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Nueva era después de los juicios de la Corte Suprema contra los clubes de cannabis en el 2015, los tribunales ordinarios han comenzado a interpretarlos. Los principales clubes españoles, sobre todo en Barcelona, ​​parecen tener sus días contados. Sin embargo, cada vez más jueces entienden que los clubes pequeños encajan con la Ley. Se avecina una nueva era.

En España, dos sentencias en el mismo sentido por el Tribunal Supremo establecen jurisprudencia y esta doctrina debe ser aplicada por todos los tribunales inferiores. En el caso de los clubes de cannabis, en el 2015 llegó a su fin no con dos, sino contres sentencias de la Corte Suprema. El 2016 ha sido el año en que se han interpretado y aclarado estas normas, ya pesar de que los clubes con cientos o miles de socios no tienen cabida dentro del nuevo marco legal, todo apunta a que este fenómeno asociativo permanezca por el momento.

La primera sentencia importante contra los clubes de cannabis en España fue realizada por el Tribunal Supremo el 7 de septiembre de 2015. Los miembros del consejo de administración de la asociación Ebers de Bilbao fueron sentenciados a ocho meses de prisión, que no necesitan servir, ya que es su primera infracción – junto con multas de 5.000 euros cada uno. Otros dos colaboradores fueron sentenciados a tres meses de prisión cada uno. El tribunal tomó en cuenta la ambigüedad de la legislación española sobre el cannabis y entendió que los acusados ​​pudieron haber tenido dudas sobre la legalidad de lo que estaban haciendo, lo que impidió que la sentencia fuera mayor y lo que les salvó de la prisión. El primer pronunciamiento fue que “el cultivo y la distribución organizada e institucionalizada del cannabis, a largo plazo, entre un colectivo formado por 290 personas que constituyen una Asociación abierta a nuevos miembros” es un delito de narcotráfico.

La segunda sentencia, que estableció la jurisprudencia, llegó en diciembre, cuando la junta de la asociación de Three Monkeys de Barcelona fue condenada a ocho meses de prisión, aunque sin multas, después de no haber establecido claramente la cantidad de cannabis. Y antes de que terminara el año, se produjo la sentencia más dura: la sentencia Pannagh, en la que los miembros del consejo, incluido yo, fueron sentenciados a un año y ocho meses de prisión, que tampoco tenemos que servir, y a cada uno a una multa de 250.000 euros. En la actualidad, las tres sentencias están siendo apeladas ante el Tribunal Constitucional, habiéndose declarado admisibles las dos primeras – las de Ebers y Three Monkeys. En consecuencia, el Tribunal Constitucional ya ha decidido dictar sentencia sobre la cuestión de los clubes, aunque es muy probable que tengamos que esperar varios años antes de que se anuncie su decisión.

Con estas sentencias, la Corte Suprema expresó su deseo de poner fin al fenómeno de los Clubes Sociales de Cannabis en España. Aunque en el caso Ebers, cinco de los 15 miembros de la Cámara emitieron votos privados, apoyando la absolución en lugar de la condena, dejaron en claro que, en cualquier caso, clubes como Ebers no deberían ser legales. El mensaje, en particular a raíz del caso Pannagh, era claro: después de las tres sentencias, ya no es posible alegar un vacío jurídico, es decir, las próximas personas que se atreven a organizar un club de cannabis de este tamaño y alcance irán a prisión y pagarán multas astronómicas.

Adaptación a tiempos difíciles

El resultado de estas decisiones fue cataclísmico. Ciertas asociaciones – asustadas por la nueva situación – cerraron sus puertas, en algunos casos para siempre, mientras que otras fueron investigadas por la policía, lo que resultó en arrestos, advertencias y el cierre de lugares.

Sin embargo, no todas las asociaciones optaron por cerrar o fueron investigadas. Muchos clubes han comenzado a discutir cómo adaptarse a la nueva realidad. Consultaron con sus abogados y celebraron reuniones de miembros para explorar cómo avanzar. Al final del día, las sentencias de la Corte Suprema rechazaron la posibilidad de clubes con cientos de miembros, aunque al mismo tiempo aceptaron que la llamada “cultivación compartida” podría no ser una cuestión criminal; Algo que no se había reconocido explícitamente antes.

Algunas asociaciones optaron por dividirse en grupos más pequeños y operar aún más horizontalmente, lo que significa que el cultivo del club es verdaderamente compartido. Otros actualizaron sus listas de miembros, manteniendo sólo los reales. Hasta entonces, la tendencia era tener muchos miembros para justificar el cultivo; Ahora, se trata de tener pocos miembros y mantenerlos bien informados de lo que está sucediendo, a fin de evitar una condena penal en la medida de lo posible. Otra medida regular ha sido cerrar la cuota de membresía y no permitir a nuevos miembros a menos que alguien sea baja. También se han establecido cambios que involucran a todos los miembros para que se cuide el proceso de cultivo y para evitar que ciertos miembros sean considerados traficantes de drogas suministrando a los demás.

Sin embargo, no todas las asociaciones han elegido esta ruta. Hay bastantes personas, como la mayoría de los miembros de la federación CATFAC (sección catalana de la Federación de Asociaciones de Cannabis), que se resisten al cambio hacia la adaptación y abogan abiertamente por algunas decisiones que consideran injustas para ser desobedecidas. Para estas asociaciones, sus Códigos de Buenas Prácticas, aceptados por las instituciones en ciertos casos, siguen siendo una referencia válida. El debate aún está abierto y la AEC tendrá una asamblea general en enero para decidir sobre la estrategia a seguir.

La Corte Suprema ya no quiere condenar

Al mismo tiempo que las asociaciones intentaban adaptarse a la nueva realidad, la Corte Suprema continuó dictando sentencias contra los clubes de cannabis. Lo más llamativo es que después de la severa sentencia del veredicto contra Pannagh, nadie más ha sido condenado nuevamente por estar a cargo de un club. Es como si el disparo de advertencia ya hubiera sido disparado y que no se necesitara más sangre. El argumento del “error de derecho” -es decir, la posibilidad de que los acusados ​​desconocen que cometieron un delito debido a la ambigüedad jurídica- fue utilizado para lograr una absolución, como en el caso del club La María de Gracia, o devolver el caso a la Audiencia Provincial y dictar una nueva sentencia, como sucedió con la Línea Verde.

La sentencia del club La María de Gracia fue aprobada por la Sala de la Corte Suprema, que en su mayoría estaba constituida por magistrados que votaron en contra de la condena de Ebers. La división entre los jueces, por lo tanto, parece ser clara. De hecho, se ha llamado la atención sobre el hecho de que en ciertas frases de los últimos juicios hay declaraciones que parecen estar dirigidas a apoyar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Es como si ciertos jueces de la Corte Suprema no estuvieran claros acerca de las cosas y quisieran que alguien más arriba los aclarara.

