México.- Es legal en el país, el uso abusivo de bebidas alcohólicas se mantuvo como un importante problema, aunque se veía como un vicio moral de los afectados, y no como un asunto de salud pública. Enervantes como la marihuana o la coca, se utilizaban especialmente por sus aplicaciones medicinales.
Esta libre disponibilidad no generaba problemas mayores. Las sustancias consideradas hoy en día como drogas prohibidas, no se distinguían de los medicamentos; y hasta la década de los años veinte, libremente se publicitaban en las grandes ciudades del país, píldoras, remedios y tonificantes (con fórmulas secretas, a la manera de los opiáceos en Europa), preparados con drogas puras, polvos de cocaína, opiáceos, etcétera.
No es sino hasta los primeros gobiernos posrevolucionarios, cuando el discurso institucional, y la manera de contemplar el consumo y el comercio de drogas se transforma. Siguiendo al modelo impuesto desde el vecino país del norte, la política prohibicionista avanza, con la subsiguiente criminalización de las drogas.
México se une al fervor prohibicionista. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, el consumo de drogas fue que recorre los Estados Unidos. Sustancias como la marihuana o la amapola, pasan a catalogarse como un problema social, incluso como un “cáncer”.
La nueva orientación prohibicionista se reflejó casi inmediatamente en la legislación. México había firmado la Convención Internacional del Opio de La Haya, desde el 15 de mayo de 1912, pero ésta no fue aprobada por el Senado, según el nuevo marco Constitucional del 1917, hasta el 8 de octubre de 1924. Acorde con esto, en enero de 1925 el entonces Presidente Plutarco Elías Calles expide un decreto sobre la regulación del comercio de opio, morfina y cocaína, que es un auténtico cierre de las fronteras a la importación de estas sustancias.
Junto con ello, se prohibe explícitamente el cultivo en el interior del país de la marihuana, y un año después de la amapola, planta que en esas épocas era un cultivo de importancia en estados del norte del país, como Sinaloa, desde donde se exportaba al mercado estadounidense.
Aún con la prohibición, los cultivos, ahora ilegales, se concentraron en estados del noroeste del país: Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. A partir de entonces, los gobernadores de esas entidades adoptaron una estrategia con respecto al tema de las drogas: prohibirlo en la ley, pero participando en el tráfico ilícito, pues el negocio empezaba a ser lo suficientemente rentable como para no dejarlo completamente en manos de los traficantes.
Las disposiciones prohibitorias se complementan con el contenido del Código Penal promulgado en 1929, en el cual ya se incluye un Capítulo específico tipificando delitos relacionados con drogas enervantes. En 1931, se publicó el nuevo Código Penal, vigente actualmente en materia federal, en el que la técnica para describir los delitos contra la salud relacionados con drogas se hace más precisa.
La moralidad imperante, asocia el consumo de drogas a marginales, a conductas delictivas, o incluso a minorías, como sucedía en Estados Unidos, ya que en México el consumo de opio se llegó a asociar a los inmigrantes chinos.
Al consumidor de drogas se le empezó a asociar con la vagancia y el crimen, pues se consideraba que las sustancias“producían trastornos enloquecedores que motivaban a la comisión de delitos”, según expresaba la comunidad médica en la década de los treintas.
En el sexenio de Lázaro Cárdenas, se fortalece la lucha contra las drogas, con la participación de la Policía Judicial Federal y la Policía de Narcóticos estadounidense, a través de un programa que busca coordinar, prevenir, investigar y perseguir a los traficantes de sustancias. Ya en 1949, en el gobierno de Ávila Camacho, México firma el protocolo de París para someter a fiscalizaciones varias sustancias psicoactivas no comprendidas en la Convención de 1931.
Fuente LaJornadaGuerrero
