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Sentencia

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Hace un par de meses os contábamos la noticia de que una de las variedades más emblemáticas de la última década había sido llevada ante los tribunales. Nada más y nada menos que la resinosa Gorilla GlueGorilla Glue Strains había sido denunciada por usurpación de nombre comercial por la también conocida compañía de pegamentos Gorilla Glue Company.

Bien, pues el caso está visto para sentencia y el nombre de la variedad desaparecerá en los próximos meses.  Se trata de una demanda histórica entre el gigante de los pegamentos y los productores de la variedad. Se abre también un escenario de posibles cambios importantes en la industria del cannabis con la jurisprudencia que ya ha creado el caso.

En marzo de este año, Gorilla Glue Company con sede en Ohio, interpuso una primera demanda en la que acusaba a Gorilla Glue Strains de violar una marca registrada y dañar potencialmente la reputación de un producto como un adhesivo. La empresa de pegamento alegó también que habían usurpado su logotipo del gorila. 

Una de las polémicas del juicio, es según alegó el banco de semillas, fue la elección del estado que acogería el mismo. Pese a que las compañías tienen su sede casi en cada uno de los extremos de EEUU, el caso finalmente fue llevado a Ohio, donde tiene la sede Gorilla Glue Company.

Abogados defensores de la compañía de pegamentos afirmaron que la elección de Ohio se debe a que “uno o más residentes de Ohio compraron ropa directamente en el sitio web del demandado”, demostrando así que el banco de semillas podría afectar el negocio de los pegamentos Gorilla Glue a nivel nacional.

Por su parte, Gorilla Glue Strains afirma que fueron los propios ejecutivos de la multinacional del pegamento quienes compraron camisetas en su portal web para defender estas afirmaciones. Ésto es algo que la compañía de Ohio niega haber hecho.

GG Strains finalmente tendrá que cambiar el nombre de sus variedades Gorilla Glue a “GG”. También dispondrán de 12 meses para cambiar la marca y eliminar las imágenes de gorila de toda la publicidad. Además deberá entregar el nombre de dominio de su web.

La única forma en que Gorilla Glue Strains podrá seguir empleando este nombre, es en las referencias a la historia de esta genética, como por ejemplo “GG antes conocida como Gorilla Glue…”. La sentencia judicial se extiende más allá de GG Strains. Cualquier dispensario que dispense esta variedad deberé eliminar toda mención e imagen del gorila de sus tiendas.

Los consumidores siempre la seguiremos conociendo por su nombre original, aunque ya será imposible adquirirla con este nombre. Puede ser el principio del final de una era.

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Una jueza falla que tener cuatro plantas de marihuana no es un delito.

En Cangas de Onis, Asturias, un ciudadano ha sido absuelto por el fallo de la Jueza que no ve delito en el cultivo de cuatro plantas de marihuana.

En este caso, el fiscal había solicitado que se le acusase de delito de trafico de drogas por cultivar las plantas en el patio trasero de un local de hostelería propiedad de su madre.

La abogada defensora solicitó la libre absolución explicando en su defensa que “la mera posesión o detentación de droga no constituye prueba de cargo para fundamentar una sentencia condenatoria”.

La Jueza argumentó en el fallo que no se encontró ninguna prueba circunstancial o indicativa que permitiera concluir, ni siquiera presumir, la posesión destinada al trafico de drogas. Además, manifiesta que “no responde a una previa denuncia de la presencia asidua de personas a la finca donde se encontraban las plantas, o denuncia vecinal de movimientos extraños de entradas y salida que pudiera inducir a sospechar que en la vivienda se traficaba con droga”.

También la Jueza refleja en el auto que al ser un adicto al consumo, cultivó la marihuana como previsión de servir como abastecimiento para largos periodos.

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El Juzgado Civil de la ciudad argentina de Cipolletti ordena que se aprovisione de aceite de cannabis para tratar el síndrome de West y epilepsia refractaria aun paciente.

El juez Federico Corsiglia, dio acción de amparo y ordenó a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles, que proporcionase ayuda y total cobertura de costes para el suministro a un paciente de “Aceite de Cannabinoides Hemp Extract MCT”.

