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Nueva era después de los juicios de la Corte Suprema contra los clubes de cannabis en el 2015, los tribunales ordinarios han comenzado a interpretarlos. Los principales clubes españoles, sobre todo en Barcelona, ​​parecen tener sus días contados. Sin embargo, cada vez más jueces entienden que los clubes pequeños encajan con la Ley. Se avecina una nueva era.

En España, dos sentencias en el mismo sentido por el Tribunal Supremo establecen jurisprudencia y esta doctrina debe ser aplicada por todos los tribunales inferiores. En el caso de los clubes de cannabis, en el 2015 llegó a su fin no con dos, sino contres sentencias de la Corte Suprema. El 2016 ha sido el año en que se han interpretado y aclarado estas normas, ya pesar de que los clubes con cientos o miles de socios no tienen cabida dentro del nuevo marco legal, todo apunta a que este fenómeno asociativo permanezca por el momento.

La primera sentencia importante contra los clubes de cannabis en España fue realizada por el Tribunal Supremo el 7 de septiembre de 2015. Los miembros del consejo de administración de la asociación Ebers de Bilbao fueron sentenciados a ocho meses de prisión, que no necesitan servir, ya que es su primera infracción – junto con multas de 5.000 euros cada uno. Otros dos colaboradores fueron sentenciados a tres meses de prisión cada uno. El tribunal tomó en cuenta la ambigüedad de la legislación española sobre el cannabis y entendió que los acusados ​​pudieron haber tenido dudas sobre la legalidad de lo que estaban haciendo, lo que impidió que la sentencia fuera mayor y lo que les salvó de la prisión. El primer pronunciamiento fue que “el cultivo y la distribución organizada e institucionalizada del cannabis, a largo plazo, entre un colectivo formado por 290 personas que constituyen una Asociación abierta a nuevos miembros” es un delito de narcotráfico.

La segunda sentencia, que estableció la jurisprudencia, llegó en diciembre, cuando la junta de la asociación de Three Monkeys de Barcelona fue condenada a ocho meses de prisión, aunque sin multas, después de no haber establecido claramente la cantidad de cannabis. Y antes de que terminara el año, se produjo la sentencia más dura: la sentencia Pannagh, en la que los miembros del consejo, incluido yo, fueron sentenciados a un año y ocho meses de prisión, que tampoco tenemos que servir, y a cada uno a una multa de 250.000 euros. En la actualidad, las tres sentencias están siendo apeladas ante el Tribunal Constitucional, habiéndose declarado admisibles las dos primeras – las de Ebers y Three Monkeys. En consecuencia, el Tribunal Constitucional ya ha decidido dictar sentencia sobre la cuestión de los clubes, aunque es muy probable que tengamos que esperar varios años antes de que se anuncie su decisión.

Con estas sentencias, la Corte Suprema expresó su deseo de poner fin al fenómeno de los Clubes Sociales de Cannabis en España. Aunque en el caso Ebers, cinco de los 15 miembros de la Cámara emitieron votos privados, apoyando la absolución en lugar de la condena, dejaron en claro que, en cualquier caso, clubes como Ebers no deberían ser legales. El mensaje, en particular a raíz del caso Pannagh, era claro: después de las tres sentencias, ya no es posible alegar un vacío jurídico, es decir, las próximas personas que se atreven a organizar un club de cannabis de este tamaño y alcance irán a prisión y pagarán multas astronómicas.

Adaptación a tiempos difíciles

El resultado de estas decisiones fue cataclísmico. Ciertas asociaciones – asustadas por la nueva situación – cerraron sus puertas, en algunos casos para siempre, mientras que otras fueron investigadas por la policía, lo que resultó en arrestos, advertencias y el cierre de lugares.

Sin embargo, no todas las asociaciones optaron por cerrar o fueron investigadas. Muchos clubes han comenzado a discutir cómo adaptarse a la nueva realidad. Consultaron con sus abogados y celebraron reuniones de miembros para explorar cómo avanzar. Al final del día, las sentencias de la Corte Suprema rechazaron la posibilidad de clubes con cientos de miembros, aunque al mismo tiempo aceptaron que la llamada “cultivación compartida” podría no ser una cuestión criminal; Algo que no se había reconocido explícitamente antes.

