California, EEUU.-La industria con fines medicinales enfrenta leyes confusas y acusaciones de distribución ilegal; en California operan 1,000 dispensarios que aportan hasta 105 mdd en impuestos cada año.
En California, la industria de la marihuana medicinal ha disfrutado de varios años de rápido crecimiento, pero ahora una ofensiva legal amenaza con aniquilarla.
Desde 1996, el estado ha permitido que los productores y distribuidores de marihuana operen legalmente con poca supervisión. Para adquirirla, la persona sólo necesita una receta médica o asegurar que se es un “cuidador” (caregiver), un término interpretado muy laxamente. En la entidad operan más de 1,000 dispensarios, que emplean a miles más y aportan a los gobiernos locales y estatal hasta 105 millones de dólares (mdd) en impuestos cada año.
Pero los fiscales federales se muestran cada vez más enérgicos. El año pasado, agentes policiales incautaron 3.9 millones las plantas y este año podrían decomisar más.
Los defensores de la marihuana dicen que el ataque contraviene la ley de California y va en contra de una promesa de campaña del presidente Obama para no impedir o esquivar las laxas normativas del estado. Sin embargo, los cuatro fiscales federales de California, que se unieron el año pasado en este frente, apuntan la necesidad de luchar contra la propagación del consumo en estados en los que la sustancia no es legal.
El fiscal federal Ben Wagner justifica las redadas bajo la presunción de que se cultiva más marihuana en las tierras fértiles de su Distrito Este de la que jamás podrá ser consumida legalmente. “Hubo una explosión en la producción de marihuana, y está en todas partes. Y está siendo distribuida a lo largo del país”, señaló.
Las ciudades de California también están participando en el combate, imponiendo nuevas regulaciones para contener una industria que ha crecido sin control.
En algunas ciudades, las calles están llenas de dispensarios y médicos que, con un examen mínimo, entregan recetas que sugieren un tratamiento a base de marihuana.
Los dispensarios que se supone no tienen fines lucrativos, registran rutinariamente ventas de más de 3 mdd al año, según se desprende de varios registros fiscales en manos del tribunal. Y estas empresas a menudo prefieren mantener las transacciones comerciales en dinero en efectivo para evitar llamar la atención de las autoridades gubernamentales.
California tiene actualmente un mosaico de leyes inconsistentes, que propician un entorno confuso para ese negocio. Un antiguo registro mantenido por el grupo pro-cannabis ‘Americans for Safe Access’ muestra que en California, 46 ciudades y 10 condados permiten la droga, 178 ciudades y 20 condados no, y el resto cuentan con medidas provisionales o ninguna normativa en absoluto.
Eso significa que un dispensario puede estar cumpliendo con las normas estatales, pero violando una ordenanza local e incumpliendo la ley federal.
“Es un caos”, advierte Charley Pappas, quien hasta hace poco dirigía un dispensario de marihuana en San Francisco,la Divinity TreePatients Wellness Cooperative.
Como la mayoría de las personas que abren sus propios dispensarios, Pappas comenzó a usar la droga mucho antes de abrir una tienda en 2005. Una herida por arma de fuego sufrida en 1973 cuando robaban su casa lo dejó tetrapléjico, y los efectos analgésicos de la marihuana alivian sus espasmos musculares. Pappas puso en marcha la cooperativa para ofrecer a otros una terapia similar, suministrándole a cerca de 7,000 pacientes hasta que el propietario de su local recibió una dura advertencia del Gobierno federal: sácalo o pierdes tu propiedad.
La maraña de leyes también atrapó a Aaron Sandusky, cuyos dispensarios llegaron a atender a cerca de 12,000 pacientes. Sus tiendas G3 estaban ubicadas en Colton, Moreno Valley y Upland, y cada una de estas ciudades estableció prohibiciones. Aunque mantenía toda la documentación para demostrar que los pacientes presentaban recetas médicas para las miles de plantas que cultivaba, no fue suficiente. El tiro de gracia vino con la redada dela Administraciónestadounidense para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) cuando los agentes allanaron sus tiendas y almacenes de cultivo.
“Yo hacía todo para asegurarme de que estábamos operando bajo las directrices del estado”, cuenta Sandusky. “No me esperaba nada de esto”.
Sandusky y cinco trabajadores fueron detenidos el 14 de junio y acusados de conspiración para manufacturar estupefacientes con la intención de distribuirlos. Pasó las siguientes ocho semanas en la cárcel. Los agentes incautaron su dinero y los cultivos. Sandusky, libre bajo fianza pero obligado a permanecer en casa, usa un dispositivo de rastreo en el tobillo por orden judicial.
La redada también dejó sin empleo y sin prestaciones de salud a los 50 trabajadores de tiempo completo de la empresa. Incidentes similares se producen cada semana en California, con agentes del Gobierno clausurando negocios que aseguran ser legítimos bajo la ley estatal.
Sandusky y otros se mantienen firmes en su defensa, solamente operan a nivel local y de forma legal, y están desesperados por encontrar una manera de seguir las reglas y dejar de ser perseguidos.
“Nadie me ha mostrado un número diciendo que no se pueden superar tantas plantas. Me encantaría ese tipo de información y orientación”, concluye Sandusky.
Fuente CNNExpansion
