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El fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña Salto, informó de que en España actualmente hay 381 clubes de marihuana, y alertó de la “falta de regulación” en ellos.

El 47 por ciento de los clubes están en Cataluña, otro 40 por ciento en el País Vasco y el 16 por ciento en Madrid. La Comunidad Valenciana y Canarias tienen 9, Andalucía 5, 3 en Baleares y Navarra, 2 en Castilla y León; y otros 2 en Galicia.

En comparecencia en el Senado, Noreña Salto dijo que han habido 149 clubes de cannabis suspendidos, ocho están en proceso de inscripción y 12 han sido desistidos. También dijo que hay poca regulación sobre los clubes. Además dijo que si bien el derecho de asociación es “legal y está reconocido”, no lo es cuando se cultiva y distribuye droga.

   “Hemos detectado que en los estatutos de registros de muchas asociaciones hay referencias al cultivo y distribución, lo que podría encajar en el artículo 368, y siguientes, del Código Penal y, por tanto, ser objeto de apertura de diligencias de investigación para comprobar el funcionamiento legal de dichas asociaciones”, dijo el fiscal

También habló de la “dificultad” que supone comprobar que en una asociación planta marihuana, señalando la detección de casos de clubes que plantaron sin ningún permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El Fiscal Especial Antidroga explicó que para ilegalizar alguna asociación de cannabis, se tiene que comprobar si hay cultivo y evaluar las cantidades intervenidas para comprobar si se está ante un supuesto caso excesivo de autoconsumo compartido.

Por otra parte, el fiscal especial Noreña Salto insistió en la necesidad de aumentar la regulación de estas asociaciones puesto que se han dado casos de personas que acuden a varios de estos clubs y luego venden la marihuana en la calle. Noreña ha abogado por ampliar este debate “serio” para conocer hasta dónde se pueden regular y los compromisos internacionales que hay entorno a ellos.

Hay necesidad de abrir un debate y regular estas asociaciones en términos “muy concretos” también es una de las propuestas formuladas en el Senado por los representantes de los clubs de cannabis, quienes lamentan que se penalice el consumo de marihuana y, que “nunca” se haya regulado en qué términos serían legales.

El representante de la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC), Martín Barriuso Alonso, aseguró que los menores de edad tiene prohibida la entrada, reconociendo que en algunos se permite la entrada a partir de los 18 años y otros a partir de los 25 años.

   “Los clubes cannábicos no producen beneficios, pero sería importante regular cuántos kilos pueden tener”, señalando que existen bodegas de vino que almacenan “cientos de dosis de alcohol y nadie lo considera ilegal”.

El representante de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña (FECAC), Óscar Parés, destacó la necesidad de regular los ‘test’ de drogas en las carreteras porque, tal y como ha aseverado, el cannabis dura en el organismo varios meses y estas pruebas no detectan el momento en el que se ha consumido.

Finalmente, la representante de la Plataforma de Asociaciones de Usuarios de Cannabis (PAUC), María Fernanda de la Figuera, también aseguró que el actual tratamiento del cáncer “no sería el mismo” si no fuera por la “aportación que ha hecho el cannabis” a la medicina. “Si se ampliara su uso se ahorrarían muchos millones a la sanidad”, ha zanjado. Más información en TeInteresa

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Después de que UPyD e Izquierda Plural hayan pedido en la Cámara alta que se despenalice la producción, el comercio y el consumo del cánnabis, varias asociaciones de consumidores presentan una propuesta de regulación del sector.

El pasado mes de julio, Unión Pogreso y Democracia (UPyD) pedía en el Congreso que se despenalizara la producción, el comercio y el consumo de cánnabis en España. En su Proposición No de Ley (PNL), el partido de Rosa Díez insistía en que la legalización permitiría acabar con el narcotráfico asociado a esta droga y remarcaba que “el marco legislativo vigente ignora la realidad social”. Un marco legislativo que castiga el tráfico, pero no el autoconsumo de la sustancia ilegal más consumida del mundo, y una realidad social que coloca a España en el tercer puesto de países europeos con mayor consumo de cannabis, según la Federación Mundial contra las Drogas.