Pequeño es hermoso (y legal)

Mientras que la Corte Suprema continuó dictando nuevas sentencias sobre los clubes de cannabis, las tres primeras sentencias (es decir, en Ebers, Three Monkeys y Pannagh) ya estaban siendo aplicadas por los diferentes tribunales de menor rango. El resultado de su aplicación muestra claramente dos tendencias distintas: castigos duros para los principales clubes utilizados como frente y una retirada de la acusación en el caso de las asociaciones más pequeñas.

Entre los principales clubes, el caso más destacado ha sido el de La Mesa de Barcelona. La policía incautó alrededor de 2.400 plantas de cannabis e investigó la asociación. Los fundadores, dos ciudadanos holandeses, fueron acusados ​​de tráfico de drogas y asociación ilícita. Ningún diputado declaró exonerar a los administradores y este hecho, junto con otras circunstancias, llevó a la Corte de Barcelona a sentenciarlos a cinco años de prisión cada uno (en este caso, tendrán que cumplir ese tiempo porque la sentencia es de más de dos años ) Por usar la asociación, que carecía de “actividad asociativa regular”, como una “simple cortina de humo” para el blanqueo de las actividades de tráfico. En otras palabras, tener una asociación registrada no es suficiente; Usted también tiene que demostrar que funciona como tal.

En el extremo opuesto, tenemos asociaciones que, después de haber sido investigadas, pueden continuar sus actividades. En el País Vasco, el histórico Atxurra consiguió que un caso en su contra desapareciera al demostrar que eran una verdadera asociación, el pequeño número de miembros y la proporción entre el número de miembros y las plantas cultivadas para ellos. Hubo otro caso similar en Galicia, cuando un caso presentado contra una asociación de 36 miembros se cerró en el entendimiento de que encaja dentro de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También se han producido casos similares en Valencia y Baleares.

Otro caso interesante es el de La Cannameña, en Extremadura, que fue investigado cuando presentó sus estatutos para su registro. La Cannameña demostró que sus estatutos mencionan abiertamente el cultivo del cannabis para sus miembros. Tras la investigación de la policía y del Ministerio Público, se les permitió registrarse y operar de acuerdo con los mismos estatutos, incluso en los casos en que se hablara de cultivo. En otras palabras, el Ministerio Público considera que el cultivo de cannabis en el marco de una asociación de unas pocas decenas de miembros es legal y les autoriza a continuar sus actividades, estableciendo así un precedente histórico.

Podría decirse que mientras la Corte Suprema ha cerrado una gran puerta, intencionalmente o no, a su vez, abrió una puerta más pequeña. Los grandes clubes con miles de miembros y una estructura comercial parecen condenados a desaparecer y, si bien todavía hay unos pocos abiertos, parece ser sólo cuestión de tiempo antes de cerrar sus puertas a medida que la policía investiga.

Por otro lado, tenemos los pequeños clubes que son horizontales y participativos en la naturaleza – es decir, los más cercanos a la idea del club de cannabis original. Estos clubes van a poder continuar, aunque en el corto plazo es más probable que algunos todavía serán acosados ​​y presurizados por la policía. Mientras tanto, si la línea de interpretación abierta con Atxurra o La Cannameña se convierte en práctica común, los pequeños colectivos de cultivo tienen un futuro prometedor. Si logran tener su derecho a crecer, se salvaguardarán contra posibles convicciones futuras y será posible continuar abriendo los clubes de cannabis en España. Aunque no serán tan grandes o tan elegantes como los clubes comerciales que crecieron entre 2010 y 2015, permitirán que miles de personas se abastezcan de cannabis fuera del mercado negro. Puede ser cierto que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Otros clubes tendrán que adelgazar sustancialmente para poder pasar por esa puerta recién abierta, pero esto es una buena noticia en un país donde el modelo de CSC está desesperadamente hinchado.

Por Martin Barriuso

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Cannabis Club Systems (CCS), orgulloso patrocinador de las World Cannabis Conferences (WCC) 2016, nos mostrará el poder de los datos y ofrecerá una demostración en vivo de su software exclusivo durante la mañana del viernes 11 de marzo, entre las 12:00 y las 14:00, en el auditorio que estará conectado al recinto ferial de Spannabis. También revelará sus planes y proyectos para 2016.

Además, CCS ofrecerá la conferencia de un invitado, miembro del equipo que ha contribuido a dar forma a la legislación en Colorado y descrito por la revista Rolling Stone como “El primer gigante jurídico del país en cuanto a legislación sobre el cannabis”.

¿Por qué CCS?

Este equipo de profesionales afincado en Madrid, con experiencia en informática, economía, estadística y administración, ha desarrollado una solución de software orientada a clubes y dispensarios de todos los tamaños.

Su sistema se ha adaptado para maximizar el funcionamiento del día a día de un club, cubriendo todas las áreas de la gestión de socios, detalles de la dispensación, seguimiento de productos y financiero, así como de análisis predictivo, las funciones principales de redes sociales y mucho, mucho más.

Lo que es verdaderamente único acerca del CCS es que no te dan un sistema al que te tengas que adaptar… ¡es el sistema el que se adapta a ti! Sean cuales sean las necesidades de tu club, el equipo de CCS personaliza el sistema exactamente como el cliente necesite. ¡No hay dos sistemas idénticos!

Al tomar en cuenta todas las sugerencias de diversos clubes, y la producción de las características conforme a lo sugerido, el sistema sigue evolucionando en base a las necesidades reales de los clubes, que es lo que realmente agrega valor y pone a CCS por delante de sus competidores.

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CCS ha sido diseñado para ser extremadamente intuitivo y fácil de aprender. En lugar de ser inundados con demasiadas opciones en cada pantalla, hay sólo unos pocos botones y campos de entrada claramente definidos y fáciles de entender.

¿Preocupado por la privacidad de socios? Olvídate de las tarjetas de socios con datos personales, CCS viene con escáneres RFID USB y escáneres fob a distancia digitales totalmente anónimos. Tan pronto como un miembro escanea su mando, su perfil aparece en la pantalla, para una identificación fácil y rápida. Además de esto, los mandos a distancia fob funcionan como una firma digital, lo que significa que no tiene que preocuparse de enormes cantidades de papeleo amontonándose en su dispensario.

Por otra parte, CCS se puede integrar fácilmente en varios clubes a la vez. Digamos que quieres compartir tus socios con otro club, el sistema permite visitar varios lugares con sólo un llavero fob de forma anónima. Sólo hay que elegir si deseas compartir créditos, cuotas mensuales y el historial de socios.

