobertura legal en base a estos preceptos. Ya que puede cultivarse lo que se consume no tiene porque haber tampoco ningún impedimento para que un grupo de personas se organice de forma colectiva para compartir los gastos y tareas del cultivo y repartir el producto obtenido.

Pero ahora, el supremo ha considerado que el club Ebers rebasaba estos criterios. Textualmente:

“La magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidores o usuarios de la sustancia, así como de controlar el destino que pudieran dar al cannabis sus receptores.”

A falta de la reclamada legalización total, o al menos de una legislación penal clara, tenemos que conformarnos a día de hoy con interpretaciones judiciales que no son claras en absoluto y que generan una grave inseguridad jurídica a la población. Porque, ¿que es un número reducido de socios? ¿que es una cantidad mínima de marihuana? ¿que significa un circulo cerrado e íntimo de consumidores?

No obstante y después de analizada esta sentencia y otras similares hay una serie de precauciones que las asociaciones pueden adoptar preventivamente, para dificultar y desmontar lo máximo posible los argumentos principales que utilizan jueces y fiscales para criminalizar a los grupos de consumidores.

Al menos de forma general y documentalmente, ya que cada asociación tiene su funcionamiento y sus particularidades, creo que es importante dejar constancia de lo siguiente:

A ser posible en los estatutos, manifestar que la asociación es, en principio, un grupo cerrado de conocidos que no tiene en principio ninguna voluntad de expandirse. Para ello se pueden establecer ciertas dificultades de acceso como un periodo de espera o la recomendación y aval de otros socios.

Dejar constancia escrita de que se identifica siempre a los socios mediante su DNI y que nadie ajeno a la entidad puede acceder al local.

Que se proporciona una cantidad mínima de marihuana para su consumo inmediato, estando prohibido llevarse nada a casa.

Hacer firmar a los socios un documento en el que declaren ser consumidores habituales (eso no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos)

Que todo el mundo participa en las tareas de cultivo y obtención de la marihuana.

Que no puede consumirse fuera del local de la asociación.

Evitar la publicidad excesiva, en el sentido de captación de socios.

Todo ello, hoy por hoy no garantiza nada porque no hay una legislación clara, pero al menos puede sentar las bases para una buena defensa en caso de imputación judicial.

Para terminar desdramatizando un poco la situación, señalar que el artículo 80 del Código Penal prevé la suspensión de las penas de cárcel inferiores a dos años en la primera condena. Es decir que una pena de ocho meses no tiene porqué significar el ingreso en prisión.

David Toses, abogado

david.toses@icam.net

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El Tribunal Supremo español condenó hace unos días a los responsables de un club o asociación de cannabis con 290 miembros. También señaló que el cultivo destinado para un reducido grupo de miembros carecía de relevancia penal.

En tribunal Supremo hace unos años amparó a asociaciones de cannabis bajo la doctrina de consumo compartido, pero, con esta última sentencia al club vasco Ebers, deja muy claro que en este concepto de consumo compartido no todo vale y fija unos limites de como deben ser estas asociaciones o clubs.
El alto tribunal con su resolución deja abierta lo que podría interpretarse como una llamada a los dirigentes a una regulación más aclaratoria para todas las partes.

En estos últimos tiempos han proliferado en España clubs de consumidores de cannabis que en un principio eran pequeñas asociaciones de consumidores que tenían cultivos compartidos para su uso exclusivo. En la actualidad, esa idea inicial también ha llevado a la creación de grandes clubes con grandes cantidades de asociados que en algunos casos han llegado a miles y en algunos casos no suministrando bajo demanda sino a discreción.

El mismo Tribunal Supremo en sentencias anteriores los amparaba bajo la figura del autoconsumo, con esta última sentencia al club Ebers, ha considerado que se excede de aquella filosofía del grupo de conocidos que conjuntamente consumen cannabis. El tribunal considera que la asociación (290 miembros) y su estructura (distribución organizada, permanencia en el tiempo, abierto a nuevas incorporaciones y que permitía a sus miembros hacer acopio de casi 400 gramos de cannabis) “excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente“.

La sentencia por su parte, tampoco admite que todos los clubes de fumadores sean ilegales. El texto de la sentencia sostiene que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones“. La sentencia ,según la interpretación de estas asociaciones de marihuana, como no fija qué tamaño del club sería delictivo y cuál no, establece que habría que observar cada asociación “caso a caso”.

La  Federación de Asociaciones Cannábicas de España y la plataforma por una Regulación Responsable  consideran esta sentencia del alto Tribunal como un ataque al asociacionismo de los consumidores de cannabis, aunque aseguran que ellos impulsan otro tipo de clubs con otras características en España. “Frente a este modelo existe un consenso hacia otros tipos de asociación con unos límites más razonables de los que tenía esta asociación”, expone Ramón Morcillo, portavoz de Regulación Responsable. Morcillo explica que según su modelo “es impensable que en pro de un consumo responsable un socio pueda retirar el consumo de medio año de una vez”, algo que sí sucedía en Ebers.

