Son varios los que creen que México debe reformar sus leyes sobre cannabis, entre ellos, el más importante observatorio de derechos humanos.
El debate en torno a la legalización del cannabis para uso recreativo en México podría postergarse hasta mediados del segundo semestre, según lo que adelantaron algunos legisladores.
Es que el Senado tiene tiempo hasta el 30 de abril para dar la media sanción que permitiría la tenencia de hasta 28 gramos de mota.
Sin embargo, y tal como informaron desde Morena, el partido gobernante, esa empresa podría postergarse, dado que el dictamen volvería con rechazo a Diputados.
Esto dividió las aguas en México dado que, por un lado, están los que quieren la ley ya, para luego someterla a perfeccionamientos.
Por el otro, están los que prefieren esperar un poco más y tener una letra robusta que no deje a nadie por fuera de la actividad.
Lo que está claro para todos es que México necesita sí o sí reformar su política de drogas, especialmente, con respecto al cannabis.
Así también lo entiende el observatorio de derechos humanos Human Rights Watch, según informan en un comunicado.
Allí aseguran que el Congreso debe modificar y aprobar el proyecto legislativo que pone fin a la prohibición.
“El Congreso de México debería modificar el proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis a fin de despenalizar por completo la sola posesión de marihuana”, señaló el observatorio de derechos humanos.
La institución encargada de velar por los derechos humanos incluso sostuvo que el Congreso de México debería aprobar el proyecto modificado de cannabis antes de que termine el actual período de sesiones el 30 de abril de 2021.
La aprobación del proyecto sobre cannabis representaría un avance muy importante para los derechos humanos en México, aseguran.
El 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que en su versión actual legalizaría parcialmente y regularía la producción, distribución y posesión de marihuana para uso personal.
Ese mismo día la envió al Senado de México para su aprobación final.
El 8 de abril, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que tenía previsto posponer su debate hasta septiembre.
Esto es después de las elecciones intermedias, aunque aseguró que es para realizar cambios que no detalló al actual proyecto.
“La prohibición de la marihuana ha tenido costos devastadores para los derechos humanos en México”.
“Dejando a miles de personas encarceladas inútilmente por el simple hecho de poseer marihuana y exponiendo a muchos otros a graves abusos por parte de la policía”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas del observatorio de derechos humanos.
“Legalizar la marihuana sería un paso enorme a favor de los derechos humanos y el Congreso debe dejar de posponer esta reforma urgente”, agregó.
Derechos Humanos en México en relación al cannabis
La Corte Suprema de México determinó en 2018 que era inconstitucional prohibir el uso recreativo del cannabis.
Entonces, ordenó al Congreso que aprobara una reforma legalizando el uso recreativo en un plazo de 90 días.
No obstante, los líderes en el Congreso han pospuesto en forma reiterada la votación de la reforma sobre cannabis y han obtenido múltiples prórrogas por parte de la corte.
No les importó que, mientras tanto, se seguían atropellando los derechos humanos de usuarios, cultivadores domésticos o solidarios y campesinos.
El plazo límite actual está fijada para el 30 de abril, pero el senador Monreal, del oficialista Morena, manifestó su intención de pedir una prórroga que se extienda hasta fines de 2021.
El proyecto actual permitiría a cualquier persona mayor de 18 años consumir cannabis, poseer hasta 28 gramos de mota, o solicitar una licencia para cultivar hasta seis plantas en el hogar para su uso personal.
También puede solicitar una licencia para formar una “asociación de cannabis” de hasta 20 miembros para cultivar y compartir marihuana para el uso personal de los asociados.
Permitiría asimismo que las empresas o personas soliciten licencias para cultivar, procesar, o comercializar cannabis.
No obstante, el proyecto incluye disposiciones innecesarias que podrían exponer a las personas a abusos, incluso en el marco del nuevo sistema, explicó el observatorio de derechos humanos.
El proyecto establece que la simple posesión de más de 28 gramos de marihuana —es decir, la posesión para uso personal, sin fines de distribución— seguiría siendo un delito.
Y todo aquel que tenga más de 28 gramos de cannabis, incluso si es para uso personal, podría enfrentar una multa de hasta 22.000 dólares o hasta tres años de cárcel.
Eso depende de la cantidad de cannabis que tenga encima.
Incluso, si la policía sospecha que una persona tiene más de 28 gramos de marihuana, puede detenerla hasta por 48 horas y llevarla ante el Ministerio Público.
