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Cannabis Club Systems (CCS), orgulloso patrocinador de las World Cannabis Conferences (WCC) 2016, nos mostrará el poder de los datos y ofrecerá una demostración en vivo de su software exclusivo durante la mañana del viernes 11 de marzo, entre las 12:00 y las 14:00, en el auditorio que estará conectado al recinto ferial de Spannabis. También revelará sus planes y proyectos para 2016.

Además, CCS ofrecerá la conferencia de un invitado, miembro del equipo que ha contribuido a dar forma a la legislación en Colorado y descrito por la revista Rolling Stone como “El primer gigante jurídico del país en cuanto a legislación sobre el cannabis”.

¿Por qué CCS?

Este equipo de profesionales afincado en Madrid, con experiencia en informática, economía, estadística y administración, ha desarrollado una solución de software orientada a clubes y dispensarios de todos los tamaños.

Su sistema se ha adaptado para maximizar el funcionamiento del día a día de un club, cubriendo todas las áreas de la gestión de socios, detalles de la dispensación, seguimiento de productos y financiero, así como de análisis predictivo, las funciones principales de redes sociales y mucho, mucho más.

Lo que es verdaderamente único acerca del CCS es que no te dan un sistema al que te tengas que adaptar… ¡es el sistema el que se adapta a ti! Sean cuales sean las necesidades de tu club, el equipo de CCS personaliza el sistema exactamente como el cliente necesite. ¡No hay dos sistemas idénticos!

Al tomar en cuenta todas las sugerencias de diversos clubes, y la producción de las características conforme a lo sugerido, el sistema sigue evolucionando en base a las necesidades reales de los clubes, que es lo que realmente agrega valor y pone a CCS por delante de sus competidores.

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CCS ha sido diseñado para ser extremadamente intuitivo y fácil de aprender. En lugar de ser inundados con demasiadas opciones en cada pantalla, hay sólo unos pocos botones y campos de entrada claramente definidos y fáciles de entender.

¿Preocupado por la privacidad de socios? Olvídate de las tarjetas de socios con datos personales, CCS viene con escáneres RFID USB y escáneres fob a distancia digitales totalmente anónimos. Tan pronto como un miembro escanea su mando, su perfil aparece en la pantalla, para una identificación fácil y rápida. Además de esto, los mandos a distancia fob funcionan como una firma digital, lo que significa que no tiene que preocuparse de enormes cantidades de papeleo amontonándose en su dispensario.

Por otra parte, CCS se puede integrar fácilmente en varios clubes a la vez. Digamos que quieres compartir tus socios con otro club, el sistema permite visitar varios lugares con sólo un llavero fob de forma anónima. Sólo hay que elegir si deseas compartir créditos, cuotas mensuales y el historial de socios.

Si no estás completamente satisfecho con tu solución de software, o si planeas abrir un dispensario, CCS se ocupará de atender a todas tus necesidades a un precio muy razonable… ¡tanto si eres un club grande como si se trata de un dispensario pequeño!

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Como seguramente sabe ya todo el mundo, el 7 de septiembre del año pasado el Tribunal Supremo publicó la sentencia 484/2015 por la que se condena al presidente, secretario y tesorero del club cannábico EBERS a ocho meses de prisión y multa de 5000 euros por un delito contra la salud pública.

En esta resolución que cuenta con tres votos particulares en contra y que consta de 94 páginas, el tribunal deja sentadas las condiciones que deben darse para que en casos similares pueda condenarse a los responsables de asociaciones cannábicas.

Sea o no sea legal el consumo de marihuana, o de cualquier otra substancia prohibida, no es delito en España y si no es delito nadie puede ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.

En lo relativo al cultivo, es cierto que el artículo 368 del Código Penal lo tipifica como delictivo pero si uno puede consumir pero no comprar, ni mucho menos vender, es obvio que ha de poder cultivar lo que consume y así lo ha ido interpretando la jurisprudencia, incluida la resolución que comentamos, desde hace mas de veinte años. Hasta el momento, las asociaciones cannabicas, han encontrado una cierta cobertura legal en base a estos preceptos. Ya que puede cultivarse lo que se consume no tiene porque haber tampoco ningún impedimento para que un grupo de personas se organice de forma colectiva para compartir los gastos y tareas del cultivo y repartir el producto obtenido.

