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Pannagh

Considera que las actividades de la asociación respetan los límites del consumo compartido.

En una sentencia que se ha conocido hoy, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha decidido absolver de todos sus cargos a las cinco personas socias de Pannagh que fueron juzgadas recientemente. Todas ellas estaban acusadas de tráfico de drogas y, además, los tres miembros de la junta directiva acusados se enfrentaban a una acusación por integración en grupo criminal, alternativamente con otra por asociación ilícita.

En la sentencia, la Sala considera probado que los miembros de la asociación Pannagh, legalmente constituida desde 2003, “en aplicación del artículo 2 de los Estatutos de la Asociación y con la finalidad de evitar los riesgos del mercado ilegal mediante una fórmula que permitiera el acceso a los socios a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso, se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, para lo que se establecieron una serie de condiciones y límites destinados, entre otras cosas, “a excluir cualquier posibilidad distinta del autoconsumo privado”, es decir, a evitar la posible transmisión de la sustancia a terceras personas.

La Audiencia considera igualmente probado que “la cantidad de sustancias estupefacientes intervenida procedía del cultivo compartido realizado conforme a las previsiones de consumo de los socios consumidores de marihuana participantes, que estaban debidamente identificados, y estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de la Asociación y el acuerdo de los socios”. Además, para entrar en Pannagh había que firmar una solicitud por escrito avalada por otro miembro y había una lista de espera por lo que las personas socias eran admitidas “cuando con el cultivo de la sustancia se podía atender sus previsiones de consumo”.

En la sentencia se afirma que, contrariamente a lo sostenido en el juicio por la fiscalía, “no ha quedado acreditado que los acusados constituyeran una asociación con apariencia de legalidad para, bajo la cobertura formal de una asociación sin ánimo de lucro inscrita, cultivar cannabis, preparar y distribuir la sustancia estupefaciente obtenida a terceras personas a cambio de dinero, ni que para encubrir la entrega de la sustancia a estas personas se les realizara un carné de socio en el momento de la entrega de la sustancia”. También se considera que no se ha acreditado que se entregase marihuana o hachís a nadie que no fuera previamente socio, ni que el dinero obtenido se destinara a otra cosa que no fuera “sufragar los gastos propios de la asociación y los relativos al cultivo, recolección y conservación de la sustancia estupefaciente para entregarla a los socios para su autoconsumo según lo acordado”.

Según consta en la sentencia, entre la documentación obrante en los autos hay libros de registro perfectamente cumplimentados, solicitudes de ingreso en Pannagh firmadas por las personas socias y quienes les avalaron, informes médicos, contratos de trabajo y alquiler, declaraciones de impuestos, pagos a la Seguridad Social, etc. En este sentido, para la Audiencia queda patente que la actuación de Pannagh estaba alejada “de cualquier atisbo de clandestinidad”. Pero, además, hay un detallado registro por escrito de la dispensación de cannabis, con identificación precisa de a quién y cuánto se entregaba, para asegurar que “cada socio partícipe retiraba la cantidad correspondiente a su previsión de consumo, lo cual exige un efectivo control (…), control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un consumo compartido (…) y la sustancia fuera entregada a terceras personas no socias, hipótesis en la que, además, tanto el interés del que entrega la sustancia como del que la recibe sería no dejar constancia escrita de la transacción”.

Por otra parte, en respuesta a las afirmaciones del Ministerio Público de que la defensa de la normalización del cannabis oculta la intención de promover el tráfico de forma encubierta, la Audiencia considera que la normalización “en absoluto tiene por qué ser vista como un tráfico ilegal enmascarado. No resulta racional catalogar de este modo cualquier iniciativa colectiva que simplemente pretenda soslayar los perjuicios del mercado negro. (…) Alojar en el Código Penal cualquier intento de garantizar el consumo en condiciones de seguridad, negar al consumidor cualquier alternativa al margen de la clandestinidad del mercado ilícito supondría, en cierto modo, extender la penalización al consumo”. De esta manera, la Audiencia asume algo largamente reclamado desde el movimiento anti-prohibicionista y sostenido por prestigiosos juristas: Si se puede consumir legalmente, se tendría que poder obtener la sustancia de consumo de forma igualmente legal.

La Audiencia de Bizkaia, en su sentencia, reflexiona también sobre el carácter peculiar de asociaciones como Pannagh. “La constitución de una asociación y número elevado de socios” no constituye obstáculo para considerar la ausencia de delito, “toda vez que los socios partícipes son personas que están debidamente identificadas, son consumidoras de cannabis y existen medidas de control establecidas desde el cultivo hasta la entrega de las sustancias estupefacientes para asegurar su destino al consumo de los socios, medidas de control y seguridad que han sido aceptadas por los socios para conseguir marihuana de calidad y fiable para su autoconsumo”. En cuanto a la cantidad de cannabis incautada, se considera “compatible” con la previsión de consumo de las personas socias, dado que eran unas 300 en el momento de la intervención. Esto, unido al testimonio unánime de los socios y socias que declararon como testigos, en el sentido de que el cannabis era propiedad colectiva y que nadie ajeno a la asociación accedía al mismo, lleva a la Audiencia a la conclusión de que, a pesar de su gran volumen, se trata del producto de un cultivo compartido, solo que estructurado mediante una asociación legalmente constituida.

