Los Estados del mundo y la Organización Naciones Unidas no pueden seguir derrochando recursos públicos en una costosa guerra global contra las drogas que ha fracasado en la práctica. Para derrotar a los narco carteles y ayudar a los consumidores hay que legalizar las drogas, y sobre todo despenalizar el consumo de cannabis y hoja de coca, recomiendan 19 personalidades del mundo académico, político y cultural.
La “Guerra global a las drogas ha fracasado”, sentencia el Informe 2011 de la renombrada Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD) integrada por 19 destacados líderes sociales de la talla del ex secretario General de la ONU Kofi Annan, los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso, de México Ernesto Zedillo, y de Colombia César Gaviria; el ex secretario de Estado de EE.UU. George Schultz, el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior Javier Solana, y los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
El propósito de la CGPD es plantear una discusión científicamente fundada acerca de las maneras efectivas de reducir el daño causado por las drogas a las personas y a las sociedades. Sus metas son revisar los supuestos básicos, la efectividad y las consecuencias del enfoque de la “guerra a las drogas”; y formular recomendaciones practicables para una reforma constructiva de la legislación y las políticas mundiales.
El último Informe de CGPD presentado el 2 junio demuestra con abundantes datos el rotundo fracaso de la guerra contra las drogas, y sus graves consecuencias en países productores, de tránsito y consumidores, como por ejemplo el crecimiento de un “enorme mercado negro criminal”; el desproporcionado gasto en la lucha contra esa actividad criminal; el desplazamiento geográfico de la producción de drogas; el desplazamiento del consumo hacia nuevas sustancias, y la estigmatización, marginalización y exclusión de los consumidores. (www.globalcommissionondrugs.org)
La evidencia empírica demuestra que las represivas políticas antidroga han fracasado, y de hecho han agravado la violencia asociada al tráfico ilícito. Según estimaciones de Naciones Unidas, entre 1998 y 2008 el consumo anual de opiáceos aumentó 34,5% (de 12,9 a 17,35 millones de consumidores); 27% el de cocaína (de 13,4 a 17 millones) y 8,5% el de cannabis (de 147,4 a 160 millones).
Un reciente estudio comparó los contextos regulatorios de Amsterdam, cuya política liberal de “cannabis café” (una forma de descriminalización de facto) se remonta la década del 70 del siglo XX, y San Francisco en Estados Unidos, que criminaliza a los consumidores de cannabis. (1)
La investigación demuestra que la política represiva no disuadió a los ciudadanos de fumar cannabis en San Francisco. “Nuestros hallazgos no confirman las afirmaciones de que la criminalización reduce el uso de cannabis y que la descriminalización aumenta el uso… Con la excepción de un uso de drogas superior en San Francisco, encontramos fuertes similitudes entre ambas ciudades”, concluyeron los investigadores.
Por otro lado, un grupo de académicos y expertos en salud pública con sede en la Columbia Británica hizo una revisión sistemática del impacto del incremento de la violencia relacionada a la aplicación de la ley contra el mercado de drogas en Estados Unidos y Australia. (2)
En ambos países aumentaron los arrestos, y las presiones de las fuerzas del orden tuvieron como consecuencia un considerable aumento de las tasas de homicidio y otros delitos violentos conexos, como por ejemplo la lucha entre bandas armadas por el control del comercio de drogas.
“La evidencia científica disponible sugiere que es poco probable que el aumento de la intensidad de las intervenciones de orden público para desbaratar los mercados de drogas reduzca la violencia de las bandas de drogas. Por el contrario, la evidencia existente sugiere que probablemente la violencia relacionada con las drogas y las altas tasas de homicidio sean una consecuencia natural de la prohibición de drogas, y que los métodos cada vez más sofisticados y mejor dotados de recursos para desbaratar las redes de distribución de drogas pueden involuntariamente aumentar la violencia”, concluyeron los investigadores.