Pero ahora, el supremo ha considerado que el club Ebers rebasaba estos criterios. Textualmente:

“La magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidores o usuarios de la sustancia, así como de controlar el destino que pudieran dar al cannabis sus receptores.”

A falta de la reclamada legalización total, o al menos de una legislación penal clara, tenemos que conformarnos a día de hoy con interpretaciones judiciales que no son claras en absoluto y que generan una grave inseguridad jurídica a la población. Porque, ¿que es un número reducido de socios? ¿que es una cantidad mínima de marihuana? ¿que significa un circulo cerrado e íntimo de consumidores?

No obstante y después de analizada esta sentencia y otras similares hay una serie de precauciones que las asociaciones pueden adoptar preventivamente, para dificultar y desmontar lo máximo posible los argumentos principales que utilizan jueces y fiscales para criminalizar a los grupos de consumidores.

Al menos de forma general y documentalmente, ya que cada asociación tiene su funcionamiento y sus particularidades, creo que es importante dejar constancia de lo siguiente:

A ser posible en los estatutos, manifestar que la asociación es, en principio, un grupo cerrado de conocidos que no tiene en principio ninguna voluntad de expandirse. Para ello se pueden establecer ciertas dificultades de acceso como un periodo de espera o la recomendación y aval de otros socios.

Dejar constancia escrita de que se identifica siempre a los socios mediante su DNI y que nadie ajeno a la entidad puede acceder al local.

Que se proporciona una cantidad mínima de marihuana para su consumo inmediato, estando prohibido llevarse nada a casa.

Hacer firmar a los socios un documento en el que declaren ser consumidores habituales (eso no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos)

Que todo el mundo participa en las tareas de cultivo y obtención de la marihuana.

Que no puede consumirse fuera del local de la asociación.

Evitar la publicidad excesiva, en el sentido de captación de socios.

Todo ello, hoy por hoy no garantiza nada porque no hay una legislación clara, pero al menos puede sentar las bases para una buena defensa en caso de imputación judicial.

Para terminar desdramatizando un poco la situación, señalar que el artículo 80 del Código Penal prevé la suspensión de las penas de cárcel inferiores a dos años en la primera condena. Es decir que una pena de ocho meses no tiene porqué significar el ingreso en prisión.

David Toses, abogado

david.toses@icam.net

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El Tribunal Supremo de España condena a cuatro miembros de Pannagh a penas de cárcel en una sentencia plagada de errores y contradicciones.
Además de las condenas de cárcel, impone multas de 250.000 euros, a pesar de considerar probado que no hubo enriquecimiento.
Frente a la acusación de “ocultar sus verdaderos fines”, los miembros de Pannagh recuerdan que cuentan con varios precedentes judiciales favorables y que han acudido a diversas instituciones públicas.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que absolvió a los miembros de Pannagh del delito de tráfico de drogas. Ahora, el Supremo los condena a penas de un año y ocho meses de cárcel y multas de 250.000 euros para el presidente y la secretaria, y de seis meses y un día en el caso de los dos socios que trabajaban en el envasado de la cosecha. El tesorero ha sido absuelto por una omisión de la Audiencia.

Para condenar a los otros cuatro acusados, los miembros del Supremo se basan en una argumentación plagada de errores y contradicciones flagrantes, y que además prescinde de datos fundamentales aportados a la causa y que son relevantes para la defensa. En opinión de Pannagh, se trata claramente de una sentencia política, destinada a desmantelar el movimiento asociativo cannábico, y basada en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el estado español.

Se dice que los condenados actuaron “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos”, olvidando el hecho de que las actividades de Pannagh ya fueron consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 (Auto nº 218/06) y por la de Álava en 2012 (Auto nº 377/12), habiendo sido en ambos casos devuelta la marihuana incautada. Por tanto, los hoy condenados no tenían una “infundada esperanza”, sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva.

