Los legisladores de Costa Rica también dicen presente a la hora de debatir legalizaciones de cannabis, en este caso, con dos modelos contrapuestos.
La realidad del cannabis en Costa Rica podría cambiar para siempre según dos proyectos que pugnan en la Asamblea, según informó El Financiero.
Las dos iniciativas buscan lo mismo: hacer que el cannabis sea legal en Costa Rica, sin embargo, lo harían con dos filosofías contrapuestas que ya ingresaron a la Asamblea Legislativa.
Una es la propuesta Ley para la Regulación y Control del Cannabis: Nuevos Mercados para el Desarrollo (Expediente 22.482) del oficialista Partido Acción Ciudadana.
El texto de la bancada oficialista propone un uso más amplio del cannabis: desde el medicinal, el cáñamo hasta el autocultivo para consumo personal.
El objetivo de este proyecto es crear “un marco regulatorio para el cultivo, producción, almacenamiento, transformación, industrialización, transporte, comercialización y uso del cannabis y sus derivados en adultos”, con el fin de dar origen a una nueva actividad productiva lícita.
“La intención es reconocer que existe un mercado basado en cannabis para diferentes usos, pero se encuentra hoy en la informalidad y la irregularidad”.
“Nuestra intención es formalizar el mercado para todos sus usos: medicinal, industrial y recreativo”, aseguró Enrique Sánchez, diputado del PAC y uno de los principales impulsores de la iniciativa.
La iniciativa llegó al parlamento cinco meses después de que la Comisión de Ambiente dictaminara en favor de otro proyecto.
El de uso medicinal y del cáñamo para uso industrial, presentado por la diputada independiente Zoila Volio.
Costa Rica y el cash del cannabis
Si bien tanto la propuesta de los diputados oficialistas como la de la legisladora Volio pretenden regular el cannabis, sus alcances y la forma de implementación difieren.
El fin principal del proyecto del PAC es regular y controlar el uso del cannabis en Costa Rica.
Lo cual, según sus proponentes, tendría tres efectos principales: crecimiento económico, más empleos formales y más recaudación tributaria.
Para esto último, en el artículo 27 se propone crear un impuesto específico al consumo de productos finales con cannabis y sus derivados.
Ya sean estos de producción nacional o importados, cuya tasa sería del 30 por ciento sobre el valor de venta del producto al consumidor final.
En el caso del proyecto de la diputada Volio, se establecía un impuesto del uno por ciento a las utilidades netas de las empresas con actividades para el cannabis medicinal.
El proyecto del PAC no entra en detalles en cada uno de los usos, sino que habla, más bien, de los usos autorizados: producción, industrialización, comercio, importación y exportación.
Para ello será necesario crear dos licencias de seis años, renovables por períodos iguales: una de producción, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y otra de industrialización y comercio, que le correspondería al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La exportación e importación la podría realizar cualquier persona física o jurídica que cuente con alguna de las dos licencias.
Además, deberá estar inscripta ante la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) o la Dirección General de Aduanas, respectivamente.
Por su parte, el texto de Volio no incluía licencia especial para el cáñamo, pero sí para el cannabis medicinal, otorgada por el MAG para el cultivo y por el Ministerio de Salud para la industrialización tanto para laboratorios como pequeñas industrias.
Los legisladores del PAC limitan la licencia de cultivo a solo los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos ante el MAG.
Por el lado de la licencia para industrialización y comercio estarían habilitadas para las micro, pequeñas y medianas empresas inscritas ante el MEIC.
Hasta este punto ambas iniciativas evidencian algunas diferencias, pero tal vez la más contundente gira en torno al autoconsumo.
El proyecto del PAC propone liberalizarlo, mientras el texto de Volio ni siquiera lo menciona.
Costa Rica no parece tener cannabis recreativo, al menos de momento
La diputada independiente defendió en su momento que no se contemplaba el uso recreativo como un argumento a favor, con la esperanza de darle más viabilidad política a su propuesta.
“Si bien apoyamos el proyecto de la diputada Volio, creemos que hay una parte del mercado que no se está tocando ahí, particularmente el recreativo, que también tiene que entrar en la regulación para que se tengan todos los efectos económicos, de salud y seguridad que se pretenden”, afirmó el legislador oficialista.
Según los últimos datos de Euromonitor International, las ganancias se estimaron en 27.728 millones de dólares al cierre del 2020, siendo el rubro de más peso el del cannabis de uso recreativo con 13.300 millones de dólares.
A nivel mundial, las proyecciones indican que el mercado de cannabis medicinal, recreativo y los productos de CBD sobrepasará los 100.000 millones de dólares en 2025.
El texto del PAC menciona que Costa Rica podría alcanzar un nivel de ventas de ¢100.000 millones anuales, un 0,32 por ciento del PIB, suma que concluyen tras revisar una serie de escenarios de consumo y precio de venta.
“El poder Ejecutivo, el presidente Alvarado, ni siquiera ha querido convocar mi proyecto del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Creo que esto más que todo es una pose política”, manifestó Volio.
La legalización del cannabis en Costa Rica ha sido un tema recurrente en los últimos años, pero el Ejecutivo y el Legislativo han fracasado en avanzar la discusión.
Por el contrario, la Administración de Carlos Alvarado ha dejado claro en varias ocasiones su oposición a una apertura de la industria en el país.
