La aprobación de la medida M abre otro capítulo en la disputa citadina
La marihuana para uso medicinal ha regresado al ojo del huracán. Primero, la Procuraduría Municipal notificó a 141 dispensarios que debían cerrar cuanto antes para evitar consecuencias legales. Después, los votantes aprobaron un impuesto del 5% a la hierba adquirida en colectivos.
Ahora, el gobierno de Los Ángeles ha decidido apelar la decisión de un juez que ponía un candado a puntos claves de una ley que, sin frutos, ha intentado echarlos de la ciudad. Todo sucedió en tres días.”Nos oponemos a la medida M [el gravamen a la droga], más por razones prácticas”, señala Kris Hermes, vocero del grupo Americanos por un Acceso Seguro (ASA). “La ciudad está intentando poner sus problemas de presupuesto en las espaldas de los pacientes”, dijo.
La medida M, aprobada por los votantes el pasado martes, establecerá un gravamen del 5% a la venta de la marihuana con fines médicos, equivalente a un pago de 50 dólares por cada 1,000 dólares reportados por los dispensarios. Se calcula que ésto generaría un ingreso al municipio de entre 3 millones y 5 millones de dólares al año.
Distintas ciudades de California no han desaprovechado la oportunidad de equilibrar sus finanzas con las ganancias provientes de una droga que para el gobierno federal no ha dejado de ser ilegal.
Los opositores de la iniciativa, sin embargo, afirman que los colectivos operan como organizaciones sin fines de lucro y que sólo reciben un “reembolso” por la siembra y distribución de la hierba.
Hermes piensa que en respuesta a la medida M los dispensarios podrían elevar sus precios, lo cual obligaría a los pacientes de bajos ingresos tomar medidas extremas para adquirir la “medicina”.
“Van a ir a las calles, al mercado ilícito” donde, advirtió, la droga cuesta menos, pero carece de los efectos curativos que cada pacientes necesita. “Cada tipo de hierba tiene un efecto distinto en el cuerpo; ese es el beneficio de los dispensarios. En las calles tienen menos opciones”, indicó.
En teoría, los colectivos no deberían estar sujetos a pagar impuestos por ofrecer un servicio sin fines de lucro, pero Hermes explicó que para recibir este beneficio se deben registrar ante el gobierno federal, que es un trámite que éstos consideran de riesgo. “Sería como poner una bandera roja y decirles: ‘aquí estamos, ven por mí’”, explicó.
Un día antes que los votantes decidieran fijar un impuesto a la hierba, la Fiscalía de la ciudad envió una carta a aquellos locales que no se inscribieron para participar en un sorteo, método adoptado para elegir a los cien colectivos que sí podrán operar. El documento les pedía cerrar sus puertas.
Hace diez meses, la Procuraduría repartió advertencias a casi 440 dispensarios, pero el esfuerzo se vio interrumpido por una demanda que alegaba un intento ilegal de dejar sin la “medicina” a miles de pacientes. A finales de 2010, un juez limitó de manera temporal partes de la ordenanza, enfatizando que gran parte de los colectivos podrían volver a abrirsus puertas. En medio de un laberinto legal, el Concejo volvió a ver el surgimiento de colectivos por toda la ciudad.
Actualmente, la Oficina del Secretario de la ciudad revisa que 228 colectivos registrados cumplan con distintos requisitos, como operar desde el 14 de septiembre 2007.
Jenaro Batiz, vocero de la Procuraduría, explicó que el municipio apeló la decisión del juez para lograr ahora que se acaten sus recomendaciones a la ley original.
En noviembre, los usuarios de la droga recibieron dos golpes consecutivos: los votantes de California rechazaran la legalización de la marihuana para uso recreativo y los supervisores de los condados de Los Ángeles y Orange prohibieron la venta de la hierba con fines terapéuticos en áreas no incorporadas.
Un reporte del Sheriff de Los Ángeles afirma que el incremento de crímenes en ciertas áreas del condado está relacionado con la presencia de dispensarios.
Fuente LaOpinion
