La ley del presupuesto para el 2015 en los Estados Unidos, aprobada por el Congreso, prohíbe al Departamento de Justicia -y, por tanto, a las agencias como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)– el gasto de los recursos para operaciones y procesamiento contra las empresas que producen y venden marihuana con fines médicos y recreativos y que están autorizadas en 32 entidades, en una nueva victoria para la campaña que busca legalizar el consumo en el país norteamericano.
Un análisis de Vocativ señaló que “el gobierno declaró una suerte de armisticio en su guerra contra los productores, vendedores y consumidores”, con la iniciativa que el jueves pasado votó la Cámara de Representantes, seguida por el Senado, tras un estira y afloja que amenazó provocar un nuevo cierre de actividades. Recordó que Washington toleró el florecimiento a nivel local de las firmas, pero al mismo tiempo las reprimió, lo que generó un conflicto entre leyes estatales y federales. La contradicción sobrevivió en el presupuesto, ya que niega fondos para la despenalización del cannabis aprobada en los comicios de noviembre en el Distrito de Columbia, en la capital de EEUU.