En las antípodas de UPyD, al otro lado del arco parlamentario, coinciden con el diagnóstico: hace menos de una semana, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural registró una PNL para que el Congreso debata sobre las “reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cánnabis”.

Ideas, todas ellas, que se escucharán este martes en la Comisión Mixta del Congreso para el Estudio del Problema de las Drogas, donde tres plataformas cannábicas (Fac, Pauc y FedCat) reclamarán que la Cámara baja “tome consciencia de una realidad social inapelable”, “deje atrás los parches legales” y “avance en una verdadera regulación que implique un cambio legislativo como por ejemplo una Ley de Cánnabis Integral”, cuenta a Público Martín Barriuso, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (Fac). El objetivo de la comparecencia es pedir que se cree una comisión de expertos que elabore una propuesta de regulación.

La producción industrial de marihuana en España se ha quintuplicado entre 2009 y 2013 y el decomiso de plantas de cannabis ha crecido un 532%, según el Ministerio del Interior. Cerca del 30% de los jóvenes españoles asegura haber probado el cánnabis alguna vez, según la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, y el 47% está a favor de legalizarlo, según el último Eurobarómetro sobre la relación entre la juventud y las drogas.

El movimiento cannábico lleva 13 años reclamando que “las leyes se adecúen a la realidad social”, insiste Barriuso, pero dada la “inacción de los políticos”, aprovecharon el vacío legal resultante de que el tráfico de cánnabis esté prohibido pero no el autoconsumo para poner en marcha los llamados clubes cannábicos.

La federación calcula que en España hay más de 700 locales de este tipo, que engloban a unas 200.000 personas. A la espera de una regulación que establezca normas a nivel estatal, los centros tienen libertad para decidir su funcionamiento, basado generalmente en limitar el acceso a menores de edad, aceptar sólo a personas que vengan avaladas por otro socio y ser colectivos sin ánimo de lucro.

Estos espacios de consumo, donde se puede comprar marihunana, empezaron a crearse en Catalunya, donde la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFac) calcula que hay más de 400 clubes que acogen a más de 100.000 socios. Su portavoz, Jaume Xaus, explica que la existencia de estos clubes regulados “evitan el mercado negro” y promueven “la prevención y la detección precoz de riesgos” porque cuentan con profesionales médicos y jurídicos. Además, hay limitación de consumo: un socio no puede comprar más de 60 gramos al mes o más de 15 gramos a la semana.

A pesar de la presión de la Administración sobre estos centros -el Ayuntamiento de Barcelona cerró casi 50 el pasado mes de agosto y ya no da licencias para tal uso- en Catalunya se es consciente de la necesidad del debate. Por ello, la Comisión de Salud (liderada por la Agencia de Salud Pública de Catalunya y con representación de la Policía, la Administración Local, entidades jurídicas y la Fiscalía de Catalunya) llevará el mes que viene al Parlament un borrador de Propuesta de Buenas Prácticas para regular el autoconsumo de cánnabis en la comunidad.

El motor del debate han sido las asociaciones cannábicas, pero también los colectivos que trabajan en la prevención de la drogoadicción. “El cannabis no puede seguir en un marco de desregulación que beneficia principalmente a organizaciones criminales con enormes rendimientos económicos”, afirma a Público Josep Rovira, jefe del área de drogas de la asociación Benestar i Desenvolupament (ABD). La Federació Catalana de Drogodependències -que agrupa a ésta y otras entidades- critica en un manifiesto las políticas prohibicionistas porque “criminalizan al consumidor” y porque “no han logrado reducir el mercado ni el consumo”.

De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza, ha elevado las sanciones por tenencia y consumo de cánnabis (la multa mínima pasa de 300 a 601 euros) y no permite sustituir las multas por programas de rehabilitación en el caso de los menores de edad.

Tener el sector regulado haría posible un modelo restrictivo de club para limitar el número de socios y las cantidades de cultivo y “permitiría la reducción de daños y riesgos porque podrían evitarse malas prácticas, como las que se han dado en algunos clubes de Barcelona, que se lucraban y hasta vendían a menores”, explica a PúblicoTeresa Brugal, responsable de Adiciones de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), dependiente del Ayuntamiento.