A sus veinticinco años el paciente sigue sufriendo de generalizadas y fuertes convulsiones según el médico que lo trata “ha presentado una escasa y transitoria mejoría de su cuadro con los fármacos tradicionales”. Es por eso que solicitó autorización para suministrarle aceite de cannabinoides, pedido que fundamentó en “la capacidad de este fármaco para mejorar las crisis comiciales del tipo de enfermedad que padece”.

Los padres del joven que padece la enfermedad en el momento de la petición dijeron que su hijo sufría entre 100 y 200 convulsiones al día. También dijeron que gracias a las muestras gratuitas del aceite Cannabis Hemp Extract MCT pudieron observar grandes mejoras en su salud. También habían solicitado solicitado la cobertura del fármaco ante la Subdelegación OSECAC de Cipolletti pero todavía no habían recibido la respuesta correspondiente.

“Del mismo modo que lo expusiera en otra controversia que me tocara resolver, no puede soslayarse que el amparista goza de un doble estándar de protección: No sólo posee un derecho a la salud cuyo anclaje protectorio trascurre desde el nivel convencional hasta el infra constitucional, sino que además se encuentra amparado por el especial sistema de protección de todas las personas con discapacidad”, argumentaba la sentencia del juez.

“No se me escapa que el tratamiento que se pretende involucra la aplicación de una sustancia cuyo uso terapéutico ha sido regulado hace tan solo unos meses, de una forma genérica a través de la Ley Nacional 27.350 (fecha de publicación 19-04-2017). Lo cierto e interesante es que frente a las patologías descriptas, la sanción de la ley -aún cuando esté pendiente de reglamentación- ha venido a otorgarle un marco claro de legalidad a su uso terapéutico, aunque parece haber quedado excluido de la regulación el autocultivo y/o cultivo de dicha planta con cualquier fin, que continúa siendo una práctica que cae fuera del marco de la norma”, dice la resolución judicial.

“Debo advertir, y dejar de tal modo a salvo, que no se está avalando la posibilidad de que cualquier afiliado pueda pretender la utilización del fármaco aquí requerido, sino que su viabilidad se encuentra otorgada por la particular patología y situación por la que atraviesa, que en el caso en concreto, padece una de las patologías sobre la cual la efectividad del fármaco pretendido encuentra a la ciencia conteste acerca de su eficiencia y efectividad en el control y disminución de las convulsiones diarias, unido a la prescripción médica aportada y el dictamen médico emitido por el cuerpo forense que ya fuera analizado”,  redactó el Juez.

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Dos ciudadanos italianos cultivan cannabis para consumo propio y son absueltos por un Juzgado de la isla canaria de Fuerteventura. En este caso, entiende la Juez, que los 22 kilos eran para el propio consumo terapéutico de los acusados.

El juzgado de la isla de Fuerteventura acepta que el cultivo de estos dos ciudadanos italianos, de 22 kilos de marihuana, era para su propio consumo medicinal al no presentar ni encontrarse indicios de trafico de estupefacientes.

La sentencia fue dictada en el mes de Mayo por el Juzgado de lo Penal de Puerto Rosario, los acusados acreditaron que el consumo de cannabis era para combatir los dolores que padecen y los problemas de salud. En su país, Italia, habían recibido “indicaciones terapéuticas” que fueron corroboradas con documentos que la defensa aportó y que la Fiscalía no impugnó.

Según informó el estudio jurídico Brotsanbert, en el caso de uno de ellos, se trataría de una persona con movilidad reducida que tenía prescrito el uso medicinal de cannabis en Italia y el sistema sanitario público de dicho país estaba incluso obligado a facilitarle el tratamiento.

También desde el bufete de abogados se indica que la cantidad de marihuana aprendida a sus defendidos es por ahora “el mayor acopio de esta sustancia declarado no delictivo en España“.

                        «El fallo será de una gran ayuda, sobre todo, para usuarios de marihuana por motivos terapéuticos, pues abre la puerta a que puedan cultivar la cantidad que realmente necesiten, y no como hasta ahora, con acopios menores de los precisados para evitar tener problemas con la Justicia», dicen los abogados Héctor Brotons y Alejandro Amorós, en un comunicado de prensa.

