Hace poco menos de una década que el cannabis es legal en Uruguay, aunque la ONU parece que todavía no se entera.
La verdadera revolución en torno al mundo del cannabis llevó la firma de Uruguay y se concretó en 2013, sin disparar ni una sola bala.
Por el contrario, el proceso que liberó a la marihuana en el pequeño país sudamericano fue un ejemplo de civismo, digno de elogios por parte de mecanismos internacionales, como la ONU.
Incluso, las estadísticas que aquella legalización arroja, ocho años después, dan cuenta de un verdadero combate al crimen organizado que se nutre del narcotráfico.
Pero no sólo eso: las encuestas de consumo que ordena el Gobierno demuestran un retraso en la edad de inicio del consumo, entre otras buenas noticias.
Sin embargo, nada de eso parece importarle a la ONU, que acaba de mostrar su preocupación por el consumo de cannabis en Uruguay.
Así lo comunicó la oficina de la ONU encargada del análisis de los consumos, que estudió las últimas tendencias en torno al cannabis en Uruguay, tal como lo informan EFE y el local diario El País.
Según los datos más recientes, de febrero de 2020, hay en Uruguay unas 53.400 personas autorizadas para acceder al mercado regulado de cannabis.
Esto significa un aumento del 7,5 por ciento respecto al año anterior.
La ONU dio a conocer estas cifras en un extenso informe que, país por país, analiza la relación con el cannabis de los habitantes de las Américas.
Allí, la ONU mostró su preocupación por el incremento de consumidores de cannabis en Uruguay, donde el acceso a dicha sustancia está legalizada desde 2013.
Sin embargo, de las personas que consumen cannabis en Uruguay, la mayor parte (unas 40.000) lo consiguen en las farmacias, indicó el informe de ONU.
Lo cual no es poca cosa.
ONU PREOCUPADA POR CONSUMO DE CANNABIS EN URUGUAY
El organismo que hace las veces de policía en la ONU es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), compuesta por 13 expertos en la materia.
El equipo de ONU dice que “reconoce los esfuerzos” del gobierno de Uruguay de supervisar la producción, distribución y uso de cannabis.
Y expresó su “preocupación” por el aumento de consumidores.
En el documento, hecho público en Viena, la JIFE recordó que la legalización y las regulaciones que permiten el uso del cannabis para fines no medicinales contravienen las obligaciones asumidas por los Estados adheridos a la Convención sobre Drogas de 1961.
En Uruguay existen tres vías para acceder al cannabis de forma legal: cultivo doméstico, ser miembro de un club de cannabis o la compra en una farmacia registrada.
De las tres, la que más crece es la de los club de cannabis, que subió un 18 por ciento entre 2019 y 2020, destacó la JIFE.
Según datos de 2018, un 8,9 por ciento de la población uruguaya de entre 15 y 65 años asegura haber consumido cannabis en el último mes.
La edad media para el primer consumo es de unos 20 años, dos años más que una década antes.
Un reciente informe de la Oficina de ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), citado por la JIFE, señala que solo una pequeña parte de los consumidores de cannabis en Uruguay recurre al mercado oficial y regulado.
Lo cual indica una fuerte contradicción entre dos oficinas que responden a la misma agencia.
URUGUAY PERSIGUE A CULTIVADORES DE CANNABIS
A pesar de la legalidad, en Uruguay existe un gran problema desde hace unos meses, algo que a la ONU parece no importarle.
Cada vez son más los cultivadores de cannabis, regulados o no, que denuncian atropellos por parte de la policía que, en algunos casos, ha irrumpido de manera brutal en domicilios privados.
Es por ello que desde la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis (UPACC) denuncian una “cacería de brujas” contra los cultivadores, según publica La Diaria.
Incluso aseguran que están siendo vigilados con drones.
En el escrito, la UPACC expresó su preocupación por el papel desempeñado por el Ministerio del Interior en los allanamientos a cultivadores registrados.
También reclamaron la intervención de operadores de la justicia en los procedimientos.
Además, rechazaron la forma “autoritaria” en que se están realizando los operativos.
“Se sigue estigmatizando y demonizando a la planta de cannabis, cuando hay evidencia científica e investigación sobre su seguridad, no peligrosidad como droga y sus beneficios para la salud, mejorando la calidad de vida de muchos uruguayos y uruguayas”, señala el comunicado.
Los firmantes cuentan con el apoyo de la asociación Batar de padres de niños con epilepsia y síndrome de west, y por la asociación Tu mirada es mía, que reúne a familiares de niños con Trastorno del Espectro Autista.
También señalaron que es responsabilidad del Estado reglamentar la Ley 19.847, aprobada en 2019, que regula las condiciones de producción de derivados del cannabis para asegurar el acceso al cannabis medicinal.