En Euskadi, otra de las regiones pioneras en esta lucha, PNV, Bildu y PSE han consensuado un informe para solicitar al Parlamento que legisle y normalice el funcionamiento de los clubes.

En Madrid, la Federación Madrileña de Asociaciones Cannábicas (MadFac) y otros 25 colectivos vinculados a otros ámbitos sociales, como la prevención y reducción de riesgos, trabaja en la regulación responsable de los clubes, una iniciativa que parte de una agrupación de ciudadanos y organizaciones sociales respaldada por “líderes de opinión, referentes de la cultura, de la política, de la salud, del derecho y personas de los más diversos ámbitos han mostrado su apoyo”, reza su página web. Igual que en Catalunya, proponen el registro de clubes, un protocolo de actuación policial, vetar la entrada a menores de 21 años, planificar la producción y no hacer apología del consumo, entre otras propuestas.

La iniciativa, presentada el pasado mes de septiembre y todavía en fase embrionaria, está orientada hacia una regulación integral y cuenta con una comisión formada por expertos técnicos, médicos y juristas.

“El 80% de los consumidores accede al cánnabis mediante redes ilícitas, sólo el 20% lo hace en clubes o a través del autoconsumo”, explican en un vídeo, “por eso la regulación del sector permitiría -además del control de acceso a menores y la reducción de daños y riesgos asociados al consumo- un ahorro en recursos policiales, judiciales y penitenciarios y un ingreso de impuestos que podrían destinarse a Sanidad o Educación”.

El asesor jurídico de MadFac, Bernardo Soriano (S&F Abogados), explica a Público todas estas iniciativas son la prueba de que, en los últimos años, el escenario está cambiando. “Se está demostrando que las políticas prohibicionistas han fracasado, que con ellas no se reduce la oferta ni las adulteraciones. Sabemos que con el PP es imposible avanzar, pero sí esperamos que en 2016, si hay cambio de Gobierno, se llegue a un consenso para cambiar la ley”, confía.

El espejo en el que se miran estos colectivos son las recientes experiencias en Colorado y Washington, donde se legalizó el cannabis para uso recreativo a finales de 2012, y Uruguay, que a principios de año aprobó la venta de esta sustancia en farmacias.

“Lo principal es que se trata de un fenómeno que ya es una realidad. Hay pequeños camellos por todas partes que no garantizan el coste ni el servicio y que pueden poner a disposición de los consumidores otro tipo de sustancias. Los clubes son plataformas seguras para comprar y consumir, y además, inciden en la salud”, insiste Xaus.  Fuente

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«No somos ‘narcos’». Así de contundente se muestra Dominique Geerlings, presidenta de una de las asociaciones cannábicas que hay en Málaga. La que representa se llama OrganiCannabisClub y el tesorero es su hijo Bob Castillo. Se encuentra situada en el Soho.

Con más de 300 socios en el club, Geerlings explica el funcionamiento de su asociación: «Aquí para entrar tienes que ser socio y para ello debes cumplir con una serie de normas». Entre otras se encuentra la de firmar un papel en el que la persona reconozca que consume habitualmente esta sustancia o que la necesita para uso terapéutico.

Y es que los socios pueden consumir cannábis en el local de la asociación, después de pagar 10 euros de inscripción y una cuota mensual de cinco euros. La sustancia que fuman procede del cultivo colectivo que realiza el organismo con el solo propósito del consumo personal de sus miembros, que pueden retirar un máximo de 60 gramos al mes, expone Geerlings.

«A nadie le gusta tener que ir a un barrio marginal para comprar ‘maría’», insiste. Por eso, entre sus socios hay muchas mujeres, así como algunas personas mayores y hasta licenciados.

Geerlings asevera que hay muchos consumidores de cannábis, por lo que en la asociación se persigue la normalización del cannábis, pero no solo de su consumo, sino también de otros aspectos como su uso industrial. De hecho, en el club se organizan actividades para impulsar este aspecto. «Lo último ha sido crear un equipo de fútbol 7», añade.

Por eso, esta holandesa afincada en Málaga desde hace más de 10 años, asegura no entender por qué la Policía entra en la asociación. «Cumplimos con las normas y nunca han llegado a cerrar el local», señala.