Si no estás completamente satisfecho con tu solución de software, o si planeas abrir un dispensario, CCS se ocupará de atender a todas tus necesidades a un precio muy razonable… ¡tanto si eres un club grande como si se trata de un dispensario pequeño!

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La semana pasada en la Universidad de Deusto , País Vasco, el delegado del Plan sobre Drogas advirtió de que los clubes cannábicos no cumplían con la ley.

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Francisco de Asis Balbín, dijo que los clubs de cannabis, “tal como quieren proceder, no cumplen en absoluto con las exigencias que se han determinado a nivel de la jurispruedencia”, también dijo que el 32,7% de los españoles están a favor de que el estado español legalice la marihuana para uso recreativo.

Balbín aseguró que a nivel estatal está regulado el mercado de los estupefacientes y que esa regulación incluye figuras como la del consumo privado o el cultivo para consumo privado, que  “está autorizado y mucho más claro aún desde la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana”.

La normativa también regula, indicó el Delegado del Gobierno, el consumo en espacios públicos, “a la hora de tipificarlo como una falta administrativa”, así como el consumo compartido, un tema, según subrayó que “tiene tela”, y que el consumo compartido se dará cuando se den todas y cada una de las circunstanciaras establecidas.

La primera de esas normas es la de establecer que sus consumidores sean adictos para que se establezca su consumo compartido y en un lugar cerrado a terceros. Además de exigir que la droga sea “insignificante” con lo que la “coparticipación consumista venga referida a un pequeño grupo de drogodependientes como acto esporádico e íntimo, sin trascendencia social, que los consumidores sean personas ciertas y determinadas y que se trate de un consumo inmediato de las sustancias adquiridas”.

También indicó en la charla que el consumo entre los más jóvenes en los últimos años había bajado en un 30% en España y que el país seguía estando entre las naciones que tenían el consumo más alto de cannabis entre sus ciudadanos.

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¿Eres gestor o miembro de un CSC? Si es así, hoy te presentamos Easy CSC, un programa de gestión de clubes para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos así como velar por el cumplimento de los derechos y deberes de los socios.

Avalado y recomendado por abogados expertos en derecho cannábico, Easy CSC está confeccionado en base a las auto–regulaciones de las Federaciones de Asociaciones, las normativas o recomendaciones administrativas que poco a poco van surgiendo y en la jurisprudencia relativa al consumo compartido y la auto–organización del consumo.

Easy CSC aporta tranquilidad a socios y directiva del club, sirviendo como una herramienta para la defensa en caso de intervención judicial.

unnamed (53)Se conocen muchos casos de intervenciones, pero en todos y cada uno en los que se ha podido demostrar el correcto funcionamiento del club, sus integrantes han sido absueltos con la libertad para seguir con la actividad del éste.

Firma digital para las dispensaciones, control de socios y cuotas, variedades, gráficos de consumo, contabilidad o monedero digital para asegurar el previo pago para el abastecimiento conjunto, son algunas de las características que hacen de Easy CSC un programa indispensable en todo club que se precie, teniendo en regla todos los aspectos legales del mismo.

LOPD, un caso aparte

Todo el mundo ha oído hablar de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero, ¿se conocen sus obligaciones? En todos los clubes se manejan datos de carácter personal y, por ello, hay que dar un debido tratamiento a los mismos. Easy CSC cumple estrictamente la Ley de Protección de datos ya que no utiliza servidores ajenos.

Easy CSC ofrece su programa en red local con los datos de cada club en propiedad de cada club, sin más. Los datos son del club y de los socios.

unnamed (4)No es fácil cumplir la ley en un ámbito que no está claramente regulado. Por suerte para sus clientes, en Easy CSC cuentan con la colaboración de abogados y técnicos en protección de datos expertos en el sector que les permite estar al día de las normativas para diseñar nuevas funcionalidades y herramientas paralelas.

De hecho, están a punto de lanzar una App para smartphones, la hemos visto pero no podemos revelar todos sus secretos, todo un avance para el club 2.0. Una herramienta indispensable para una buena relación Club-Socio que se aleja de lo que pueda ser publicidad del consumo, una actividad penada por la ley. Con el lanzamiento de esta app, saldrá su nueva web.

Insistimos, si aún no tienes un programa para controlar todo lo relativo a tu club, no te la juegues, ahorrarás tiempo y dinero pero sobre todo tendrás la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien. Los socios del club y te lo agradecerán.

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Mientras que la legalización de la marihuana ha esculpido el paisaje en los Estados Unidos, ese mismo cannabis tiene un modelo muy diferente en la vieja Europa. La forma más común para que los consumidores de marihuana puedan acceder y consumir con seguridad es en los clubes sociales de cannabis (CSC) o asociaciones.

Estos clubes primero aparecieron en los Países Bajos, pero se han vuelto más y más populares en toda Europa, especialmente en España y Bélgica. Al igual que un jardín colectivo, los clubes sociales de cannabis tienden a ser organizaciones sin ánimo de lucro que se cultivan su propio cannabis y luego lo distribuyen entre los miembros del club, que pagan una cuota de socio para comprar y consumir el producto en un ambiente seguro y controlado.

logo (9)Mambo Social Club es el segundo club social de cannabis de Bélgica, y a apelado un caso en su contra en el tribunal de Amberes esta semana. El club fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia el año pasado por cultivo y posesión de cannabis, Michel Degens se mantiene optimista de que habrá un resultado positivo:

Los Cannabis Social Clubs ofrecen una alternativa segura a los consumidores adultos que no quieren comprar cannabis en el mercado negro. Es un modelo sin fines de lucro de producción y distribución de cannabis que promueve la salud, la seguridad y la responsabilidad. Los CSC son la solución, no el problema “.

El principal objetivo del club es reducir el riesgo y los daños asociados al cannabis en el mercado negro mediante el control y limitación de consumo y tomando medidas que garanticen la elegibilidad de sus miembros. Este es precisamente el tipo de consumo responsable de cannabis que debe ser recompensado y no castigado. Tal vez un día la corte en Amberes traiga un poco de luz y claridad a este tema, le deseamos la mejor de las suertes en Bélgica!

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La sección quinta de la audiencia de Barcelona absolvió a los imputados del Club de cannabis “Maria Gracia Club”, a su Presidente y un vocal se les pedía una condena de seis años de cárcel por un delito con la salud publica por supuestamente vender cannabis de forma “indiscriminada” y pertenecer a una asociación ilícita.

Según el tribunal de Barcelona el comportamiento del club de cannabis no fue delictivo ya que solo se limitó a propiciar el acuerdo de “consumo compartido o colectivo de forma organizada, con evidentes ventajas para las personas que las llevan a cabo, sin poner en peligro la salud de estas, ni de terceros ajenos”. La sentencia del tribunal de justicia también dice que los socios, consumidores de marihuana, consumirían igual aunque las asociacion no existiese.