Algunas asociaciones optaron por dividirse en grupos más pequeños y operar aún más horizontalmente, lo que significa que el cultivo del club es verdaderamente compartido. Otros actualizaron sus listas de miembros, manteniendo sólo los reales. Hasta entonces, la tendencia era tener muchos miembros para justificar el cultivo; Ahora, se trata de tener pocos miembros y mantenerlos bien informados de lo que está sucediendo, a fin de evitar una condena penal en la medida de lo posible. Otra medida regular ha sido cerrar la cuota de membresía y no permitir a nuevos miembros a menos que alguien sea baja. También se han establecido cambios que involucran a todos los miembros para que se cuide el proceso de cultivo y para evitar que ciertos miembros sean considerados traficantes de drogas suministrando a los demás.

Sin embargo, no todas las asociaciones han elegido esta ruta. Hay bastantes personas, como la mayoría de los miembros de la federación CATFAC (sección catalana de la Federación de Asociaciones de Cannabis), que se resisten al cambio hacia la adaptación y abogan abiertamente por algunas decisiones que consideran injustas para ser desobedecidas. Para estas asociaciones, sus Códigos de Buenas Prácticas, aceptados por las instituciones en ciertos casos, siguen siendo una referencia válida. El debate aún está abierto y la AEC tendrá una asamblea general en enero para decidir sobre la estrategia a seguir.

La Corte Suprema ya no quiere condenar

Al mismo tiempo que las asociaciones intentaban adaptarse a la nueva realidad, la Corte Suprema continuó dictando sentencias contra los clubes de cannabis. Lo más llamativo es que después de la severa sentencia del veredicto contra Pannagh, nadie más ha sido condenado nuevamente por estar a cargo de un club. Es como si el disparo de advertencia ya hubiera sido disparado y que no se necesitara más sangre. El argumento del “error de derecho” -es decir, la posibilidad de que los acusados ​​desconocen que cometieron un delito debido a la ambigüedad jurídica- fue utilizado para lograr una absolución, como en el caso del club La María de Gracia, o devolver el caso a la Audiencia Provincial y dictar una nueva sentencia, como sucedió con la Línea Verde.

La sentencia del club La María de Gracia fue aprobada por la Sala de la Corte Suprema, que en su mayoría estaba constituida por magistrados que votaron en contra de la condena de Ebers. La división entre los jueces, por lo tanto, parece ser clara. De hecho, se ha llamado la atención sobre el hecho de que en ciertas frases de los últimos juicios hay declaraciones que parecen estar dirigidas a apoyar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Es como si ciertos jueces de la Corte Suprema no estuvieran claros acerca de las cosas y quisieran que alguien más arriba los aclarara.

Pequeño es hermoso (y legal)

Mientras que la Corte Suprema continuó dictando nuevas sentencias sobre los clubes de cannabis, las tres primeras sentencias (es decir, en Ebers, Three Monkeys y Pannagh) ya estaban siendo aplicadas por los diferentes tribunales de menor rango. El resultado de su aplicación muestra claramente dos tendencias distintas: castigos duros para los principales clubes utilizados como frente y una retirada de la acusación en el caso de las asociaciones más pequeñas.

Entre los principales clubes, el caso más destacado ha sido el de La Mesa de Barcelona. La policía incautó alrededor de 2.400 plantas de cannabis e investigó la asociación. Los fundadores, dos ciudadanos holandeses, fueron acusados ​​de tráfico de drogas y asociación ilícita. Ningún diputado declaró exonerar a los administradores y este hecho, junto con otras circunstancias, llevó a la Corte de Barcelona a sentenciarlos a cinco años de prisión cada uno (en este caso, tendrán que cumplir ese tiempo porque la sentencia es de más de dos años ) Por usar la asociación, que carecía de “actividad asociativa regular”, como una “simple cortina de humo” para el blanqueo de las actividades de tráfico. En otras palabras, tener una asociación registrada no es suficiente; Usted también tiene que demostrar que funciona como tal.

En el extremo opuesto, tenemos asociaciones que, después de haber sido investigadas, pueden continuar sus actividades. En el País Vasco, el histórico Atxurra consiguió que un caso en su contra desapareciera al demostrar que eran una verdadera asociación, el pequeño número de miembros y la proporción entre el número de miembros y las plantas cultivadas para ellos. Hubo otro caso similar en Galicia, cuando un caso presentado contra una asociación de 36 miembros se cerró en el entendimiento de que encaja dentro de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También se han producido casos similares en Valencia y Baleares.

Otro caso interesante es el de La Cannameña, en Extremadura, que fue investigado cuando presentó sus estatutos para su registro. La Cannameña demostró que sus estatutos mencionan abiertamente el cultivo del cannabis para sus miembros. Tras la investigación de la policía y del Ministerio Público, se les permitió registrarse y operar de acuerdo con los mismos estatutos, incluso en los casos en que se hablara de cultivo. En otras palabras, el Ministerio Público considera que el cultivo de cannabis en el marco de una asociación de unas pocas decenas de miembros es legal y les autoriza a continuar sus actividades, estableciendo así un precedente histórico.