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La sección quinta de la audiencia de Barcelona absolvió a los imputados del Club de cannabis “Maria Gracia Club”, a su Presidente y un vocal se les pedía una condena de seis años de cárcel por un delito con la salud publica por supuestamente vender cannabis de forma “indiscriminada” y pertenecer a una asociación ilícita.

Según el tribunal de Barcelona el comportamiento del club de cannabis no fue delictivo ya que solo se limitó a propiciar el acuerdo de “consumo compartido o colectivo de forma organizada, con evidentes ventajas para las personas que las llevan a cabo, sin poner en peligro la salud de estas, ni de terceros ajenos”. La sentencia del tribunal de justicia también dice que los socios, consumidores de marihuana, consumirían igual aunque las asociacion no existiese.

Es más, el club ayuda a que las personas consumidoras y asociadas a no tener que embarcarse en la aventura de adentrarse en el mercado negro, con todo lo que supone y reduciendo al mínimo el riesgo para su salud al tratarse de drogas blandas.

Para el Tribunal catalán, estas asociaciones o clubes evitan los excesos de consumo facilitando marihuana o derivados de forma «controlada», y además las administraciones pueden efectuar controles para evitar «cualquier desviación», ya que el consumo se centraliza en los locales.

La sentencia dice que la asociación «María de Gracia Club» no supone un peligro de difusión de marihuana o hachís a terceros, ya que se dedica al «consumo compartido» entre socios y dentro del ámbito de este tipo de asociaciones que «en principio no es delictivo» si se cumplen una serie de normas.

Considera que las actividades de la asociación respetan los límites del consumo compartido.

En una sentencia que se ha conocido hoy, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha decidido absolver de todos sus cargos a las cinco personas socias de Pannagh que fueron juzgadas recientemente. Todas ellas estaban acusadas de tráfico de drogas y, además, los tres miembros de la junta directiva acusados se enfrentaban a una acusación por integración en grupo criminal, alternativamente con otra por asociación ilícita.

En la sentencia, la Sala considera probado que los miembros de la asociación Pannagh, legalmente constituida desde 2003, “en aplicación del artículo 2 de los Estatutos de la Asociación y con la finalidad de evitar los riesgos del mercado ilegal mediante una fórmula que permitiera el acceso a los socios a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso, se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, para lo que se establecieron una serie de condiciones y límites destinados, entre otras cosas, “a excluir cualquier posibilidad distinta del autoconsumo privado”, es decir, a evitar la posible transmisión de la sustancia a terceras personas.

La Audiencia considera igualmente probado que “la cantidad de sustancias estupefacientes intervenida procedía del cultivo compartido realizado conforme a las previsiones de consumo de los socios consumidores de marihuana participantes, que estaban debidamente identificados, y estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de la Asociación y el acuerdo de los socios”. Además, para entrar en Pannagh había que firmar una solicitud por escrito avalada por otro miembro y había una lista de espera por lo que las personas socias eran admitidas “cuando con el cultivo de la sustancia se podía atender sus previsiones de consumo”.

En la sentencia se afirma que, contrariamente a lo sostenido en el juicio por la fiscalía, “no ha quedado acreditado que los acusados constituyeran una asociación con apariencia de legalidad para, bajo la cobertura formal de una asociación sin ánimo de lucro inscrita, cultivar cannabis, preparar y distribuir la sustancia estupefaciente obtenida a terceras personas a cambio de dinero, ni que para encubrir la entrega de la sustancia a estas personas se les realizara un carné de socio en el momento de la entrega de la sustancia”. También se considera que no se ha acreditado que se entregase marihuana o hachís a nadie que no fuera previamente socio, ni que el dinero obtenido se destinara a otra cosa que no fuera “sufragar los gastos propios de la asociación y los relativos al cultivo, recolección y conservación de la sustancia estupefaciente para entregarla a los socios para su autoconsumo según lo acordado”.