Es más, el club ayuda a que las personas consumidoras y asociadas a no tener que embarcarse en la aventura de adentrarse en el mercado negro, con todo lo que supone y reduciendo al mínimo el riesgo para su salud al tratarse de drogas blandas.

Para el Tribunal catalán, estas asociaciones o clubes evitan los excesos de consumo facilitando marihuana o derivados de forma «controlada», y además las administraciones pueden efectuar controles para evitar «cualquier desviación», ya que el consumo se centraliza en los locales.

La sentencia dice que la asociación «María de Gracia Club» no supone un peligro de difusión de marihuana o hachís a terceros, ya que se dedica al «consumo compartido» entre socios y dentro del ámbito de este tipo de asociaciones que «en principio no es delictivo» si se cumplen una serie de normas.

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Comunicado

Las asociaciones cannábicas advierten al Alcalde Trias que las personas usuarias de cannabis no son una carta en el juego electoral

Las dos federaciones de asociaciones cannábicas de Cataluña lamentan profundamente el anuncio que ha hecho el Alcalde donde prevé una normativa con el único objetivo de cerrar asociaciones cannábicas, sin tener en cuenta los derechos de las personas usuarias, la inseguridad jurídica que sufren y el aumento del mercado negro que ello supondría.

Desde la Fedcac y la CatFAC queremos denunciar que cerrar las puertas a las asociaciones es lo mismo que empujar a usuarios y usuarias al mercado negro e ilegal, a dejar en manos de las organizaciones criminales estas personas en vez de velar por los derechos de toda la ciudadanía. Las dos federaciones cannábicas apostamos por el derecho a la salud, por el derecho a la libertad individual, por la seguridad y la buena convivencia en Barcelona. Esta es nuestra ciudad.

Las asociaciones de usuarios de cannabis, en el marco de la campaña “Somos lo que Cultivamos”, solicitamos una reunión con el Alcalde, el pasado 18 de febrero, para explicarle la situación de las más de 300.000 personas ciudadanas de Barcelona que forman parte de estas asociaciones, así como todas las propuestas de autorregulación que ya veníamos trabajando entre las dos federaciones.

El Alcalde, que ni siquiera ha respondido a esta petición, se saca hoy una propuesta de la manga que no tiene en cuenta todo el proceso trabajado por el propio Consejo de Drogodependencias del mismo Ayuntamiento donde entidades de expertos, del tercer sector y representantes de las mismas asociaciones han discutido y elaborado unos criterios consensuados que puedan regular las asociaciones velando por la convivencia de la ciudad y las buenas prácticas a seguir en estas entidades.

Hoy, las asociaciones de usuarios de cannabis nos sentimos atacadas y queremos recordar al Alcalde Trias que ser el titular responsable de un consistorio es algo más responsable que tirar propuestas con un único objetivo electoral a las puertas de las elecciones municipales. Justamente Trias, hace prácticamente un año, decidió hacer una moratoria de las licencias de actividades en clubes y asociaciones instando a un proceso participativo con todo el sector, para encontrar un encaje satisfactorio para todas y todos en nuestra Ciudad. Ahora, a punto de llegar al plazo que él mismo se marcó, no tiene en cuenta todo el trabajo que se ha estado haciendo para llegar a un consenso y sólo le preocupa el titular electoral que deja a merced del mercado negro, las mafias y el acceso ilegal a la sustancia a las personas usuarias de la planta de cannabis.

Comunicado CatFAC

comunicacio@catfac.org 

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Dado que en los últimos años en la ciudad Mataró se han creado  clubes sociales de cannabis, el pleno consistorial ha acordado estudiar y trabajar para posibilitar la regulación de las actividades de estos establecimientos que utilizan la marihuana legalmente permitida. Actualmente estaba suspendido el otorgamiento de licencias a estas asociaciones o clubes.

La concejal de Via Pública, Núria Calpe, admitió la necesidad de crear una regulación para este tipo de establecimientos que, por otra parte funcionan con un vacío legal que ninguna administración ha regulado todavía. En esta ciudad catalana existen siete clubs los que ya están abiertos y ofrecen cannabis a sus asociados, aunque la demanda de licencias para estos clubes de cannabis podrían doblar la cifra y de ahí la necesidad de una regulación por parte del consistorio municipal.
Entre otras especificaciones, la ordenanza restringe la acción de estas asociaciones que, por ejemplo, no podrán vender bebidas alcohólicas en su interior o deberán mantener una distancia mínima entre estos locales y otros servicios municipales de la ciudad y para regular las condiciones que debe tener el ejercicio de esta actividad.

La ordenanza, consta de 14 artículos y una disposición transitoria y una final, regula la apertura de clubes sociales de cannabis y establece un régimen de distancias entre ellos y entre éstos y los centros educativos y de salud. Asimismo, garantiza que los locales reúnan las condiciones necesarias para evitar molestias a los vecinos, y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de sus usuarios.

La normativa también garantiza que la actividad se lleve a cabo por asociaciones de usuarios debidamente inscritas en los registros públicos. La asociación que promueva el club social debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Entre otras condiciones, la ordenanza establece que para acceder a estos locales hay que ser consumidor habitual de cannabis –hecho de difícil comprobación- y prohíbe el consumo de otras drogas o bebidas alcohólicas, también queda prohibido el cultivo de cannabis en el local. Además, la asociación debe proporcionar información y asesoramiento profesionalizado en reducción de riesgos y daños derivados del consumo de esta sustancia. La normativa también incorpora el régimen sancionador y la tipología de infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves. La ordenanza también ha tenido en cuenta los criterios en materia de salud pública y la ley sobre el tabaquismo.

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El tribunal Constitucional ha suspendido la Ley aprobada por el Parlamento Navarro que regulaba los clubes de cannabis. El alto tribunal ha estimado este miércoles que han sido invadidas sus competencias estatales tanto en el campo de los productos farmacéuticos como en la legislación penal. En el plazo de quince días el Parlamento de Navarra podrá alegar o personarse en el proceso.

El Gobierno español recurrió la ley foral por considerar que la ley navarra invadía las competencias del estado que están reconocidas en el articulo 149.1 de la Constitución española, cuando regularon el consumo asociativo de cannabis y el cultivo común para el abastecimiento de dichos clubes.

La ley anulada por el constitucional fue aprobada por el Parlamento navarro en Noviembre del año pasado con los votos en contra del partido Popular y del partido Unión del Pueblo Navarro y que fueron la minoría en la votación parlamentaria. La ley foral aprobada en su día buscaba regular los colectivos de consumidores de marihuana en la Comunidad Navarra.