Podría decirse que mientras la Corte Suprema ha cerrado una gran puerta, intencionalmente o no, a su vez, abrió una puerta más pequeña. Los grandes clubes con miles de miembros y una estructura comercial parecen condenados a desaparecer y, si bien todavía hay unos pocos abiertos, parece ser sólo cuestión de tiempo antes de cerrar sus puertas a medida que la policía investiga.

Por otro lado, tenemos los pequeños clubes que son horizontales y participativos en la naturaleza – es decir, los más cercanos a la idea del club de cannabis original. Estos clubes van a poder continuar, aunque en el corto plazo es más probable que algunos todavía serán acosados ​​y presurizados por la policía. Mientras tanto, si la línea de interpretación abierta con Atxurra o La Cannameña se convierte en práctica común, los pequeños colectivos de cultivo tienen un futuro prometedor. Si logran tener su derecho a crecer, se salvaguardarán contra posibles convicciones futuras y será posible continuar abriendo los clubes de cannabis en España. Aunque no serán tan grandes o tan elegantes como los clubes comerciales que crecieron entre 2010 y 2015, permitirán que miles de personas se abastezcan de cannabis fuera del mercado negro. Puede ser cierto que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Otros clubes tendrán que adelgazar sustancialmente para poder pasar por esa puerta recién abierta, pero esto es una buena noticia en un país donde el modelo de CSC está desesperadamente hinchado.

Por Martin Barriuso

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¿Por qué CCS?

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Su sistema se ha adaptado para maximizar el funcionamiento del día a día de un club, cubriendo todas las áreas de la gestión de socios, detalles de la dispensación, seguimiento de productos y financiero, así como de análisis predictivo, las funciones principales de redes sociales y mucho, mucho más.

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Como seguramente sabe ya todo el mundo, el 7 de septiembre del año pasado el Tribunal Supremo publicó la sentencia 484/2015 por la que se condena al presidente, secretario y tesorero del club cannábico EBERS a ocho meses de prisión y multa de 5000 euros por un delito contra la salud pública.

En esta resolución que cuenta con tres votos particulares en contra y que consta de 94 páginas, el tribunal deja sentadas las condiciones que deben darse para que en casos similares pueda condenarse a los responsables de asociaciones cannábicas.

Sea o no sea legal el consumo de marihuana, o de cualquier otra substancia prohibida, no es delito en España y si no es delito nadie puede ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.

En lo relativo al cultivo, es cierto que el artículo 368 del Código Penal lo tipifica como delictivo pero si uno puede consumir pero no comprar, ni mucho menos vender, es obvio que ha de poder cultivar lo que consume y así lo ha ido interpretando la jurisprudencia, incluida la resolución que comentamos, desde hace mas de veinte años. Hasta el momento, las asociaciones cannabicas, han encontrado una cierta cobertura legal en base a estos preceptos. Ya que puede cultivarse lo que se consume no tiene porque haber tampoco ningún impedimento para que un grupo de personas se organice de forma colectiva para compartir los gastos y tareas del cultivo y repartir el producto obtenido.

Pero ahora, el supremo ha considerado que el club Ebers rebasaba estos criterios. Textualmente:

“La magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidores o usuarios de la sustancia, así como de controlar el destino que pudieran dar al cannabis sus receptores.”

A falta de la reclamada legalización total, o al menos de una legislación penal clara, tenemos que conformarnos a día de hoy con interpretaciones judiciales que no son claras en absoluto y que generan una grave inseguridad jurídica a la población. Porque, ¿que es un número reducido de socios? ¿que es una cantidad mínima de marihuana? ¿que significa un circulo cerrado e íntimo de consumidores?

No obstante y después de analizada esta sentencia y otras similares hay una serie de precauciones que las asociaciones pueden adoptar preventivamente, para dificultar y desmontar lo máximo posible los argumentos principales que utilizan jueces y fiscales para criminalizar a los grupos de consumidores.

Al menos de forma general y documentalmente, ya que cada asociación tiene su funcionamiento y sus particularidades, creo que es importante dejar constancia de lo siguiente:

A ser posible en los estatutos, manifestar que la asociación es, en principio, un grupo cerrado de conocidos que no tiene en principio ninguna voluntad de expandirse. Para ello se pueden establecer ciertas dificultades de acceso como un periodo de espera o la recomendación y aval de otros socios.

Dejar constancia escrita de que se identifica siempre a los socios mediante su DNI y que nadie ajeno a la entidad puede acceder al local.

