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Ayer se certificaron las firmas necesarias para la iniciativa popular.

Las asociaciones de consumidores de cannabis alcanzaron un total de 54.937 firmas, pasando de las 50.000 necesarias, para que el Parlamento de Cataluña pueda hacer un debate en su totalidad en el pleno.

Las asociaciones entregaron más de 67.000 firmas aunque solo se dieron por válidas más de 54.000. Los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) superaron el mínimo exigido para poder comenzar con la tramitación parlamentaria, tal como ha dicho el Presidente de la comisión de control, Daniel Bartomeus.

Órgano que forman varios magistrados y juristas que son los que velan por un correcto proceso en la recogida de firmas.

Cuando se valide la propuesta, la mesa y junta de portavoces tendrán que poner un plazo para que los grupos políticos del parlamento catalán presenten sus enmiendas y se fije una fecha para el pleno donde se debatirá en su totalidad esta cuestión. La iniciativa legislativa popular tendrá que someterse a un primer debate en un máximo de cuatro meses después de recibir la certificación de firmas.

El objetivo de la iniciativa es regular el modelo de la actividad de los clubes y asociaciones creando unas normas generales para poderse constituir, además de un posterior establecimiento de reglas para el cultivo, registro, distribución y medidas de control higiénico y médico.

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Como seguramente sabe ya todo el mundo, el 7 de septiembre del año pasado el Tribunal Supremo publicó la sentencia 484/2015 por la que se condena al presidente, secretario y tesorero del club cannábico EBERS a ocho meses de prisión y multa de 5000 euros por un delito contra la salud pública.

En esta resolución que cuenta con tres votos particulares en contra y que consta de 94 páginas, el tribunal deja sentadas las condiciones que deben darse para que en casos similares pueda condenarse a los responsables de asociaciones cannábicas.

Sea o no sea legal el consumo de marihuana, o de cualquier otra substancia prohibida, no es delito en España y si no es delito nadie puede ir a la cárcel por el simple hecho de consumir.

En lo relativo al cultivo, es cierto que el artículo 368 del Código Penal lo tipifica como delictivo pero si uno puede consumir pero no comprar, ni mucho menos vender, es obvio que ha de poder cultivar lo que consume y así lo ha ido interpretando la jurisprudencia, incluida la resolución que comentamos, desde hace mas de veinte años. Hasta el momento, las asociaciones cannabicas, han encontrado una cierta cobertura legal en base a estos preceptos. Ya que puede cultivarse lo que se consume no tiene porque haber tampoco ningún impedimento para que un grupo de personas se organice de forma colectiva para compartir los gastos y tareas del cultivo y repartir el producto obtenido.

Pero ahora, el supremo ha considerado que el club Ebers rebasaba estos criterios. Textualmente:

“La magnitud de las cantidades manejadas, el riesgo real y patente de difusión del consumo, la imposibilidad de constatar con plena certidumbre la condición de consumidores o usuarios de la sustancia, así como de controlar el destino que pudieran dar al cannabis sus receptores.”

A falta de la reclamada legalización total, o al menos de una legislación penal clara, tenemos que conformarnos a día de hoy con interpretaciones judiciales que no son claras en absoluto y que generan una grave inseguridad jurídica a la población. Porque, ¿que es un número reducido de socios? ¿que es una cantidad mínima de marihuana? ¿que significa un circulo cerrado e íntimo de consumidores?

No obstante y después de analizada esta sentencia y otras similares hay una serie de precauciones que las asociaciones pueden adoptar preventivamente, para dificultar y desmontar lo máximo posible los argumentos principales que utilizan jueces y fiscales para criminalizar a los grupos de consumidores.

Al menos de forma general y documentalmente, ya que cada asociación tiene su funcionamiento y sus particularidades, creo que es importante dejar constancia de lo siguiente:

A ser posible en los estatutos, manifestar que la asociación es, en principio, un grupo cerrado de conocidos que no tiene en principio ninguna voluntad de expandirse. Para ello se pueden establecer ciertas dificultades de acceso como un periodo de espera o la recomendación y aval de otros socios.

Dejar constancia escrita de que se identifica siempre a los socios mediante su DNI y que nadie ajeno a la entidad puede acceder al local.

Que se proporciona una cantidad mínima de marihuana para su consumo inmediato, estando prohibido llevarse nada a casa.

Hacer firmar a los socios un documento en el que declaren ser consumidores habituales (eso no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos)

Que todo el mundo participa en las tareas de cultivo y obtención de la marihuana.

Que no puede consumirse fuera del local de la asociación.

Evitar la publicidad excesiva, en el sentido de captación de socios.

Todo ello, hoy por hoy no garantiza nada porque no hay una legislación clara, pero al menos puede sentar las bases para una buena defensa en caso de imputación judicial.

Para terminar desdramatizando un poco la situación, señalar que el artículo 80 del Código Penal prevé la suspensión de las penas de cárcel inferiores a dos años en la primera condena. Es decir que una pena de ocho meses no tiene porqué significar el ingreso en prisión.

David Toses, abogado

david.toses@icam.net

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El Tribunal Supremo español condenó hace unos días a los responsables de un club o asociación de cannabis con 290 miembros. También señaló que el cultivo destinado para un reducido grupo de miembros carecía de relevancia penal.

En tribunal Supremo hace unos años amparó a asociaciones de cannabis bajo la doctrina de consumo compartido, pero, con esta última sentencia al club vasco Ebers, deja muy claro que en este concepto de consumo compartido no todo vale y fija unos limites de como deben ser estas asociaciones o clubs.
El alto tribunal con su resolución deja abierta lo que podría interpretarse como una llamada a los dirigentes a una regulación más aclaratoria para todas las partes.

En estos últimos tiempos han proliferado en España clubs de consumidores de cannabis que en un principio eran pequeñas asociaciones de consumidores que tenían cultivos compartidos para su uso exclusivo. En la actualidad, esa idea inicial también ha llevado a la creación de grandes clubes con grandes cantidades de asociados que en algunos casos han llegado a miles y en algunos casos no suministrando bajo demanda sino a discreción.

El mismo Tribunal Supremo en sentencias anteriores los amparaba bajo la figura del autoconsumo, con esta última sentencia al club Ebers, ha considerado que se excede de aquella filosofía del grupo de conocidos que conjuntamente consumen cannabis. El tribunal considera que la asociación (290 miembros) y su estructura (distribución organizada, permanencia en el tiempo, abierto a nuevas incorporaciones y que permitía a sus miembros hacer acopio de casi 400 gramos de cannabis) “excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente“.

La sentencia por su parte, tampoco admite que todos los clubes de fumadores sean ilegales. El texto de la sentencia sostiene que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones“. La sentencia ,según la interpretación de estas asociaciones de marihuana, como no fija qué tamaño del club sería delictivo y cuál no, establece que habría que observar cada asociación “caso a caso”.

La  Federación de Asociaciones Cannábicas de España y la plataforma por una Regulación Responsable  consideran esta sentencia del alto Tribunal como un ataque al asociacionismo de los consumidores de cannabis, aunque aseguran que ellos impulsan otro tipo de clubs con otras características en España. “Frente a este modelo existe un consenso hacia otros tipos de asociación con unos límites más razonables de los que tenía esta asociación”, expone Ramón Morcillo, portavoz de Regulación Responsable. Morcillo explica que según su modelo “es impensable que en pro de un consumo responsable un socio pueda retirar el consumo de medio año de una vez”, algo que sí sucedía en Ebers.

David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (FAC), admite que “no todos los clubes son iguales ni cumplen la función del consumo compartido“, y explica que “el modelo más extendido es el de una pequeña asociación o club cerrado más o menos estable, donde no hay retribución económica y todas sus decisiones se toman en asambleas”. Frente al, digamos, modelo Ebers, Rabé afirma que “no queremos seguir ese modelo“, y reivindica “el modelo de activismo, plural, en el que los socios llevan la gestión del club” y aboga por “el cultivo colectivo frente a la compra mancomunada”. De alguna manera, el que señala el Supremo que “puede carecer de relevancia penal”.

El tribunal señala en la sentencia que a pequeña escala y que la actividad del club se realice en un lugar cerrado sin publicidad u ostentación pueden ser indicadores de asociaciones que no incurran en el delito penal.  La noticia ampliada aquí

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La semana pasada en la Universidad de Deusto , País Vasco, el delegado del Plan sobre Drogas advirtió de que los clubes cannábicos no cumplían con la ley.

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Francisco de Asis Balbín, dijo que los clubs de cannabis, “tal como quieren proceder, no cumplen en absoluto con las exigencias que se han determinado a nivel de la jurispruedencia”, también dijo que el 32,7% de los españoles están a favor de que el estado español legalice la marihuana para uso recreativo.

Balbín aseguró que a nivel estatal está regulado el mercado de los estupefacientes y que esa regulación incluye figuras como la del consumo privado o el cultivo para consumo privado, que  “está autorizado y mucho más claro aún desde la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana”.

La normativa también regula, indicó el Delegado del Gobierno, el consumo en espacios públicos, “a la hora de tipificarlo como una falta administrativa”, así como el consumo compartido, un tema, según subrayó que “tiene tela”, y que el consumo compartido se dará cuando se den todas y cada una de las circunstanciaras establecidas.

La primera de esas normas es la de establecer que sus consumidores sean adictos para que se establezca su consumo compartido y en un lugar cerrado a terceros. Además de exigir que la droga sea “insignificante” con lo que la “coparticipación consumista venga referida a un pequeño grupo de drogodependientes como acto esporádico e íntimo, sin trascendencia social, que los consumidores sean personas ciertas y determinadas y que se trate de un consumo inmediato de las sustancias adquiridas”.

También indicó en la charla que el consumo entre los más jóvenes en los últimos años había bajado en un 30% en España y que el país seguía estando entre las naciones que tenían el consumo más alto de cannabis entre sus ciudadanos.

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Dado que en los últimos años en la ciudad Mataró se han creado  clubes sociales de cannabis, el pleno consistorial ha acordado estudiar y trabajar para posibilitar la regulación de las actividades de estos establecimientos que utilizan la marihuana legalmente permitida. Actualmente estaba suspendido el otorgamiento de licencias a estas asociaciones o clubes.

La concejal de Via Pública, Núria Calpe, admitió la necesidad de crear una regulación para este tipo de establecimientos que, por otra parte funcionan con un vacío legal que ninguna administración ha regulado todavía. En esta ciudad catalana existen siete clubs los que ya están abiertos y ofrecen cannabis a sus asociados, aunque la demanda de licencias para estos clubes de cannabis podrían doblar la cifra y de ahí la necesidad de una regulación por parte del consistorio municipal.
Entre otras especificaciones, la ordenanza restringe la acción de estas asociaciones que, por ejemplo, no podrán vender bebidas alcohólicas en su interior o deberán mantener una distancia mínima entre estos locales y otros servicios municipales de la ciudad y para regular las condiciones que debe tener el ejercicio de esta actividad.

