El conglomerado nucleado en torno a la ciudad de Buenos Aires es un mapa geopolítico difícil de entender. El Conurbano o Gran Buenos Aires, so los nombres que recibe la región de la Provincia de Buenos Aires que más próxima está a la ciudad de Buenos Aires, capital del país.
En el conurbano viven más de 15 millones de personas, muchos de ellos, con trabajos en la ciudad. Eso lo convierte en un distrito clave para los comicios electorales, como el que habrá en octubre de este año, cuando los argentinos elijan nuevo presidente.
Esta semana, la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un amparo colectivo para que la justicia ordene al Estado nacional suministrar aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que le hayan recetado este tipo de sustancias para el tratamiento de enfermedades. Derecho que sólo es reconocido a las familias incluidas en la ley votada hace un año y medio, una ley que no se cumple.
La acción, radicada en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2 de La Plata, busca que el Ministerio de Salud y Desarrollo cumplan con la ley 27.350.
La norma establece que se entreguen esos productos en forma gratuita a quienes formen parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, o bien bajo cargo para quienes no están dentro de este listado y tengan prescripción médica del uso del aceite.
Para pacientes con epilepsia refractaria
La ley se limita a pacientes con epilepsia refractaria, aunque los derivados de la planta se usen para quienes fueron diagnosticados con, entre otras patologías, cáncer, fibromialgia, dolores crónicos, artrosis, artritis, Parkinson, epilepsia o autismo.
El amparo “es una respuesta a los reclamos que recibimos de asociaciones civiles, ONG y particulares, quienes expresaron que el gobierno nacional no cumple con la ley, lo que genera dificultades burocráticas y económicas para adquirir un aceite de cannabis que no se está produciendo en el país”, dijo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en palabras que publicó el periódico local El Día.
El cargo señaló que esa situación “pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que deban llevar adelante las personas afectadas”.
“Son numerosos los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos, pero particularmente la imposibilidad de acceder al cannabis medicinal a través del Programa viola los derechos a la salud, a la mejor calidad de vida posible y a gozar legítimamente de los beneficios del progreso científico”, sostuvo Lorenzino.
La Defensoría cuestionó que, además, los establecimientos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico o de investigación, y tampoco el INTA ni el Conicet investigan el tema con fines médicos y científicos.
La adhesión de la ciudad de Buenos Aires
La semana pasada, un grupo de personas se manifestó frente a la Legislatura porteña para pedirle a los diputados que traten la adhesión de la ciudad de Buenos Aires a la ley nacional de cannabis y que se permita el autocultivo con fines medicinales.
La iniciativa fue presentada en la Legislatura el año pasado y, aunque cuenta con el apoyo de diversos bloques y diputados de múltiples espacios, no logró ser tratada por las comisiones que deben atenderla en primera instancia.
“Lo que nosotros creemos es que, a partir de la ley de cannabis medicinal que aprobó el Congreso Nacional, el acceso a estas substancias es un derecho”, explicó el diputado Leandro Halperín (Evolución), autor del proyecto al Diario Más Prensa.
El legislador aseguró que “el Estado tiene la obligación de suministrar el aceite a través de los efectores de salud” y que, si “no está en condiciones” debe autorizar el autocultivo.
Sobre el debate en la Legislatura, Halperín afirmó conocer muchos diputados de la oposición y del oficialismo que acompañan el proyecto y dijo que espera se dé “libertad de acción” para conseguir consensos amplios.
Por Rama