Que se proporciona una cantidad mínima de marihuana para su consumo inmediato, estando prohibido llevarse nada a casa.

Hacer firmar a los socios un documento en el que declaren ser consumidores habituales (eso no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos)

Que todo el mundo participa en las tareas de cultivo y obtención de la marihuana.

Que no puede consumirse fuera del local de la asociación.

Evitar la publicidad excesiva, en el sentido de captación de socios.

Todo ello, hoy por hoy no garantiza nada porque no hay una legislación clara, pero al menos puede sentar las bases para una buena defensa en caso de imputación judicial.

Para terminar desdramatizando un poco la situación, señalar que el artículo 80 del Código Penal prevé la suspensión de las penas de cárcel inferiores a dos años en la primera condena. Es decir que una pena de ocho meses no tiene porqué significar el ingreso en prisión.

David Toses, abogado

david.toses@icam.net

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El Tribunal Supremo de España condena a cuatro miembros de Pannagh a penas de cárcel en una sentencia plagada de errores y contradicciones.
Además de las condenas de cárcel, impone multas de 250.000 euros, a pesar de considerar probado que no hubo enriquecimiento.
Frente a la acusación de “ocultar sus verdaderos fines”, los miembros de Pannagh recuerdan que cuentan con varios precedentes judiciales favorables y que han acudido a diversas instituciones públicas.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que absolvió a los miembros de Pannagh del delito de tráfico de drogas. Ahora, el Supremo los condena a penas de un año y ocho meses de cárcel y multas de 250.000 euros para el presidente y la secretaria, y de seis meses y un día en el caso de los dos socios que trabajaban en el envasado de la cosecha. El tesorero ha sido absuelto por una omisión de la Audiencia.

Para condenar a los otros cuatro acusados, los miembros del Supremo se basan en una argumentación plagada de errores y contradicciones flagrantes, y que además prescinde de datos fundamentales aportados a la causa y que son relevantes para la defensa. En opinión de Pannagh, se trata claramente de una sentencia política, destinada a desmantelar el movimiento asociativo cannábico, y basada en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el estado español.

Se dice que los condenados actuaron “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos”, olvidando el hecho de que las actividades de Pannagh ya fueron consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 (Auto nº 218/06) y por la de Álava en 2012 (Auto nº 377/12), habiendo sido en ambos casos devuelta la marihuana incautada. Por tanto, los hoy condenados no tenían una “infundada esperanza”, sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva.

También se dice que hubo “ocultación de los fines reales de la asociación” e “indiferencia” ante la posible ilegalidad. Se ignoran así las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento Vasco, que entre otras cosas dieron lugar a la creación de una ponencia parlamentaria en éste último, a pesar de que tanto estas iniciativas como los autos de las Audiencias Provinciales constan en las diligencias practicadas durante la fase de instrucción y en las alegaciones presentadas por la defensa en la fase de recurso.

La nueva sentencia se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona. La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas. Lo más llamativo es que los verdaderos fines de Pannagh se detallan en los antecedentes de la sentencia y se puede ver claramente que en absoluto coinciden con lo que se dice luego en los fundamentos.

Este tipo de errores se repiten en varios puntos más, con el resultado de que el relato de los hechos queda seriamente alterado. Al tratarse de un recurso de casación, la nueva sentencia debe basarse en una nueva valoración jurídica de los hechos que se consideraron probados en la sentencia recurrida, hechos que no pueden modificarse. Sin embargo, los cambios introducidos son numerosos, decisivos y, sobre todo, contrarios a Derecho, lo que vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías. Además, se han introducido nuevas pruebas sin que haya habido una vista donde las partes puedan contrastarlas. Se condena a los miembros de Pannagh en base a, entre otras cosas, lo que se supone que sabían o a sus supuestas intenciones, cuestión que no se planteó en el juicio, y sobre la que el Supremo no ha oído a los acusados antes de condenarles, como exige la ley.

Como ejemplo de esas contradicciones, la sentencia del Tribunal Supremo habla de “falta de control y de los demás elementos exigidos jurisprudencialmente para los supuestos de atipicidad del pretendido consumo compartido”, mientras que la sentencia de la Audiencia Provincial dice que se “evidencia un control de la entrega de las sustancias y de la persona a quien se realizaba la entrega”, y que hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entregan la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondían con la previsión de consumo del socio participe, control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un cultivo compartido”.