Una Comisión popular puso en marcha la iniciativa legislativa con la mayoría de fuerzas políticas navarras a favor , aunque siempre hubo dudas puesto que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ya había dado a conocer su intención de interponerse al considerar que la ley aprobada invadía las competencias de Estado Español. El alto Tribunal considera a la Ley invasora en las competencias estatales sobre legislación penal y de productos farmacéuticos, seguridad pública y bases de la sanidad.

La ley suspendida buscaba acordar las normas generales para que los clubes de cannabis pudiesen constituirse, organizarse, tener un buen funcionamiento acorde a las leyes establecidas y dar seguridad jurídica a estas asociaciones para el consumo y abastecimiento, dado que la jurisprudencia considera que “el consumo no constituye ilícito penal o administrativo cundo se somete a los límites de la norma interpretados por el derecho, atendiendo a la realidad social”

Lay Ley aprobada por el Parlamento Navarro regulaba las condiciones o normas para ser integrante de estos clubes de marihuana así como para su el propio abastecimiento, que según el Gobierno central, estaban en contra de los criterios para que el consumo de cannabis no sea castigado judicialmente.

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Considera que las actividades de la asociación respetan los límites del consumo compartido.

En una sentencia que se ha conocido hoy, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha decidido absolver de todos sus cargos a las cinco personas socias de Pannagh que fueron juzgadas recientemente. Todas ellas estaban acusadas de tráfico de drogas y, además, los tres miembros de la junta directiva acusados se enfrentaban a una acusación por integración en grupo criminal, alternativamente con otra por asociación ilícita.

En la sentencia, la Sala considera probado que los miembros de la asociación Pannagh, legalmente constituida desde 2003, “en aplicación del artículo 2 de los Estatutos de la Asociación y con la finalidad de evitar los riesgos del mercado ilegal mediante una fórmula que permitiera el acceso a los socios a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso, se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, para lo que se establecieron una serie de condiciones y límites destinados, entre otras cosas, “a excluir cualquier posibilidad distinta del autoconsumo privado”, es decir, a evitar la posible transmisión de la sustancia a terceras personas.

La Audiencia considera igualmente probado que “la cantidad de sustancias estupefacientes intervenida procedía del cultivo compartido realizado conforme a las previsiones de consumo de los socios consumidores de marihuana participantes, que estaban debidamente identificados, y estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de la Asociación y el acuerdo de los socios”. Además, para entrar en Pannagh había que firmar una solicitud por escrito avalada por otro miembro y había una lista de espera por lo que las personas socias eran admitidas “cuando con el cultivo de la sustancia se podía atender sus previsiones de consumo”.

En la sentencia se afirma que, contrariamente a lo sostenido en el juicio por la fiscalía, “no ha quedado acreditado que los acusados constituyeran una asociación con apariencia de legalidad para, bajo la cobertura formal de una asociación sin ánimo de lucro inscrita, cultivar cannabis, preparar y distribuir la sustancia estupefaciente obtenida a terceras personas a cambio de dinero, ni que para encubrir la entrega de la sustancia a estas personas se les realizara un carné de socio en el momento de la entrega de la sustancia”. También se considera que no se ha acreditado que se entregase marihuana o hachís a nadie que no fuera previamente socio, ni que el dinero obtenido se destinara a otra cosa que no fuera “sufragar los gastos propios de la asociación y los relativos al cultivo, recolección y conservación de la sustancia estupefaciente para entregarla a los socios para su autoconsumo según lo acordado”.

Según consta en la sentencia, entre la documentación obrante en los autos hay libros de registro perfectamente cumplimentados, solicitudes de ingreso en Pannagh firmadas por las personas socias y quienes les avalaron, informes médicos, contratos de trabajo y alquiler, declaraciones de impuestos, pagos a la Seguridad Social, etc. En este sentido, para la Audiencia queda patente que la actuación de Pannagh estaba alejada “de cualquier atisbo de clandestinidad”. Pero, además, hay un detallado registro por escrito de la dispensación de cannabis, con identificación precisa de a quién y cuánto se entregaba, para asegurar que “cada socio partícipe retiraba la cantidad correspondiente a su previsión de consumo, lo cual exige un efectivo control (…), control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un consumo compartido (…) y la sustancia fuera entregada a terceras personas no socias, hipótesis en la que, además, tanto el interés del que entrega la sustancia como del que la recibe sería no dejar constancia escrita de la transacción”.

Por otra parte, en respuesta a las afirmaciones del Ministerio Público de que la defensa de la normalización del cannabis oculta la intención de promover el tráfico de forma encubierta, la Audiencia considera que la normalización “en absoluto tiene por qué ser vista como un tráfico ilegal enmascarado. No resulta racional catalogar de este modo cualquier iniciativa colectiva que simplemente pretenda soslayar los perjuicios del mercado negro. (…) Alojar en el Código Penal cualquier intento de garantizar el consumo en condiciones de seguridad, negar al consumidor cualquier alternativa al margen de la clandestinidad del mercado ilícito supondría, en cierto modo, extender la penalización al consumo”. De esta manera, la Audiencia asume algo largamente reclamado desde el movimiento anti-prohibicionista y sostenido por prestigiosos juristas: Si se puede consumir legalmente, se tendría que poder obtener la sustancia de consumo de forma igualmente legal.

La Audiencia de Bizkaia, en su sentencia, reflexiona también sobre el carácter peculiar de asociaciones como Pannagh. “La constitución de una asociación y número elevado de socios” no constituye obstáculo para considerar la ausencia de delito, “toda vez que los socios partícipes son personas que están debidamente identificadas, son consumidoras de cannabis y existen medidas de control establecidas desde el cultivo hasta la entrega de las sustancias estupefacientes para asegurar su destino al consumo de los socios, medidas de control y seguridad que han sido aceptadas por los socios para conseguir marihuana de calidad y fiable para su autoconsumo”. En cuanto a la cantidad de cannabis incautada, se considera “compatible” con la previsión de consumo de las personas socias, dado que eran unas 300 en el momento de la intervención. Esto, unido al testimonio unánime de los socios y socias que declararon como testigos, en el sentido de que el cannabis era propiedad colectiva y que nadie ajeno a la asociación accedía al mismo, lleva a la Audiencia a la conclusión de que, a pesar de su gran volumen, se trata del producto de un cultivo compartido, solo que estructurado mediante una asociación legalmente constituida.

También se considera irrelevante el hecho de que personas socias se llevaran el cannabis a su casa. La Audiencia entiende que no solo es razonable que dichos socios manifestaran que “les gustaba o preferían consumir la sustancia en su domicilio y no podían acudir todos los días a la Asociación”, sino que además “el acopio de la sustancia para autoconsumo no es punible”, aparte de que los socios son “los interesados en el cumplimiento de las condiciones establecidas” para que el cultivo que les abastece no fracase, que las cantidades que se les ocuparon eran tan pequeñas que “a nadie se le ocurriría calificar suficiente para estimar su tenencia preordenada al tráfico” y que “ninguna de estas personas ha sido objeto de un procedimiento penal en razón de su tenencia”.

