En Argentina nace RESET, una suma de fuerzas para cambiar la política de drogas

Hace una década, la Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJN) resolvía por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), que reprime la tenencia de sustancias para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). El “Fallo Arriola”, como se conoce a la decisión de los magistrados, es el más célebre de los antecedente de respeto por las libertades individuales en un contexto de consumo.

Aquellos jueces se respaldaron en la figura de “tenencia para consumo personal” contenida en la actual ley de estupefacientes, que en este 2019 cumple treinta años de vigencia. “Se cumplen diez años de una sentencia desoída y 30 años de una ley anacrónica en nuestro país, un grupo de voluntades complementarias conformamos RESET, como organización interdisciplinaria e intergeneracional, aportando humildemente nuestro compromiso y militancia en la construcción de una política de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos”, dice el comunicado con el que se presenta esta ONG conformada por personas de todo el país.

Desde aquella declaración de inconstitucionalidad de 2009, se han presentado más de 25 proyectos de ley en el Congreso argentino, provenientes de las más diversas bancadas políticas. El objetivo sigue siendo modificar los alcances de una norma que ha quedado por demás anticuada. 

“Es una de las leyes más vetustas de la región y el mundo”, repasa RESET, “Su aplicación ha traído innumerables violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias y ha propiciado hechos de violencia institucional incompatibles con nuestra democracia. Su vigencia vulnera el derecho a la salud de quienes precisan atención sanitaria ante eventuales consumos problemáticos y no demandan asistencia ante el temor de ser criminalizados/as”. 

La presentación agrega que la norma “produce un dispendio irracional de los recursos de fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados al perseguir conductas insignificantes relacionadas al consumo. Cuantiosos presupuestos destinados a causas que en la mayoría de los casos no prosperan, precisamente por la insignificancia e inconstitucionalidad de los delitos que se pretenden reprimir. Todo ello en desmedro de la seguridad urbana en general y de la persecución de conductas de verdadera gravedad social relacionadas al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción institucional”.

RESET, la ONG que apoya el autocultivo

La ONG también recuerda que miles de personas aguardan acceder legalmente a sustancias con fines terapéuticos/medicinales, entre ellas el cannabis. “La ley 27.350 ha ignorado la principal demanda de esta población: el acceso democrático a la sustancia, incluyendo el autocultivo. Conducta que hoy en día se encuentra penalizada con sanciones absolutamente desproporcionadas e inhumanas (4 a 15 años de prisión), comparables, por ejemplo, con el delito de violación”, expresa. 

“La criminalización de conductas relacionadas al consumo conlleva a una sobrecarga de expedientes judiciales que versan sobre casos insignificantes y absurdos. Personas detenidas por tener pocos gramos de cannabis para su propio consumo por ejemplo”, cuenta a La Marihuana Mariano Fusero, uno de los integrantes de RESET. 

“A nivel de la justicia federal, alrededor del 50% de las causas en trámite tratan este tipo de casos, que la mayoría de las veces se archivan por aplicación del antecedente Arriola de la CSJN. Casos que únicamente sirven para el ejercicio de extorsión policial en la vía pública y engrosar estadísticas que simulen estar dando batalla al narcotráfico. Todo ello significa un dispendio de los recursos estatales en casos ridículos, en desmedro de  la utilización de los mismos en la persecución de delitos de mayor gravedad, como ser el tráfico a gran escala, corrupción institucional y lavado de activos”, agregó. 

Por último, Fusero opinó que “la criminalización de las personas que consumen, visto de esa forma, es funcional a la impunidad del crimen organizado y la connivencia policial y estatal. Y eso afecta a la seguridad de la población en su conjunto más allá del daño que produce a los usuarios y las usuarias”.

Por Rama

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