Marihuana, el principio del fin de la prohibición

Marihuana, el principio del fin de la prohibición

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El fin de la llamada “ley seca”, que prohibió vender bebidas alcohólicas en EEUU entre 1920 y 1933, fue un proceso gradual y acumulativo. Mientras que el crack de 1929 movió al gobierno federal a buscar nuevas fuentes de ingresos vía impuestos, diversos gobiernos estatales comenzaron a derogar la ley Volstead, su nombre oficial, para reactivar la industria del alcohol, que hasta 1919 había sido la quinta más importante del país.

Al final, la enmienda 21 a la Constitución -que derogó la enmienda 18, que había instaurado la ley seca-, fue ratificada por el Senado el 5 de diciembre de 1933. Durante los años veinte, los norteamericanos se dieron cuenta poco a poco el remedio había sido peor que la enfermedad. El consumo de alcohol subsistió de forma clandestina y bajo el control de mafias violentas que corrompieron a la policía y a las autoridades judiciales. En 1932, tres cuartos de la población quería el fin de la veda.

El principio del fin del régimen prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también la larga e infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos de los Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.

Debido a una inédita alianza de sectores libertarios de derechas e izquierdas, el pasado 6 de noviembre sus votantes aprobaron –por el 55 y 45%, respectivamente- legalizar el consumo “recreativo”, la posesión y comercialización del cannabis, la primera vez que ello sucede en cualquier lugar del mundo. Las propuestas aprobadas van mucho más allá del uso “medicinal” de la hierba o incluso de la tolerancia a la holandesa, que es solo una forma de despenalización.

Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ahora, dado que el gobierno federal sigue considerando la marihuana como una droga tan peligrosa o adictiva como la heroína. Pero el hecho de que el fiscal general, Eric Holder, no se pronunciara en contra de los referendos, como hizo en 2010 contra la llamada proposición 19 votada en California con objetivos similares, muestra el desconcierto reinante en Washington.

Holder tampoco respondió a la demanda de nueve ex directores de la DEA, la agencia federal antidrogas, para que se opusiera a los proyectos de legalización. Dado que Barack Obama ha reconocido que durante su adolescencia en Hawai fumaba marihuana, no es descartable que su posición personal al respecto esté “evolucionando”, como lo hizo en relación al matrimonio homosexual, que terminó apoyando después de años de dudas.

¿Interpondrá ahora una demanda el departamento de Justicia para hacer prevalecer la ley federal declarando inválidos los resultados de la votación? Si se plantea un conflicto entre Washington y los gobiernos de Colorado y Washington, es posible que el caso llegue al Tribunal Supremo.

La primera ficha en caer

Pero una vez que cae la primera ficha del dominó, la reacción en cadena es imparable. Mientras que nueve Estados y la capital federal han legalizado ya el matrimonio gay, 26 o bien han autorizado el cannabis para usos medicinales o aprobado leyes para reducir o eliminar las penas de presión por posesión de pequeñas cantidades. En Alaska, por ejemplo, es legal tener hasta cuatro onzas (113 gramos) de cannabis y cultivar 24 plantas en domicilios particulares. Según una encuesta de Gallup del año pasado, el 50% de los norteamericanos favorece la legalización, un 4% más que en 2010.

No es extraño. En los últimos 40 años, EEUU ha gastado casi un billón de dólares en la “guerra contra las drogas” sin que haya podido reducir la oferta ni los precios de las sustancias ilegales. Hoy el país tiene tres veces más reclusos per capita que en 1980 y casi 10 veces más en proporción a otros países desarrollados. En 2010 fueron detenidas 1,6 millones de personas por posesión de drogas, en la mayoría de los casos marihuana.

Las reverberaciones sísmicas de las consultas ya se han hecho sentir al sur del río Grande. En la capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana en “algunas regiones de nuestro continente”.

En los próximos meses, el gobierno uruguayo pondrá en manos del Estado la producción y distribución de cannabis. En Argentina y Brasil ya han comenzado a surgir demandas populares parecidas. A partir de ahora, para Washington será más difícil presionar a Enrique Peña Nieto para que continúe las políticas de mano dura de Felipe Calderón o criticar a otros gobiernos latinoamericanos que se muevan en esa misma dirección.

En materia de seguridad, la situación ha llegado a un límite en América Latina. México ha perdido 55.000 vidas desde 2006 por la guerra contra el narcotráfico, además de incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la degradación de su imagen internacional por la profusa difusión de imágenes de gente siendo decapitada, colgando de puentes o ejecutada en las calles.

