Túnez relaja su dura ley sobre el cannabis

El Parlamento de Túnez votó el martes aliviar la dura ley contra las drogas del país , en un movimiento que podría ver como los jóvenes sorprendidos fumando marihuana se escapen de las penas de cárcel.

El país del norte de África se ha enfrentado a crecientes llamados de grupos de derechos y de la sociedad civil para reformar la ley.

La votación del martes viene después de que el Consejo Nacional de Seguridad que encabeza el presidente Beji Caid Essebsi anunciase en Marzo medidas para limitar el número de usuarios de drogas enviados a prisión.

La Ley 52, que se remonta a la época del dictador derrocado Zine El Abidine Ben Ali, imponía una condena de un año de cárcel obligatoria por el uso de narcóticos, descartando cualquier circunstancia atenuante.

Los jueces estaban obligados a aplicar la ley, con los delincuentes enfrentandose a la pena de hasta cinco años de cárcel.

El martes de esta semana se voto a favor de modificar la Ley por parte de 133 legisladores de 144 parlamentarios presentes en la Asamblea Nacional, concediendo a los jueces la facultad de dictar a su propia discreción teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes.

Esto podría significar que algunos infractores por primera vez evitarán la cárcel.

El ministro de Justicia, Ghazi Jeribi dijo a los legisladores que la votación fue una medida “temporal” hasta que exista una reforma más amplia de la Ley 52.

“Un paso importante ha sido tomado,” dijo el abogado Ghazi Mrabet en Facebook, que ha hecho campaña contra las duras condiciones de la ley.

“La sociedad civil ha ganado la primera batalla, pero la lucha continuará”.

Antes de la revolución de Túnez de 2011, la Ley 52 se utilizaba para suprimir la crítica del régimen de Ben Ali.

Su aplicación se ha extendido, con miles de jóvenes tunecinos encerrados cada año, en su mayoría por delitos relacionados con el cannabis.

Entre 2011 y 2016, el número de casos en virtud de la ley se disparó de 732 a 5.744, según cifras oficiales.

A finales de diciembre, el gobierno presentó un proyecto de modificación del parlamento.

El texto, que se proporcionó inicialmente para la abolición de las penas de prisión para las dos primeros convicciones, sigue bloqueado en el legislativo.

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