David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (FAC), admite que “no todos los clubes son iguales ni cumplen la función del consumo compartido“, y explica que “el modelo más extendido es el de una pequeña asociación o club cerrado más o menos estable, donde no hay retribución económica y todas sus decisiones se toman en asambleas”. Frente al, digamos, modelo Ebers, Rabé afirma que “no queremos seguir ese modelo“, y reivindica “el modelo de activismo, plural, en el que los socios llevan la gestión del club” y aboga por “el cultivo colectivo frente a la compra mancomunada”. De alguna manera, el que señala el Supremo que “puede carecer de relevancia penal”.

El tribunal señala en la sentencia que a pequeña escala y que la actividad del club se realice en un lugar cerrado sin publicidad u ostentación pueden ser indicadores de asociaciones que no incurran en el delito penal.  La noticia ampliada aquí

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Los clubes sociales de cannabis: la producción sin venta al por menor

Los Cannabis Clubes Sociales funcionan bajo el principio de que, si una persona no va a ser procesada por el cultivar una planta de cannabis en privado para su propio uso, entonces, 20 personas no deberían ser procesadas ​​por cultivar 20 plantas agrupadas en privado para el propio uso de sus cultivadores.

Es evidente que este concepto no está exento de problemas. Establecer lo que se constituye como producción ‘compartida’, por ejemplo, es problemático y está es la cuestión general de cómo estas actividades se pueden distinguir legalmente de los delitos de suministro.

En toda la UE, los mismos delitos de drogas tienen diversas definiciones legales, pero por lo general son por el traspaso de drogas entre personas y también algunos criterios por cantidad pueden ser aplicados. En respuesta, los clubes sociales de cannabis han tratado de establecer normas de funcionamiento con el fin de evitar cargos a las personas por suministro de drogas o por alentar el uso de drogas.

Por ejemplo, el grupo de defensa de Encod (ha propuesto que los clubes deben funcionar como un convenio colectivo, con un registro de miembros, con los costos calculados para reflejar el consumo individual esperado y por la cantidad producida además de limitada por persona y destinada al consumo de inmediato.

Los clubes deben estar cerrados al público y los nuevos miembros deben establecer por invitación a los consumidores de cannabis que sean aceptados. Este modelo, aunque promovido por activistas en Bélgica, Francia, España y Alemania, no obstante, no es tolerado por las autoridades nacionales en cualquier país europeo.

Esto significa que los Clubes de Cannabis Sociales son propensos a ser objeto de sanciones legales que deben ser identificadas o en el mejor de los casos pueden operar en un área legal gris. En la actualidad, es difícil saber en qué medida existen estos clubes sociales en Europa, aunque los que lo hacen parecen ser raros.

La ciudad de Utrecht en los Países Bajos anunció un proyecto para desarrollar un club de este tipo, pero el proyecto aún no ha sido implementado. Algunos clubes informan que están operando en forma limitada en algunas regiones españolas, aprovechando el hecho de que, aunque la producción, la oferta y la posesión personal de cannabis en público están prohibidos por la ley española, la posesión en espacios privados no se penaliza.

La posición jurídica sobre el consumo compartido es más complicado, sin embargo, puede proporcionar restringidas posibilidades a algunas formas de consumo compartido y que pueden ser toleradas legalmente para usuarios de drogas con experiencia. La medida en que los clubes sociales de cannabis cumplen estos criterios no están claras.

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Dado que en los últimos años en la ciudad Mataró se han creado  clubes sociales de cannabis, el pleno consistorial ha acordado estudiar y trabajar para posibilitar la regulación de las actividades de estos establecimientos que utilizan la marihuana legalmente permitida. Actualmente estaba suspendido el otorgamiento de licencias a estas asociaciones o clubes.

La concejal de Via Pública, Núria Calpe, admitió la necesidad de crear una regulación para este tipo de establecimientos que, por otra parte funcionan con un vacío legal que ninguna administración ha regulado todavía. En esta ciudad catalana existen siete clubs los que ya están abiertos y ofrecen cannabis a sus asociados, aunque la demanda de licencias para estos clubes de cannabis podrían doblar la cifra y de ahí la necesidad de una regulación por parte del consistorio municipal.
Entre otras especificaciones, la ordenanza restringe la acción de estas asociaciones que, por ejemplo, no podrán vender bebidas alcohólicas en su interior o deberán mantener una distancia mínima entre estos locales y otros servicios municipales de la ciudad y para regular las condiciones que debe tener el ejercicio de esta actividad.