Otra contradicción llamativa se refiere a que entre los hechos probados en la sentencia de la Audiencia (que, recordemos, el Supremo no puede alterar) se dice que “se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, y que la sustancia producida “estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de Asociación y el acuerdo de los socios”. Incluso la fiscalía, en su recurso, reconoce que “la Asociación Pannagh puso en funcionamiento un sistema de cultivo de cannabis”. Sin embargo, asombrosamente, la sentencia del Supremo afirma rotundamente que “un reducido núcleo de personas organiza, y dirige la estructura asociativa; disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo,… y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”. Con esto se falta al exigido respeto a los hechos probados, que, como se ha visto, dicen lo contrario: Fue la asociación Pannagh, que no es un “grupo indiscriminado” sino una entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados, quien decidió crear tales estructuras y contrató a los ahora condenados para que las llevaran a cabo en calidad de empleados.

Los condenados han anunciado su intención de presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, previo al recurso de amparo ante el Constitucional, ya que consideran que, entre otras cosas, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario. Los miembros de Pannagh van a convocar en los próximos días una rueda de prensa junto con representantes del movimiento asociativo cannábico para valorar la sentencia y anunciar las iniciativas que piensan llevar a cabo para denunciar este atropello.

La asociación Pannagh quiere denunciar que se haya castigado a varios trabajadores de la asociación por actividades que, como se demostró en el juicio y así consta en la sentencia revocada, fueron iniciativa y responsabilidad de todos los miembros de Pannagh, conforme a sus estatutos y mediante acuerdo asambleario. Se ha acusado a cinco socios de asociación ilícita para luego descartar esta acusación, pero al final el Supremo ha ordenado el decomiso del dinero de las cuentas de Pannagh como si la asociación hubiese sido una mera pantalla de los acusados para cometer delitos, cuando en los hechos probados se afirma lo contrario.

Finalmente, desde Pannagh animamos a seguir luchando por un cambio en las políticas de drogas que acabe con la injusta situación actual, y a seguir impulsando el esperanzador debate sobre la regulación del cannabis que se está produciendo en buena parte del mundo, al que Pannagh ha tratado de contribuir desde su fundación en 2003.

 

Bilbao, 28 de diciembre de 2015

Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh

pannagh2015@gmail.com

 

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La demanda de un marco jurídico para el consumo y plantación legal resonó el sabado en el encuentro informativo convocado por la recién creada Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias. Solo en Fuerteventura, se localizan cinco del casi centenar de clubes que ofrecen un consumo seguro a su asociados.
La inseguridad jurídica pende sobre el casi centenar de asociaciones de cannabis de Canarias. «No tenemos un marco jurídico que nos regule qué actividad y de qué manera podemos hacerlo», resume Narest Díaz, de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias  que ayer celebró un encuentro en El Castillo.

Esta federación es de reciente creación, de hecho apenas solo tiene un mes de andadura, y acoge a nueve asociaciones, más cinco que están pendiente de entrar. En toda Canarias, existe casi un centenar de estos colectivos, según Narest Díaz, que pertenece a Hierbania, con sede en El Castillo. Díaz establece una media de unos 150 socios por colectivo, «lo que sumamos mucha gente que quiere consumir y cultivar cannabis sin trabas legales y sin estar expuestos a multas».

Entre este centenar de clubes a nivel regional, se encuentran las cinco de Fuerteventura que se reparten entre Corralejo, dos en Puerto del Rosario, El Castillo y Gran Tarajal. Aquí y allá, el problema es el mismo: «la Guardia Civil viene, nos ve las cuatro plantas que tenemos y nos las quitan, acusándonos de traficantes de droga y de un delito contra la salud pública cuando nosotros solo estamos ejerciendo nuestro derecho al autocultivo y al autoconsumo».
Contra el consumo ilegal. Frente a esta inseguridad jurídica, la federación demanda además un lugar donde la gente pueda consumirla sabiendo de donde procede «no que venga de la calle, sin saber de dónde ha salido, ni cómo se ha hecho, ni qué tipo de manipulación tiene». La última actuación contra las plantaciones de los clubes de Fuerteventura data de octubre y afectó al cultivo de un club de Puerto del Rosario, «al que están haciendo bastante daño».

El marco jurídico de estos colectivos cambió a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo  que resolvió el recurso de la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers de Bilbao en relación al cultivo y consumo compartido de cannabis, estableciendo que los clubes de cannabis son ilegales por su actividad de cultivo y fomento del consumo de droga. Esta sentencia rompió con más de 20 años de un desarrollo legal de la actividad de estos colectivos en todo el país,  que acabó de rematar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza.

Para buscar soluciones a este y otros problemas del consumo legal del cannabis, la federación canaria convocó a instituciones y políticos a una cita a la que el sábado solo acudió la parlamentaria Nereida Calero, de Coalición Canaria.