A su vez, para obtener una licencia que permita cultivar cannabis en el hogar o formar una asociación, los usuarios deben permitir que funcionarios públicos ingresen e inspeccionen sus viviendas para constatar que cumplen con los términos de la licencia.
Policía y cannabis, otro problema de derechos humanos en México
La policía de México suele torturar, cometer abusos y extorsionar a las personas que intercepta y detiene, independientemente de si han delinquido o no. Incluso a las que portan cannabis.
De la encuesta más reciente que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en 2016, surge que casi dos tercios de los detenidos habían sido golpeados durante el arresto.
Más de un tercio habían sido estranguladas o sometidas a simulacros de ahogamiento y un quinto habían recibido descargas eléctricas.
“Criminalizar el consumo y la posesión de drogas para uso personal viola los principios de autonomía que subyacen todos los derechos”.
“Y constituye por sí misma una respuesta desproporcionada a comportamientos privados”, apuntó el observatorio de derechos humanos.
El Congreso debe modificar el proyecto para así eliminar por completo del derecho mexicano el delito de posesión simple de marihuana.
Y hacerlo para reducir el riesgo de que los usuarios sufran abusos o perjuicios a los derechos humanos por parte de la policía.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe garantizar que las normas de inspección se apliquen de forma que no conduzcan a un castigo innecesario o desproporcionado ni propicien nuevas violaciones de derechos humanos.
Hasta 2019, había más de 24.000 personas encarceladas por delitos vinculados con drogas en México, cerca del 12 por ciento de la población penitenciaria total, según INEGI.
Aproximadamente el 40 por ciento de ellas habían sido acusadas o condenadas por posesión simple de drogas.
Es común que las personas detenidas en cárceles de México enfrenten violencia, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos.
También falta de atención médica y abusos por parte del personal penitenciario.
La iniciativa que descansa en el Senado de México contiene una disposición que permitiría a los funcionarios penitenciarios federales y estatales liberar a quienes hayan sido acusados o condenados por un delito que haya sido despenalizado por la reforma.
Una vez que se convierta en ley y entre en vigor, las autoridades deben identificar sin demora a todos aquellos que se vean beneficiados por la normativa.
Acto seguido, disponer de oficio su liberación automática e inmediata, sin exigir que los detenidos o sus familias soliciten formalmente la liberación, indicó el observatorio de derechos humanos.
Cannabis debe dar trabajo en México, otro de los derechos humanos
Se espera que México ingrese con fuerza a la industria mundial del cannabis, ya que se trata de uno de los principales productores del mundo.
El sistema de otorgamiento de licencias propuesto para la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de cannabis podría generar nuevas oportunidades económicas.
Según el observatorio de derechos humanos, el presidente López Obrador debe garantizar que las disposiciones se implementen de manera inclusiva.
De esta manera podrá permitir que las comunidades económicamente marginadas, participen de forma plena y se beneficien del sistema regulado.
Sobre todo las comunidades rurales localizadas en zonas donde tradicionalmente se ha cultivado cannabis, diferenció el observatorio de derechos humanos.
El organismo ha instado anteriormente a gobiernos de todo el mundo a reconsiderar sus políticas sobre drogas.
Esto es debido al alto costo que tiene para los derechos humanos la “guerra contra las drogas”.
En México, la guerra contra las drogas ha incrementado la rentabilidad de las drogas ilícitas, favoreciendo el crecimiento del crimen organizado violento y la corrupción generalizada.
También menoscabando el Estado de derecho, y propiciando violaciones de derechos humanos en forma generalizada.
La legalización del cannabis, por sí sola, no resolvería estos problemas, pero representa un primer paso crucial para la adopción de políticas alternativas sobre drogas, dice el observatorio de derechos humanos.
“Las políticas sobre drogas que se enfocan en la criminalización han dado lugar a innumerables violaciones de derechos humanos y corrupción generalizada en México”, explicó Vivanco.
“Este proyecto debe servir como una primera medida fundamental en el camino hacia una reconsideración global de la postura de México en materia de políticas sobre drogas”, agregó.
Sólo falta conocer la opinión de los senadores de México, quienes en su conciencia deben tener presente a todos estos actores sociales que, de una manera u otra, están expectantes por la legalización.
De ellos depende lograr una norma que haga un justo equilibrio entre el negocio y el respeto por los derechos humanos de todo México.
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