Los pasos que vienen en la vía verde del Presidente uruguayo Mujica

Los pasos que vienen en la vía verde del Presidente uruguayo Mujica

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1844247_300Uruguay.- Julio Calzada, uno de los cerebros de la propuesta para entregar al Estado el control de la marihuana, y algunos de los principales críticos de la iniciativa, hablaron con Reportajes sobre cómo Uruguay se prepara, no sólo para legalizar el consumo, sino también crear un verdadero mercado fiscal de la droga.

Por Esteban González y Luis Concha. Durante la última semana, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, Julio Calzada, junto al diputado Julio Bango (miembro del partido oficialista Frente Amplio), visitaron en Estados Unidos algunos dispensarios de marihuana como el Harborside Health Center de California, la tienda más grande del Estado, que vende el gramo de cannabis entre 8 y 16 dólares, dependiendo de la variedad de la flor.

Además, las autoridades recorrieron centros de cultivo, producción y laboratorios que certifican la calidad y la cantidad de Tetrahidrocannabinol (THC, el principal elemento psicoactivo de la planta) que posee la marihuana que se pondrá a la venta. En todo el recorrido estuvieron acompañados por Hannah Hetzer, miembro de la ONG norteamericana Drug Policy Alliance, que durante los últimos nueve meses ha asesorado al gobierno y a grupos de la sociedad civil uruguaya que apoyan la legalización de la droga.

De regreso en Montevideo tras su paso por EE.UU. donde monitoreó en Colorado y California -estados donde se permite el cultivo y la venta de marihuana-, ideas y modelos de producción, Julio Calzada, quien ha sido el rostro más visible del proyecto del gobierno que entrega al Estado la regulación de la producción y comercialización de la marihuana, conversó con Reportajes sobre el inédito cuerpo legal que actualmente tiene los ojos del mundo puestos en Uruguay.

“Entiendo que se va a votar en el Senado en los próximos 15 días. El proyecto establece las reglas generales de funcionamiento del sistema”, dice Calzada sobre el trámite legal de la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes.

En Uruguay, la aprobación del texto en la Cámara Alta se da por hecho. En efecto, según Calzada, “el proyecto tiene los votos para ser aprobado”, en relación a que según el recuento gubernamental, el documento ya cuenta con los 16 votos necesarios (de 31) para transformarse en ley.

Pero en el país oriental también existen dudas sobre la medida impulsada por el Presidente José Mujica para combatir el narcotráfico. Las encuestas indican que un 60% de la población está en contra de la ley, que podría estar en ejecución a mediados de 2014.

Los principales cuestionamientos apuntan a si la venta regulada detendrá el tráfico que sólo en marihuana alcanza los US$ 30 mil millones anuales. Otra duda es si el Estado tendrá la capacidad de regular el cultivo y la venta de la droga, para evitar el “turismo de cannabis” y la exportación ilegal. Además, algunos actores de los opositores Partido Colorado y Partido Nacional han acusado que Uruguay se convertiría en un “conejillo de Indias” de grupos extranjeros pro cannabis.

La regulación que abre la puerta

El proyecto de legalización de la marihuana que fue anunciado por el gobierno oriental a mediados de 2012 no estaba en el programa de gobierno de Mujica. La idea, aseguran las autoridades, busca proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, el que de acuerdo con cifras oficiales, en los meses previos al anuncio había crecido. Con los recursos de la venta, dicen, se potenciará la red pública de rehabilitación. “La lucha contra el narcotráfico es la peor empresa del mundo”, señaló Mujica, fustigando la guerra contra la droga liderada por Estados Unidos.

En Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, el 20% de la población entre los 15 y los 65 años consumió marihuana alguna vez en su vida y el 8,3% lo hizo en el último año, según cifras de la Junta Nacional de Drogas.

“De toda la droga que las personas compran en este país, un 80% es marihuana”, explica Sebastián Aguiar, vocero de Regulación Responsable, organización uruguaya que durante los últimos meses -con fondos aportados por el magnate húngaro-estadounidense George Soros- ha desplegado una fuerte campaña en televisión con artistas que apoyan la iniciativa de Mujica.

El proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Representantes por 50 votos a favor y 46 en contra, modifica la actual ley de drogas de 1974, que al igual que en Chile, no penaliza el consumo, pero sí el cultivo, el traslado y la venta de la marihuana. El resto de la regulación se fijará en un reglamento que todavía no es conocido.

De aprobarse la ley, el Estado uruguayo creará el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), el que estará a cargo de la actividad. El IRCCA llevará un registro privado, en el que deberán inscribirse todos los uruguayos que quieran cultivar cannabis para su consumo personal y todos quienes quieran comprarla en farmacias.

El mismo instituto será el encargado de licitar a privados el cultivo y la producción de la hierba y de entregar las licencias a las farmacias que la venderán. “La ley establece hasta 40 gramos mensuales para uso recreativo y deja abierta la posibilidad que sean más para uso medicinal”, detalla Calzada, quien además es el principal candidato a dirigir el IRCCA.