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El Tribunal Supremo español condenó hace unos días a los responsables de un club o asociación de cannabis con 290 miembros. También señaló que el cultivo destinado para un reducido grupo de miembros carecía de relevancia penal.

En tribunal Supremo hace unos años amparó a asociaciones de cannabis bajo la doctrina de consumo compartido, pero, con esta última sentencia al club vasco Ebers, deja muy claro que en este concepto de consumo compartido no todo vale y fija unos limites de como deben ser estas asociaciones o clubs.
El alto tribunal con su resolución deja abierta lo que podría interpretarse como una llamada a los dirigentes a una regulación más aclaratoria para todas las partes.

En estos últimos tiempos han proliferado en España clubs de consumidores de cannabis que en un principio eran pequeñas asociaciones de consumidores que tenían cultivos compartidos para su uso exclusivo. En la actualidad, esa idea inicial también ha llevado a la creación de grandes clubes con grandes cantidades de asociados que en algunos casos han llegado a miles y en algunos casos no suministrando bajo demanda sino a discreción.

El mismo Tribunal Supremo en sentencias anteriores los amparaba bajo la figura del autoconsumo, con esta última sentencia al club Ebers, ha considerado que se excede de aquella filosofía del grupo de conocidos que conjuntamente consumen cannabis. El tribunal considera que la asociación (290 miembros) y su estructura (distribución organizada, permanencia en el tiempo, abierto a nuevas incorporaciones y que permitía a sus miembros hacer acopio de casi 400 gramos de cannabis) “excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente“.

La sentencia por su parte, tampoco admite que todos los clubes de fumadores sean ilegales. El texto de la sentencia sostiene que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones“. La sentencia ,según la interpretación de estas asociaciones de marihuana, como no fija qué tamaño del club sería delictivo y cuál no, establece que habría que observar cada asociación “caso a caso”.

La  Federación de Asociaciones Cannábicas de España y la plataforma por una Regulación Responsable  consideran esta sentencia del alto Tribunal como un ataque al asociacionismo de los consumidores de cannabis, aunque aseguran que ellos impulsan otro tipo de clubs con otras características en España. “Frente a este modelo existe un consenso hacia otros tipos de asociación con unos límites más razonables de los que tenía esta asociación”, expone Ramón Morcillo, portavoz de Regulación Responsable. Morcillo explica que según su modelo “es impensable que en pro de un consumo responsable un socio pueda retirar el consumo de medio año de una vez”, algo que sí sucedía en Ebers.

David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (FAC), admite que “no todos los clubes son iguales ni cumplen la función del consumo compartido“, y explica que “el modelo más extendido es el de una pequeña asociación o club cerrado más o menos estable, donde no hay retribución económica y todas sus decisiones se toman en asambleas”. Frente al, digamos, modelo Ebers, Rabé afirma que “no queremos seguir ese modelo“, y reivindica “el modelo de activismo, plural, en el que los socios llevan la gestión del club” y aboga por “el cultivo colectivo frente a la compra mancomunada”. De alguna manera, el que señala el Supremo que “puede carecer de relevancia penal”.

El tribunal señala en la sentencia que a pequeña escala y que la actividad del club se realice en un lugar cerrado sin publicidad u ostentación pueden ser indicadores de asociaciones que no incurran en el delito penal.  La noticia ampliada aquí

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Los clubes sociales de cannabis: la producción sin venta al por menor

Los Cannabis Clubes Sociales funcionan bajo el principio de que, si una persona no va a ser procesada por el cultivar una planta de cannabis en privado para su propio uso, entonces, 20 personas no deberían ser procesadas ​​por cultivar 20 plantas agrupadas en privado para el propio uso de sus cultivadores.

Es evidente que este concepto no está exento de problemas. Establecer lo que se constituye como producción ‘compartida’, por ejemplo, es problemático y está es la cuestión general de cómo estas actividades se pueden distinguir legalmente de los delitos de suministro.

En toda la UE, los mismos delitos de drogas tienen diversas definiciones legales, pero por lo general son por el traspaso de drogas entre personas y también algunos criterios por cantidad pueden ser aplicados. En respuesta, los clubes sociales de cannabis han tratado de establecer normas de funcionamiento con el fin de evitar cargos a las personas por suministro de drogas o por alentar el uso de drogas.

Por ejemplo, el grupo de defensa de Encod (ha propuesto que los clubes deben funcionar como un convenio colectivo, con un registro de miembros, con los costos calculados para reflejar el consumo individual esperado y por la cantidad producida además de limitada por persona y destinada al consumo de inmediato.