Geerlings afirma que en la asociación son contundentes si algún socio no cumple con las normas. Pone un ejemplo reciente, en el que uno de ellos se dedicaba a vender en la calle la dosis a la que tenía derecho: «Cuando nos enteramos, lo echamos inmediatamente y a la persona que lo trajo al club también». Fuente

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El 13 de agosto el Ayuntamiento de Barcelona  ordenó el cierre de 49 asociaciones cannábicas por deficiencias en su funcionamiento. Los clubes clausurados en el marco de la operación sativa representan más de un tercio del total de los 145 clubes que hay en la capital catalana. La comisión de gobierno del consistorio ya había aprobado suspender la apertura y ampliación de clubes cannábicos durante un año, y escenificó así mano dura contra este tipo de locales. A principios de agosto el rotativo británico The Guardian se refirió en Barcelona como el Amsterdam del sur y denunció que, mientras en esta ciudad holandesa se ​​está restringiendo la venta de cannabis, en Cataluña ha habido una gran proliferación de este tipo de clubes.

Hasta ahora el foco político y mediático se ha centrado en los negocios que cometían ilegalidades y que buscaban principalmente un afán de lucro. Sin embargo ¿cómo  funciona un club que cumple todas las normas? La asociación Actúa, situada en el barrio del Born, abrió en agosto del 2012 y asegura que nunca ha tenido ninguna queja de los vecinos y que nunca ha recibido ningún aviso de la administración. “No hemos tenido ningún problema con el Ayuntamiento porque no les hemos dado motivos. Si causaramos molestias, hubiesemos tenído “, explica el presidente del club, Miguel Estrada. Además, recuerda que el Ayuntamiento no había puesto palos en las ruedas a los clubes cannábicos hasta ahora.” Durante los últimos dos años no se habían mostrado preocupados para estos locales “.

“La proliferación de las asociaciones que vulneran la ordenanza nos perjudica a todos”, y añade que “dañará” todo el trabajo que ha hecho el movimiento cannábico a nivel asociativo. “Era necesario poner orden”, defiende, aunque cree que se han visto perjudicados algunos locales que “sí cumplían la normativa”. La asociación Actúa decidió abrir las puertas hace dos años para normalizar el consumo de marihuana y así poder tener un control sobre lo que se fuma. “Si una persona que quiere consumir cannabis debe ir a la calle a buscar, no sabe qué es lo que realmente va a fumar. Además, a través del camello podría tener acceso a otro tipo de sustancias estupefacientes. En cambio, esto en los clubes cannábicos no pasa “, defiende el presidente. No obstante, la psiquiatra especialista en drogas Carmen Vecino alerta del peligro de este tipo de cannabis: es mucho más fuerte y puede tener efectos más nocivos. “Este tipo de droga tiene una pureza que no tenía antes, y esto, a la larga, puede causar más problemas psicológicos explica. Lo que sí es positivo es que esta droga deje de estar en manos de las mafias “, reconoce.

Consumo “banal”

Dos años después de su apertura, Actúa tiene 1.600 socios registrados, pero sólo 400 van de manera habitual. Cada día pasan una media de 40 personas. Para poder hacerse socio hay que tener algún conocido dentro de la asociación. Una vez el usuario se ha registrado , tiene que pagar una cuota anual de 10 euros y cada mes una cuota variable dependiendo del grado de consumo. Para poder adquirir cannabis debe llenar una solicitud y hacer un cálculo aproximado de lo que querrá ese mes. “De esta manera nosotros podemos hacer una previsión de lo que tenemos que cultivar”, detalla el presidente de la asociación. El consumo máximo permitido en este club es de 60 gramos al mes, que equivaldría a entre 300 o 400 euros, según el tipo de marihuana que se escoja. Estrada explica que este consumo es muy elevado y que cuando un usuario lo supera desde la asociación se le hace “un toque de atención”. “El perfil medio del socio es totalmente transversal, de edades comprendidas entre los 21 años hasta los 70, que se dedican a un abanico amplísimo de profesiones diferentes”, Estrada explicó, que añade que el consumo medio es de entre 50 o 60 euros al mes. La psiquiatra comenta que este consumo medio detallado por Estrada “no es banal” y advierte que aún no están establecidos los límites de riesgo de un consumo mínimo y que, por tanto, los efectos que se pueden sufrir son “una lotería”.