También se dice que hubo “ocultación de los fines reales de la asociación” e “indiferencia” ante la posible ilegalidad. Se ignoran así las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento Vasco, que entre otras cosas dieron lugar a la creación de una ponencia parlamentaria en éste último, a pesar de que tanto estas iniciativas como los autos de las Audiencias Provinciales constan en las diligencias practicadas durante la fase de instrucción y en las alegaciones presentadas por la defensa en la fase de recurso.

La nueva sentencia se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona. La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas. Lo más llamativo es que los verdaderos fines de Pannagh se detallan en los antecedentes de la sentencia y se puede ver claramente que en absoluto coinciden con lo que se dice luego en los fundamentos.

Este tipo de errores se repiten en varios puntos más, con el resultado de que el relato de los hechos queda seriamente alterado. Al tratarse de un recurso de casación, la nueva sentencia debe basarse en una nueva valoración jurídica de los hechos que se consideraron probados en la sentencia recurrida, hechos que no pueden modificarse. Sin embargo, los cambios introducidos son numerosos, decisivos y, sobre todo, contrarios a Derecho, lo que vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías. Además, se han introducido nuevas pruebas sin que haya habido una vista donde las partes puedan contrastarlas. Se condena a los miembros de Pannagh en base a, entre otras cosas, lo que se supone que sabían o a sus supuestas intenciones, cuestión que no se planteó en el juicio, y sobre la que el Supremo no ha oído a los acusados antes de condenarles, como exige la ley.

Como ejemplo de esas contradicciones, la sentencia del Tribunal Supremo habla de “falta de control y de los demás elementos exigidos jurisprudencialmente para los supuestos de atipicidad del pretendido consumo compartido”, mientras que la sentencia de la Audiencia Provincial dice que se “evidencia un control de la entrega de las sustancias y de la persona a quien se realizaba la entrega”, y que hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entregan la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondían con la previsión de consumo del socio participe, control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un cultivo compartido”.

Otra contradicción llamativa se refiere a que entre los hechos probados en la sentencia de la Audiencia (que, recordemos, el Supremo no puede alterar) se dice que “se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, y que la sustancia producida “estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de Asociación y el acuerdo de los socios”. Incluso la fiscalía, en su recurso, reconoce que “la Asociación Pannagh puso en funcionamiento un sistema de cultivo de cannabis”. Sin embargo, asombrosamente, la sentencia del Supremo afirma rotundamente que “un reducido núcleo de personas organiza, y dirige la estructura asociativa; disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo,… y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”. Con esto se falta al exigido respeto a los hechos probados, que, como se ha visto, dicen lo contrario: Fue la asociación Pannagh, que no es un “grupo indiscriminado” sino una entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados, quien decidió crear tales estructuras y contrató a los ahora condenados para que las llevaran a cabo en calidad de empleados.

Los condenados han anunciado su intención de presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, previo al recurso de amparo ante el Constitucional, ya que consideran que, entre otras cosas, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario. Los miembros de Pannagh van a convocar en los próximos días una rueda de prensa junto con representantes del movimiento asociativo cannábico para valorar la sentencia y anunciar las iniciativas que piensan llevar a cabo para denunciar este atropello.

La asociación Pannagh quiere denunciar que se haya castigado a varios trabajadores de la asociación por actividades que, como se demostró en el juicio y así consta en la sentencia revocada, fueron iniciativa y responsabilidad de todos los miembros de Pannagh, conforme a sus estatutos y mediante acuerdo asambleario. Se ha acusado a cinco socios de asociación ilícita para luego descartar esta acusación, pero al final el Supremo ha ordenado el decomiso del dinero de las cuentas de Pannagh como si la asociación hubiese sido una mera pantalla de los acusados para cometer delitos, cuando en los hechos probados se afirma lo contrario.

Finalmente, desde Pannagh animamos a seguir luchando por un cambio en las políticas de drogas que acabe con la injusta situación actual, y a seguir impulsando el esperanzador debate sobre la regulación del cannabis que se está produciendo en buena parte del mundo, al que Pannagh ha tratado de contribuir desde su fundación en 2003.