Los clubes deben estar cerrados al público y los nuevos miembros deben establecer por invitación a los consumidores de cannabis que sean aceptados. Este modelo, aunque promovido por activistas en Bélgica, Francia, España y Alemania, no obstante, no es tolerado por las autoridades nacionales en cualquier país europeo.

Esto significa que los Clubes de Cannabis Sociales son propensos a ser objeto de sanciones legales que deben ser identificadas o en el mejor de los casos pueden operar en un área legal gris. En la actualidad, es difícil saber en qué medida existen estos clubes sociales en Europa, aunque los que lo hacen parecen ser raros.

La ciudad de Utrecht en los Países Bajos anunció un proyecto para desarrollar un club de este tipo, pero el proyecto aún no ha sido implementado. Algunos clubes informan que están operando en forma limitada en algunas regiones españolas, aprovechando el hecho de que, aunque la producción, la oferta y la posesión personal de cannabis en público están prohibidos por la ley española, la posesión en espacios privados no se penaliza.

La posición jurídica sobre el consumo compartido es más complicado, sin embargo, puede proporcionar restringidas posibilidades a algunas formas de consumo compartido y que pueden ser toleradas legalmente para usuarios de drogas con experiencia. La medida en que los clubes sociales de cannabis cumplen estos criterios no están claras.

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En Barcelona el Ayuntamiento aprobó una instrucción para limitar la salida de lo humos de los clubes de marihuana de la ciudad, ya que éste implica una situación de riesgo para la salud publica y que el consistorio municipal quiere controlar y atajar. Este primer paso debe ser corregido antes de preparar y elaborar una regulación para los clubes y asociaciones.

El documento establece los limites de las emisiones del humo de cannabis por parte de estos clubes, ya que tienen compuestos tóxicos y psicotropicos además de olores.
Según el escrito, las emisiones que superen los umbrales calculados en la instrucción se podrán estimar como riesgo para la salud de los ciudadanos, por lo que se establecerán “medidas correctivas que se estimen convenientes” para poner fin a esta situación.

El gerente de Hàbitat Urbà del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Civit, firmó el mes de Enero pasado el preámbulo de la instrucción que recogía el dato de la instalación en la ciudad de asociaciones de cannabis y que en las cuales, se ponía a disposición de sus asociados y dentro de sus locales cannabis para consumo privado . Aunque la actividad es legal en la ciudad Condal, este tipo de clubes de consumidores de marihuana producen y emiten humos que pueden ser molestos para el resto de ciudadanos.

Las malas salidas de humo de los clubes ha sido uno de los motivos más importantes y graves por los cuales muchos clubes o asociaciones han tenido problemas legales con las inspecciones de sus instalaciones, además de otras.

Se ha aprobado dotar a los clubes de cannabis de unas normas a las que ajustarse de medidas y análisis, “en el procedimiento de legalización y control de las asociaciones cannábicas”. La regulación de las salidas de humos de estas sedes cannabicas se enmarcaran dentro de Ordenanza Municipal

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Uruguay abrió este viernes el registro de clubes para el cultivo de marihuana como parte del programa del gobierno para legalizar la producción y venta de cannabis. A estos grupos se les permitirá plantar un máximo de 99 plantas anuales.

El gobierno del izquierdista Jose Mujica legalizó la producción de marihuana a pequeña escala a principios de año y se espera que su venta legal comience a finales de año.

El gobierno uruguayo activó un registro de los clubes de membresía para el cultivo de marihuana, en medio de una campaña electoral que deja dudas sobre la continuidad de esa iniciativa, que busca debilitar al narcotráfico mediante la regulación de la plantación y venta de la cannabis.

La legislación está promovida por el presidente Mujica, quien argumenta que el control estatal de la producción de marihuana puede debilitar y desarmar el comercio ilegal de drogas que perjudica las vidas de muchos latinoamericanos.

Con el registro activo podrán regularizarse clubes de entre 15 y 45 personas y un máximo de 99 plantas, cuya producción anual por usuario no supere los 480 gramos, informó en su página web el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Las instalaciones para el cultivo deberán ubicarse a una distancia mínima de 150 metros de los centros educativos y de rehabilitación de drogas, así como disponer de un sistema de seguridad.

Según el IRCCA, unos seis clubes ya estarían en condiciones de integrar la nómina y recibir la habilitación.

La habilitación del registro para los clubes se suma al de autocultivadores, operativo desde agosto y que ya cuenta con unos 600 usuarios. En Uruguay, unas 150.000 personas consumen cannabis de forma frecuente.