Por todo ello, y al considerar que no existe “vocación de tráfico ni una intención de los acusados de promover, favorecer o facilitar [el] consumo ilegal de drogas ni de difundir droga a terceras personas”, la Audiencia acuerda la libre absolución de todos los cargos y declara de oficio las costas judiciales. Contra la sentencia, que no es firme, se puede interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.

Martín Barriuso – Presidente de la asociación Pannagh.

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Poco más de un año después de aprobarse la ley que regula la producción y venta de marihuana en Uruguay, 15 grupos cooperativistas, conocidos como clubes “cannábicos”, preparan sus primeras cosechas mientras tramitan su autorización para poder producir esta sustancia de forma legal.

“No es fácil”, suspira el sociólogo Diego Pieri, miembro del club Cluc (Cultivando la Libertad Uruguay Crece) y de la ONG Proderechos, una de las organizaciones civiles que incidieron en la implementación de la ley 19.172, aprobada en diciembre de 2013.

El proceso para cultivar marihuana de forma colectiva puede llevar meses hasta que la inscripción sea aprobada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Y es que quienes hayan imaginado la legalización de la marihuana como una celebración repleta de humo y de un olor bastante específico, quizás no estén familiarizados con la burocracia que implica el proceso legal.

“Nosotros ya presentamos todos los papeles (…). Una vez que el Ministerio de Educación y Cultura nos da la habilitación para funcionar como ONG, más el plan de cultivo, más la definición de la persona como encargada técnica del cultivo y una autorización del dueño del local, podemos ir al correo, donde se hacen las inscripciones”, detalla Pieri respecto al procedimiento a seguir.

Previendo la usual demora de los trámites públicos y también los tiempos de siembra de acuerdo a las estaciones, el grupo de este activista empezó a organizarse hace un año, cuando la ley todavía no estaba reglamentada.

“Acá nadie está revendiendo las flores a otras personas, simplemente nos juntamos todos, evaluamos los costos totales de todo el cultivo y lo dividimos entre 45 personas entre 12 meses y cada uno va pagando aproximadamente 30 dólares por mes”, aclara Pieri.

El Cluc cuenta con la cantidad máxima permitida de 45 miembros y de 99 plantas.

La ley también determina “las actividades de divulgación, información y educación en el consumo responsable, dirigidas exclusivamente a sus integrantes” entre las responsabilidades de los clubes, según el Ircca.

“A partir del 28 de abril, los clubes que no estén perfectamente autorizados y que no cumplan todas las normas de seguridad pueden ser objeto de sanciones administrativas, ser cerrados por el Ircca y eventualmente perder las plantas, pero de ninguna manera esto implica un delito”, explica el militante.

En este sentido, en el Cluc decidieron recientemente repartir pequeñas cantidades de esta sustancia entre sus integrantes, después de que las primeras plantas fueran debidamente secadas y cortadas.

Además, ya preparan una gran cosecha de 300 gramos para cada uno de los miembros -de los 480 anuales permitidos-.

Para Pieri, obtener la autorización legal significará que 45 personas ya no necesiten recurrir al narcotráfico, cumpliendo el objetivo de la ley.

Pese al trabajoso trámite burocrático para registrar al club, el activista sigue prefiriendo la producción colectiva de marihuana.

“Lo más interesante de esta vía de acceso es que promueve el asociacionismo, que es una cantidad de gente que se junta, donde surgen ideas diferentes y pruebas de ensayo y error para tener mejores formas de cultivo y de organización”, concluye.

Por ahora, la ley ha sido aplicada solamente para el cultivo de marihuana sin fines comerciales, es decir, el cultivo doméstico de hasta seis plantas por residencia o a través de los clubes de membresía.

De acuerdo a la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay, además de los 15 clubes en proceso de tramitación, hay 2.000 autocultivadores ya registrados.

Se espera que la venta de marihuana en las farmacias se concrete antes de fin de año, según la JND.

 

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El partido político de nueva creación, Neodemócratas, y que se presenta en Málaga cara a las elecciones andaluzas, proponen legalizar el consumo de marihuana a través de clubes o asociaciones, como ya ocurre en la Comunidad Navarra.

Según el secretario general del partido , Isaac Moriel, la medida trataría de regularizar la marihuana a través de los clubes legalizados por la autonomía con garantía de calidad, sanidad y seguridad para sus usuarios. Como ya ocurre en Navarra, los Neodemócratas quieen que el resto de los españoles, en este caso andaluces, tengan los mismos derechos. “Esto atraería a los turistas y seríamos unos de los estados más modernos de Europa” ha defendido.

neodemocratas-oficial-web-copiaNeodemocratas es un partido que aboga por una lectura nueva de la democracia española actual, más concretamente andaluza, y encaja perfectamente con una nueva visión y revisión de como hasta la fecha se ha tratado el consumo del cannabis por parte de sus usuarios y de los poderes políticos.
Apoyamos totalmente estas nuevas formas de pensar y nuevos movimientos políticos y en favor de un trato totalmente diferente al actual con respecto a la marihuana. Tomamos nota.

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La audiencia de Barcelona avala en una sentencia a los clubes o asociaciones de cannabis. La justicia en la ciudad Condal absolvió a los dirigentes del Club de cannabis Three Monkeys y con dicha absolución da crédito a este tipo de organizaciones privadas siempre y cuando estén registradas debidamente y cumplan con las normas establecidas para estos establecimientos.

Es la primera vez vez que un club cannabico es juzgado en la Audiencia de Barcelona por asociación ilícita y el fallo del tribunal no puede ser mas claro, los responsables del club no vendían a terceros no asociados, no fomentaban el consumo fuera de su local y no tenían como objetivo el enriquecimiento personal.

También la Audiencia de Barcelona acentúa que los Clubes de Cannabis son un nuevo fenómeno de reciente aparición regulados por el Gobierno catalán y en este caso por el Ayuntamiento de Barcelona definidos como instituciones sin animo de lucro y de abastecimiento exclusivo de sus socios. Además, el control de sus asociados como su mayoría de edad y su consumo en ámbito privado terapéutico o lúdico “reduce así los daños sobre la salud de sus asociados y el mercado clandestino.

                        “Resultaría cuando menos extraño que la Administración se haya ocupado de regular las condiciones de funcionamiento de estas asociaciones si fuera tan evidente que su objeto social, recogido en los Estatutos, es ilícito y penalmente relevante”, dice la sentencia

                        “Ni las conductas delictivas dejan de serlo porque se lleven a cabo bajo el amparo de una asociación constituida regularmente desde un punto de vista administrativo, ni las irregularidades administrativas en la constitución de una asociación puede determinar su calificación como asociación ilícita si no son delictivas sus finalidades”.