La ordenanza, consta de 14 artículos y una disposición transitoria y una final, regula la apertura de clubes sociales de cannabis y establece un régimen de distancias entre ellos y entre éstos y los centros educativos y de salud. Asimismo, garantiza que los locales reúnan las condiciones necesarias para evitar molestias a los vecinos, y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de sus usuarios.

La normativa también garantiza que la actividad se lleve a cabo por asociaciones de usuarios debidamente inscritas en los registros públicos. La asociación que promueva el club social debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Entre otras condiciones, la ordenanza establece que para acceder a estos locales hay que ser consumidor habitual de cannabis –hecho de difícil comprobación- y prohíbe el consumo de otras drogas o bebidas alcohólicas, también queda prohibido el cultivo de cannabis en el local. Además, la asociación debe proporcionar información y asesoramiento profesionalizado en reducción de riesgos y daños derivados del consumo de esta sustancia. La normativa también incorpora el régimen sancionador y la tipología de infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves. La ordenanza también ha tenido en cuenta los criterios en materia de salud pública y la ley sobre el tabaquismo.

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a seis miembros de la Asociación Green Lemon de Ibiza rechazando el recurso impuesto por el Ministerio Fiscal. Con esta resolución el Tribunal da la razón al Juzgado numero 1 de lo Penal que avalaba así la legalidad del cultivo de marihuana y su distribución para los asociados del club.

La asociación de consumidores de cannabis Green Lemon de Ibiza contaba con 455 socios y tenían que cumplir con la reglamentación interna, como la de ser mayor de veinte años, ser consumidor adicto al cannabis, abastecerse de hasta dos gramos diarios, ser diagnosticado con alguna enfermedad que la marihuana palíe o que el consumo sea en el local de la asociación sin poder vender a terceros.

En febrero del 2012 la Guardia Civil localizó cuatro kilos de marihuana preparada para el consumo y porciones de hachís cuando entró en la sede de la asociación y poniendo a disposición del juzgado a seis de sus miembros. La Fiscalía entendía que la asociación de cannabis era una simple tapadera para la venta y distribución de marihuana pero el Juzgado nº 1 de lo Penal de Ibiza así no lo entendió equiparando los hechos a un consumo compartido entre un grupo de amigos.“No es razonable hacer depender la relevancia penal del hecho en el número de consumidores, ni mucho menos establecer un número a partir del cual el cultivo compartido es delito”, dice la sentencia. De hecho, la Audiencia Provincial entiende que los cuatro kilogramos de marihuana habría que dividirlos entre los 455 socios y de esa forma ya no es tan llamativa la cantidad de la incautación de la sustancia.

Otra razón que también recoge la sentencia es que la creación de estas asociaciones o clubes tienen como objetivo también evitar la compra de cannabis en el mercado negro por la consiguiente adulteración de la sustancia y engrandecimiento de dicho mercado ilícito

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marihuana

-El Ministerio de Interior advierte de que la aplicación de la Ley de usuarios de Cannabis va a crear “problemas” si no se toman en consideración sus “observaciones”.

-Consideran “ilegal” y “vulneración de competencias” prácticamente toda la propuesta: el consumo, el cultivo, el registro como asociación de los clubes e, incluso, la declaración de adicto.

En contra de los argumentos propuestas por los impulsores de la  Ley Reguladora de los consumidores de cannabis en Navarra, el Ministerio de Interior advierte de “ilegalidades” que se podrían llevar a cabo con la aplicación de la ley. En un informe remitido al Gobierno de Navarra, Interior advierte de que la ley vulnera competencias estatales y protege en su articulado acciones que son delito según el código penal, como el cultivo o el consumo de cannabis. Advierte de que “la regulación vulnera competencias exclusivas del Estado en materia penal, en materia de seguridad pública y en materia de protección de la salud pública” y alude a la “voluntad de colaboración” que existe entre las Administraciones para “despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantee con la aplicación de la mencionada ley”.

Un informe en tono de advertencia para la puesta en marcha de la ley que repite una y otra vez que las acciones protegidas por la legislación navarra son consideradas ilegales por el Gobierno Central además de dejar claro que suponen un nuevo conflicto de competencias entre Navarra y el Estado. Un informe en el que se rebaten todos los aspectos legales en los que se apoya la norma foral.

Según la interpretación del ministerio, en contra de la consideración de los usuarios de cannabis y de cada vez más  expertos que defienden bondades de la marihuana, la legislación nacional e internacional reconoce que el cannabis es una sustancia considerada ilegal para su cultivo y consumo y perjudicial para la salud. Analiza también la jurisprudencia alegada por los proponentes de la ley, en la que los usuarios de cannabis navarros encontraron una ‘grieta’ legal basada en el concepto de autoconsumo compartido. Sin embargo, el Ministerio de Interior no considera que sea lícita la creación de clubes de cannabis conforme a ese concepto.