 

Bilbao, 28 de diciembre de 2015

Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh

pannagh2015@gmail.com

 

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La demanda de un marco jurídico para el consumo y plantación legal resonó el sabado en el encuentro informativo convocado por la recién creada Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias. Solo en Fuerteventura, se localizan cinco del casi centenar de clubes que ofrecen un consumo seguro a su asociados.
La inseguridad jurídica pende sobre el casi centenar de asociaciones de cannabis de Canarias. «No tenemos un marco jurídico que nos regule qué actividad y de qué manera podemos hacerlo», resume Narest Díaz, de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias  que ayer celebró un encuentro en El Castillo.

Esta federación es de reciente creación, de hecho apenas solo tiene un mes de andadura, y acoge a nueve asociaciones, más cinco que están pendiente de entrar. En toda Canarias, existe casi un centenar de estos colectivos, según Narest Díaz, que pertenece a Hierbania, con sede en El Castillo. Díaz establece una media de unos 150 socios por colectivo, «lo que sumamos mucha gente que quiere consumir y cultivar cannabis sin trabas legales y sin estar expuestos a multas».

Entre este centenar de clubes a nivel regional, se encuentran las cinco de Fuerteventura que se reparten entre Corralejo, dos en Puerto del Rosario, El Castillo y Gran Tarajal. Aquí y allá, el problema es el mismo: «la Guardia Civil viene, nos ve las cuatro plantas que tenemos y nos las quitan, acusándonos de traficantes de droga y de un delito contra la salud pública cuando nosotros solo estamos ejerciendo nuestro derecho al autocultivo y al autoconsumo».
Contra el consumo ilegal. Frente a esta inseguridad jurídica, la federación demanda además un lugar donde la gente pueda consumirla sabiendo de donde procede «no que venga de la calle, sin saber de dónde ha salido, ni cómo se ha hecho, ni qué tipo de manipulación tiene». La última actuación contra las plantaciones de los clubes de Fuerteventura data de octubre y afectó al cultivo de un club de Puerto del Rosario, «al que están haciendo bastante daño».

El marco jurídico de estos colectivos cambió a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo  que resolvió el recurso de la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers de Bilbao en relación al cultivo y consumo compartido de cannabis, estableciendo que los clubes de cannabis son ilegales por su actividad de cultivo y fomento del consumo de droga. Esta sentencia rompió con más de 20 años de un desarrollo legal de la actividad de estos colectivos en todo el país,  que acabó de rematar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza.

Para buscar soluciones a este y otros problemas del consumo legal del cannabis, la federación canaria convocó a instituciones y políticos a una cita a la que el sábado solo acudió la parlamentaria Nereida Calero, de Coalición Canaria.

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El Tribunal Supremo español condenó hace unos días a los responsables de un club o asociación de cannabis con 290 miembros. También señaló que el cultivo destinado para un reducido grupo de miembros carecía de relevancia penal.

En tribunal Supremo hace unos años amparó a asociaciones de cannabis bajo la doctrina de consumo compartido, pero, con esta última sentencia al club vasco Ebers, deja muy claro que en este concepto de consumo compartido no todo vale y fija unos limites de como deben ser estas asociaciones o clubs.
El alto tribunal con su resolución deja abierta lo que podría interpretarse como una llamada a los dirigentes a una regulación más aclaratoria para todas las partes.

En estos últimos tiempos han proliferado en España clubs de consumidores de cannabis que en un principio eran pequeñas asociaciones de consumidores que tenían cultivos compartidos para su uso exclusivo. En la actualidad, esa idea inicial también ha llevado a la creación de grandes clubes con grandes cantidades de asociados que en algunos casos han llegado a miles y en algunos casos no suministrando bajo demanda sino a discreción.

El mismo Tribunal Supremo en sentencias anteriores los amparaba bajo la figura del autoconsumo, con esta última sentencia al club Ebers, ha considerado que se excede de aquella filosofía del grupo de conocidos que conjuntamente consumen cannabis. El tribunal considera que la asociación (290 miembros) y su estructura (distribución organizada, permanencia en el tiempo, abierto a nuevas incorporaciones y que permitía a sus miembros hacer acopio de casi 400 gramos de cannabis) “excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente“.