La ordenanza, consta de 14 artículos y una disposición transitoria y una final, regula la apertura de clubes sociales de cannabis y establece un régimen de distancias entre ellos y entre éstos y los centros educativos y de salud. Asimismo, garantiza que los locales reúnan las condiciones necesarias para evitar molestias a los vecinos, y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de sus usuarios.

La normativa también garantiza que la actividad se lleve a cabo por asociaciones de usuarios debidamente inscritas en los registros públicos. La asociación que promueva el club social debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Entre otras condiciones, la ordenanza establece que para acceder a estos locales hay que ser consumidor habitual de cannabis –hecho de difícil comprobación- y prohíbe el consumo de otras drogas o bebidas alcohólicas, también queda prohibido el cultivo de cannabis en el local. Además, la asociación debe proporcionar información y asesoramiento profesionalizado en reducción de riesgos y daños derivados del consumo de esta sustancia. La normativa también incorpora el régimen sancionador y la tipología de infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves. La ordenanza también ha tenido en cuenta los criterios en materia de salud pública y la ley sobre el tabaquismo.

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Cada vez son mas las ciudades que están tomando las riendas sobre la reglamentación y regulación de los clubes de cannabis. La semana pasada fue la ciudad vasca de San Sebastián la que de alguna forma reconoció estas asociaciones de consumo de marihuana estableciendo los parámetros por los cuales se deben regir estos clubes.

El portavoz de la Federación Vasca de Cannabis EUSFAC, Iker Vall, valora positivamente la medida

“Desde EUSFAC creemos que la ordenanza que se ha aprobado y que ha salido en el BOE la semana pasada de alguna manera reconoce los clubes sociales de cannabis y los integra dentro de vida asociativa de la ciudad pero también establece unos parámetros y unos criterios donde deben operar estas organizaciones”.

“Creemos que ha habido muy buena sintonía entre el ayuntamiento, la sociedad civil y las asociaciones y creo que realmente la apuesta de futuro es si somos capaces de implementar esta ordenanza que a buen seguro forma parte de un proceso de regulación más amplio que se esta dando a nivel regional en el País Vasco y que esta llevando a un reconocimiento no solo de los derechos de este tipo de colectivos y de los usuarios sino también de sus deberes y obligaciones para con la sociedad”

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Ya somos uno más en la gran familia que es la federación nacional FAC y desde toda la junta directiva de la FAC, queremos dar nuestra más sincera bienvenida a este colectivo, que por derecho propio, suma esfuerzos en la representación activista en el levante de nuestro país.

Un club que nace en el 2010 con el firme propósito de implantar el modelo asociativo FAC en Castellón, organizadores de varias actividades entre las que destacan talleres de cocina cannábica, seminarios de extracciones,  conferencias, servicios terapéuticos y su “festa de la collita” (fiesta de la cosecha). Queda bien claro, que este colectivo representa una referencia activista en una comunidad que también solicita normalizar la actual situación del cánnabis, uniendo a un buen grupo de usuario/as responsables para demostrar que nuestros derechos deben ser tenidos en cuenta. Comienza un camino lleno de ilusión, esfuerzo y trabajo.

Enhorabuena a todo el colectivo y a sus responsables !!!

www.castellocannabisclub.org

Fuente FAC

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El pasado día 11 fue emitida la sentencia del juicio celebrado el pasado día 5 de Mayo en el Juzgado 31 de lo penal de Madrid, en relación con la acusación de un delito contra la salud pública del que el presidente de la Asociación La Santa Le Club, fue imputado en relación con las dos primera detenciones e incautaciones realizadas en la primavera del año 2012. La resolución de la sentencia ha sido de la ABSOLUCION del delito contra la salud pública del que estaba imputado.

Por tercera vez la asociación va a hacer valer sus derechos y va a pedir la devolución de todo lo incautado incluyendo el casi 1.200 gr de marihuana aprendidos.

Volvemos a recalcar el grado de inseguridad jurídica en el que se desarrolla este proyecto y otros muchos similares y emplazamos otra vez a las administraciones públicas a abrir un diálogo y colaboración en la búsqueda de un marco regulatorio diferente para poder abordar las problemáticas de consumo de sustancias ilegales desde una perspectiva completamente diferente.

No hacemos más que ejercer como ciudadanos libres y responsables nuestro derecho de reunión y de asociación que están recogidos en el artículo 18 de la constitución española y en la ley de asociaciones del año 2002.  Habiendo Siendo la dispensación de cannabis a los socios, el acto de más transcendencia desde el punto de vista mediático y judicial, validado con resoluciones judiciales que una y otra vez demuestran que la dispensación y consumo dentro de la asociación, está dentro de la doctrina del consumo compartido del tribunal supremo y por tanto no es un delito contra la salud pública.

Agradecer al Juzgado 31 de lo penal su valentía y su buen hacer judicial en esta resolución tan importante para nosotros desde el punto de vista personal y a la vez tan relevante desde el punto de vista de todo el colectivo cannabico.

www.madfac.com

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En 1993, el grupo pro-legalización, Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC), con sede en Barcelona, fue pionero en plantear la legalidad del cultivo de cannabis para el consumo colectivo de mayores de edad, al preguntar al fiscal antidrogas si la actividad podría pasar el aro de la ley. La respuesta fue que en principio, era legal. El primer club social de cannabis en España, el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB), se fundó en 2001. Entre 2001 y 2003, el Tribunal Supremo dictó resoluciones en varias ocasiones a favor de la despenalización de la posesión y el consumo de cannabis siempre y cuando no se hallara en ello un fin lucrativo.

Hoy, la asociación cannábica Betelén, arraigada en la zona del Puerto de la capital grancanaria, ha arrancado con pie firme en una isla donde se tiene constancia de otro colectivo, el Club Social de Cannabis (CSC) Mambo, también en la zona portuaria, y de otro que pasó a mejor vida, el de El Secadero, que estaba situado en Sardina del Sur. Este, por desavenencias entre sus socios, dejó de funcionar, si bien aún no se ha disuelto formalmente, ya que nunca se inscribieron en su momento las modificaciones correspondientes de la extinta junta directiva de la asociación.

Betelén se creó en 2009 y en ella hay cuatro trabajadores asalariados más un quinto en calidad de voluntario, y cerca de 130 socios, que en conjunto forman este club o asociación cannábica, en el que se hace una inversión mensual y se reparten tres cosechas de marihuana anuales entre estos socios. Así lo describe Rayco Ouviña, que preside la junta directiva y que además se encarga de parte de la gestión general y buena parte de la comisión de tesorería en un régimen a tiempo completo en el club. Para adherirse a Betelén, es requisito indispensable la recomendación previa de un socio, “no puedes contactarnos por internet ni nada de eso, tiene que avalarte alguien o tener alguna enfermedad para la que el cannabis está recomendado”, caso en el que el aval personal previo se deja de lado, aclara Ouviña.

El isleño comenta que el crecimiento de socios es “muy lento” y que “muchos se han ido dando de baja, porque han dejado de consumir o empiezan a cultivar y prácticamente ya no consumen (en el club), o porque se van a vivir fuera”. Así que, “entre los que entran y los que salen, crecemos un poquito”,  lo cual “nos viene bien porque el cultivo colectivo lo hacemos en base a una demanda”, de modo que la sostenibilidad evita problemas tanto de escasez como de abundancia. “Lo preferimos así, yendo despacito”, revela Ouviña, quien también habla de un máximo de 200 socios activos como tope para Betelén, “nos parece que es suficiente y que lo lógico es favorecer que se formen otros clubes antes que seguir creciendo ilimitadamente, no es nuestra filosofía”, más bien “quedarnos en algo chiquitito”.

Ouviña y la asociación a la que representa constituyen un reducto de libertad, respeto y armonización para, con y hacia el cannabis y la marihuana en Gran Canaria. Como pertenecientes a la española Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) se erigen en representantes isleños de los valores de esta red asociativa, que “demanda un cambio en la legislación actual en materia de drogas para que sea más justa y eficaz”.

Asimismo la FAC abre un debate público sobre la participación de la sociedad civil en el diseño de dichas políticas. Para hacer frente a esta demanda, la FAC cuenta con una propuesta reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, este último a través de los Clubes Sociales de Cannabis o CSC, los cuales funcionan “democráticamente, sin ánimo de lucro y producen bajo demanda de un círculo cerrado de persona adultas que no pueden cultivárselo ellos mismos”, tal y como se postula en su página web. En esta página se describe, así mismo, que “la FAC participa en parlamentos autonómicos, nacionales y europeos, foros internacionales, talleres, debates e intervenciones en medios de comunicación. En el plano social cuenta con asesorías jurídicas y legales, conferencias, manifestaciones y diversas actividades a nivel lúdico y forma parte de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD)”, lo que denota una posición de relativo poder como actor en ciertas plataformas de negociación y foros de discusión, caso de su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1998.

En la esfera política, Ouviña afirma que “con Izquierda Unida (IU) siempre ha habido cierta afinidad, ellos siempre nos han llevado en sus programas políticos, admiten una sugerencia, hay un acercamiento, facilidad”. Con otros partidos, según el momento: “Con el PP (Partido Popular) poco, otros parece que tienen un acercamiento pero después salen con otra cosa y es más complicado. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) suele escucharnos mucho cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno bastante poco”, añade el isleño. Además, han tenido “algún acercamiento” con Ben Magec por la afinidad naturalista común y compartida.

En representación de Izquierda Unida Canaria (IUC), el joven militante Yoseba Farto, habla del uso industrial alternativo y potencial de la planta Cannabis sativa y del cáñamo que se extrae de ella, y fundamenta en ello la defensa de su legalización, aunque matiza que su partido “no aboga” ni por tener en cuenta esta característica como prioridad ni por dar la mayor importancia y la preponderancia al cáñamo como fuente de riqueza natural y de uso industrial. Sí pondera su valor como materia prima desaprovechada y desechada, y reclama que “el cannabis podría ser una de las patas de la industrialización del Estado español”. “Su estigmatización viene por cuestiones económicas, desde la irrupción del nailon, y las industrias del papel, más después de los biocombustibles”, alega Farto sobre el hecho de que las grandes empresas que trabajaban con estos recursos se enfrentaran al cultivo legal del cáñamo por intereses económicos en el pasado.