También se considera irrelevante el hecho de que personas socias se llevaran el cannabis a su casa. La Audiencia entiende que no solo es razonable que dichos socios manifestaran que “les gustaba o preferían consumir la sustancia en su domicilio y no podían acudir todos los días a la Asociación”, sino que además “el acopio de la sustancia para autoconsumo no es punible”, aparte de que los socios son “los interesados en el cumplimiento de las condiciones establecidas” para que el cultivo que les abastece no fracase, que las cantidades que se les ocuparon eran tan pequeñas que “a nadie se le ocurriría calificar suficiente para estimar su tenencia preordenada al tráfico” y que “ninguna de estas personas ha sido objeto de un procedimiento penal en razón de su tenencia”.

Por todo ello, y al considerar que no existe “vocación de tráfico ni una intención de los acusados de promover, favorecer o facilitar [el] consumo ilegal de drogas ni de difundir droga a terceras personas”, la Audiencia acuerda la libre absolución de todos los cargos y declara de oficio las costas judiciales. Contra la sentencia, que no es firme, se puede interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.

Martín Barriuso – Presidente de la asociación Pannagh.

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Bilbao.- Manifiesto que han creado desde Pannagh después de conocer la acusación presentada por la fiscalía tras el cierre de hace dos años. Nos piden seis años de cárcel para cada uno a tres miembros de la directiva, y otros dos años a cada uno a otros dos miembros. Las multas que nos pide la acusación suman casi 2 millones y medio de euros. Las fianzas suman más de tres millones, que por supuesto no podremos pagar. En el manifiesto hay más datos sobre el caso, que es especialmente preocupante, ya que es la primera vez que se acusa a miembros de un club de pertenecer a un grupo criminal.

Cualquier persona u organización que quiera adherirse a este manifiesto, podrá mandar su apoyo al mail freepannagh@gmail.com. En ese mail simplemente habrá que especificar que se respalda el manifiesto a nivel personal o de institución o colectivo. En breve esperamos contar con versiones en otros idiomas, aunque agradeceríamos cualquier colaboración en esta tarea. El día 5 de diciembre presentaremos el manifiesto en un acto público en Bilbao.

Muchas gracias a todos y todas

 Martín Barriuso, presidente de Pannagh.

MANIFIESTO

Cuando se han cumplido dos años del cierre cautelar de la asociación de personas usuarias de cannabis Pannagh, la fiscalía anti-droga ha solicitado para cinco miembros de la misma penas de prisión que suman 22 años de cárcel y multas por valor de casi dos millones y medio de euros.

La fiscalía acusa a Martín Barriuso, presidente, a Igor Gaminde, tesorero, y a la secretaria de la asociación, de un “delito de tráfico de drogas con cantidad de notoria importancia”, para el que pide penas de 4 años y medio de prisión, y otro de “integración en grupo criminal”, al que correspondería otro año y medio de condena. A los tres se les ha impuesto una fianza de un millón de euros, por lo que se les embargarán todos sus bienes. A los otros dos acusados, dos socios que trabajaban en la cosecha con contrato laboral, se le acusa de tráfico de drogas y se solicita una pena de dos años y multa de 1.000 euros para cada uno.

Ante estos hechos, las personas firmantes queremos expresar públicamente lo siguiente:

-La Asociación de Usuarios/as de Cannabis PANNAGH se constituyó oficialmente como asociación sin ánimo de lucro en el año 2003. Está formada por personas usuarias de cannabis mayores de edad, y sus actividades están encaminadas a evitar a sus miembros los riesgos del mercado negro y prevenir los daños asociados al uso de la planta.

-Es del dominio público que Pannagh intenta crear circuitos alternativos de abastecimiento de cannabis respetuosos con la legalidad vigente y que permitan reducir el tráfico ilícito. Para ello lleva a cabo desde hace años cultivos de cannabis en circuito cerrado, que en varias ocasiones han sido declarados legales por distintos tribunales. Todas las causas anteriores han sido sobreseídas y archivadas en resoluciones judiciales firmes, incluyendo sendos autos de las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Álava, habiendo incluso llegado a serle devuelta en dos ocasiones la marihuana incautada.

-Creemos que el cierre de Pannagh -que ya dura dos años- y la imputación contra varios de sus miembros es buena muestra de la inseguridad jurídica que rodea a sus actividades, situación que la asociación viene denunciando desde hace años ante diversas instancias, y cuya existencia fue reconocida por el Parlamento Vasco en la resolución que dio lugar a la creación de una ponencia para regular los Clubes Sociales de Cannabis.

-Es notorio que, desde su fundación, Pannagh ha venido desarrollando un trabajo público en pro de la búsqueda de un marco de derechos y obligaciones para las personas usuarias de cannabis, así como para la obtención de una regulación integral de las actividades relacionadas con la planta. Durante años, sus actividades han sido del conocimiento general y toleradas de facto por los poderes públicos.

-Es especialmente preocupante que se impute a tres miembros de la junta directiva de Pannagh por integración en grupo criminal, cuando dicho grupo es precisamente una asociación legalmente constituida y registrada, y cuyas actividades se han desarrollado sin asomo de clandestinidad. No solo es injusto castigar con mayor dureza a quien intenta seguir los cauces de la legalidad, sino que puede hacer que otros crean que es más seguro apartarse de ellos.

-Sin entrar a valorar y calificar actuaciones judiciales concretas, queremos mostrar nuestro apoyo expreso a la labor pública realizada por las personas imputadas y, por ende, a todo el colectivo de personas usuarias que representan. Entendemos que su labor en pro de una regulación de los colectivos de personas usuarias de cannabis en nuestra comunidad, y de unas políticas sociales más justas y efectivas, ha sido positiva y constructiva.

Noviembre de 2013