Las consecuencias del consumo podrían ser afectaciones en el pulmón, el sistema nervioso central y el cerebro, entre otras muchas. “Se trata de una droga depresora y que de manera rápida genera el síndrome amotivacional, que hace que el fumador tenga pocas ganas de moverse y de hacer actividades”, detalla. Actúa está abierto de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas y vende mayoritariamente hierba, pero también derivados (hachís), con un precio similar al que se puede encontrar en la calle. La marihuana la cultivan en espacios alejados del local, “Para que nadie se moleste”, para evitarse problemas. Ser socio de este local permite poder consumir dentro del local, poder comprar la dosis de cannabis que se quiera y también poder acceder a un servicio de asesoramiento jurídico para hacer frente a posibles multas. “Antes de ser socio de este local tenía que ir con la piedra en el bolsillo por la calle, y me arriesgaba a ser multado “, explica Carlos, un socio de Actúa de 37 años que hace 20 que fuma cannabis . En este sentido, el presidente de la asociación denuncia que los consumidores de esta sustancia tienen “menos derechos” que los demás ciudadanos. “Si te paran por la calle y portas el material encima, aunque no te lo estés fumando ya te multan”, describió. Estrada cree que los que más lo sufren son “los jóvenes” y que la existencia de estos clubes permite que los consumidores no estén “tan castigados”.

En este local la principal actividad que se practica es fumar marihuana, pero Estrada asegura que también se organizan barbacoas, partidos de fútbol y cenas. “Venir aquí es como ir a comprar el pan”, explica Carlos, que expresa que fue porque lo tiene al lado de casa y porque aquí puede fumar mientras charla con gente con la que tiene un nexo común: la afición por el cannabis. Fuente

 Hace unas semanas se anunciaba la regulación de las asociaciones cannábicas en Cataluña. Por fin, después de décadas de lucha, las políticas sobre cannabis parecían admitir algunos de sus errores del pasado y encaminarse hacia una ley más cercana a la realidad.

En Cannabis Magazine celebrábamos por todo lo alto la simple “presunción de existencia” y dedicábamos unas alentadoras líneas a este hecho.

Sin embargo, las detenciones, las incautaciones y las órdenes de clausura se acumulan en las comisarías de Barcelona y, cada día, nos levantamos con una mala nueva.

El arresto de los máximos representantes de la FEDCAC (federació d’associacions cannàbiques autoregulades de Catalunya) y la clausura de emblemáticas asociaciones barcelonesas solo ha sido el preludio de una situación, cuanto menos, contradictoria.

Citando las palabras de Albert Tió, portavoz de la FEDCAC, “Mientras Salud está por la labor, Interior ha dejado de estarlo y ha emprendido una persecución jurídica y policial”. Luego entonces, perdonen que me pierda, ¿por qué este acoso en los albores de la regulación?

La realidad es que la desatención de las asociaciones cannábicas por parte de la administración se ha convertido en caldo de cultivo para malas praxis y promotores asociativos que desconocen, por completo, los fines de cualquier tipo de asociación. Ahora, que ya se ha causado el daño, ¿no sería mejor esperar a que se produzca la regulación para controlar exhaustivamente a las asociaciones existentes?

Por si fuera poco, las amigables visitas de la Guardia Urbana a diferentes clubes (no es irónico, os sorprenderíais con la cercanía de algunos agentes) se han convertido en cartas de cese de actividad y clausura debido al incumplimiento de ciertas… ¿premisas?

Las demandas de las federaciones cannábicas, que llevan años tras la búsqueda de un diálogo con la administración, siempre se han fundamentado en conseguir seguridad jurídica para los clubes que cumplen sus estatutos y llevan a cabo una autoregulación caracterizada por la transparencia y el autoconsumo de marihuana. Por lo pronto, este no parece el camino que tomará la regulación catalana.