Para el activista pro-cannabis de IUC, es “una hipocresía tenerlo ilegalizado”, porque “no genera dependencia física, aunque sí psicológica” ni “daños permanentes, como el alcohol”. Sobre el uso recreativo, se decanta por defender su despenalización más allá del estigma social y moral: “¿Por qué no?”, cuestiona, retórico, “por supuesto”. Las asociaciones, añade Farto, “serían la forma más adecuada para llegar a una regularización y normalización total del cannabis, porque promueven un uso responsable y controlado, en círculos más o menos cerrados, garantizando una calidad y la responsabilidad en el consumo, tanto para la parte terapéutica como para la lúdica, aparte de hacer vida en común”, concreta el miembro de IUC. El joven militante no se olvida de los demás partidos: “Que quede constancia de que todos los partidos, menos el Partido Popular, están a favor de la regularización en teoría, pero no se lleva a la práctica, porque la relación entre las mafias y el poder es directa, las mafias de la droga tienen más poder que el propio Gobierno”.

La lucha contra la criminalización de una planta

Con la Ley sobre Protección de la Seguridad ciudadana de 1992, conocida como ‘Ley Corcuera’, aún vigente, cualquiera que sea descubierto con plantas, muchas o pocas, en su casa o en terrenos de su propiedad, va a parar ante el juez acusado de delito contra la salud pública. La inmensa mayoría se libra de la cárcel si no se logra demostrar que se dedicaba a vender. En España hay un vacío legal entre el derecho a consumir y el de abastecerse del que, en variadas ocasiones, la Policía se aprovecha para intervenir y abocar a un proceso por lo penal.

El abastecimiento compartido, en ese vacío, se ha impuesto como práctica permitida, de ahí que los clubes comenzaran haciendo compras compartidas, posteriormente sustituidas por el cultivo colectivo sin ánimo de lucro, a la postre también en connivencia con la legalidad. Las compras compartidas, subraya Ouviña, “no siempre son o han sido en el mercado negro, muchas veces compran a un conocido y le sacan así un poco de tener que acudir al mercado negro” a vender. Pero no olvida el perjuicio implícito de esta criminalización del cultivo, relegar el intercambio al pago con dinero no declarado y el desamparo en términos de seguridad laboral y social.

Betelén, que empezó funcionando con cultivos colectivos, sigue los pasos marcados por las veteranas asociaciones cannábicas arraigadas en la Península, sobre todo en Cataluña y Euskadi. Rayco Ouviña menciona que, fruto del contacto con otros clubes adscritos a la FAC, caso de exponentes catalanes pioneros, poseen una referencia legal de lo que puede ser un club cannábico. En concreto, unos socios catalanes fueron llevados a juicio al cuestionarse la licitud de su actividad y la Audiencia provincial de Tarragona dio la razón a la asociación.

Posteriormente, la Fiscalía les llevó al Tribunal Supremo, que condenó a multas a varios integrantes de la junta directiva e incluso a varios meses de cárcel, que finalmente ninguno cumplió por falta de antecedentes. Sus errores y sus aciertos conformaron la punta de lanza de estos colectivos y unas pautas legales validadas judicialmente a las que atenerse. En estos procesos se dilucidó la legalidad del cultivo colectivo frente al de carácter individual.

Así mismo, el Informe Muñoz y Soto, que emitió la Universidad de Málaga (UMA) y que se publicó en el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en el año 2000 a petición de la Junta de Andalucía cuando buscaba encauzar legalmente el establecimiento de dispensarios terapéuticos de cannabis, es también poso de conocimiento para estas asociaciones. Estas interpretaciones no hacen distinción entre el consumo lúdico y el terapéutico, lo que permite ambos consumos en el ámbito controlado y cerrado de un club cannábico y en atención a la jurisprudencia sobre el cultivo colectivo e individual.

“La clave para el funcionamiento de las asociaciones es que no haya un beneficio”, en todo caso que las asociaciones provean de un salario a los trabajadores propios de los clubs al modo de una cooperativa. Álex Jiménez, autor de estas palabras, es un jurista grancanario que asesora a los clubes y asociaciones cannábicos para adecuar sus estatutos y actuaciones a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a los tribunales menores en torno a esa especie de ‘pseudojurisprudencia’, en la que se ampara la actividad de estas organizaciones, a falta de una normativa específica.

Para Jiménez, la circular emitida en verano de 2013 por la Fiscalía General fue una manera de declarar que van “a echarle la soga al cuello” a las asociaciones y clubes cannábicos, de “ir a por ellas”. En estos momentos, la Fiscalía ya ha contactado con los registros de asociaciones de Tenerife y Gran Canaria, según informa el jurista, para revisar punto por punto este censo de clubes cannábicos y, opina, “meterles mano e intervenirlas a todas” y obtener “multas súper jugosas” gracias a la llamada ‘Ley Mordaza’, si se aprueba: “El Estado, lo que ha optado, en vez de financiarse cobrando impuestos a este tipo de asociaciones, es decir ‘me las voy a pulir”, critica Jiménez.

El jurista denuncia, de otro lado, que los últimos cierres forzados y detenciones de miembros de clubes en Cataluña han sido por causa de un descontrol de las propias asociaciones, a las que se les ha ido de las manos: “En Barcelona se disparató, se ha llegado a anunciar a nivel turístico en Europa, creo que hay turoperadores en Italia que anuncian vacaciones en España, te ofrecen hacerte socio de un club durante una semana, un disparate”. Una banalización, un exceso en forma de  ilegalidad en las competencias que estos clubes se atribuyen, aún no se sabe si en un estado de connivencia entre agencias de viaje y clubes cannábicos en Cataluña. Pagan justos por pecadores.

Eso es lo que ha generado los problemas y la llamada de atención de la Fiscalía. Se ha formado “un embudo” en el que caen todas las asociaciones en un mismo punto como foco de la jefatura superior del Ministerio Fiscal, caso contrario de lo que ocurría antes de aquellos despropósitos en forma de ‘holandificación’ turística como en Cataluña, en este caso con clubes cannábicos en lugar de coffe shops. “Si no es por esto, creo que se estaba avanzando hacia la legalización, de calle”, opina el jurista, que se lamenta ahora de que la Fiscalía lo que pretende, según la mentada circular, es estudiar con detalle los estatutos de los clubes para encontrar ilegalidades, pero también para poner a prueba su funcionamiento, precisamente bajo la sospecha de narcotráfico. “Esto levanta la veda de la calma y latranquilidad en este tipo de asociaciones y van a ver por dónde pueden hundirlas”. En todo caso, Jiménez redunda en la precipitación por parte de las asociaciones en el proceso por el que algunas, como Betelén, han optado por pagar a sus trabajadores, lo que a su juicio ha sido “un poco acelerado” a falta de un avance más pausado y cuidadoso en mitad de esta tempestad.

El factor económico

“No somos empresas, ni camellos, los trabajadores que estamos aquí cobramos un sueldito, no pretendemos hacernos ricos, ni mucho menos, con esto”, un salario acorde con el convenio canario para cada uno de los cuatro trabajadores, en el caso de Ouviña similar al del sector de oficinas y despachos, que recibe una contraprestación a las 40 horas semanales que invierte en el club. Con ella, dice, “me da para vivir”. Este salario no está obviamente asegurado por contrato y si la cosecha es mala, los recortes empiezan por los trabajadores y se salvaguarda el beneficio primero de los socios. Las cosechas son cuatrimestrales (tres al año), una cadencia superior a la media española gracias a las benignidades del clima subtropical isleño.

El club cannábico carece de ánimo de lucro por definición, y en el caso del pago a trabajadores, este dinero se extrae del aporte de los propios socios, que pagan una cuota que sufraga el coste del cultivo en proporción a lo que cada cual consuma, a su elección. El valor de las cosechas depende, claro está, de su calidad y  cantidad, que no siempre es igual, de modo que “cada año hacemos una revisión de los costes, hacemos medias, miramos la cantidad producida y lo que nos está costando, más lo que gastamos en costes fijos”. Este total lo dividen entre los costes parciales y establecen, los gestores, una media de la cuota a pagar, que está sometida en cada ocasión al conocimiento y la aprobación de todos los socios.

El cálculo se hace a posteriori, si bien a priori se hace una previsión que tiende al alza “para no tener desequilibrios entre ingresos y gastos, aunque al final siempre es difícil de evitar”, reconoce el gestor de Betelén. En cuanto a la producción, Ouviña prefiere no decirla, pero sí reconoce que “no es tanta como la de algunos clubes de la península”, donde, recuerda el canario, “les han cogido 80 kilos, nosotros no producimos tanto y de entrada no tenemos tanto”. Claro que las cosechas en la Península son, por lo general, de una al año, y en las Islas la mayor cadencia de cosechas también lo es de repartos, “con lo cual nunca llegas a tener tanta cantidad junta”. Hay un máximo de cultivo permitido para no ser considerado narcotráfico, lo mismo en cuanto al reparto, para evitar el usufructo económico de las cuotas por parte de socios que pretendan intermediar con clientes externos. “Insistimos en que eso no lo hagan, incluso a beneficio cero, que si algún amigo quiere consumir, que prueben a hacerlo socio” de Betelén u otra asociación análoga.

En cuanto a los perfiles de los socios del club cannábico, en Betelén “tenemos desde el pibe universitario, de 19 a poco más de 20 años”, con presupuesto limitado que “nunca se gasta más de 50 euros al mes, algunos no mucho más”, dice Ouviña sobre un sector joven que se contrapone a “los socios terapéuticos mayores, que se gastan casi todas las semanas 100 euros”. Las cuotas son las siguientes: Para entrar al club hay que pagar 50 euros el primer año, más 30 euros anuales con posterioridad. Los socios que le dan un uso medicinal al consumo pagan 30 en todos los casos. Y si los costes se pagan equitativamente, las extracciones de aceites se priorizan para uso de los pacientes, caso también de las tinturas que se compran en el club y que se les dan sin coste alguno: “Ellos se traen el bote y se lo llevan, más que conseguir descuentos tratamos de darles complementos que sean gratis”, en una suerte de servicio social informal.

A falta de una normativa específica, “Ley mordaza”

Si se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Betelén podrá perpetuar su actividad siempre y cuando acuda al mercado negro para proveerse del cannabis. El artículo 34, punto 23 del texto, referente a las infracciones (administrativas) muy graves, tipifica como tales “la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito”.

El cerco se estrecha, pues, más aún. “Vamos a tener que volver a acudir a la clandestinidad o irnos al mercado negro o procurar que no nos encuentren nuestros cultivos colectivos”, denuncia Ouviña, que pone en evidencia la imposibilidad de eludir el menudeo para coexistir con la ley como asociación: “Seríamos legales, todavía, si en vez de cultivar nosotros acudimos al mercado negro (adquisición colectiva), y lo que hacíamos precisamente era sacar a la gente del mercado negro, creo que hacíamos un bien a la sociedad, luchando contra el narcotráfico, que la gente tuviera algo decente y seguro”.

