La asociación Estudios Terapéuticos del Cánnabis (ETC) de Torrelavega asegura que “no...

La asociación Estudios Terapéuticos del Cánnabis (ETC) de Torrelavega asegura que “no es ninguna tapadera” y que sólo distribuye cannabis a sus miembros

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Torrelavega, Santander, , España.- Considera “desproporcionada e injusta” la intervención policial, que “favorece a los verdaderos traficantes”

Considera “desproporcionada e injusta” la intervención policial, que “favorece a los verdaderos traficantes”

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

La asociación Estudios Terapéuticos del Cánnabis (ETC) de Torrelavega ha asegurado este jueves que “no es ninguna tapadera” y que sólo distribuye cannabis a sus propios miembros “mayores de edad”, en un circuito cerrado sin ánimo de lucro.

Además, ha criticado la reciente intervención policial en la que se detuvo a varios miembros de la asociación y la ha calificado de “desproporcionada e injusta”, señalando que esta actuación “favorece a los verdaderos traficantes”.

También asegura que es “totalmente falso” se hayan incautado 7.200 gramos de marihuana, y explica que se trata del peso “en fresco” de las plantas que se estaban cultivando, a las que les faltaban varios meses para poder ser cosechadas, sin que tuvieran por tanto propiedades psicoactivas, como se podrá verificar cuando se realicen los análisis pertinentes.

“En otras palabras, la policía ha arrancado unas cuantas ramas verdes de manzano y ahora las quiere hacer pasar por botellas de sidra”, apostilla.

En un comunicado, ETC ha recalcado que es una asociación legal que cultiva cannabis “dentro de la ley”, al tiempo que ha exigido una regulación clara del cultivo de cannabis que acabe con la “inseguridad jurídica”.

La asociación ha salido al paso de las “alarmantes informaciones” aparecidas en diversos medios sobre la intervención de la policía judicial de la comisaría de Torrelavega, “sin contrastar”, subraya, y “basadas exclusivamente en la versión policial”, para “dejar claro que sus actividades son totalmente legales”.

Destaca que se haya legalmente inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, y que entre sus fines figura expresamente el de “evitar el peligro que para la salud de los usuarios de cannabis supone el tener que recurrir al mercado negro” y “la creación de un cultivo compartido, sin ánimo de lucro y en un circuito cerrado de usuarios mayores de edad, que impide el acceso a terceras personas, no siendo objeto de ese cultivo la promoción, favorecimiento y facilitación del consumo ilegal de cannabis”.

Por tanto, “la asociación ha sido intervenida, sus bienes incautados y varias personas detenidas por llevar a cabo actividades que el Gobierno de Cantabria considera legales”, concluye.

Asegura que es “falso” que ETC haya distribuido cannabis a terceras personas, y explica que los cultivos intervenidos, que aún no estaban listos para ser consumidos, estaban destinados a los 137 miembros inscritos en la asociación, todos mayores de edad, que iban a destinarlos a su uso personal, una práctica corriente en los cientos de asociaciones de este tipo que funcionan actualmente en España al amparo de la jurisprudencia sobre el llamado “consumo compartido” de drogas ilícitas.

En este sentido, aclara que es indiferente que el cannabis vaya destinado a un uso terapéutico o lúdico, ya que en ambos casos “es legal” mientras se respeten los límites que recogen en sus estatutos. “El supuesto uso no terapéutico que alega la policía judicial no es más que una excusa para intentar ponerse una medalla y crear alarma social en torno a una entidad legal de carácter privado y no lucrativo, cuyas actividades eran del dominio público”, añade.

Tras señalar que la policía afirma que “detectaron la existencia de un local alquilado”, como si el mismo fuera clandestino y no una sede social oficialmente inscrita en el Gobierno de Cantabria, precisa que “lo que no explican” es que el mismo fue visitado en dos ocasiones por miembros de la Policía Local de Torrelavega, a los que los miembros de ETC “invitaron a entrar” y explicaron “en detalle” el funcionamiento de la asociación.

Además, añade que tres semanas antes de la intervención, uno de los policías judiciales que participaron en la misma estuvo conversando en presencia de testigos con el presidente de ETC acerca de la marcha de la asociación y este le proporcionó los teléfonos del grupo por si necesitaba cualquier aclaración.

Por otra parte, recuerda que el total de marihuana apta para el consumo que se obtiene de una planta suele oscilar entre el 10 y el 15% del peso total de la planta fresca. “Es decir, que si las plantas hubieran estado realmente listas para la cosecha, se habrían obtenido entre 700 y 1100 gramos de marihuana, cantidad que, repartida entre 137 personas, apenas da para el consumo de unos días”, recalca.

“El relato policial, asumido de forma acrítica por los medios, intenta que parezcamos una peligrosa organización de narcotraficantes a partir de dos bolsitas de marihuana, unas cuantas plantas raquíticas y 3.000 euros procedentes de las cuotas de los socios y con los que se pretendía afrontar colectivamente los gastos del cultivo asociativo”, señala la asociación.

INTENTO DE CRIMINALIZACIÓN

La ETC rechaza por ello este “burdo intento de criminalización” contra su colectivo y especialmente contra su presidente, Julio Domínguez, que “sufre desde hace tiempo un verdadero acoso”, asegura.

Según la asociación, “mejor harían en perseguir a los verdaderos narcotraficantes” y no a quienes intentan “construir alternativas” a través de los clubes sociales de cannabis, “entidades legales que están liberando a miles de personas de la dependencia del mercado negro, dificultando el acceso de los menores al cannabis, creando puestos de trabajo, y generando actividad económica legal, recaudación de impuestos y cotizaciones sociales”.

En este sentido, opina que “a quienes de verdad favorece la nada heroica intervención policial de Torrelavega es a las mafias, que van a recuperar un buen puñado de clientes que estaban a punto de perder”.

“Es especialmente sangrante el hecho de que en ETC haya 12 personas que usan el cannabis como terapia y que han sido injustamente privadas de una planta medicinal que les ayudaba a mejorar su salud y su calidad de vida. Y todo ello, supuestamente, en nombre de la llamada salud pública”, subraya.

Fuente, GenteDigital

 

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