Pais Vasco, España,- Piden un registro de usuarios controlado por la administración y un protocolo policial de respeto
La paradoja les atrapa a diario. Las asociaciones de usuarios de cannabis de Gipuzkoa no dejan de recibir pacientes derivados por los propios médicos, plegados a la evidencia de una planta que mitiga dolores. “Vienen aquí casi por rutina”, confirman desde varios establecimientos consultados. A su vez, la Hacienda del territorio recauda en concepto de IVA por la dispensación del cannabis, una actividad que para uso personal supera el listón legal pero, y ahí va la paradoja, las personas que les abastecen, las mismas que presentan las declaraciones de IVA, corren el riesgo de ser detenidas en cualquier control social ante la falta de una regulación clara al respecto… ¿Aquí quién se aclara?
El debate en torno al uso del cannabis, la sustancia ilegal que más adeptos arrastra, dio ayer un salto al Parlamento Vasco, y no parece hacerlo en esta ocasión como el recurrente tema que irrumpe en la opinión pública de cuando en cuando para irse por donde ha venido.
Una decena de asociaciones de usuarios, en representación de 2.500 personas de la CAV, comparecieron ante la comisión de Instituciones, Justicia e Interior para reclamar amparo legal y seguridad jurídica para quienes cultivan y consumen esta planta.
Martín Barriuso, portavoz de la Federación estatal de Asociaciones Cannábicas, e Iker Val, al frente del Ganjazz Art Club, agrupación referente en Gipuzkoa, son los impulsores de la iniciativa, la cara visible de un “trabajo de cocina” que se ha gestado en los últimos meses con total discreción.
Con la boca pequeña confesaban a este periódico días atrás de la cita parlamentaria que incluso desde el PP se han mostrado receptivos a estudiar la propuesta, conscientes de que entre sus filas hay un número creciente de seguidores. “Va siendo hora de asumir esta realidad”, defienden los dos impulsores.
CAMBIO Militan en los llamados clubes sociales de cannabis, que están creciendo como la espuma. En la CAV hay en
torno a 25 asociaciones de estas características, aunque la cifra de las que se mantienen en contacto para canalizar sus reclamaciones se reduce a una decena, la mitad en territorio guipuzcoano. Cultivan marihuana “sin ánimo de lucro” para sus socios, y en un circuito cerrado, una actividad considerada legal por los tribunales. “No tenemos nada que ocultar, y al impedirnos funcionar se está favoreciendo el mercado negro”, apunta Barriuso. Aunque el viento parece soplar a favor del cambio, por el momento se sigue primando la vía impositiva. “Nos encontramos ante una situación absurda. Los tribunales dicen que nuestra actividad es legal, pero al tiempo tenemos a gente imputada”, denuncia Barriuso.
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