Por su parte, Álex Jiménez cree que “la legalización del cannabis generaría puestos de trabajo en un círculo (el de las asociaciones cannábicas) que está abocado al paro, personas que están en un círculo asocial”, a las que  les va a costar más conseguir trabajo. “Estas asociaciones están pidiendo que se les reconozca desde hace 15 años, legalizando el cannabis evitaríamos la línea gris de si es o no una infracción” que pretende la Ley de Seguridad Ciudadana. “Está claro que hay asociaciones que son criminales” en tanto venden tanto a los socios como fuera del club, “eso es con lo que tiene que acabar le Estado y es lo que también quieren terminar las asociaciones”, continúa el letrado.

Hasta ahora “estás expuesto a que te intervenga la policía y vayas al juzgado que te toque, hay jueces que tienen esto muy claro y los hay que no, aunque lo que pasa en la mayoría de los casos es que se archiva”, porque “los jueces no están dispuestos a condenar por consumir, mientras no tengas un beneficio, el consumo colectivo hace 30 ó 40 años que es legal con una doctrina clara en España”.

La esperanza de Jiménez y algunos de sus colegas abogados que también trabajan con asociaciones cannábicas es que la ley que pretende implantar el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández, no se apruebe. Mientras, desde una perspectiva realista, ya piensan en prevenir a las asociaciones de cara a esta posible legislación. Como medidas de actuación, el letrado comenta que van a aconsejar a los clubes que continúen con los cultivos dentro del local, ya que la situación no puede variar demasiado en la praxis, dado que se antoja improbable que la policía obtenga una orden judicial para hacer un registro y poner una multa sobre un cultivo en un inmueble particular. “Eso es imposible, ningún juez va a dar una orden de entrada y registro para poner una multa”, sentencia Jiménez, “es inconstitucional para una sanción administrativa, los registros son para un delito penal”. El abogado cree que lo que sí puede ocurrir en el caso de que se apruebe la propuesta de Interior es que “la policía se saque de la manga una interpretación para hablar de un delito” en alguna de las actividades del club. “Que hagan un registro y te intervengan las plantas en la asociación y que”, entonces sí, “te pongan la multa administrativa a través de la Delegación del Gobierno”.

El razonamiento del Ejecutivo es, supone Jiménez, el de que acuda “la policía y se pare en la puerta del club a cachear a todo el que salga” y a sancionarlos con multas por tráfico de estupefacientes, “que pongan cuatro multas y a la quinta vayan a informar al juez de que allí la gente sale con droga y allí se trafica”. Según esta hipótesis, los socios comparecerían ante un juzgado penal, donde “archivarían la causa”, como ha ocurrido hasta ahora.

Pero, como se ha explicado, es la vía administrativa la que se pretende utilizar con la citada ley, que sustituiría a la vía penal para el tratamiento de las posibles ilicitudes en la actividad de los clubes cannábicos. “El Estado lo que ha dicho es ¿Qué los jueces archivan los temas que mando a los juzgados a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado? Ahora esto te va a llegar por otro lado”, de modo que las asociaciones se enfrentan al castigo económico, multas de entre 1.000 y 30.000 euros y la clausura de la asociación en caso de que se imponga la sanción de la que se prevén, además, unos responsables solidarios. Esto significa que se puede declarar responsables a todos los socios de la asociación en cuestión con lo que “la multa la cobran” con mayor seguridad. “El lado positivo es que ya no se van a enfrentar a penas de cárcel. Puede haber una petición de prisión, inventarse una historia, pero al final las cosas hay que demostrarlas y lo lógico es que ninguna asociación que esté funcionando bien no vaya a sufrir una petición de cárcel”; así pues, trata de despenalizar pero se aplica un criterio economicista “para ahogarlos”, concluye Jiménez.

Posible inconstitucionalidad

Las recientes aseveraciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la inconstitucionalidad de gran parte del texto legal propuesto por el Gobierno pueden frenar su promulgación. El órgano de gobierno del Poder Judicial español publicó un informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), que en el plazo de un mes votará el pleno del Consejo, y que plantea que el texto elaborado por el Ministerio de Fernández Díaz establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial, además de rechazar que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público. También ve un cariz inconstitucional en la penalización de los escraches y en los métodos propuestos para los cacheos policiales y la detención por infringir normar, tanto penales como administrativas.

Ante la posibilidad de que se apruebe la propuesta del Gobierno, Álex Jiménez también incide en que si se diera ese caso “se van a ver obligadas”, las asociaciones, “a acudir al mercado negro” para obtener la marihuana. También pone el acento en el hecho de que, pese a todo, el contexto actual en el que impera la ‘Ley Corcuera’ es “admirado” desde Europa, según ha podido comprobar el letrado en reuniones que ha tenido con otros juristas europeos para hablar sobre la situación de los clubes y el cannabis en general. “Están asombrados con lo que hemos conseguido”, dice Jiménez, y recuerda que en Holanda lo que hay es “permisividad”, pero que “no está regulado el consumo como en España, que fue de los primeros países en legalizar el consumo, somos los más avanzados en este sentido en toda Europa”, zanja el abogado.

En la memoria de Jiménez prevalece el recuerdo de la orden ministerial que emitió uno de los ejecutivos de José María Aznar, cuando el Partido Popular gobernaba, con la que se pretendía prohibir la propia planta de marihuana entera, “400 plantas en España”, recuerda Jiménez, con sorna. El movimiento se declaró inconstitucional por defectos formales, “porque no se consultó con la Unión Europea esa orden y había que hacerlo”, tal y como consta en la legislación comunitaria derivada del Informe Catania, cuyo contenido se explicó en el reportaje El cannabis ante la perspectiva de la legalización. Las deficiencias legisladoras del PP parece que se reproducen en la nueva propuesta de Ley Orgánica.

Fuente ElDiario

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En Urretxu existe desde 2010, un Club Social de Cannabis, en la calle Labeaga que se mueve entre la curiosidad y el desconocimiento de cómo y cuál es su funcionamiento. Con el ánimo de explicar un poco en qué consiste esta actividad, nos hemos reunido con dos de sus responsables, su presidente, Gregorio Sancho Marchena, y el secretario, Gaspar Gezalaga, quienes recuerdan que la iniciativa surgió al ver la necesidad por parte de los vecinos que consumían esta sustancia de protegerse ante el mercado negro. Convocaron una asamblea que originó la creación del C.S.C. entidad inspirada en alguna existente en Donostia y pionera.

Despenalización

Este tipo de asociaciones practican el acuerdo de consumo compartido, una figura que protege el Tribunal Supremo y se encuentra despenalizado desde los años 70. Lo que se persigue es el tráfico que está tipificado en el artº.368 del Código Penal.

Tomaron la idea que inspiraba la jurisprudencia del Tribunal Supremo adaptándola a un marco administrativo y constando en el Registro del País Vasco.

Reconocen en el club de Urretxu que los inicios no fueron fáciles pues tanto el mercado negro como la administración han estado muy encima. El proyecto ha ido avanzando en estos 4 años, rompiendo esquemas, en busca de una regulación necesaria, «es inevitable -afirma Gregorio- que se hayan producido situaciones incómodas tanto por parte de la sociedad que no lo veía ni regulado, ni lícito, como por parte de los estamentos responsables de velar por la legalidad, en cuatro años, la situación ha ido viéndose con más naturalidad, la gente sabe que esta sede social es para consumidores de cannabis y que hay un proceso de regularización en marcha».

Federados

En junio de 2011, junto con otros once clubes formaron una federación denominada Eusfac, Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi, de la que actualmente es presidente Gregorio Sancho.

Eusfac se planteó tres objetivos: 1º.- Regulación en el País Vasco con Gobierno y Parlamento. Se ha avanzado en ello y se busca consolidar el sistema de regulación a través de la Ley de Adicciones y su reglamento; 2.- Establecer un sistema propio de autorregulación con sus derechos, obligaciones y limitaciones; 3.- En la medida de lo posible que la actividad revierta en la sociedad por la vía terapéutica y por la vía de agentes sociales en la labor de prevención de riesgos.

La federación igualmente puede aportar su experiencia a nivel internacional comparando otros modelos que actualmente se están generando como los de Washington, Colorado, Londres,.

Para ser socio hay que tener más de 21 años, contar con el aval de un socio que te apadrina y que certifica que eres consumidor previo de cannabis y que te comprometes a no hacer apología del consumo, ni a distribuirlo a terceras personas.

Ha de tratarse de un consumo personal e intransferible; cada socio se compromete, mediante la realización de un consumo compartido, a no solicitar más de 2 gramos diarios, 14 semanales o 720 gramos anuales.

Cada socio hace una estimación firmada de lo que va a ser su consumo en el ciclo de un año, dentro de los parámetros tolerados y hace una aportación económica para sostener los gastos derivados de ese consumo, además de los gastos que sostienen la actividad que se declara ajena al ánimo de lucro.

¿En que se beneficia?

Enseguida podemos pensar que para eso no es necesario acudir a un club de cannabis, él solo puede proporcionárselo.

Gregorio afirma que «lo que gana no tiene precio, una protección y una cobertura segura que le evitan ir al mercado negro, al ilegal. La Administración también empieza a comprender que se está ofreciendo un blindaje a ese consumidor, evitándole acudir a un mercado negro con los riesgos que ello comporta, conviviendo con otras drogas y con otros consumidores y una conflictividad muy alta».

«Además -continúa explicando- lo que el socio va a consumir no está ni adulterado, ni desviado de su proceso natural, porque la asociación lleva personalmente el seguimiento de una producción ajustada y con calidad, eliminamos el riesgo de un mercado negro; procuramos un producto de buena calidad y en precio justo; y, en fin, solo estamos centrados en cannabis, ninguna otra droga más».

Cuando el club conoce las previsiones de sus asociados, entra en canción la figura del perito agrónomo, quien con la estimación y el histórico del año anterior calcula una media y establece el diseño de cultivo y el número de plantas. El club ejecutará lo establecido por el perito, realizando el cultivo compartido y se plantea una producción sujeta más o menos a lo que puede tener de desvío por razones como climatología, plaga, etcétera. Al llegar octubre se recoge la cosecha que será debidamente custodiada. La sede social será donde se dispensará en la cantidad necesaria, día a día, no existiendo stock y llevando un control de consumos informatizado.

El socio asume que la previsión puede verse alterada a la baja en la producción. En caso de darse un menor consumo de lo previsto, no puede crear stock, sino que se deriva a fines terapéuticos o elaboración de productos como tintas.

Iniciativa privada

Gregorio apuntaba el paralelismo con las sociedades gastronómicas. «En realidad son sociedades privadas que dan servicio a sus socios, a las que entras por recomendación de un padrino cerrándose el circulo ahí y no se puede abrir a la calle».

«Destinado -continúa diciendo- para un grupo determinado de consumidores habituales que se conocen y se someten a una previsión de consumo autogestionado, controlado y con garantía de calidad, precio y seguridad personal».