Queremos expresar nuestro apoyo a las federaciones cannábicas catalanas y recordar a nuestros lectores que algunas personas están siendo acosadas y poniendo en peligro su libertad por algo que nos beneficiará a todos en un futuro no muy lejano. Fuente

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Una sentencia absolutoria de la Audiencia de Barcelona pide a las instituciones que aclaren por qué “otras drogas nocivas como el tabaco” sí son legales

La regulación del consumo de marihuana también preocupa a los jueces, que a menudo deben decidir si envían a prisión o absuelven a los responsables de los clubes cannábicos por tráfico de drogas. Estas asociaciones, que han proliferado en ciudades como Barcelona, se hallan en una encrucijada legal y son objeto de investigaciones policiales de suerte diversa. Una reciente sentencia absolutoria, dictada por la Audiencia de Barcelona, insta a las instituciones a fijar “un marco normativo claro” sobre “una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad”.

Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro para el funcionamiento de esta clase de asociaciones”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal. Los jueces lamentan que “solo el Parlamento de Euskadi ha impulsado esta tarea reguladora”. Y critican que la Fiscalía General del Estado no haya “actuado aún en defensa del interés público en esta materia, más allá de perseguir de forma indiscriminada situaciones como la que es objeto de este proceso penal”.

La fiscalía, recuerda la resolución, puede hacer recomendaciones al Gobierno para que regule la materia. “Tal vez ya es hora de que inste una aclaración jurídica de los motivos por los que otras drogas nocivas para la salud, como el tabaco o el alcohol, cuando se consumen de forma abusiva, disfrutan de un estatus legal mucho más permisivo”, argumentan. La sentencia resuelve un recurso de la fiscalía contra la absolución de los máximos responsables del club cannábico Airam por un delito de tráfico de drogas.

En febrero de 2012, dos jóvenes fueron detenidos cuando salían de la sede de la asociación, en Barcelona. Habían comprado tres dosis de hachís sin ser socios y habían pagado, por cada una de ellas, 20 euros. La fiscalía acusó a cinco responsables de la entidad de tráfico de drogas por haber vulnerado los requisitos del “autoconsumo compartido” y haber vendido droga a terceros con ánimo de lucro.

La resolución, dictada por la Sección Décima de la Audiencia, desoye los argumentos del fiscal y confirma la absolución. Los magistrados afirman que la detención de los dos jóvenes “no demuestra” que los acusados les hubieran vendido las dosis. “La hipótesis de que dicha sustancia estupefaciente fuese para el propio consumo de los compradores no puede ser descartada”, razonan.

Los clubes de cannabis han aprovechado la figura de la asociación (que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución) para realizar su actividad. Pero el sector coincide con la Audiencia y lleva meses trabajando para conseguir una regulación clara, que les permita seguir dispensando cannabis sin tener que vivir con la incertidumbre de que se les acuse de tráfico de drogas. El Departamento de Salud también aboga por fijar unas normas, poniendo el acento en la necesidad de reducir riesgos de salud pública. Las federaciones de los clubes y los partidos políticos han tenido diferentes reuniones y en septiembre se discutirá en el Parlament el borrador de una propuesta de Buenas Prácticas. Aun así, una eventual reforma del Código Penal está en manos del Gobierno central.

Los clubes han demostrado que hay un ejército de miles de personas consumidoras de cannabis”, explicó ayer un trabajador del sector. Según las estimaciones, los 400 clubes que existen en Cataluña abastecen a 165.000 consumidores. Existe el riesgo de que muchos de ellos acudan al mercado negro si se precintan los clubes.

Desde hace una semana, Airam está de nuevo en el punto de mira de la justicia. Esta vez, por un presunto caso de blanqueo de capitales. Cuatro responsables del club permanecen imputados por haber utilizado, presuntamente, un entramado de empresas para desviar a sus bolsillos más de un millón de euros procedentes de la venta de marihuana a los socios. Entre ellos figura el presidente de la entidad, Francesc S. —que administra la mayoría de las empresas— y su mano derecha, Albert T., quien a su vez es presidente de Fedcac, la federación que agrupa a estos locales y que aboga por la regularización de la marihuana.