La sentencia por su parte, tampoco admite que todos los clubes de fumadores sean ilegales. El texto de la sentencia sostiene que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones“. La sentencia ,según la interpretación de estas asociaciones de marihuana, como no fija qué tamaño del club sería delictivo y cuál no, establece que habría que observar cada asociación “caso a caso”.

La  Federación de Asociaciones Cannábicas de España y la plataforma por una Regulación Responsable  consideran esta sentencia del alto Tribunal como un ataque al asociacionismo de los consumidores de cannabis, aunque aseguran que ellos impulsan otro tipo de clubs con otras características en España. “Frente a este modelo existe un consenso hacia otros tipos de asociación con unos límites más razonables de los que tenía esta asociación”, expone Ramón Morcillo, portavoz de Regulación Responsable. Morcillo explica que según su modelo “es impensable que en pro de un consumo responsable un socio pueda retirar el consumo de medio año de una vez”, algo que sí sucedía en Ebers.

David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (FAC), admite que “no todos los clubes son iguales ni cumplen la función del consumo compartido“, y explica que “el modelo más extendido es el de una pequeña asociación o club cerrado más o menos estable, donde no hay retribución económica y todas sus decisiones se toman en asambleas”. Frente al, digamos, modelo Ebers, Rabé afirma que “no queremos seguir ese modelo“, y reivindica “el modelo de activismo, plural, en el que los socios llevan la gestión del club” y aboga por “el cultivo colectivo frente a la compra mancomunada”. De alguna manera, el que señala el Supremo que “puede carecer de relevancia penal”.

El tribunal señala en la sentencia que a pequeña escala y que la actividad del club se realice en un lugar cerrado sin publicidad u ostentación pueden ser indicadores de asociaciones que no incurran en el delito penal.  La noticia ampliada aquí

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Los clubes sociales de cannabis: la producción sin venta al por menor

Los Cannabis Clubes Sociales funcionan bajo el principio de que, si una persona no va a ser procesada por el cultivar una planta de cannabis en privado para su propio uso, entonces, 20 personas no deberían ser procesadas ​​por cultivar 20 plantas agrupadas en privado para el propio uso de sus cultivadores.

Es evidente que este concepto no está exento de problemas. Establecer lo que se constituye como producción ‘compartida’, por ejemplo, es problemático y está es la cuestión general de cómo estas actividades se pueden distinguir legalmente de los delitos de suministro.

En toda la UE, los mismos delitos de drogas tienen diversas definiciones legales, pero por lo general son por el traspaso de drogas entre personas y también algunos criterios por cantidad pueden ser aplicados. En respuesta, los clubes sociales de cannabis han tratado de establecer normas de funcionamiento con el fin de evitar cargos a las personas por suministro de drogas o por alentar el uso de drogas.

Por ejemplo, el grupo de defensa de Encod (ha propuesto que los clubes deben funcionar como un convenio colectivo, con un registro de miembros, con los costos calculados para reflejar el consumo individual esperado y por la cantidad producida además de limitada por persona y destinada al consumo de inmediato.

Los clubes deben estar cerrados al público y los nuevos miembros deben establecer por invitación a los consumidores de cannabis que sean aceptados. Este modelo, aunque promovido por activistas en Bélgica, Francia, España y Alemania, no obstante, no es tolerado por las autoridades nacionales en cualquier país europeo.

Esto significa que los Clubes de Cannabis Sociales son propensos a ser objeto de sanciones legales que deben ser identificadas o en el mejor de los casos pueden operar en un área legal gris. En la actualidad, es difícil saber en qué medida existen estos clubes sociales en Europa, aunque los que lo hacen parecen ser raros.

La ciudad de Utrecht en los Países Bajos anunció un proyecto para desarrollar un club de este tipo, pero el proyecto aún no ha sido implementado. Algunos clubes informan que están operando en forma limitada en algunas regiones españolas, aprovechando el hecho de que, aunque la producción, la oferta y la posesión personal de cannabis en público están prohibidos por la ley española, la posesión en espacios privados no se penaliza.