En 2013 fueron recibidos por la alcaldesa de Urretxu, Oihane Zabaleta y pudieron explicar su proyecto, sacando una grata impresión de sus valoraciones.

Consultada a este efecto la Alcaldía nos afirmó que «a nuestro parecer los clubes sociales de cannabis son organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para que cualquier usuario pueda acceder al cannabis de forma segura, respetando sus derechos y alejándolo del peligroso mercado negro. Como propuesta pensamos que deberíamos de trabajar conjuntamente con el club y los centros escolares y asociaciones de jóvenes sobre las bases de la prevención, formación, salud y reducción de riesgos».

Fuente DiarioVasco

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 La Corporación aprobará de modo definitivo la nueva ordenanza de ayudas a la rehabilitación

La Corporación donostiarra dará hoy su aprobación inicial a la ordenanza de apertura de clubs de cannabis, una normativa pionera en la comunidad vasca, que trata de regular la apertura y funcionamiento de estos locales, destinados a que sus socios puedan proveerse de los derivados de esta planta para su consumo, tanto terapéutico como lúdico.

La normativa fue aprobada en marzo por la junta de gobierno local y hoy recibirá la primera ratificación plenaria sin ningún voto en contra. Tras un periodo de alegaciones, volverá a pasar por el Pleno tras lo que entrará en vigor.

El Ayuntamiento de Donostia calcula que unas 2.000 personas son en la actualidad socias de los clubs de autoabastecimiento de hachís que existen en la ciudad y que ascienden, por el momento, a 21.

Con esta normativa, el Consistorio pretende cerrar el “vacío legal” existente respecto al consumo de derivados del cannabis, ya que, aunque su venta no es legal, el consumo personal sí lo es.

Los clubs cannábicos de Donostia funcionan en la actualidad de modo discreto. Algunos carecen de permiso mientras que otros lo hacen con licencia de oficina. Una vez se apruebe de modo definitivo la ordenanza que se debate hoy en Pleno, podrán funcionar con la licencia específica correspondiente.

Según el borrador de normativa, estos clubes no podrán estar a menos de 300 metros de distancia de centros escolares y deberán cumplir una distancia mínima de 500 metros entre ellos. Además, esta actividad quedará prohibida en los lugares en los que no se pueda fumar, como centros y galerías comerciales e instalaciones deportivas, y no podrán instalar terrazas en la calle, como sí pueden hacer los bares. Tampoco podrán admitir a menores de edad ni funcionar más allá de la franja horaria de 8.00 a 22.00 horas.

La sesión plenaria prevista para hoy dará también su aprobación definitiva a la normativa de ayudas para la rehabilitación de viviendas, que permitirá que pisos de toda la ciudad puedan tener derecho a subvenciones a fondo perdido para evitar su deterioro y mejorar sus condiciones energéticas. Se prevé que este año se repartan 1,5 millones de euros en estas ayudas.

Fuente NoticiasdeGuipuzkoa

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Los grupos municipales del PSOE y UPyD en el Ayuntamiento de Alicante pedirán al equipo de Gobierno (PP) que apoye hoy miércoles la propuesta de EU para regularizar los clubes de cannabis de la ciudad. Alicante se sumaría así a Barcelona o San Sebastián, donde ya existe una ordenanza municipal que controla la creación y gestión de estas entidades sin ánimo de lucro, y establecería un reglamento para cubrir el «vacío legal» que, en opinión de las asociaciones pro cannabis que operan en Alicante, existe en España sobre el tema.

La intención de Esquerra Unida, según explicó su concejal Dani Simón en una rueda de prensa, es «contribuir a acabar con el mercado negro, normalizar la actividad y dar un marco de legalidad donde ahora existe un vacío». La postura de los socialistas en principio estaba clara (ya votaron a favor en aquellos sitios donde se había propuesto la regularización) pero la de UPyD aún tenía que definirse; sin embargo, su portavoz en Alicante, Fernando Llopis, aseguró a EL MUNDO que la directriz de su partido es «a favor de la legalización» por lo que «apoyaremos la moción de EU».

Aún así, varios miembros de UPyD en Alicante mantuvieron una breve reunión con un representante del Grupo de Acción para la Legalización del Cannabis en España (Galce) en el transcurso de una de sus asambleas locales con los militantes para «escuchar sus argumentos sobre el tema».

El posicionamiento del PSOE y UPyD encendió twitter este fin de semana, donde los ataques a los grupos fueron frecuentes. Fue especialmente virulento contra los socialistas, a quienes se les acusó de «electoralismo» pese a que ya habían apoyado la moción en otras localidades. Ayer, de hecho, tras fijar el posicionamiento del grupo en una reunión, los integrantes de las asociaciones pro cannabis se hicieron una foto con varios de los concejales del grupo municipal socialista, lo que tampoco aplacó las críticas hasta bien entrada la tarde.

Por otra parte, está previsto que en el pleno del miércoles varios representantes de los clubes de cannabis que operan en la ciudad de Alicante hagan un alegato inicial para convencer al PP de que deben crear la ordenanza municipal.

Fuente ElMundo

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Desde la Federación Madrileña de Asociaciones Cannábicas (MadFAC), queremos expresar nuestro total apoyo a las Asociaciones Federadas 4:20 y MACAS ante las intervenciones judiciales sufridas los días 20 y 21 de marzo respectivamente.

Desde MadFAC asumimos que ante la falta de una regulación las asociaciones tengamos que pasar esta “Reválida”, para demostrar que realmente actuamos conforme a las pautas de funcionamiento de los Clubes Sociales de Cannabis y que reiterada jurisprudencia avala nuestro funcionamiento, demostrado por la multitud de Sentencias Absolutorias y Autos de Archivo que el Movimiento Cannábico ha conseguido en este tipo de procesos.

Todas las Asociaciones que integran MadFAC cumplen con dicha jurisprudencia y con el Código de Buenas Prácticas, que ante esta falta de regulación, nos hemos autoimpuesto con el objetivo de ser transparentes ante nuestros Asociados, Instituciones, Administración y a la Sociedad en General.

Por tanto pedimos a la Administración que aborde de una vez una regulación integral para esta entidades, tanto de todo el ciclo de producción, la tenencia en la vía publica y el consumo en el ámbito privado, que las haga salir de la inseguridad jurídica en la que se ven sumidas, y que comporte derechos y obligaciones para todas.

En estas dos intervenciones han actuado un total de 29 agentes, 2 secretarios judiciales, 2 jueces que en total han supuesto más de mil de horas de trabajo para una incautación global en las dos asociaciones de 1,4 Kg de Cannabis y 936 €, para 800 socios, osea 1,75 gr y 1,17 € por persona. Tampoco podemos estar ajenos ante este despilfarro de recursos públicos tan necesarios para otros menesteres más importantes. Necesitamos y solicitamos una solución sin más dilaciones.

Son cada vez más las Asociaciones Cannábicas activas, hablamos ya de unas 500 en todo el Estado.

Consideramos que el Cannabis no genera ningún tipo de alarma social y su consumo se encuentra normalizado dentro de todos los estratos sociales, además de que la evidencia científica ha demostrado que esta sustancia es menos dañina que otras muchas de comercio legal.

La preguntas que lanzamos al aire son:
• ¿Por qué no regular esta situación al igual que se está comenzando a hacer en cada vez más lugares?
• ¿Por qué no dejar dentro de la moral de cada uno si queremos o no consumir Cannabis?, y no ser guiados por la moral de los demás.

Por otra parte queremos destacar la buena actuación de la Autoridad Judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actuaron en todo momento conforme a Derecho y respetando las Garantías Procesales.
Sin embargo no queremos dejar sin comentar el incidente ocurrido el día 18 de marzo con un socio de nuestra federada La Santa Le Club en la puerta de la misma cuando fue atacado brutalmente por varios agentes para incautarle 1, 5 gr de Cannabis cuando paseaba por la calle con su mujer embarazada de 7 meses.

Creemos que este tipo de actitudes son injustificables y están fuera de toda razón o buena práctica y lastran el trabajo policial bien ejecutado que antes indicábamos.

Emitimos, por tanto, nuestra Condena Unánime ante este tipo de actitudes y Exigimos Responsabilidades a quién proceda por tan desafortunada actuación. Podéis ver esta lamentable actuación policial en
http://www.lasantaleclub.es/

En Madrid Abril de 2014.

El Equipo de MadFAC.

Fuente Federación de Asociaciones Cannabicas (FAC)

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20 clubes de Barcelona,competían en las categorías: Indica, Sátiva, Hash , Extracciones y Mejor club!, Todo ello valorado por un jurado Popular formado por 500 personas que realizaron su votación através de la web del evento y un Jurado Vip compuesto por personajes ilustres del panorama cannábico Catalán y Californiano , como es el caso de Karulo, Goyo, Cáñamo , Alchimia web, Medical seeds, The plant, Ripper seeds, Weed maps!!

Este histórico evento estuvo patrocinador por CANNA, ROYAL QUEEN y con la colaboración especial de CAÑAMO entre otros, una vez mas apostando y haciendo posibles los mejores eventos cannábicos a nivel mundial.

La fiesta estuvo presentada por Mc Kunta y contó con la actuación en directo de Mucho Muchacho, el publico respondió como era de esperar llenando el aforo de la discoteca, y consiguiendo que la entrega de premios fuera todo un éxito y marcando un referente en el panorama de las copas cannábicas. Por fin Barcelona tiene su Cannabis Cup!!

Los premios estuvieron muy repartidos.

Resultado de los premios:

 Jurado popular, Mejor indica HARDALA CLUB con hardala indi

Jurado popular, Mejor sativa HARDALA CLUB con hardala haze

JuradoVIP indica 

1- K-lite con mk ultra

2-llavor d´or con la negra 44

3-Senzi club con critical

Jurado VIP sativa 

  1. Choko club con chocolope

  2. Kush bcn con amnesia

  3. Resin club con dieseltonic

Jurado VIP hash

  1. Roots con ice amnesia

  2. Sibaritas con ice White widow
  3. Senzi club con somali

Jurado VIP extracciones

  1. La linea verde con shatter de y griega

  2. Padri club con amber de Tahoe Kush

  3. Kush bcn con budder de devil fruit

 Jurado VIP mejor club

El club verde

Para cualquier información adicional puedes meterte en :. www.socialclubscannabiscup.es

Vídeo 

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-Estas asociaciones dan cobertura jurídica y asesoran a los usuarios sobre sus propiedades y su correcto uso

-La ciudad  de Elche cuenta con dos clubes donde sus integrantes debaten sobre la normalización de la marihuana

Del mismo modo que otros clubes sociales cannábicos, La Fabriqueta de Aguardiente nació hace ocho meses de la inquietud de un grupo de amigos interesados en «la normalización y el respeto de los derechos individuales y colectivos de los usuarios del cannabis», asegura Carlos Martínez, portavoz de la asociación. Además de afirmar que la entidad no tiene un carácter lucrativo, recalca que «estamos legalmente constituidos en el Registro Nacional de Asociaciones».