La venta en farmacias a un dólar por gramo, prevista para fin de año, se encuentra demorada porque aún no se han otorgado las licencias de cultivo a los productores privados.

Un club social de cannabis o asociación de consumidores de cannabis es un tipo de asociación civil concebida para la producción y distribución de cannabis y sus derivados. Las cantidades varían aunque generalmente se produce lo suficiente para abastecer a los miembros y evitar que recurran a terceras personas; lo cual sería considerado tráfico ilegal.

Los clubes en la nueva legislación uruguaya no están limitados al uso terapéutico, pudiendo un adulto acceder a un club para practicar el uso recreativo del cannabis.

La regulación de la marihuana, cuya puesta en marcha tiene atentos a varios países del mundo, es un tema que despierta reparos en los dos candidatos presidenciales que irán a una segunda vuelta electoral el último domingo de noviembre.

Mientras el opositor de centro Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, ha dicho que derogará la ley menos el autocultivo y los clubes, el oficialista de izquierda Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, ha señalado que vigilará de cerca su puesta en marcha y que está dispuesto a realizar los cambios necesarios.

Requisitos para registrar un club.

-El club deberá presentar, según informa el Ircca: Testimonio notarial de estatutos debidamente aprobados y autorizados por el Poder Ejecutivo – Ministerio de Educación y Cultura.

-Copia fiel del acta donde figuran todos los datos de los miembros fundadores del Club.

-Constancia de domicilio o factura de servicio público a nombre de la Asociación Civil.

-Documentación acreditante de la calidad de propietario, arrendatario, poseedor o de cualquier otro título en virtud del cual la Asociación Civil se encuentre autorizada a ocupar como su sede el inmueble donde se realizará el cultivo.

-Un plan de cultivo que desarrolle los aspectos técnicos y de seguridad del desarrollo de la plantación. (en la web estará disponible una guía para la confección del plan).

-Un plan de distribución de cannabis entre los miembros del Club. Fuente

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La ley promulgada en Uruguay a fines de 2013 regula la producción y venta de marihuana y establece tres formas en las que un consumidor puede acceder a esta hierba: autocultivo doméstico (cada persona podrá tener hasta seis plantas o una producción de hasta 480 gramos), venta mediante el sistema de farmacias, (cultivo en manos del Estado a US$ 1 el gramo) o clubes de membresía (que podrán tener de 15 a 45 socios y un máximo de 99 plantas).

En todos estos casos los usuarios no podrán adquirir más de 40 gramos por mes, ni más de 10 gramos por semana. Quienes sean consumidores deberán registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), cuyo banco de datos no se hará público. Todas las alternativas estipuladas por la nueva legislación son excluyentes entre sí. Es decir, sólo se podrá adquirir el producto mediante una única vía contemplada.

Emilia Pérez y Diego Pieri son integrantes de Proderechos, una organización civil sin fines de lucro que promueve el trabajo social en áreas en las que se vulneran los derechos de las minorías. Además de esa tarea, ambos comparten otro interés: conformaron uno de los primeros clubes de membresía que comenzará a funcionar antes de fin de año.

“Se trata de un espacio en el que los socios podrán compartir experiencias y conocer mejor los usos y las propiedades que posee el cannabis, así como el actual marco legal que nos regula”, afirma Pérez, vocera del club Cultivando la Libertad Uruguay Crece (CLUC).

Quienes aspiren a conformar un club deberán primero presentarse ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para abrir una asociación civil y, con el trámite iniciado recién podrán dirigirse al IRCCA, que está en funciones pero aún no recibe registros. Los clubes deberán funcionar en una sede fija donde se centralice todo su cultivo. Para hacerse miembros, los usuarios deberán registrarse previamente ante el organismo regulador, ser mayores de 18 años y residentes legales en Uruguay.

Diego Pieri, presidente de CLUC -cargo que asegura es simbólico-, hace hincapié en que a partir de ahora se podrá acceder a un producto de mejor calidad y que, al estar todos los usuarios registrados, se podrá detectar problemas de adicción mucho más rápido para poder ser tratados debidamente.

“No se pretende fomentar el consumo, de hecho se trata de todo lo contrario. Al ser obligatorio el registro para poder acceder a la marihuana, se podrá detectar problemas de adicción a tiempo y, paralelamente, se le quitará el negocio al mercado negro, evitando que los usuarios corran un riesgo mayor yendo a buscar la droga a lugares inseguros”. “Uno de los pilares fundamentales que atraviesa a esta innovadora legislación integral es la seguridad para los consumidores”, remata Pieri. Fuente