La iniciativa del Ayuntamiento de Rasquera de ceder unos terrenos municipales para el cultivo de marihuana levantó los recelos de las autoridades políticas, judiciales y civiles, pero también abrió una puerta al debate.
Existen clubes de fumadores en Cataluña, plantaciones de cannabis y, en mayor o menor medida, se consume pero, hoy por hoy, el autocultivo se encuentra en un limbo legal. Esta actividad es legal, pero debe ser un juez quien, en última instancia, determines si se trata o no de cultivo para el autoconsumo.
Dada la situación creada en Rasquera –el cultivo está paralizado a la espera de que la Justicia dé o no el visto bueno–, la Generalitat ha solicitado que la comisión interdepartamental sobre drogas analice la posibilidad de regular dicha actividad. El grupo recopilará información y estudiará «medidas que se puedan tomar». Para ello, ha solicitado la colaboración de las federaciones de asociaciones canábicas para que valoren las posibilidades, expliquen su experiencia y puedan realizar propuestas. En Cataluña están constituidas 150 asociaciones de estas características, la mitad de todas las que existen en España.
El subdirector general de Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Joan Colom, señaló a Ep que el objetivo de este estudio es analizar «nuevas medidas para proteger la salud de la forma más correcta».
Acabar con el vacío legal existente es una de las reivindicaciones de las 
asociaciones canábicas. «Hay un mercado negro que los usuarios no quieren y es mejor el autoconsumo sin ánimo de lucro y en condiciones», apuntó el portavoz del movimiento asociativo canábico de autoconsumo, José Afuera.