Martínez explica que durante el proceso de fundación «nos hemos puesto en contacto con instituciones como Gobernación y la Policía Nacional para no dar ningún paso en falso y colaborar con ellos en lo que nos pidan». Asimismo, Martínez recuerda que el consumo de marihuana no está especificado como delito.

«Se trata de comenzar a hablar con naturalidad del tema y promover debates, charlas y apoyar el uso terapéutico que tiene esta sustancia natural», apunta Martínez. Además, el portavoz asegura que desde la asociación trabajan por inculcar una formación a sus miembros para hacer «un buen uso del cannabis». Según su punto de vista, «actualmente un consumidor, sea terapéutico o lúdico, tiene que acudir a un mercado negro en el que pagará un dinero que irá directo a las mafias y en el que comprará algo sobre lo que desconoce su composición y tratamiento».

Sobre el reglamento de la asociación, Martínez asegura que han realizado un arduo trabajo puesto que han estudiado bien los estatutos de otras entidades similares. Actualmente hay otra asociación de este tipo en la ciudad, Eclectia, que lleva algo más de dos años funcionando.

Así, cada socio que participe de la asociación y quiera tener acceso al cannabis, tendrá su propio ejemplar en un cultivo cerrado dentro de la propia asociación, que estará vigilado por las cámaras instaladas en la zona de cultivo. «Con esto nos aseguramos de que cada planta sea tratada por su propietario y no sea manipulada o adulterada durante el proceso», asegura Martínez.

Un funcionamiento interno que pasa por tener un estricto control a la hora de retirar las sumidades floridas, comúnmente conocidas como cogollos. Según explica el presidente de la asociación, Carlos Vicente Martínez, «tenemos un registro de salida en el que cada miembro deberá firmar cada vez que sustraiga material de La Fabriqueta». Un método mediante el que aseguran una cobertura legal una vez que los asociados se dispongan a desplazarse con una cantidad para consumo propio hasta sus casas durante un periodo de tiempo concreto.

Seguridad

Los fundadores de la asociación son conscientes del riesgo que conlleva la tenencia en su sede de tan preciada sustancia. Es por eso que, según el presidente, «vamos a instalar un sistema de vigilancia que nos permitirá saber qué pasa en cada momento en la zona de cultivo y en el interior de la asociación en general».

Asimismo, asegura Martínez, «estamos estudiando la posibilidad de que la policía tenga acceso en todo momento de las imágenes a través de la empresa de seguridad con la que trabajemos». Se trata, según explican, de tomar medidas que garanticen a las instituciones que en ningún momento la mercancía sea derivada al mercado negro.

Fuente LaVerdad

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Hace más de una década, se fundó el primer Club Social de Cannabis (CSC) en el País Vasco. Durante la última década, el resto de España ha seguido el ejemplo, dando lugar, a día de hoy, a una red a nivel prácticamente nacional, de CSC. Como todavía no existe una red así en Alemania, decidí, sin duda también motivado en parte por el clima frío de Berlín en enero, visitar algunos de estos clubes por mí mismo y echar un vistazo a los cultivadores de cannabis.

A mi llegada a Fuerteventura, nuestra primera visita fue al Colectivo Cannabisterapeutico Canario (Col.Can.Can) que acoge a sus miembros en Gran Tarajal, un pequeño pueblo al sur de esta árida isla. Me reuní con Lorenzo, el presidente del club, en una cómoda sala al estilo de los “coffee shops”. Por supuesto, le había comunicado con antelación mi visita, en la que esperaba conseguir respuestas de un experto como Lorenzo, respuestas que no encontraría en una consulta en la mayoría de medios de habla alemana. Una de las diferencias esenciales entre los CSC y los tolerantes coffee shops de los Países Bajos, que, en principio, están abiertos a todo el mundo*, es la política de sólo miembros. A tal efecto, todos los CSC tienen una cámara sobre la puerta y, por lo menos, un portero muy amable. No hace falta decir que el modelo de regulación y control propio de los CSC también se aplica en Col.Can.Can. Como invitado del club y futuro miembro, Lorenzo me explicó esta regulación, detalladamente y en buen inglés:

– Los miembros deben tener 18 años o más
– Un miembro activo debe responder por el nuevo miembro
– El club no hace difusión del consumo de cannabis
– La marihuana sólo puede consumirse en el club o en el país (el consumo público no está permitido)
– Al ingresar, el miembro proporciona al club un cálculo aproximado de su demanda, para que el club pueda calcular aproximadamente cuánta hierba hace falta cultivar por miembro
– Los clubes no son puntos de venta; los miembros pagan una cuota
– El club debe gastar sus beneficios en el funcionamiento del club, o invertirlos
– Las cuotas para los pacientes médicos de marihuana son inferiores a las de los otros miembros del club.

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Como Stefan, mi compañero, intérprete y conductor, tenía una tarjeta del club desde hacía algún tiempo, ya sabía como completar el formulario de suscripción y pagar la cuota de suscripción anual. Me giro hacia Víctor, el “Tío de la Hierba”, de guardia en el mostrador. Por desgracia, a excepción de la propia variedad del club, muy fuerte y con un nombre que no puedo pronunciar, todas las demás variedades se habían agotado ese día. Así que tuve que optar por una variedad llamada “WXS”. La “W”, me dijeron, es sinónimo de White Widow. Yo habría elegido “Wax”, una extracción o concentrado de cannabis extraído con gas butano purificado, que según el menú todavía estaba disponible unas horas antes por el módico precio de 35 €/g. Col.Can.Can. cobra una tarifa de 6 €/g por todos los tipos de hierba, igual que casi todos los CSC que he tenido la suerte de visitar en los últimos tiempos. Víctor, el “Tío de la Hierba” me preguntó entonces si prefería consumir mi gramo allí o en casa. A aquellos que prefieren consumir su hierba en casa, se la dan en una bolsa sellada. Eso significa que si la policía encuentra a un miembro en posesión de hierba, por ejemplo, durante un control de carretera, el miembro podría demostrar que no ha consumido en público. Después de todo, a pesar de los innumerables veredictos a favor del club, el cannabis sigue siendo ilegal en España. Aunque la mayoría de los clubes son miembros de la Federación de Asociaciones Cannábicas, FAC, también tienen abogados competentes que se encargan de proteger los intereses del club, así como los de sus miembros individuales. Los miembros que tengan problemas a causa de la bolsa sellada con hierba reciben consejo del abogado de forma gratuita. Después de esta breve introducción a las “regulación de los CSC”, Lorenzo abrió su provisión personal de la extracción de color ámbar, que deseé antes, y la puso bajo mi nariz. Tenía un aroma a Haze muy potente. En mi opinión, 35 €/g no es un precio muy elevado por una cajita que contiene un gramo de wax, teniendo en cuenta el aroma, el costo de producción y el contenido prometido de hasta el 70% de THC. Lorenzo sugirió continuar nuestra conversación en el salón del club ya que allí se había preparado una pipa o torre para el dabbing con los miembros.

¿Clubes Sociales de Cannabis, una zona de relax para los turistas?

Antes de que dedicasemos el resto de la noche a socializar, le hice a Lorenzo las preguntas que más nos apremian a los que no somos españoles. ¿Pueden los visitantes a España convertirse en miembros si no conocen a ningún miembro que pueda avalarles?
… “Ésa es un cuestión delicada. Recientemente hemos hablado de esto con nuestro abogado. Sugirió que los visitantes de la isla se pusieran en contacto con nosotros con una semana de antelación por email. Después, podemos tener una reunión para hablar sobre la admisión a través de Skype y para comprobar sus datos. Así no hay problema. Debido a que estamos aquí principalmente para la comunidad local del cannabis y para los pacientes médicos, sólo admitimos a “miembros invitados” de este tipo hasta el 20% de los miembros totales. Desde que el club se creó en agosto de 2012, la base de clientes ha crecido de 3 a más de 400 miembros. Sin embargo, hasta ahora, no hemos tenido ningún turista real como miembro, a pesar de que una gran cantidad de los residentes de Fuerteventura proceden de otros Estados miembros de la UE, y algunos de ellos han visitado Col.Can.Can.”

Me di cuenta de que, en el menú de Víctor, el club ofrece, en realidad, tres tipos de hierba de exterior más la extracción de butano. Durante mi visita, Col.Can.Can. no ofrecía cogollos de marihuana producidos bajo luces de cultivo de interior. Lorenzo me explica que, en las Islas Canarias, los cultivos de exterior son posibles hasta seis veces al año si dejas que las semillas o esquejes germinen en un cuarto de vegetación, con 18 horas de luz durante unas pocas semanas. Al estar tan cerca del ecuador, los días en las Islas Canarias se encuentran entre 11 y, como máximo, 15 horas de duración. Eso significa que las variedades de floración corta se pueden cosechar seis veces al año, e incluso las Sativas de floración larga se pueden cosechar hasta cuatro veces al año. Después de todo, aquí, cerca de la costa africana, el sol es mucho más potente que una lámpara de 600W. Eso significa, dice, que a veces es incluso difícil distinguir las cosechas de exterior de las cosechas de interior. El aspecto y el olor de la WXS en mi bolsa sellada, de hecho, parecían dar fe de ello. El club a veces ofrece variedades de interior, pero resulta sencillo, la producción es más cara. El cultivo es atendido por un grupo de miembros que el club ha nombrado jardineros. Se le notifica el cultivo a las autoridades locales, aunque la ubicación de los campos se ha mantenido en secreto por temor a los robos. Informar a las autoridades locales ofrece algún tipo de garantía para el productor, ya que en caso de un ataque, se puede demostrar que el cultivo no es para uso privado o para su venta en el mercado negro. El volumen de los cultivos depende de la demanda actual entre los miembros, por lo que cuando los miembros se unen, indican aproximadamente la cantidad de hierba que fuman. Muchos clubes tienen límites de consumo; a los miembros del club de Barcelona, ​​por ejemplo, se les permite un máximo de 25 gramos a la semana. Con ello se pretende, por un lado identificar y abordar las tendencias de consumo problemático, y por otro lado evitar que los miembros intenten abarcar más de lo que necesitan. Lorenzo señaló que Col.Can.Can no tiene un límite. Porque, dijo, aquí, en un pequeño pueblo como Gran Tarajal, todos se conocen, por lo que cualquiera que intente jugar rápido y libremente con las reglas del club, y cualquiera que deje que toda su parte se esfume, no pasará desapercibido. Además, el hecho de que exista un límite se traduciría inmediatamente en la exclusión y la marginación social de la comunidad cannábica entera de este pequeño pueblo, y nadie quiere eso.