Según consta en la sentencia, entre la documentación obrante en los autos hay libros de registro perfectamente cumplimentados, solicitudes de ingreso en Pannagh firmadas por las personas socias y quienes les avalaron, informes médicos, contratos de trabajo y alquiler, declaraciones de impuestos, pagos a la Seguridad Social, etc. En este sentido, para la Audiencia queda patente que la actuación de Pannagh estaba alejada “de cualquier atisbo de clandestinidad”. Pero, además, hay un detallado registro por escrito de la dispensación de cannabis, con identificación precisa de a quién y cuánto se entregaba, para asegurar que “cada socio partícipe retiraba la cantidad correspondiente a su previsión de consumo, lo cual exige un efectivo control (…), control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un consumo compartido (…) y la sustancia fuera entregada a terceras personas no socias, hipótesis en la que, además, tanto el interés del que entrega la sustancia como del que la recibe sería no dejar constancia escrita de la transacción”.

Por otra parte, en respuesta a las afirmaciones del Ministerio Público de que la defensa de la normalización del cannabis oculta la intención de promover el tráfico de forma encubierta, la Audiencia considera que la normalización “en absoluto tiene por qué ser vista como un tráfico ilegal enmascarado. No resulta racional catalogar de este modo cualquier iniciativa colectiva que simplemente pretenda soslayar los perjuicios del mercado negro. (…) Alojar en el Código Penal cualquier intento de garantizar el consumo en condiciones de seguridad, negar al consumidor cualquier alternativa al margen de la clandestinidad del mercado ilícito supondría, en cierto modo, extender la penalización al consumo”. De esta manera, la Audiencia asume algo largamente reclamado desde el movimiento anti-prohibicionista y sostenido por prestigiosos juristas: Si se puede consumir legalmente, se tendría que poder obtener la sustancia de consumo de forma igualmente legal.

La Audiencia de Bizkaia, en su sentencia, reflexiona también sobre el carácter peculiar de asociaciones como Pannagh. “La constitución de una asociación y número elevado de socios” no constituye obstáculo para considerar la ausencia de delito, “toda vez que los socios partícipes son personas que están debidamente identificadas, son consumidoras de cannabis y existen medidas de control establecidas desde el cultivo hasta la entrega de las sustancias estupefacientes para asegurar su destino al consumo de los socios, medidas de control y seguridad que han sido aceptadas por los socios para conseguir marihuana de calidad y fiable para su autoconsumo”. En cuanto a la cantidad de cannabis incautada, se considera “compatible” con la previsión de consumo de las personas socias, dado que eran unas 300 en el momento de la intervención. Esto, unido al testimonio unánime de los socios y socias que declararon como testigos, en el sentido de que el cannabis era propiedad colectiva y que nadie ajeno a la asociación accedía al mismo, lleva a la Audiencia a la conclusión de que, a pesar de su gran volumen, se trata del producto de un cultivo compartido, solo que estructurado mediante una asociación legalmente constituida.

También se considera irrelevante el hecho de que personas socias se llevaran el cannabis a su casa. La Audiencia entiende que no solo es razonable que dichos socios manifestaran que “les gustaba o preferían consumir la sustancia en su domicilio y no podían acudir todos los días a la Asociación”, sino que además “el acopio de la sustancia para autoconsumo no es punible”, aparte de que los socios son “los interesados en el cumplimiento de las condiciones establecidas” para que el cultivo que les abastece no fracase, que las cantidades que se les ocuparon eran tan pequeñas que “a nadie se le ocurriría calificar suficiente para estimar su tenencia preordenada al tráfico” y que “ninguna de estas personas ha sido objeto de un procedimiento penal en razón de su tenencia”.

Por todo ello, y al considerar que no existe “vocación de tráfico ni una intención de los acusados de promover, favorecer o facilitar [el] consumo ilegal de drogas ni de difundir droga a terceras personas”, la Audiencia acuerda la libre absolución de todos los cargos y declara de oficio las costas judiciales. Contra la sentencia, que no es firme, se puede interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.

Martín Barriuso – Presidente de la asociación Pannagh.

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La audiencia de Barcelona avala en una sentencia a los clubes o asociaciones de cannabis. La justicia en la ciudad Condal absolvió a los dirigentes del Club de cannabis Three Monkeys y con dicha absolución da crédito a este tipo de organizaciones privadas siempre y cuando estén registradas debidamente y cumplan con las normas establecidas para estos establecimientos.

Es la primera vez vez que un club cannabico es juzgado en la Audiencia de Barcelona por asociación ilícita y el fallo del tribunal no puede ser mas claro, los responsables del club no vendían a terceros no asociados, no fomentaban el consumo fuera de su local y no tenían como objetivo el enriquecimiento personal.

