Vulnerado los derechos de un alumno marroquí en Badalona

Un instituto de Badalona ha vulnerado los derechos de uno de sus alumnos. Eso opina el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha emitido una resolución en la que critica con dureza la actuación del centro en el caso de Y., un estudiante de 13 años y origen marroquí que el año pasado fue expulsado. La dirección le acusó, sin pruebas, de vender marihuana a sus compañeros.

Diversos alumnos difundieron la sospecha de que Y. pasaba droga. Ante esos rumores, los responsables del IES Barres i o­nes contactaron con la Guardia Urbana de Badalona. Una patrulla interrogó y cacheó al menor en el instituto, según recoge la resolución del síndic. El chico fue interrogado sin que sus padres estuvieran presentes porque nadie les avisó, circunstancia que, a juicio del síndic, es reprobable y vulnera los derechos del menor.

Ribó considera que el centro tendría que haber avisado a la familia, con más motivo cuando las declaraciones del chico podían dar lugar a que se le imputara un delito grave. El informe también es demoledor en este punto. El expediente que en diciembre de 2007 se abrió al alumno le imputa la posesión y tráfico de drogas dentro del instituto. El síndic recuerda que en España la imputación de un delito es competencia única y exclusiva del poder judicial. En este caso del juzgado de menores.

Al no existir ni resolución judicial ni administrativa que sostenga e presunto tráfico de drogas, Ribó entiende que el instituto se excedió en sus competencias. En todo caso, observa, el síndic, ante los indicios de un delito, la dirección debería haber comunicado los hechos a la fiscalía.

El expediente disciplinario también recoge que alguien del centro registró la mochila de Y. sin que éste estuviera presente. Nadie le comunicó después que su bolsa había sido inspeccionada. Algo que, a juicio de Ribó, también vulnera el derecho a la intimidad del alumno.

El joven, de origen magrebí, acabó expulsado por los hechos y ahora estudia en otro instituto. El síndic pide al Departamento de Educación que revise el expediente, ya que no reúne las garantías necesarias para demostrar los hechos y calificarlos como graves. Ribó basa su tesis en distintos argumentos. Por ejemplo, en el hecho de que los alumnos que acusaron a Y. no se han identificado y en que los propios profesores dicen no tener pruebas de la venta de drogas y, pese a ello, expresan su convencimiento de que Y. ha sido el autor, sin que conste ningún argumento que lo justifique.

Ante estas circunstancias, el síndic pide a Educación que elimine de cualquier documento la atribución de tráfico de drogas al alumno.

La expulsión del menor levantó un fuerte revuelo en barrios de la periferia de Badalona. SOS Racismo presentó una denuncia ante el Síndic de Greuges ya que, a su juicio, el caso presenta tintes xenófobos.

Fuente kaosenlared.net