Los resultados de la lucha antidroga en Panamá provocan cambios en la política contra el narcotráfico
Un reciente análisis de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung sobre seguridad en la región lleva a la mesa el debate en Panamá.
El Anuario de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe habla del fracaso contundente de las políticas contra el narcotráfico ofreciendo alternativas novedosas.
De acuerdo al Anuario, los esfuerzos de Panamá por minimizar los efectos del narcotráfico no han funcionado, y en los últimos cinco años se invirtieron 17 mil millones para fortalecimiento de las instituciones policiales, de frontera, marítimas y aéreas. Las estrategias de lucha, dice el documento del organismo internacional, no han atajado la criminalidad que genera las drogas ni atajan sus rutas a través del istmo centroamericano, y concretamente por Panamá. (Solo durante la administración de Ricardo Martinelli se destinaron en promedio 800 millones anuales por el Ministerio de Seguridad, sin contemplar aportes internacionales o el gasto en equipamiento policial ).
A pesar de la gran cantidad de droga decomisada a través de los años , en el país no se siente el cambio y la venta, el consumo y el tráfico continúan creciendo, destaca el Anuario.
Por otro lado, la investigación judicial y su represión tiene un gran vacío en el procesamiento de los actores principales. Según el documento, solo el 10% de los casos de droga que llegan al Ministerio Público involucran a narcotraficantes. El 90% restante son casos de tenencia simple, lo que no resuelve en nada el problema.
Según el estudio, los jóvenes solo son la ‘punta del iceberg’ de un problema que sobrepasa al sistema de administración de justicia. ‘Las leyes panameñas no llegan a la raíz’, sostienen.
Un ingrediente que crea novedosas alianzas entre los distintos grupos que antes eran rivales, por interés y ahora son aliados en el crimen.
El instituto también identifica como parte del problema no solo la venta de drogas, sino la clase de droga que llega a los jóvenes y la falta de un censo de adictos en el país. Se hace necesario un estudio como una encuesta nacional, para conocer esos datos porque sino es muy difícil elaborar políticas públicas acertadas.
“Mientras las decisiones políticas sean tomadas con base a realidades completamente desconocida, el narcotráfico seguirá desestabilizando gobiernos, destruyendo hogares y adueñándose de territorios”, establece el documento.
La política estatal no ha dado los resultados esperados, reconoce Aracelly de Casanova autora del capítulo dedicado a Panamá, porque no cuenta con una política criminológica integrada.
“Los trabajos de los gobiernos de turno son cosméticos, cada uno con su propia agenda, lo que impide solucionar de raíz los problemas. Se adoptan políticas de forma, más no de fondo, a lo que se suma el alto grado de corrupción de las autoridades, cuya misión es proteger y velar por todos”, denuncia Casanova, directora del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales.
El informe propone al Estado un debate sobre la despenalización y legalización de las drogas.
Un cambio en la política en la lucha contra el narcotráfico que pretende traer al tapete nuevas soluciones a la muerte y violencia que hasta ahora ha dejado este frente.
“La cadena de producción, venta y consumo legal traería importantes cambios, como la reducción del precio de las drogas, lo que eliminaría el atractivo financiero del narco y aportaría dinero a los estados mediante impuestos. Terminaría con los altos costos de producción e intermediación que implica la prohibición y (se conocería la composición química de la droga mediante laboratorios autorizados) y se culminaría la rivalidad entre las bandas por el control territorial y con los asesinatos”, propone Casanova, sobre un debate que no es nuevo en otras latitudes.
El informe recomienda una evaluación de las políticas públicas de seguridad frente a los resultados obtenidos hasta ahora.
“Panamá debe empezar a ver el problema desde otra perspectiva, es decir, dejar de ver los grupos como locales y observarlos como grupos que responden al crimen organizado y que tienen ramificaciones internacionales”, advierte el documento.
“En Panamá hay una alta corrupción a la que se suman las grandes empresas y organizaciones transnacionales que facilitan y encubren acciones del crimen organizado”, alerta Casanova sobre las ramificaciones del narcotráfico en el país.