Después de haber compartido esta increíblemente interesante introducción a la historia del club, Lorenzo puso la torre para el dabbing sobre la mesa y preparó una aguja con una gota de su extracción. Como inexperto que soy en esto del dabbing, le dejo calentar a mi compañero, y me concentro en inhalar. El sabor y el efecto son realmente asombrosos. El olor me recuerda a una sativa mexicana. El dabbing  o inhalación del vapor de unas delicias tan exclusivas, realmente, pone de manifiesto el gusto de los terpenos aromáticos de la planta parental, siempre y cuando la aguja de titanio no se ponga demasiado caliente. Según Lorenzo, la aguja debe calentarse hasta que brille intensamente y luego se deja durante unos segundos. Los dabbers con practica enseguida aprenden cuando se debe poner el concentrado en el recipiente utilizando un clavo o una aguja.

Me podría haber pasado horas con Lorenzo, filosofando sobre Col.Can.Can y los CSC en general, pero a primera hora de la mañana siguiente nos esperan en, probablemente, el club más famoso de las Islas Canarias, ACMEFUER (Asociación de Cannabis Medicinal de Fuerteventura), en Puerto del Rosario. Agradezco a Lorenzo su hospitalidad y me despido de él, de Víctor y de los demás, de forma que por lo menos puedo dormir la mitad de la noche antes de mi próxima cita.

Durante mi segundo viaje a un CSC, me encuentro con Matías, paciente de cáncer de intestino, que durante los tres días que dura mi visita recibe un gramo de aceite, como tratamiento para el tumor, producido por el activista del cannabis y presidente del Club, José María Alonso.

* Desde 2013, algunos “coffee shops” de los Países Bajos, principalmente en las provincias de Limburgo, Zelanda y Brabante Septentrional sólo están abiertos para los residentes de los Países Bajos.

Por Micha

Fuente SensiSeeds

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En España, las leyes relativas a las drogas se han ido flexibilizando progresivamente durante años, y se ha convertido en uno de los países más liberales de Europa, si no del mundo, en lo que se refiere al tema de las drogas actualmente. La economía de España ha sufrido muchísimo las secuelas de la crisis financiera mundial, y, como resultado, se ha disparado la importancia del cannabis.

El Comercio de Cannabis Actual en España

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Se cultiva cannabis en toda España, sobre todo en pequeños huertos destinados al consumo personal (Martin Vicente)

Durante los últimos diez años, más o menos, la industria del cannabis española ha prosperado a una escala que, anteriormente, sólo se había visto en Holanda en la década de 1980. El cultivo está muy extendido en todas las zonas del país, y se está consolidando una abundante cultura relacionada con su uso. En diferentes ciudades de España, se celebran todos los años varios acontecimientos importantes, sobre todo en Barcelona, y hay miles de grow shops (tiendas dedicadas a la venta de productos para el cultivo), bancos de semillas e incluso clubs privados que proporcionan a sus clientes un máximo de sesenta gramos al mes.

España es un estado descentralizado, lo que permite que las diferentes comunidades autónomas tengan una gran independencia. Cuando se trata de las drogas, cada zona tiene sus propias políticas y sus propios agencias o fuerzas de seguridad. Cataluña, cuya capital es Barcelona, cuenta con más de doscientos clubs de cannabis, mientras que en Madrid, los clubes son más discretos y menos numerosos.

Además del abundante cultivo que se produce a nivel nacional, todos los años se trafica una importante cantidad de hachís desde Marruecos, que se encuentra al otro lado del Estrecho de Gibraltar, a tan sólo 14,3 kilometros en el punto más cercano entre la península y África. Las autoridades españolas están involucradas, de manera activa, en la lucha contra la llegada de hachís desde Marruecos, y además se han producido varios arrestos, por cultivo doméstico, que han tenido gran repercusión, aunque no se ha hecho mucho para detener el inevitable crecimiento de la industria.

La Legislación relativa al cannabis en España

Según la ley española, es ilegal tráficar o cultivar cannabis para el suministro comercial. De hecho, de acuerdo con el artículo 368 del código penal español, incluso la posesión de cannabis es técnicamente ilegal. Sin embargo, según la legislación española, la viviendas particulares se consideran inviolables, por lo que el cultivo y el consumo individual de cualquier cantidad de cannabis (o cualquier otra droga) en la intimidad de la propia casa no está penalizado. Además, es legal vender y comprar semillas y productos a base de cáñamo.

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Los grow shops y head shops abundan en todas las ciudades de España (ShortyNZ2000)

La posesión o el consumo de drogas en lugares públicos va en contra de la Ley de protección de los ciudadanos, pero no se consideran un delito penal, ni se imponen penas de privación de libertad; lo habitual es que se impongan multas de € 300 o más. Sigue siendo posible ser arrestado por cultivar cannabis, si la policía cree que las cantidades cultivadas exceden lo que se puede clasificar como consumo personal. En caso de no poder demostrar en los tribunales que el cultivo es para el consumo personal, existe la posibilidad de que se dicte una pena de prisión de entre uno y tres años.

De ser condenado por vender o traficar cannabis, la sentencia habitual es de entre uno y tres años de prisión. Si la cantidad en cuestión es especialmente grande, o si el acusado tiene antecedentes penales, la pena de prisión puede ser considerablemente más larga—hasta un máximo de veinte años, en general.

Las políticas relativas al cannabis en España

Al mismo tiempo que el tráfico de drogas se considera un delito y se castiga muy duramente, el uso o consumo personal no se considera algo tan grave, y la adicción se entiende como un problema que hay que tratar en lugar de criminalizar. La política de prevención de España—la Estrategia Nacional de Drogas—está dirigida por el Ministerio de Sanidad, y centra su atención, principalmente, en reducir la oferta y la demanda, en mejorar la investigación científica, y educar a la población.

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España cuenta en la actualidad con cientos de clubs sociales de cannabis, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco (Nicolas Vigier)

La Estrategia Nacional sobre Drogas también pretende mejorar la coordinación entre los medios de comunicación, escuelas, centros de salud, y las fuerzas de seguridad. Además, se hace hincapié en la necesidad de cooperar a nivel internacional en lo que respecta a la aplicación de la política de drogas. España adoptó su actual actitud liberal después de que, en la década de 1980, se generalizaran los problemas sociales causados ​​por el consumo de heroína y por el VIH. La sociedad española comenzó a entender que los adictos necesitan tratamiento y no ser sancionados, y los tribunales empezaron a ofrecer la reducción de penas a los acusados que aceptaban someterse a rehabilitación.

El cannabis se considera especialmente beneficioso: en septiembre de 2013, la exdirectora de la Estrategia Nacional sobre Drogas, Araceli Manjón, hizo unas declaraciones afirmando que el cannabis “no era una droga”, y que no debería estar clasificado de la misma manera que otras drogas más peligrosas. También abogó por la legalización y la regulación de la industria del cannabis, y declaró que la prohibición “no era la solución”.

Arrestos y Sentencias relacionados con el Cannabis en España

La autoridades españolas incautan, de manera rutinaria, grandes envíos de toneladas de hachís procedentes de Marruecos; por otro lado, durante los últimos años, han aumentado, considerablemente, las cantidades de marihuana de producción nacional que son incautadas. En abril de 2013, fue interceptado el mayor alijo hasta la fecha en Europa—de cincuenta y dos toneladas métricas (TM) de hachís—en un almacén, en la ciudad andaluza de Córdoba. Apenas unos días más tarde en Córdoba, se encontró otro alijo de 32 TM en un camión que transportaba melones desde Marruecos.

En octubre de 2013, los funcionarios de aduanas españolas interceptaron un alijo de dieciocho toneladas de hachís en Almería, un puerto marítimo importante del sureste de Andalucía. Fue la mayor redada hasta la fecha en la historia de la ciudad, que ha sido durante mucho tiempo un punto fundamental para la entrada de hachís marroquí en Europa.

Muchos de los traficantes detenidos y presos en España son extranjeros. En febrero de 2014, cuatro hombres turcos fueron detenidos, a 100 kilometros de la costa de Almería, cuando se descubrió que su barco pesquero transportaba 12 toneladas de hachís. En 2012, se organizó un operativo enorme con redadas en varias de las principales ciudades españolas y en el que se incautaron 1,6 TM, y se arrestó a un grupo de cincuenta y un ciudadanos de diferentes nacionalidades, formado por españoles, marroquíes, rusos, británicos, alemanes, holandeses y rumanos.

El Cultivo de Cannabis en España

En gran parte de España, el clima resulta perfecto para cultivar cannabis. La mayoría de los cultivadores lo hacen al aire libre a partir de semillas, y pueden aprovecharse del clima y del poco riesgo de ser arrestados por cultivar grandes plantas, todas capaces de producir varios kilogramos de cannabis en seco cada año.

La mayoría del cannabis producido en España se destina para el consumo personal o para el comercio a nivel local. Las cosechas comerciales a gran escala, destinadas a la exportación, son mucho menos frecuentes, ya que las bandas de traficantes se centran más en transportar hachís marroquí a Europa. Sin embargo, existen lugares de cultivo con fines comerciales: en agosto de 2013, la policía de Murcia descubrió la plantación de cannabis más grande del país hasta la fecha, de 5.000 m², en la que se cultivaban 14.000 plantas.

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La cultura del cannabis en España es abundante y variada; en este restaurante de Valencia están especializados en cocinar con semillas de cáñamo (Joe Calhoun)

En su mayor parte, el cultivo a pequeña escala tiene lugar sin trabas, pero de vez en cuando, estos cultivadores también sufren redadas. Incluso si se cultivan pocas plantas, la presencia de parafernalia, que indique la intención de vender la cosecha, puede afectar seriamente a las posibilidades de alegar consumo personal.

Uso cultural del cannabis en España

El cannabis es, con diferencia, la droga más consumida en España, sobre todo en forma de hachís. La proximidad de España a Marruecos es el principal factor que explica la prevalencia del consumo de cannabis. Las cifras absolutas de los consumidores habituales de cannabis siguen aumentando a medida que aumenta la disponibilidad y la aceptación social, aunque el porcentaje total de la población española que ha probado el cannabis, al menos una vez, cayó desde un máximo de 31,2% en 2009, a la tasa actual de 27,4%.

Los españoles muestran una tolerancia excepcional hacia el consumo de cannabis y de otras drogas; la cocaína es otra droga muy popular, y España es la puerta de entrada a Europa para el tráfico de cocaína procedente de América del Sur, debido tanto a su ubicación como a sus vínculos culturales y lingüísticos.

Además de en los numerosos clubs privados que han surgido en España durante los últimos años, se fuma cannabis en público, en las plazas y fuera de los bares y discotecas, en muchas ciudades españolas. En su mayor parte, y a pesar de la ilegalidad del consumo en la vía pública, este tipo de consumo de cannabis suele pasar desapercibido.