La posición jurídica sobre el consumo compartido es más complicado, sin embargo, puede proporcionar restringidas posibilidades a algunas formas de consumo compartido y que pueden ser toleradas legalmente para usuarios de drogas con experiencia. La medida en que los clubes sociales de cannabis cumplen estos criterios no están claras.

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En Barcelona el Ayuntamiento aprobó una instrucción para limitar la salida de lo humos de los clubes de marihuana de la ciudad, ya que éste implica una situación de riesgo para la salud publica y que el consistorio municipal quiere controlar y atajar. Este primer paso debe ser corregido antes de preparar y elaborar una regulación para los clubes y asociaciones.

El documento establece los limites de las emisiones del humo de cannabis por parte de estos clubes, ya que tienen compuestos tóxicos y psicotropicos además de olores.
Según el escrito, las emisiones que superen los umbrales calculados en la instrucción se podrán estimar como riesgo para la salud de los ciudadanos, por lo que se establecerán “medidas correctivas que se estimen convenientes” para poner fin a esta situación.

El gerente de Hàbitat Urbà del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Civit, firmó el mes de Enero pasado el preámbulo de la instrucción que recogía el dato de la instalación en la ciudad de asociaciones de cannabis y que en las cuales, se ponía a disposición de sus asociados y dentro de sus locales cannabis para consumo privado . Aunque la actividad es legal en la ciudad Condal, este tipo de clubes de consumidores de marihuana producen y emiten humos que pueden ser molestos para el resto de ciudadanos.

Las malas salidas de humo de los clubes ha sido uno de los motivos más importantes y graves por los cuales muchos clubes o asociaciones han tenido problemas legales con las inspecciones de sus instalaciones, además de otras.

Se ha aprobado dotar a los clubes de cannabis de unas normas a las que ajustarse de medidas y análisis, “en el procedimiento de legalización y control de las asociaciones cannábicas”. La regulación de las salidas de humos de estas sedes cannabicas se enmarcaran dentro de Ordenanza Municipal

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Uruguay abrió este viernes el registro de clubes para el cultivo de marihuana como parte del programa del gobierno para legalizar la producción y venta de cannabis. A estos grupos se les permitirá plantar un máximo de 99 plantas anuales.

El gobierno del izquierdista Jose Mujica legalizó la producción de marihuana a pequeña escala a principios de año y se espera que su venta legal comience a finales de año.

El gobierno uruguayo activó un registro de los clubes de membresía para el cultivo de marihuana, en medio de una campaña electoral que deja dudas sobre la continuidad de esa iniciativa, que busca debilitar al narcotráfico mediante la regulación de la plantación y venta de la cannabis.

La legislación está promovida por el presidente Mujica, quien argumenta que el control estatal de la producción de marihuana puede debilitar y desarmar el comercio ilegal de drogas que perjudica las vidas de muchos latinoamericanos.

Con el registro activo podrán regularizarse clubes de entre 15 y 45 personas y un máximo de 99 plantas, cuya producción anual por usuario no supere los 480 gramos, informó en su página web el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Las instalaciones para el cultivo deberán ubicarse a una distancia mínima de 150 metros de los centros educativos y de rehabilitación de drogas, así como disponer de un sistema de seguridad.

Según el IRCCA, unos seis clubes ya estarían en condiciones de integrar la nómina y recibir la habilitación.

La habilitación del registro para los clubes se suma al de autocultivadores, operativo desde agosto y que ya cuenta con unos 600 usuarios. En Uruguay, unas 150.000 personas consumen cannabis de forma frecuente.

La venta en farmacias a un dólar por gramo, prevista para fin de año, se encuentra demorada porque aún no se han otorgado las licencias de cultivo a los productores privados.

Un club social de cannabis o asociación de consumidores de cannabis es un tipo de asociación civil concebida para la producción y distribución de cannabis y sus derivados. Las cantidades varían aunque generalmente se produce lo suficiente para abastecer a los miembros y evitar que recurran a terceras personas; lo cual sería considerado tráfico ilegal.