También se examinaron los efectos de la represión policial antidroga en el Reino Unido, y se evidenció que “los esfuerzos de aplicación de la ley pueden tener un considerable impacto negativo en la naturaleza y extensión de los daños asociados con las drogas al incrementar (involuntariamente) las amenazas a la salud y la seguridad públicas, y alterar tanto el comportamiento de los propios usuarios de drogas como la estabilidad y funcionamiento de los mercados de drogas… (por ejemplo, al desplazar a los vendedores y actividades relacionadas a otro lugar o al aumentar la incidencia de violencia cuando los vendedores desplazados chocan con los establecidos)”. (3)
Con esos antecedentes, el Informe de la CGPD concluye que la lucha antidroga con enfoque restrictivo no solo ha sido “inútil”, sino que también desmintió “la creencia de que todos necesitamos tener exactamente las mismas leyes, restricciones y programas” antinarcóticos.
“Las convenciones de drogas requieren ser sometidas a una constante revisión y modernización a la luz de las
circunstancias cambiantes y variables”, afirma la Comisión, y por tanto recomienda que se permita “a los gobiernos nacionales ejercer la libertad de experimentar con respuestas más adecuadas a las circunstancias”.
Según la Comisión, el análisis de modelos alternativos de regulación del mercado de drogas ha sido demasiado constreñido por las falsas dicotomías “duro o blando” o “represivo o liberal”. Pero es inútil seguir ignorando a quienes abogan por un mercado gravado y regulado de las drogas actualmente ilícitas; es más, “esta es una opción política que debería explorarse con el mismo rigor que cualquier otra”.
La despenalización no fomenta el consumo
Diversos estudios confirman que la descriminalización del consumo no fomenta el uso de drogas. En julio de 2001 Portugal se convirtió en el primer país europeo en descriminalizar el uso y la posesión de todas las drogas ilícitas. Muchos observadores criticaron esta política, creyendo que induciría al aumento del uso de drogas y de los problemas asociados.
La doctora Caitlin Hughes de la Universidad de New South Wales y el profesor Alex Stevens de la Universidad de Kent emprendieron una detallada investigación y demostraron que la descriminalización en Portugal no alentó el consumo, corroborando las conclusiones de un estudio anterior realizado por el Instituto CATO. (4)
El informe 2010 de Hughes y Stevens detecta un ligero incremento en las tasas totales de uso de drogas en Portugal en los 10 años posteriores a la descriminalización, pero a un nivel consistente con otros países en los que el uso de drogas permaneció criminalizado. Dentro de esta tendencia general, hubo también un descenso específico en el uso de heroína, la principal preocupación del gobierno portugués en 2001. (5)
La conclusión general del estudio es que la eliminación de castigos penales, combinada con el uso de alternativas terapéuticas para los drogodependientes, redujo la carga del sistema de justicia penal y el nivel global de uso problemático de drogas.
El estado de Australia Occidental introdujo un plan de descriminalización para el cannabis en 2004. Investigadores evaluaron su impacto comparando tendencias de prevalencia en ese estado con las tendencias en el resto del país.
El estudio fue complicado porque tuvo lugar en un periodo en el que el uso de cannabis registraba un descenso general en el país. No obstante, los investigadores hallaron que esta tendencia era la misma en Australia Occidental, que había reemplazado las sanciones penales para el uso o posesión de cannabis por sanciones administrativas denominadas “aviso de contravención”.
“Los datos de este estudio sugieren que el uso de cannabis en Australia Occidental parece haber continuado
descendiendo a pesar de la introducción del Plan de Aviso de Contravención de Cannabis”, concluyó la investigación.
En 2008 la Comisión Cannabis de la Fundación Beckley de Estados Unidos comparó la prevalencia de uso de la droga en aquellos estados que habían descriminalizado el consumo con aquellos que mantenían castigos penales para la posesión. (6)
“Tomados en conjunto, cuatro estudios indicaron que los estados que introdujeron reformas no experimentaron mayores aumentos en el uso de cannabis entre adultos o adolescentes. Los estudios tampoco muestran en estos estados actitudes más favorables hacia el uso de cannabis que en aquellos estados que mantuvieron una prohibición estricta con sanciones penales”, reveló la investigación.
Fuente BolPress
