Argentina reclama una ley federal de autocultivo

Son cada vez más las regiones interiores de Argentina que comienzan a perderle el miedo al cultivo de cannabis, aunque sea para fines medicinales.

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Pasa en Estados Unidos desde hace años y comienza a pasar en Argentina, en el otro extremo de América.

Son cada vez más las regiones interiores de Argentina que comienzan a perderle el miedo al cultivo de cannabis, aunque sea para fines medicinales.

Y, al igual que en el gran país del norte, cannabicultores, usuarios y pacientes que necesitan sanar comienzan a reclamar con más fuerza una ley federal, que los contemple a todos.

En consecuencia, el periódico local Los Andes, informa que tanto asociaciones civiles como particulares plantean la necesidad de modificar la ley que está en vigencia desde 2017.

Desde que en septiembre de 2017 se promulgó la ley de uso medicinal de cannabis, hubo pocos avances en cuanto a la clarificación de qué está permitido y qué no.

También sobre la ampliación del registro de personas autorizadas y la despenalización para el consumo en pequeñas dosis, de acuerdo a lo que plantean diferentes asociaciones civiles y grupos vinculados a familias de enfermos crónicos o terminales.

Gobierno promulga ley

En aquel momento, el gobierno nacional promulgó la Ley 27.350 que fue sancionada por el Congreso a fines de marzo.

Lo hizo a través del Decreto 266/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Salud Jorge Lemus.

“Cuando salió la ley lo que hicimos fue abrirnos en 12 lugares en el país con clínicas comunitarias y darle visibilidad, llevándolo a los medios para lograr incidencia política y conseguir legislaciones, siempre apuntando al autocultivo”, dice Gustavo Granella, presidente de la Asociación Redes Nueva Frontera, una de las tantas que a nivel provincial trabaja enseñando a crear aceite con fines terapéuticos.

Granella es además el coordinador del Programa de VIH de Guaymallén, y aunque la asociación civil de consejería comunitaria para el uso de cannabis que lidera no tiene vínculos con ese municipio, su conocimiento del uso medicinal de la planta está vinculado “somos parte de una red de personas que conviven con VIH y el cannabis lo venimos utilizando para estos casos desde hace más de 20 años”, explica.

Si bien hay muchos estudios que avalan su uso, aún hay resquemores sobre todo por parte de los entes gubernamentales que no terminan de decidir si legalizar la tenencia para uso medicinal o no.

A fines del 2019 el Gobierno nacional activó los primeros mecanismos para cambiar la legislación en cuanto a su regulación y el fin de la criminalización.

En aquel momento la ministra Sabina Frederic y su equipo, comenzaron a estudiar los modelos de otras partes del mundo, sobre todo los de Canadá, Uruguay, los 11 estados de EEUU que legalizaron todos los usos y también proyectos de ley que todavía no están aprobados, como es el caso de Chile.

Impulso al proyecto

La idea del Gobierno nacional era impulsar un proyecto consensuado con los diversos actores sociales (desde las agrupaciones cannábicas hasta la Iglesia) poniendo como prioridad la tenencia y el autocultivo.

“Si una mamá tiene un hijo chico que toma aceite de cannabis porque tiene epilepsia o alguna enfermedad similar, entendemos que tiene que hacer autocultivo porque eso es algo que ese chico va a usar toda la vida”, explica Granella.

“Una persona con 85 años que necesita cannabis para su artritis, artrosis o parkinson, evidentemente no podemos mandarlo a que plante, a esa persona hay que proveérselo de alguna manera”.

Actualmente la ley provincial -que al parecer es más estricta que la nacional- plantea que para poder ingresar al registro de uso medicinal de cannabis hay que tener epilepsia refractaria.

“Por eso nosotros planteamos la modificación de la ley con 5 puntos que tienen que ver con autocultivo, promovido por parte del Estado”, explica el asesor.

En este sentido la idea es que desde las instituciones gubernamentales le de un lugar a “la sociedad civil como efector público para que pueda ofrecer estándares y productos de calidad, y que el Estado cobre un impuesto sobre eso”.

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