Estudiados los estatutos del Club de cannabis Three Monkeys el tribunal de justicia corrobora que éstos coinciden con los reglamentos fijados para este tipo de asociaciones cannabicas.

“No consta que la sustancia estupefaciente que los acusados poseían en la sede de su local haya sido entregada a personas no consumidoras que no fueran socios de la asociación o que la sacaran del citado local para su consumo posterior en lugar público y tampoco consta publicidad alguna del local donde tiene su sede la asociación ni que personas ajenas a la misma pudieran acceder al mismo”, resalta el fallo del tribunal de justicia catalán.

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En Barcelona el Ayuntamiento aprobó una instrucción para limitar la salida de lo humos de los clubes de marihuana de la ciudad, ya que éste implica una situación de riesgo para la salud publica y que el consistorio municipal quiere controlar y atajar. Este primer paso debe ser corregido antes de preparar y elaborar una regulación para los clubes y asociaciones.

El documento establece los limites de las emisiones del humo de cannabis por parte de estos clubes, ya que tienen compuestos tóxicos y psicotropicos además de olores.
Según el escrito, las emisiones que superen los umbrales calculados en la instrucción se podrán estimar como riesgo para la salud de los ciudadanos, por lo que se establecerán “medidas correctivas que se estimen convenientes” para poner fin a esta situación.

El gerente de Hàbitat Urbà del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Civit, firmó el mes de Enero pasado el preámbulo de la instrucción que recogía el dato de la instalación en la ciudad de asociaciones de cannabis y que en las cuales, se ponía a disposición de sus asociados y dentro de sus locales cannabis para consumo privado . Aunque la actividad es legal en la ciudad Condal, este tipo de clubes de consumidores de marihuana producen y emiten humos que pueden ser molestos para el resto de ciudadanos.

Las malas salidas de humo de los clubes ha sido uno de los motivos más importantes y graves por los cuales muchos clubes o asociaciones han tenido problemas legales con las inspecciones de sus instalaciones, además de otras.

Se ha aprobado dotar a los clubes de cannabis de unas normas a las que ajustarse de medidas y análisis, “en el procedimiento de legalización y control de las asociaciones cannábicas”. La regulación de las salidas de humos de estas sedes cannabicas se enmarcaran dentro de Ordenanza Municipal

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a seis miembros de la Asociación Green Lemon de Ibiza rechazando el recurso impuesto por el Ministerio Fiscal. Con esta resolución el Tribunal da la razón al Juzgado numero 1 de lo Penal que avalaba así la legalidad del cultivo de marihuana y su distribución para los asociados del club.

La asociación de consumidores de cannabis Green Lemon de Ibiza contaba con 455 socios y tenían que cumplir con la reglamentación interna, como la de ser mayor de veinte años, ser consumidor adicto al cannabis, abastecerse de hasta dos gramos diarios, ser diagnosticado con alguna enfermedad que la marihuana palíe o que el consumo sea en el local de la asociación sin poder vender a terceros.

En febrero del 2012 la Guardia Civil localizó cuatro kilos de marihuana preparada para el consumo y porciones de hachís cuando entró en la sede de la asociación y poniendo a disposición del juzgado a seis de sus miembros. La Fiscalía entendía que la asociación de cannabis era una simple tapadera para la venta y distribución de marihuana pero el Juzgado nº 1 de lo Penal de Ibiza así no lo entendió equiparando los hechos a un consumo compartido entre un grupo de amigos.“No es razonable hacer depender la relevancia penal del hecho en el número de consumidores, ni mucho menos establecer un número a partir del cual el cultivo compartido es delito”, dice la sentencia. De hecho, la Audiencia Provincial entiende que los cuatro kilogramos de marihuana habría que dividirlos entre los 455 socios y de esa forma ya no es tan llamativa la cantidad de la incautación de la sustancia.

Otra razón que también recoge la sentencia es que la creación de estas asociaciones o clubes tienen como objetivo también evitar la compra de cannabis en el mercado negro por la consiguiente adulteración de la sustancia y engrandecimiento de dicho mercado ilícito

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Navarra es la primera Comunidad Autónoma de España que establece las normas para constituir un Club de Consumidores de Marihuana

El BOE ha publicado esta semana el texto que aprobó el Parlamento Navarro el mes de Noviembre pasado y que la convierte en la primera comunidad autónoma española que crea normas para que estos Clubes privados de consumo de cannabis estén dentro de la legalidad.

Las normas generales aprobadas por el Parlamento local servirán para constituir, organizar y poner en funcionamiento este tipo de asociaciones de consumidores. La ley aprobada proviene de una Iniciativa Popular avalada por 5.114 firmas que fue debatida y posteriormente legalizada por los votos del Partido Socialista Navarro, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos.

Las nuevas normas aprobadas dictan que este tipo de asociaciones privadas de consumidores deben ser asociaciones sin animo de lucro, además de estar legalmente registradas en el registro de asociaciones del Gobierno de Navarra.

Estos clubes deben facilitar a sus usuarios información sobre un uso responsable y trabajar en pro de la reducción del mercado ilícito, así mismo, sus socios fundadores deben acreditar ser consumidores de forma habitual antes de poner en marcha la Asociación o Club de Cannabis.

La Iniciativa se suma a otras similares como por ejemplo la que esta tramitando en el parlamento catalán y que actualmente se encuentra en el periodo de prorroga de presentación de enmiendas.

En España aproximadamente existen cerca de 400 clubes de cannabis según informó el Fiscal Especial Antidroga José Ramón Noreña Salto y aunque la primera aprobación del reglamento para la constitución de estos clubes viene de la mano del Parlamento Navarro, durante el año 2015 se espera que más parlamentos regionales opten por medidas parecidas a las del navarro.

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La Representación Cannábica de Navarra considera que es “previsible” que el Gobierno central recurra la norma navarra, pero insiste en que este debate ya es “un primer paso”.

El portavoz de la entidad, Ramón Morcillo, defiende que la ley aprobada en la Comunidad Foral tiene posibilidades de seguir vigente, pese a las dificultades para legalizar el cultivo y el transporte.

En el peor de los casos, el debate sobre el consumo de cannabis llegará al Tribunal Constitucional; en el mejor, la legislación pionera en Navarra sobre este tema seguirá adelante. La Representación Cannábica de Navarra (RCN) valora, pese al informe elaborado por el Ministerio de Interior que advierte al Gobierno Foral de las “ilegalidades” de esta nueva norma, que un recurso por parte de Madrid es “previsible”, pero insiste en que todavía hay margen para que siga vigente esta legislación, impulsada por iniciativa popular por la propia RCN tras la reunión de más de 10.000 firmas.