Se arresta a los propietarios de clubs de cannabis

Las autoridades españolas se han enfrentado a una serie de desafíos, tanto a luchar contra la avalancha de hachís procedente de Marruecos, como a establecer la mejor manera de abordar el fenómeno nuevo y emergente de los clubs de cannabis. La postura hacia los clubs varía entre las diferentes zonas, y en algunas de las menos liberales, se tiene constancia de que se han producido arrestos de miembros de clubs cannábicos—y que se han incautado los productos que guardaban en sus locales.

Uno de los clubs sociales de cannabis más antiguos de España, Pannagh, fundado en 2003 en la ciudad de Bilbao—capital de la Comunidad autónoma del País Vasco—se vio obligado a cerrar en 2005, después de haber sido asaltado por la policía local y de que cinco de sus miembros fueran arrestados. Durante la operación, se incautaron alrededor de 3.000 plantas, aunque en el año 2007, un juez de la Audiencia Provincial dio la orden de devolverlas, ya que la redada se declaró ilegal.

Pannagh ya ha vuelto a abrir sus puertas; sin embargo, la fiscalía se niega a abandonar el caso, y sigue presionando para conseguir un total de veintidós años de prisión y multas de cerca de 2,5 M € para los cinco miembros del club, que fueron acusados ​​de tráfico y de ser parte de una organización criminal. Ha surgido un movimiento de protesta contra las acusaciones y cuestiones legales que se están produciendo, y se está buscando apoyo por toda Europa.

La historia de los clubs de cannabis de España

En 1993, el grupo prolegalización, Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC), con sede en Barcelona, abrió un nuevo camino al dirigirse por escrito al fiscal antidrogas para preguntarle por la legalidad del cultivo de cannabis para el consumo de un colectivo de miembros adultos. La respuesta de la fiscalía afirmaba que el concepto no era ilegal, en principio, por lo que el grupo se embarcó en un experimento de cultivo, que fue difundido por los medios de comunicación.

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El cannabis es barato y abundante en España, y suele costar alrededor de 4 € por gramo (Marihuana Blog)

La cosecha fue incautada por la policía y los miembros del grupo fueron detenidos; sin embargo, más tarde fueron absueltos por la Audiencia Provincial, aunque el caso fue posteriormente llevado al Tribunal Supremo. Dos años después, el Tribunal Supremo dictaminó que si bien el cannabis no estaba destinado a fines comerciales, el cultivo de cannabis por parte de los colectivos era indeseable y debería ser penalizado.

Sin embargo, enseguida surgieron otros colectivos que impugnaron la sentencia, y la asociación Kalmudia, de Bilbao, fue la primera en completar con éxito una cosecha sin enfrentarse a ningún obstáculo legal. En 2000, después de completar tres cosechas sin incidentes, los colectivos comenzaron a buscar un marco legal para sus actividades.

Aparecen los primeros clubs de cannabis

El primer club social de cannabis en España, el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona (CCCB), se fundó en 2001. En octubre de 2001 y julio de 2003, el Tribunal Supremo aprobó una serie de resoluciones que establecían que la posesión de, incluso, grandes cantidades de cannabis no era un delito penal si no podía establecerse que existiera la intención de tráfico o venta con fines lucrativos. Estas resoluciones históricas prepararon el camino para la explosión de los clubs de cannabis.

En 2012, el sistema legal español fue, nuevamente, puesto a prueba. El ayuntamiento de la pequeña localidad catalana de Rasquera votó a favor del arrendamiento de algunas de sus tierras con el propósito de cultivar cannabis para un club social de Barcelona, conocido como ABCDA; cuando el asunto fue sometido a consulta popular, el 56% votó a favor.

El ayuntamiento de Rasquera alegaba que la medida podría crear empleo y proporcionaría unos ingresos, que tanto necesita la ciudad, de unos 1,3 millones € por el alquiler de dos años, una cantidad casi equivalente a la deuda externa de la ciudad. También argumentaron que la medida era legal ya que el cultivo estaba destinado exclusivamente a los miembros del club. Sin embargo, en abril de 2013, la Audiencia Provincial de Tarragona rechazó el plan, afirmando que el cultivo de cannabis no era “de interés público”. Rasquera ahora tiene derecho a apelar contra la decisión, pero, al parecer, de momento no lo ha hecho.

Comprar Cannabis en España

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Las Ramblas de Barcelona es un paseo frecuentado por vendedores callejeros de cannabis y hachís (Thomas Quine)

El cannabis y el hachís se encuentran por toda España, y son muy fáciles de localizar en casi todas partes. En muchas ciudades, en particular en los centros de cultivo o puertos de mar como Barcelona, ​​Granada y Bilbao, el hachís y el cannabis se venden abiertamente en las plazas públicas y en las esquinas de algunas calles. Además, puede verse, normalmente, a gente fumando cannabis en público que, por lo general, no se encontra con ningún obstáculo, a pesar de que es ilegal consumir en público.

Es importante recordar que el consumo público es ilegal, y se tiene constancia de que la policía puede causar problemas, de vez en cuando, a los individuos o grupos que sean sorprendidos fumando en público, sobre todo si hacen ruido o arman jaleo, o en el caso de que la policía vea alguna otra razón para tener que dirigirse a ellos. Por esta razón, es una buena idea hacerse miembro de un club social de fumadores, y la manera más rápida es preguntar discretamente a la población local.

En Barcelona, ​​la capital de Cataluña, Las Ramblas es un conocido punto caliente del tráfico callejero. Es frecuente ver, frente a la costa, a numerosos grupos de hombres jóvenes, que suelen ser árabes o africanos, y que se reúnen alrededor de los muchos bancos públicos, para vender hachís y cannabis. Los precios varían enormemente según la calidad, por lo general se venden 28 g (1 oz) desde € 55 a € 180. En los clubs de cannabis, el precio habitual para los pacientes médicos es de 3 € por gramo, y para los consumidores con fines recreativos de 4 € por gramo.

Cuál es el futuro del cannabis en España

La industria del cannabis en España va a seguir en expansión, y podría decirse que ya está muy cerca de sustituir a los Países Bajos como la “capital del cannabis” en Europa. El nivel de aceptación social del consumo de cannabis—junto con una forma sensata de enfocar la política y la planificación—no tiene precedentes, y es un ejemplo excelente para otros países de cómo se deben aplicar este tipo de políticas.

Es importante documentar tanto la historia como los acontecimientos recientes relacionados con la guerra contra las drogas que, a día de hoy, siguen afectando a las vidas de tantas personas en todo el mundo. Por esta razón, Sensi Seeds y Hash Marihuana & Hemp Museumen Ámsterdam, intentan proporcionar la información más precisa, actualizada y objetiva sobre la situación actual, país por país. Agradeceremos cualquier comentario, observación y corrección.

Por Seshata

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Los clubes sociales de cannabis son asociaciones que se abastecen y distribuyen cannabis entre sus socios, todos mayores de edad y en un ámbito privado, reduciendo los riesgos asociados al mercado negro o al cultivo indiscriminado. Estas asociaciones sin ánimo de lucro surgen en países dónde se ha despenalizado el consumo de marihuana, como es el caso de España, para cubrir las necesidades de los fumadores que, si bien tienen derecho a consumir, no tienen derecho a cultivar o esos derechos están restringidos. A continuación, presentamos distintos aspectos necesarios para crear un club de cannabis en España y salir airoso del intento:

1) Creación y registro

El primer paso consiste en celebrar la Asamblea Constitutiva en la que se necesitan al menos tres socios fundadores a modo de junta directiva: un presidente, un secretario y un tesorero. Los estatutos, previamente redactados, deben ser aprobados así como el acta fundacional que será firmada y ratificada por todos los socios. En ella también se especifica la denominación o razón social. La mayoría de clubes de cannabis en España siguen los estatutos del club pionero Pannagh. Una vez celebrada esta asamblea, se presentan estos documentos en el registro de tu comunidad autónoma para oficializar la asociación. Se recomienda unirse a la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) para legitimar el funcionamiento de la misma y contribuir al desarrollo del movimiento asociativo a nivel nacional.

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La Audiencia Provincial de Vizcaya devuelve la marihuana incautada a la Asociación Pannagh (2007). Foto de Cáñamo.

2) Inscripción de socios y previsión de consumo

Para adherirse, los socios rellenan una solicitud de inscripción en la que abonan una cuota y aportan el DNI para demostrar que no son menores de edad. También reconocen el uso habitual de cannabis, la voluntad de pertenecer a la asociación y no tener antecedentes penales relativos a delitos contra la salud pública. La parte más importante de esta inscripción es la declaración de la previsión de consumo. En ella el socio estipula aproximadamente la cantidad de marihuana que va a consumir al mes. La suma de las previsiones de consumo de los socios legitima a la asociación para abastecer de marihuana a sus integrantes.

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Mostrador expendedor de marihuana del CSC Ganjazz de San Sebastián.

3) Producción

Lo ideal, para no participar en el mercado negro, es que la asociación autoproduzca el cannabis que consumen sus socios. En este caso se ajusta la producción a la suma de las previsiones de consumo. Sin embargo, muchas asociaciones no disponen de medios para autoproducir su marihuana por lo que recurren a la compra mancomunada. En ella, en el nombre de los socios, la Junta Directiva adquiere el cannabis de un tercero.

La compra mancomunada es, como la producción, la suma de las previsiones de consumo. La previsión máxima de consumo está limitada a 60 gramos al mes por socio. Tanto si la marihuana proviene del autoabastecimiento como del mercado negro, se deberá notificar a los socios los precios de producción o adquisición con la máxima transparencia. Asimismo, el precio final del producto debe estar debidamente justificado y desglosado.

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Desglose de precios de marihuana adquirida bajo compra mancomunada en un CSC de Madrid.

4) Funcionamiento

La asociación no hará difusión del consumo de cannabis ni promoción del mismo a personas no pertenecientes a la misma. Además, debe garantizar una organización democrática en la que, si bien se delegan poderes para agilizar la toma de decisiones, también se garantizan los mecanismos para que los socios participen en las mismas. Como suele pasar en todas las asociaciones, algunos socios se involucran más que otros, pero siempre se debe informar a todos de asambleas y cambios.

A medida que la asociación crece se deben asignar empleos a las personas que se encargan de las funciones necesarias para el funcionamiento del club, como la producción, la administración, la contabilidad, la gestión… Los socios que realicen trabajos en la asociación deben tener un contrato, salario estipulado, etc. Como en cualquier otro lugar.

Esta es una de las negligencias más comunes en las asociaciones que están empezando, no regularizar los trabajos y las consecuentes remuneraciones de los socios empleados. Cuidado con estos aspectos laborales y normativos, pues pueden dar al traste con todo el trabajo anterior que ha sido necesario para montar un club social de cannabis.

Con la info de FAC y ENCOD

Fuente Dinafem