También la Audiencia de Barcelona acentúa que los Clubes de Cannabis son un nuevo fenómeno de reciente aparición regulados por el Gobierno catalán y en este caso por el Ayuntamiento de Barcelona definidos como instituciones sin animo de lucro y de abastecimiento exclusivo de sus socios. Además, el control de sus asociados como su mayoría de edad y su consumo en ámbito privado terapéutico o lúdico “reduce así los daños sobre la salud de sus asociados y el mercado clandestino.

                        “Resultaría cuando menos extraño que la Administración se haya ocupado de regular las condiciones de funcionamiento de estas asociaciones si fuera tan evidente que su objeto social, recogido en los Estatutos, es ilícito y penalmente relevante”, dice la sentencia

                        “Ni las conductas delictivas dejan de serlo porque se lleven a cabo bajo el amparo de una asociación constituida regularmente desde un punto de vista administrativo, ni las irregularidades administrativas en la constitución de una asociación puede determinar su calificación como asociación ilícita si no son delictivas sus finalidades”.

Estudiados los estatutos del Club de cannabis Three Monkeys el tribunal de justicia corrobora que éstos coinciden con los reglamentos fijados para este tipo de asociaciones cannabicas.

“No consta que la sustancia estupefaciente que los acusados poseían en la sede de su local haya sido entregada a personas no consumidoras que no fueran socios de la asociación o que la sacaran del citado local para su consumo posterior en lugar público y tampoco consta publicidad alguna del local donde tiene su sede la asociación ni que personas ajenas a la misma pudieran acceder al mismo”, resalta el fallo del tribunal de justicia catalán.

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a seis miembros de la Asociación Green Lemon de Ibiza rechazando el recurso impuesto por el Ministerio Fiscal. Con esta resolución el Tribunal da la razón al Juzgado numero 1 de lo Penal que avalaba así la legalidad del cultivo de marihuana y su distribución para los asociados del club.

La asociación de consumidores de cannabis Green Lemon de Ibiza contaba con 455 socios y tenían que cumplir con la reglamentación interna, como la de ser mayor de veinte años, ser consumidor adicto al cannabis, abastecerse de hasta dos gramos diarios, ser diagnosticado con alguna enfermedad que la marihuana palíe o que el consumo sea en el local de la asociación sin poder vender a terceros.

En febrero del 2012 la Guardia Civil localizó cuatro kilos de marihuana preparada para el consumo y porciones de hachís cuando entró en la sede de la asociación y poniendo a disposición del juzgado a seis de sus miembros. La Fiscalía entendía que la asociación de cannabis era una simple tapadera para la venta y distribución de marihuana pero el Juzgado nº 1 de lo Penal de Ibiza así no lo entendió equiparando los hechos a un consumo compartido entre un grupo de amigos.“No es razonable hacer depender la relevancia penal del hecho en el número de consumidores, ni mucho menos establecer un número a partir del cual el cultivo compartido es delito”, dice la sentencia. De hecho, la Audiencia Provincial entiende que los cuatro kilogramos de marihuana habría que dividirlos entre los 455 socios y de esa forma ya no es tan llamativa la cantidad de la incautación de la sustancia.

Otra razón que también recoge la sentencia es que la creación de estas asociaciones o clubes tienen como objetivo también evitar la compra de cannabis en el mercado negro por la consiguiente adulteración de la sustancia y engrandecimiento de dicho mercado ilícito

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Islas Canarias.- La causa abierta contra un cultivador del Club Beletén de Gran Canaria, el pasado 28 de junio, por cultivo de cannabis, ha sido archivada por el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, Don Guillermo Fernández García. Diversas asociaciones cannábicas de Canarias piden que se cubran los vacíos legales existentes para poder funcionar con normalidad.

La causa abierta contra Andrés I. A., cultivador del Club Beletén de Gran Canaria, el pasado 28 de junio, publicada por este periódico el 1 de julio, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, ha sido archivada al entender el juez que “no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho supuestamente delictivo que ha dado motivo a la formación de la causa”.La Fiscalía no ha presentado recurso alguno, por lo que la causa queda definitivamente cerrada. La defensa del acusado corrió a cargo del Estudio Brotons & Asociados, de Alicante.