“Sí, aún hay esperanza, yo siempre he sido optimista, y tenemos juristas que nos han confirmado que la norma aprobada en Navarra tiene un texto impecable. Otra cuestión es la normativa asociada a ella, que no solo tiene que ver con el consumo, sino también con el cultivo y el transporte del cannabis”, explica el secretario general de RCN, Ramón Morcillo. Para concretar estas cuestiones, la entidad ya se puso en contacto con el Gobierno Foral un día después de la aprobación de la ley en el Parlamento. Por el momento, no ha habido respuesta.

¿Quiere eso decir que desde el Gobierno Foral se espera ya al recurso del Gobierno central? San Sebastián se convirtió en  la primera ciudad de España con una regulación de los clubes de cannabis, y el delegado del Gobierno en Gipuzkoa, Carlos Urquijo, dio a mediados de diciembre orden, según se recoge en este artículo de ABC, de que se recurriera esa ordenanza, algo que en principio debería dirimirse mediante un contencioso administrativo. En Navarra, sin embargo, al tratarse de una normativa aprobada en el Parlamento, ese paso debería ser ante el Constitucional.

Por ello, desde RCN creen que, aunque lo lógico es que el PP “ceda a las presiones de su sector más reaccionario” y finalmente dé ese paso, este no tiene por qué ser negativo: “El objetivo principal es que el debate sobre el consumo de cannabis se diera en la calle y, después, en el Parlamento, y eso ya se ha logrado. Y, ahora, aunque se recurra en el Constitucional, estamos hablando de un paso importante. El debate estará donde tenía que estar”. El informe elaborado por Interior y remitido a Navarra, como ya adelantó eldiarionorte, augura que el asunto se abordará en sede judicial.

¿ Y el cultivo?

Con todo, Morcillo cree que hay margen para que esta norma navarra sea respetada, porque el consumo no se produciría en la vía pública, sino en “circuitos cerrados”. Eso sí, para llegar hasta estos clubes, primero habrá que abordar dónde se cultiva y cómo se transporta la marihuana. Lo que no tiene sentido, según RCN, es que se permita el consumo y, después, se aboque a los usuarios al “mercado negro”. “Nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas, a que haya inspecciones, a contar con los permisos necesarios”, insiste Morcillo. Sin embargo, además del recurso, desde RCN tampoco descartan que haya otro tipo de reacciones desde las instituciones, como un aumento de los controles policiales.

Para la Representación Cannábica de Navarra, ya se ha dado el primer paso de un debate que, pese a los obstáculos, va a seguir adelante. Tanto con el Parlamento navarro actual, ya sea con actuaciones acordadas con el Gobierno o con la oposición, como con el que resulte de las próximas elecciones forales y estatales: el debate sobre el consumo de cannabis ya está aquí, advierte, y no tiene sentido mirar hacia otro lado.

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-El Ministerio de Interior advierte de que la aplicación de la Ley de usuarios de Cannabis va a crear “problemas” si no se toman en consideración sus “observaciones”.

-Consideran “ilegal” y “vulneración de competencias” prácticamente toda la propuesta: el consumo, el cultivo, el registro como asociación de los clubes e, incluso, la declaración de adicto.

En contra de los argumentos propuestas por los impulsores de la  Ley Reguladora de los consumidores de cannabis en Navarra, el Ministerio de Interior advierte de “ilegalidades” que se podrían llevar a cabo con la aplicación de la ley. En un informe remitido al Gobierno de Navarra, Interior advierte de que la ley vulnera competencias estatales y protege en su articulado acciones que son delito según el código penal, como el cultivo o el consumo de cannabis. Advierte de que “la regulación vulnera competencias exclusivas del Estado en materia penal, en materia de seguridad pública y en materia de protección de la salud pública” y alude a la “voluntad de colaboración” que existe entre las Administraciones para “despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantee con la aplicación de la mencionada ley”.

Un informe en tono de advertencia para la puesta en marcha de la ley que repite una y otra vez que las acciones protegidas por la legislación navarra son consideradas ilegales por el Gobierno Central además de dejar claro que suponen un nuevo conflicto de competencias entre Navarra y el Estado. Un informe en el que se rebaten todos los aspectos legales en los que se apoya la norma foral.

Según la interpretación del ministerio, en contra de la consideración de los usuarios de cannabis y de cada vez más  expertos que defienden bondades de la marihuana, la legislación nacional e internacional reconoce que el cannabis es una sustancia considerada ilegal para su cultivo y consumo y perjudicial para la salud. Analiza también la jurisprudencia alegada por los proponentes de la ley, en la que los usuarios de cannabis navarros encontraron una ‘grieta’ legal basada en el concepto de autoconsumo compartido. Sin embargo, el Ministerio de Interior no considera que sea lícita la creación de clubes de cannabis conforme a ese concepto.

Para el Ministerio, el autoconsumo compartido, continúa el informe, debe producirse de forma “esporádica e íntima”, y con un número mínimo de participantes. Condiciones que, a su juicio, no cumplirían las asociaciones de consumidores. Además, respecto a la consideración de los clubes como asociación, duda de su legalidad porque considera que no persiguen un fin lícito. Plantea dudas incluso con la consideración de adicto ya que el Gobierno central defiende que debe ser un médico quien declare adicto a un usuario, y no es suficiente con firmar una declaración como se propone en la ley navarra.

Otro problema planteado por Interior es sobre el cultivo ya que, aunque los socios retiren una pequeña cantidad para el consumo, el Ministerio plantea qué sucederá con el ‘stock’ creado para abastecer a los integrantes de las asociaciones ya que no existe, a priori, ningún control que prevenga el tráfico ilegal de la sustancia. Una cuestión que ya ha pasado por los tribunales con una sentencia que avala el cultivo de la sustancia por los clubes de consumidores y que ha sido estudiada por varias asociaciones en defensa del consumo legal de cannabis.

Conflicto de competencias

Una serie de advertencias que dejan claro que a Interior no le ha gustado la legislación de la Comunidad Foral, primera ley que regula los clubes de consumidores de cannabis, y que considera además que se trata de un nuevo conflicto de competencias. En este caso, según el Ministerio de Interior, vulnera “competencias exclusivas del Estado en materia penal, de seguridad pública y salud pública”, y considera fundamental lo que puedan declarar otros ministerios al respecto.

Todo apunta a que el Gobierno recurrirá la ley si el Parlamento no toma ninguna medida que frene su puesta en marcha. En el informe se detalla que el fin que persigue es “que las observaciones sean valoradas con el alcance y la forma que se consideren más apropiadas” para evitar conflictos entre las administraciones y con los usuarios debidos a la aplicación de la norma foral.