Los clubes en la nueva legislación uruguaya no están limitados al uso terapéutico, pudiendo un adulto acceder a un club para practicar el uso recreativo del cannabis.

La regulación de la marihuana, cuya puesta en marcha tiene atentos a varios países del mundo, es un tema que despierta reparos en los dos candidatos presidenciales que irán a una segunda vuelta electoral el último domingo de noviembre.

Mientras el opositor de centro Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, ha dicho que derogará la ley menos el autocultivo y los clubes, el oficialista de izquierda Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, ha señalado que vigilará de cerca su puesta en marcha y que está dispuesto a realizar los cambios necesarios.

Requisitos para registrar un club.

-El club deberá presentar, según informa el Ircca: Testimonio notarial de estatutos debidamente aprobados y autorizados por el Poder Ejecutivo – Ministerio de Educación y Cultura.

-Copia fiel del acta donde figuran todos los datos de los miembros fundadores del Club.

-Constancia de domicilio o factura de servicio público a nombre de la Asociación Civil.

-Documentación acreditante de la calidad de propietario, arrendatario, poseedor o de cualquier otro título en virtud del cual la Asociación Civil se encuentre autorizada a ocupar como su sede el inmueble donde se realizará el cultivo.

-Un plan de cultivo que desarrolle los aspectos técnicos y de seguridad del desarrollo de la plantación. (en la web estará disponible una guía para la confección del plan).

-Un plan de distribución de cannabis entre los miembros del Club. Fuente

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La ley promulgada en Uruguay a fines de 2013 regula la producción y venta de marihuana y establece tres formas en las que un consumidor puede acceder a esta hierba: autocultivo doméstico (cada persona podrá tener hasta seis plantas o una producción de hasta 480 gramos), venta mediante el sistema de farmacias, (cultivo en manos del Estado a US$ 1 el gramo) o clubes de membresía (que podrán tener de 15 a 45 socios y un máximo de 99 plantas).

En todos estos casos los usuarios no podrán adquirir más de 40 gramos por mes, ni más de 10 gramos por semana. Quienes sean consumidores deberán registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), cuyo banco de datos no se hará público. Todas las alternativas estipuladas por la nueva legislación son excluyentes entre sí. Es decir, sólo se podrá adquirir el producto mediante una única vía contemplada.

Emilia Pérez y Diego Pieri son integrantes de Proderechos, una organización civil sin fines de lucro que promueve el trabajo social en áreas en las que se vulneran los derechos de las minorías. Además de esa tarea, ambos comparten otro interés: conformaron uno de los primeros clubes de membresía que comenzará a funcionar antes de fin de año.

“Se trata de un espacio en el que los socios podrán compartir experiencias y conocer mejor los usos y las propiedades que posee el cannabis, así como el actual marco legal que nos regula”, afirma Pérez, vocera del club Cultivando la Libertad Uruguay Crece (CLUC).

Quienes aspiren a conformar un club deberán primero presentarse ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para abrir una asociación civil y, con el trámite iniciado recién podrán dirigirse al IRCCA, que está en funciones pero aún no recibe registros. Los clubes deberán funcionar en una sede fija donde se centralice todo su cultivo. Para hacerse miembros, los usuarios deberán registrarse previamente ante el organismo regulador, ser mayores de 18 años y residentes legales en Uruguay.

Diego Pieri, presidente de CLUC -cargo que asegura es simbólico-, hace hincapié en que a partir de ahora se podrá acceder a un producto de mejor calidad y que, al estar todos los usuarios registrados, se podrá detectar problemas de adicción mucho más rápido para poder ser tratados debidamente.

“No se pretende fomentar el consumo, de hecho se trata de todo lo contrario. Al ser obligatorio el registro para poder acceder a la marihuana, se podrá detectar problemas de adicción a tiempo y, paralelamente, se le quitará el negocio al mercado negro, evitando que los usuarios corran un riesgo mayor yendo a buscar la droga a lugares inseguros”. “Uno de los pilares fundamentales que atraviesa a esta innovadora legislación integral es la seguridad para los consumidores”, remata Pieri. Fuente