En abril de 2011, el ex presidente Vicente Fox dio una conferencia en la Universidad de Boulder (Colorado), en la que dijo que los consumidores de drogas en EEUU gastan todos los años miles de millones de dólares que cuando llegan a México se emplean para comprar armas y corromper policías: “Así cuando ustedes se pregunten sobre lo que está pasando en México, tengan en cuenta que eso depende de lo que ocurre en este país”.

El gobierno mexicano suele quitar hierro al asunto insistiendo que la inmensa mayoría de los víctimas son criminales asesinados por otros criminales. ¿Pero cómo lo puede saber? Solo el 5% de los asesinatos en México llega a resolverse. Peña Nieto ha prometido que reducirá la tasa de homicidios anuales, actualmente de 22 por 100.000 habitantes, tres veces más que en 2006, a la mitad cuando termine su mandato en 2018.

Guatemala es otro de los frentes más convulsos de la guerra. El presidente Otto Pérez Molina aumentará el gasto en defensa en un 25% para abrir nuevas bases militares a lo largo de la fronteras con México, donde bandas como las de Los Zetas han logrado consolidar un cierto dominio territorial, y sustituir a la policía por las fuerzas especiales de los Kaibiles. El año pasado, la matanza de 27 campesinos fue atribuida a un grupo de Los Zetas comandado por un ex miembro de los Kaibiles.

Según Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso hondureño, el 40% de las fuerzas policiales de ese país está implicada en el narcotráfico. Desde 2010 se han registrado en Honduras 10.000 denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos.

Luis Videgaray, jefe del gabinete de transición de Peña Nieto, ha advertido que México ya no podrá contener un tráfico ilegal cuando el propio EEUU ha liberalizado sus leyes. “¿Para que enviamos a nuestra policía a quemar plantaciones en las montañas de Guerrero, Sinaloa y Durango si cuando ese producto llega a Colorado se convierte en legal”, se pregunta el ex canciller mexicano Jorge Castañeda.

El año pasado la policía descubrió en Baja California una plantación de 120 hectáreas capaz de producir 120 toneladas de cannabis por cosecha. El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado y Washington, los carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al año, un golpe mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido del ejército y la policía mexicanos hasta ahora.

Según la DEA, la marihuana es la droga más incautada en los Estados del suroeste. El año pasado se capturaron 1.962.285 kilos, frente a 23.797 de cocaína y 1.308 kilos de heroína. Una cantidad similar fue capturada por la policía mexicana al otro lado del frontera. Entre el 40-70% de la marihuana que fuman los estadounidenses proviene de México.

Un movimiento de raíces populares

El movimiento contra la prohibición está surgiendo desde abajo. A pesar de la oposición del gobernador y el fiscal general de Colorado y el alcalde de Denver, 1,3 millones de personas votaron a favor de la enmienda 64, que al final recibió 50.000 votos más que el propio Obama, que ganó en el Estado por un margen del 5%. Los partidarios de la propuesta recaudaron ocho veces más fondos que sus oponentes. Su campaña recibió un espaldarazo decisivo cuando se sumó a ella Tom Tancredo, un ex congresista republicano y miembro del movimiento ‘tea party’.

En el Estado de Washington, los partidarios de la iniciativa 502 lograron el apoyo de prominentes políticos, fiscales y policías. Peter Holmes, el fiscal de Seattle, se sumó a la campaña de legalización cuando descubrió que el 59% de los detenidos por posesión de marihuana eran afroamericanos, que solo representan el 7% de la población. Después de que la Fiscalía dejó de perseguir esos delitos, la tasa de delincuencia cayó drásticamente. Al final, la legalización terminó siendo un asunto menos polarizante que el matrimonio gay.

El nuevo ordenamiento legal entrará en vigor en ambos Estados antes de fin de año, después de que sus gobernadores ratifiquen el mandato de las urnas. El próximo paso, mucho más difícil, será convertir el actual mercado clandestino en un mercado regulado. La DEA, sin embargo, podría intervenir para capturar alijos, cerrar negocios y detener a sus dueños.

“Pero no va a poder dar marcha atrás al reloj” editorializa el Seattle Times. Entre otras cosas, porque no puede hace cumplir la ley federal sin la cooperación de la policía local.

Lo cierto es que hasta que el cultivo del cannabis no se industrialice, algo que no sucederá mientras en el resto del país sea ilegal, su cultivo seguirá siendo artesanal y, por tanto, de escasa rentabilidad para los productores y las arcas públicas. Si se aplicaran métodos agroindustriales modernos al cultivo de cannabis, un onza (28 gramos) podría costar no más de tres dólares, frente a los 300 que se pagan hoy en cualquier ciudad de EEUU. Lo probable es que Washington –y el resto del país- esperen a ver cómo se desarrolla el experimento.

Por Luis Esteban G. Manrique

Fuente Infolatam

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