Ministra de Seguridad argentina vuelve a cuestionar actual Ley de Drogas

Una vieja frase dice que de tanto ir el cántaro a la fuente, ésta termina por romperse; y eso es lo que está ocurriendo en Argentina.

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Una vieja frase dice que de tanto ir el cántaro a la fuente, ésta termina por romperse; y eso es lo que está ocurriendo en Argentina.

Desde el año pasado son muchos los municipios y provincias de Argentina que se decidieron por dar una oportunidad al cannabis.

Oportunidad que, saben, puede llenar arcas fiscales que están flacas desde hace años; y mucho más tras la pandemia de coronavirus.

Desde Buenos Aires ya se huelen los primeros cultivos y la administración federal sabe qué, tarde o temprano, deberá sumarse.

Históricamente, uno de los más férreos obstáculos para la legalización ha sido el ministerio de Seguridad, una fortaleza que ahora parece franqueada.

Es que, según informa la agencia estatal Télam, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que la ley de estupefacientes. “Está vieja y debe ser revisada para mejorar la puntería”

La funcionaria del país agregó que en 30 años “nos ha dejado cantidad enorme de personas encarceladas y no ha bajado la oferta de droga en el mercado”.

Mesa de trabajo

Asimismo, informó que una mesa de trabajo interministerial comenzó a trabajar “con la idea de dar el debate”.

“Es una ley que tiene 30 años, que nos ha dejado cantidad enorme de personas encarceladas y no ha bajado la oferta de droga en el mercado”, dijo la funcionaria.

La declaración la hizo durante la apertura de la 18º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil que comenzó el lunes y se extenderá hasta el viernes.

Frederic participó del panel inaugural “Las políticas de drogas en épocas de pandemia”.

Compartió la mesa con el exmiembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) Francisco Thoumi de Colombia, y el coordinador de relaciones institucionales de Intercambios Pablo Cymerman.

La ministra afirmó que la ley de drogas “ha tendido a simplificar” el fenómeno y necesita ser revisada “retomar su complejidad”.

“La Ley 23.737, que estamos obligados a implementar, y lo hacemos todo el tiempo con nuestras fuerzas de seguridad apuntando a las grandes redes de tráfico, está vieja y necesita ser revisada para mejorar la puntería”, dijo.

En ese sentido, la funcionaria explicó “lo que se definió desde el Poder Ejecutivo en conversación con autoridades del Conicet, Sedronar, Jefatura de Gabinete”, y diferentes ministerios.

Esto es “conformar grupo de trabajo interministerial sobre consumo de sustancias y cuidado con la idea de dar un debate” sobre esta norma, qué es la que “estableció la política predominante del Estado hacia las drogas”.

Reglamentación revisada

“Hoy tenemos la ley de cannabis medicinal cuya reglamentación está siendo revisada por el Ministerio de Salud con aporte de la sociedad civil que muestra que, en este caso, por lo menos una parte de la droga está siendo pensada como algo que ayuda y no como un flagelo”, dijo.

La ministra argentina señaló que durante la gestión macrista se persiguió fundamentalmente “a los consumidores y el narcomenudeo”.

También que hubo “un dispendio de recursos en la persecución del último eslabón de la cadena” puesto de manifiesto en que “el 93 por ciento de los operativos estuvieron dedicados a secuestrar una ínfima cantidad de drogas ilegales”.

Su gestión, en cambio, propició una “reorientación del esfuerzo de las fuerzas federales” hacia “la persecución de las redes y las organizaciones de tráfico a gran escala”.

Frederic contó que su cartera está trabajando en la “revisión” del protocolo para la actuación de las fuerzas “que tienen intervención en seguridad ciudadana”. Y en caso de tener que proceder con “consumidores (de sustancias) que tienen problemas de adicción”.

Protocolo aprobado en 2013

El protocolo aprobado en 2013 en Argentina “va más por la negativa que por la positiva, y nosotros queremos hacerlo más proactivo”, señaló

Y agregó que la llave es a partir de “los vínculos con organismos del Estado como Sedronar”, para que las personas con consumo problemático “sean abordadas a través de una acción más sanitaria que punitiva”.

A su turno, Thoumi reflexionó que ante la imposibilidad reconocida por la ONU de alcanzar un “mundo sin drogas”; hay que “aprender a convivir en un mundo con drogas buscando minimizar los costos sociales de su uso”.

El especialista colombiano celebró como un avance el hecho de que “hoy la JIFE y los órganos de drogas de ONU requieren que las políticas de drogas respeten todas las convenciones de derechos humanos”.

Lo que implica, entre otras cosas el rechazo a la pena de muerte para estos delitos y la adopción de una perspectiva de género.

Problema complejo

Thoumi afirmó que el de las drogas  en Argentina“es un problema complejo y uno de muchos males sociales”.

Lo comparó con “la corrupción, la desnutrición, el bajo nivel educativo, las crisis económicas, el desempleo, la violencia, la gran desigualdad en ingresos y riqueza. Además de la segregación y la discriminación”.

Entre los “múltiples desafíos” que impone a los gobiernos el fenómeno de las drogas, se cuentan “reconocer que no puede haber una política simple (aplicable) para todos los países”.

Además, diseñar políticas específicas “que sean parte de un programa integral” y dejar de reducirlo “ingenuamente” a una cuestión de oferta y demanda.

“La solución requiere un proceso de co-creación con la participación de todos los grupos sociales involucrados, sin imposiciones de arriba hacia abajo”, concluyó.

Inicialmente estaba previsto que participe también de este primer panel la titular de la Sedronar, Gabriela Torres. Y que no pudo asistir por un motivo de fuerza mayor.

“Reconocer el fracaso de las política hegemónica implementada hasta ahora no es bajar los brazos.  Sino tener la valentía de animarnos a pensar en nuevas herramientas, que enfrenten efectivamente el crimen organizado y la corrupción”

“Que aborden los problemas sociales y de salud sin tutelar ni castigar a las persona afectadas. Que produzcan verdaderas acciones preventivas que superen los meros mensajes amenazadores y voluntaristas”, dijo Cymerman.

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