Pero, además, los consumidores tendrán otra opción: los clubes de membresía. En ellos, un grupo de entre 15 y 45 personas podrán tener sus propios cultivos para el consumo compartido. Junto con ello, también se abre el espacio para el cultivo del cáñamo (planta de marihuana con menos de un 1% de THC) generalmente utilizado en la industria textil.

La posibilidad de abrir la plantación comercial en Uruguay ha despertado el apetito de empresas extranjeras especializadas. Sin dar mayores detalles, Calzada plantea que hay más empresas interesadas que las licencias que el Estado uruguayo pretende entregar.

Pero de acuerdo con lo que ha trascendido, el gobierno optaría por pequeños productores locales para el cultivo regulado, replicando el modelo que hoy se utiliza en la producción local de leche con tarifas reguladas. “Se le van a autorizar tanta cantidad de plantas y lo que se le va a pagar es la cantidad de marihuana, los kilos que produzca, ahí lo que se paga es la eficiencia del productor. Si uno produce 100 kilos, va a tener una remuneración, si produce 60 va a tener otra”, apunta Calzada.

girl-in-weedEn el intertanto y a la espera de la aprobación, según Sebastián Aguiar, de Regulación Responsable, “existen pequeños cultivos de prueba para ver qué variedades se adaptan y desarrollan mejor en nuestros suelos”.

Dificultades del proceso

“Ya hay mucha gente en Uruguay que se está preparando para la ley y están plantando en sus casas. La ley ha generado una confusión acompañada de una campaña de publicidad muy fuerte a favor de la legalización”, indica Richard Sander, diputado del Partido Colorado y uno de los principales opositores al proyecto. Junto a eso, según diarios uruguayos, en las últimas semanas ha aumentado la venta de productos e insumos para plantar cannabis.

Tras la primera aprobación del proyecto, surgieron voces que pusieron en duda que el modelo logre reducir el narcotráfico. Uno de ellos fue Luis Rojas, jefe antidrogas de Paraguay, país de donde proviene la mayoría de la marihuana que se trafica en Uruguay. “Es temerario”, señaló.

Pero las autoridades apuestan a que la instalación de un sistema regulado pueda desarticular y competir con el narcotráfico por tres claves: calidad de la marihuana, condiciones de seguridad del comprador y competencia en el precio. “Vamos a competir con el precio, al mismo precio que esté en el mercado negro. Si está a un dólar lo pondremos a un dólar. Si está a dos dólares, lo pondremos a dos dólares. Y si está a 50 centavos, lo pondremos a 50 centavos”, detalla el jefe de la JND.

“No hay una pretensión de que con esto se va a eliminar el mercado negro. La idea es reducirlo al máximo, pero siempre va a existir”, detalla Hannah Hetzer, de la Drug Policy Alliance (DPA), quien estuvo en Santiago a fines de julio en un seminario de la Red de Chilena de Reducción de Daños.

Si bien la ley no permitirá la venta y el consumo a extranjeros, el desarrollo de un “turismo de cannabis” preocupa. “Se habla de 480 gramos de consumo máximo anual por persona, pero todos sabemos que las plantas si son bien cuidadas, pueden llegar a dar hasta un kilo de marihuana al año. ¿Cómo hace el gobierno para retirar ese excedente de cada casa?”, cuestiona el diputado Sander.

Entre las medidas que se han discutido para evitar la exportación ilegal, está dejar “marcadores genéticos” en la marihuana. De esa manera, se podrá determinar si la droga proviene o no de las plantaciones legales de Uruguay.

Además, los cerebros del proyecto, explican que también hay consideraciones políticas. “El mayor volumen de turismo que Uruguay tiene proviene de Argentina, de Brasil y en segundo lugar, de Chile y de Paraguay. Es muy claro que esos países tienen políticas diferentes en ese sentido y no tenemos interés de hacer acciones o tomar iniciativas que vayan en contraposición con eso”, aclara Calzada.

Por último, al interior de Uruguay también se ha puesto el foco en los intereses extranjeros que estarían impulsando la iniciativa. En su última gira a EE.UU., Mujica se reunió con los multimillonarios David Rockefeller y George Soros, quienes a través de fundaciones como la Open Society Fundation de Soros, apoyan la liberalización de la marihuana.

“El presidente habló que esto iba a ser un experimento y que si el experimento fallaba se iba a dar vuelta atrás. El gobierno no tiene la potestad de experimentar con nuestros niños y jóvenes”, critica el opositor Sander.

Pero Hetzer, de la DPA, niega cualquier intervención. “Decir que los extranjeros hemos impulsado esto, es olvidarse que los uruguayos llevan 10 años discutiéndolo”, asegura.

uruguayDesde el gobierno de Mujica tratan de poner paños fríos y aseguran que contarán con el apoyo de la Organización de Estados Americanos para conducir y evaluar el proceso. Los opositores, por su parte, están planteando la realización de un plebiscito en caso de que el Senado de luz verde a la ley.

“Es una política diseñada por uruguayos para uruguayos. Contrariamente a la idea de conejillos de Indias, nos sentimos protagonistas de la historia”, concluye Calzada.

Fuente LaTercera

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