Alrededor de mil personas se acercan cada día a la sede de Airam, en la calle Ample, para consumir o comprar su dosis de marihuana. El miércoles, sin embargo, los usuarios encontraron sus puertas cerradas. Los 10.000 socios que integran el club deberán buscar ahora una alternativa. El juez que investiga el caso ha ordenado, a petición de la Fiscalía, la clausura del local de forma cautelar. Desde 2010, el Código Penal permite cerrar los locales de empresas o asociaciones que hayan cometido un delito durante un periodo máximo de cinco años. La medida deja sin trabajo, de paso, a unas 30 personas.

Además del local principal de Airam, en la calle Ample de Barcelona, el juez ha ordenado también el cierre de la sede de Caselldefels y ha decretado la disolución de las siete empresas que, presuntamente, utilizaron los imputados para blanquear los beneficios obtenidos con la venta del cannabis. El magistrado ha decidido bloquear 60 cuentas bancarias que pertenecen a los implicados, defendidos por la abogada Laura Alegre, del despacho Nieto & Povedano. Según datos de la investigación, la entidad generaba una facturación anual de 1,5 millones. Los Mossos creen que una parte del dinero era desviada a las cuentas corrientes de los implicados y, el resto, mediante la simulación de operaciones comerciales. Las entidades son sin ánimo de lucro y, en principio, deben emplear los beneficios en la propia asociación.

En el registro de la entidad se encontraron 11 kilos de marihuana y 50.000 euros en efectivo. Los Mossos han investigado el patrimonio de los implicados en una de las primeras investigaciones centradas en el blanqueo de capitales, y no en el tráfico de drogas, que en el caso de la marihuana conlleva penas de prisión inferiores. No es la primera vez, sin embargo, que se clausura uno de estos locales.

Fuente ElPais

 

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“El Parlamento vasco no se va a mojar mucho en la regularización de los clubes sociales”, auguran las asociaciones cannábicas.

En septiembre la Generalitat de Cataluña llevará al Parlament el borrador de Propuesta de Buenas Prácticas para una regulación del autoconsumo de cannabis en Cataluña.

“Si hace 10 años nos hubieran dicho que íbamos a estar en esta situación no nos lo creeríamos”. La frase corresponde al portavoz de la Federación Vasca de Cannabis, Iker Val, quien resume así las esperanzas de que al final el Parlamento vasco regularice en alguna medida la existencia de clubes sociales para el consumo del cannabis. Val ha participado en el ‘V Simposio Internacional sobre reducción de daños: políticas de drogas, retos desde el prisma de los derechos humanos’. Hace unos meses también se congratulaba por la presentación de la nueva ordenanza que regularizaba los clubes sociales en San Sebastián.

En 2010 fue la primera vez que desde las asociaciones vascas de usuarios de cannabis se planteó una iniciativa política en el Parlamento. A partir de ahí, en 2012 comparecieron en la Comisión de Interior y se creó una ponencia específica en la que participaron expertos en la materia. Ahora esta ponencia se encuentra en fase de conclusiones y recomendaciones. Val cree que es “positivo” el consenso que ha habido entre partidos, pero a su juicio “el Parlamento no se va a mojar mucho, será una conclusión light”. Sin embargo, los usuarios vascos consideran que a partir de aquí “se abre un proceso de regularización que se puede alargar como mínimo cinco años”.

Por su parte, Oscar Parés del Internacional Center for Ethnobotanical Education, Reesearch & Service (ICEERS), ha expuesto la experiencia de normalización de cannabis en Cataluña. La primera experiencia de un club social fue en 1992, pero no salió bien y hasta 2006 “pasó poco”. A partir de ese año fue cuando crecieron los clubes y hoy en día Cataluña cuenta con entre 400 y 450, de los que más de 200 se encuentran en Barcelona.

Caso Rasquera

En el año 2012 estalló en esta comunidad el caso Rasquera. En este pueblo catalán con una población de 850 habitantes, en donde la mayoría de los jóvenes se habían marchado por falta de oportunidades, su alcalde propuso un plan anticrisis que incluía un contrato con una empresa para cultivar cannabis en el pueblo para un club de 5.000 miembros. Esta decisión la sometió a referéndum, prometiendo que si no sacaba tres cuartas partes de los votos dimitía en un año. 600 personas votaron y de las mismas el 56% estaba a favor de la plantación. Finalmente, la justicia paralizó el contrato y “nunca más se supo”, apunta Parés.