Para el Ministerio, el autoconsumo compartido, continúa el informe, debe producirse de forma “esporádica e íntima”, y con un número mínimo de participantes. Condiciones que, a su juicio, no cumplirían las asociaciones de consumidores. Además, respecto a la consideración de los clubes como asociación, duda de su legalidad porque considera que no persiguen un fin lícito. Plantea dudas incluso con la consideración de adicto ya que el Gobierno central defiende que debe ser un médico quien declare adicto a un usuario, y no es suficiente con firmar una declaración como se propone en la ley navarra.

Otro problema planteado por Interior es sobre el cultivo ya que, aunque los socios retiren una pequeña cantidad para el consumo, el Ministerio plantea qué sucederá con el ‘stock’ creado para abastecer a los integrantes de las asociaciones ya que no existe, a priori, ningún control que prevenga el tráfico ilegal de la sustancia. Una cuestión que ya ha pasado por los tribunales con una sentencia que avala el cultivo de la sustancia por los clubes de consumidores y que ha sido estudiada por varias asociaciones en defensa del consumo legal de cannabis.

Conflicto de competencias

Una serie de advertencias que dejan claro que a Interior no le ha gustado la legislación de la Comunidad Foral, primera ley que regula los clubes de consumidores de cannabis, y que considera además que se trata de un nuevo conflicto de competencias. En este caso, según el Ministerio de Interior, vulnera “competencias exclusivas del Estado en materia penal, de seguridad pública y salud pública”, y considera fundamental lo que puedan declarar otros ministerios al respecto.

Todo apunta a que el Gobierno recurrirá la ley si el Parlamento no toma ninguna medida que frene su puesta en marcha. En el informe se detalla que el fin que persigue es “que las observaciones sean valoradas con el alcance y la forma que se consideren más apropiadas” para evitar conflictos entre las administraciones y con los usuarios debidos a la aplicación de la norma foral.

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El Parlamento navarro aprobó ayer la Ley foral por la que se regulan los colectivos de usuarios de cannabis en la Comunidad foral y podría ser objeto de un recurso por su incostucionalidad, ya que un informe del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas apunta hacia esa posibilidad.

La Ley tendría como objeto crear unas reglas para su constitución organización y funcionamiento de estos clubes de cannabis. La medida pretendería dar seguridad jurídica al consumo y abastecimiento de estas asociaciones puesto que la legislación considera que “el consumo no constituye ilícito penal o administrativo cundo se somete a los límites de la norma interpretados por el derecho, atendiendo a la realidad social

El portavoz del Partido Socialista Navarro, Santos Cerdán, se mostró a favor de una reguralización debido al “limbo legal” en el que se encuentran los clubes de cannabis por “una ambigüedad que existe en la ley”. Argumentando que actualmente “el marco legal vigente esta ignorando la realidad social” además que la prohibición no es la solución y que los ciudadanos ya les han dado a ellos un toque de atención por esta cuestión.

Otros políticos de otras formaciones que también apoyaron la Ley como Víctor Rubio de Bildu,  Asun Fernández de Garaial de Aralar y Marisa de Simón de I-E también han hecho declaraciones en favor de esta medida aprobada por el Parlamento Navarro subrayando que los clubes ya existen pero en una situación alegal y que las medidas prohibicionistas han fracasado.

En contra de la medida se ha posicionado el portavoz de UPNFrancisco Javier Lorente, cuestionando que no se presentase “ni una sola enmienda para pulir o mejorar el contenido” de la ley.
También en contra se ha posicionado el Partido Popular Navarro, cuyo portavoz, Eloy Villanueva, ha dicho que se quiere aprobar una ley “sabiendo que es inconstitucional o que tiene muchos visos de inconstitucionalidad”

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Cada vez son mas las ciudades que están tomando las riendas sobre la reglamentación y regulación de los clubes de cannabis. La semana pasada fue la ciudad vasca de San Sebastián la que de alguna forma reconoció estas asociaciones de consumo de marihuana estableciendo los parámetros por los cuales se deben regir estos clubes.

El portavoz de la Federación Vasca de Cannabis EUSFAC, Iker Vall, valora positivamente la medida

“Desde EUSFAC creemos que la ordenanza que se ha aprobado y que ha salido en el BOE la semana pasada de alguna manera reconoce los clubes sociales de cannabis y los integra dentro de vida asociativa de la ciudad pero también establece unos parámetros y unos criterios donde deben operar estas organizaciones”.

“Creemos que ha habido muy buena sintonía entre el ayuntamiento, la sociedad civil y las asociaciones y creo que realmente la apuesta de futuro es si somos capaces de implementar esta ordenanza que a buen seguro forma parte de un proceso de regulación más amplio que se esta dando a nivel regional en el País Vasco y que esta llevando a un reconocimiento no solo de los derechos de este tipo de colectivos y de los usuarios sino también de sus deberes y obligaciones para con la sociedad”