DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS REFERENTES AL CANNABIS DE LA LEY CORCUERA
En los últimos años se aprecian cambios significativos respecto a la sustancia y las personas consumidoras: aumento de los consumos, proliferación de información (revistas, tiendas especializadas, internet) para su cultivo, extensión de espacios tolerantes con el consumo y debate sobre su uso terapéutico. Todo ello contribuye a una percepción diferente de esta sustancia y de las personas que la consumen y a la necesidad de profundizar en un debate social sobre estas cuestiones, en clave de normalización, coherente con los principios de un Estado social y democrático de Derecho.
El cannabis y sus derivados no van a desaparecer y es previsible que seguirán estando entre nosotros. Es fundamental aprender a convivir con este tipo de sustancias de una manera racional.
Las actuales políticas de drogas en materia de cannabis no han conseguido los objetivos marcados, tal como ha reconocido recientemente el Parlamento Europeo, respecto a la disminución de la oferta y de la demanda. Este tipo de políticas, en gran medida, están sirviendo para sancionar a una parte importante de los consumidores, sobre todo a los más jóvenes y a las personas más vulnerables.
Profesionales de diferentes campos (educación, prevención, sanidad, asistencial, derecho, información,…) y representantes de diversas asociaciones de personas usuarias (tanto de uso terapéutico como lúdico), preocupados por esta realidad, nos hemos reunido en varias ocasiones en los años 2004 y 2005 en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (Gipuzkoa) para debatir sobre la cuestión del cannabis.
En estos encuentros, vimos la necesidad primordial de consensuar un documento de mínimos capaz de agrupar a personas, asociaciones, movimientos sociales, profesionales e instituciones que aboguen por políticas normalizadoras relativas al cannabis y sus derivados.
UN DISCURSO DIFERENTE
Un nuevo discurso sobre las políticas en materia de cannabis, respetuoso con los derechos y las libertades de las personas, surge del análisis de la situación actual que debe tener en cuenta a las personas (edades, circunstancias vivenciales y emocionales, consumos,…) y a sus contextos sociales y culturales.
Un discurso alternativo al actualmente dominante sobre el cannabis pretende sustentarse en una información objetiva y en la búsqueda de nuevas estrategias de comunicación capaces de agrupar a sectores diferentes (usuarios, profesionales, instituciones). Es importante transmitir una información verídica y clara acerca de la sustancia, las personas consumidoras, los tipos de consumos y los contextos donde se llevan a cabo los mismos. Se debe dar una información creíble y acompañada de racionalidad.
La necesidad de un nuevo lenguaje consensuado que ayude a modificar la percepción social de la sustancia y de las personas consumidoras, sin estigmatizarlas, reconociendo sus derechos y responsabilidades, es uno de los pilares fundamentales para una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados.
PRINCIPIOS PARA UN DOCUMENTO DE MÍNIMOS
Respeto de los derechos de las personas consumidoras y no consumidoras y protección de los derechos de los colectivos más débiles y vulnerables, con especial atención a los derechos de los menores como personas en proceso de maduración.
El consumo y la tenencia para el consumo personal no deben estar sancionados. De igual modo, el cultivo para autoconsumo debería estar regulado para poder proteger la facultad de consumir de las personas adultas.
Una política normalizadora en materia de cannabis no va resolver todos los problemas relacionados con el cannabis, pero sí puede sentar las bases para que las cuestiones preventivas, sociales, educativas, sanitarias y de reducción de riesgos primen sobre las sancionadoras.
Profundizar en una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados, lejos de promover la inocuidad y la promoción de este tipo de sustancias, supone un importante acicate para la desaparición de los efectos secundarios de la actual política prohibicionista (adulteración, control social a las personas consumidoras, corrupción, el denominado blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito,…) y para potenciar una actitud responsable ante el cannabis (que abarca desde el no uso hasta un uso responsable, entendido éste como una asunción las consecuencias de ese uso, es decir, asumir los efectos sobre su salud y sobre las secuelas que pudiera dejar en su entorno), por parte de las personas consumidoras y por quienes intervienen en los diversos campos de este fenómeno social.
La política prohibicionista no puede ser un impedimento para el uso terapéutico del cannabis y sus derivados. En necesario eliminar cualquier tipo de impedimento, de cualquier tipo, que pudiera obstaculizar la profundización en los usos terapéuticos del cannabis y sus derivados. Estas sustancias deben ser investigadas como cualquier otra y deben de seguir el mismo proceso que otros productos, regulado en la ley del medicamento, para contrastar su capacidad terapéutica. Hasta la conclusión de ese proceso, es necesario legislar para dar respuesta a las demandas planteadas desde diversos colectivos de enfermos crónicos respecto al uso terapéutico del cannabis.
Las Administraciones públicas deben, no solo eliminar las trabas burocráticas y otras cuestiones que dificultan las investigaciones de los usos terapéuticos del cannabis, sino también fomentar la investigación en la promoción y financiación de ensayos clínicos, y en otros campos de actuación: prevención, educación, asistencia, etc…
Una política normalizadora en materia de cannabis no es sinónimo de promoción de las sustancias ni de ausencia de regulación. Se trata de crear un debate social para crear un consenso capaz de modificar los criterios actualmente predominantes por otros más coherentes con el Estado social y democrático de Derecho.