El portavoz del ICEERS señala que “todo esto puso en la agenda política los clubes sociales”. Así, la Generalitat empezó a desengrasar el músculo y entre 2012 y 2014 el Departamento de Sanidad se acercó a las asociaciones y a los clubes para entender la labor que realizaban. Sin embargo, Parés asegura que “aunque estos procesos son muy lentos, el trabajo silencioso ha ido evolucionando”. De hecho, se esperaba que la Generalitat en junio presentara una propuesta de regulación, que finalmente se presentará en septiembre.

Los Clubes Sociales en Bélgica

En su intervención, el profesor de Criminología de la Universidad de Ghent (Bélgica), Tom Decorte, ha explicado que en este país europeo la situación de los clubes es la que tenían los de España hace 15 años. De hecho, entre los dos países existen “enormes similitudes” en la legislación en este ámbito y en la manera de constituir los clubes. Así, en Bélgica es legal poseer para consumo propio tres gramos de cannabis y una planta hembra por persona. Teniendo en cuenta esto, Decorte cuenta que a alguien se le ocurrió “pues si somos 50, plantamos 50 plantas”  y así se formó el primer club en el año 2006.

El profesor de la Universidad de Ghent analizó en un estudioo cinco clubs belgas para ver las diferencias y similitudes existentes entre ellos. Los miembros varían desde los 13 hasta los 200 miembros; la edad mínima para pertenecer a un club va de los 18 a los 21 en algunos y la edad media se encuentra entre los 35 y 40 años. Decorte señala que “se espera que el número de clubes sociales aumente en los próximos años”. Pero, sobre todo, cree que se debe promocionar más el debate político sobre estos clubs sociales.

Publicado ElDiarioNorte

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La Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) comenzó el trámite para 
registrar el primer club cannábico del país, que tendrá una matrícula de 300 dólares y una cuota mensual de entre 53 y 66 dólares. 
El club se constituirá en el marco de la ley que pone bajo regulación estatal la producción y la venta de la marihuana, aprobada a fines de 2013. 
La ley dispone que los usuarios registrados ante el Estado puedan 
comprar en farmacias hasta 40 gramos de la droga por mes, aunque 
también establece las alternativas, de manera excluyente entre sí, del cultivo doméstico y la formación de clubes cannábicos. 
Según publica el diario El País de Montevideo, el primer club cannábico ya existía de manera clandestina desde abril de 2013, y la semana pasada empezó a hacer el trámite para entrar en la legalidad. 
De acuerdo a la normativa vigente, los aspirantes a formar clubes de cannabis deben primero presentarse ante el Ministerio de Educación (MEC) para abrir una asociación civil, y con el trámite iniciado recién podrán dirigirse al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), frente al que deberán registrarse los usuarios de la droga en las tres modalidades. 
“El primer club lo formamos con socios de AECU que se registraron 
primero y con los que más lo necesitaban por tener algún problema de salud y que venían recomendados por doctores de alguna mutualista”, dijo a El País la presidenta de la asociación, Laura Blanco. 
La ley votada a fines de 2013 y regulada en mayo precisa tres formas en las que un consumidor puede obtener marihuana: autocultivo (cada persona podrá tener hasta seis plantas o una producción de hasta 480 gramos), clubes de membresía (que podrán tener de 15 a 45 socios y un máximo de 99 plantas) o comprar la que cultivará el Estado (a U$S 1 el gramo con un máximo de diez por semana). 
En el caso del club de membresía registrado por AECU, este tiene el máximo de socios y de plantas permitidas: 45 y 99 respectivamente. 
Su ubicación, en tanto, será secreta “por razones de seguridad”, 
manifestó Blanco, y sólo los socios sabrán donde queda este. 
Blanco advirtió que, según los costos que ellos manejan, la matrícula para entrar en el club debe ser de unos 300 dólares, que se necesitan para comprar el equipamiento inicial necesario para el cultivo de la droga. 
Luego la cuota mensual es de entre 1.200 y 1.500 pesos (unos 53 a 66 dólares), con la que cada socio se asegurará los 40 gramos de 
marihuana por mes, el máximo que permite la ley.

Fuente ElComercial