Muchos Clubes Sociales de Cannabis han ganado las causas abiertas contra ellos en España. En Canarias ésta es la primera sentencia favorable que tienen, pero ya hay otra causa abierta a otro club, ACMEFuer, de Fuerteventura. Las distintas asociaciones cannábicas de Canarias,la Asociación Cannarias, el Club Beletén, ACMEFuer y el Club Calidad de Vida, de Tenerife, piden que se regule por ley el funcionamiento de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC), ya que el actual vacío legal provoca que los jueces entiendan que su funcionamiento es legal, o al menos no es merecedor de una pena, pero cuando un agente de policía se encuentra con un cultivo de un CSC su deber es incautar ese cultivo. Esto provoca que los Clubes Sociales de Cannabis, que realizan su actividad abiertamente, con transparencia, tengan muchos problemas para realizar su actividad normal, debiendo sus socios acudir al mercado negro.

Los Clubes Sociales de Cannabis son asociaciones, sin ánimo de lucro, de personas usuarias de cannabis que se organizan para autoabastecerse, sin recurrir al mercado negro. Se basan en el hecho de que el consumo de drogas en un ámbito privado no es un delito. Aprovechando ese vacío legal, hace años que existen CSC en España, que producen su propio cannabis para repartirlo entre sus socios, en un circuito cerrado de adultos previamente usuarias y de enfermos que hacen un uso paliativo del cannabis.

 

Fuente Region Canarias

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Otros dos jueces se han sumado en los últimos meses a la lista de togados que ponen en duda los análisis de Sanidad Exterior o, simplemente, no encuentran en el mero cultivo de marihuana un hecho punible.

Así, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Elche, José Luis Pascual Martín, absolvió el pasado 4 de octubre a un acusado para el quela Fiscalíasolicitaba dos años de cárcel, después de que fuera detenido, en septiembre de 2009, porquela Policíahabía descubierto cuatro plantas de marihuana en el balcón de la vivienda de su suegra.

El peso total de la sustancia intervenida, que no se puso en duda, fue de652,2 gramos. A falta de indicios de otros indicios de tráfico de drogas, el juez exculpó al sospechoso. Aunque podía entenderse que dicha cantidad de droga solo podía estar predestinada al tráfico, el juez Pascual cita dos sentencias muy «ilustrativas» dela Audiencia Provincialde Cuenca.

En ella se establece que el cultivador de marihuana espera «lógicamente una cosecha que sea suficiente para un autoconsumo dilatado en el tiempo». De esta forma, «en el caso del cannabis sativa se trata de un ciclo cerrado, tanto de siembra como de recolección, consiguiéndose una sola cosecha al año».

Por esa razón, ha de ser un año el tiempo que se tome referencia para medir el autoconsumo, argumenta el juez. En este caso, los652 gramos, a una dosis diaria de entre 15 y20 gramos, daría como resultado una provisión de droga para dos meses.

Unos meses antes, una juez de Alicante, María Teresa Belmonte, había absuelto a dos procesados nada más finalizar el juicio, mediante una sentencia ‘in voce’ (verbal). Así de claro tenía la titular del Juzgado de lo Penal 1 de la capital que los acusados eran inocentes.

Ambos habían sido detenidos en la urbanización Haygón de San Vicente del Raspeig, donde tenían cinco plantas aún verdes de marihuana que arrojaron un peso bruto de 49 kilos.

La juez concluyó que el informe analítico presentado por Sanidad Exterior carecía «de valor probatorio en cuanto a la cantidad de cannabis apta para el consumo» porque no se habían discriminado los machos de las hembras pese a que son éstas, en concreto sus flores, las «únicas aprovechables».

Así lo había admitido durante la vista oral la técnico de laboratorio de Sanidad, al ratificar íntegramente su informe. La especialista señaló que las plantas se pusieron a secar y luego se separaron «cogollos, hojas y tallos finos, que son los que tienen THC», pero reconoció que no había «entrado a valorar si eran machos o hembras».

A esta falta de concreción se suma el hecho de que no había ningún otro indicio que hiciera presumir que los acusados estaban vendiendo marihuana. «Teníamos información de que había unas personas que estaban cultivando marihuana, solo eso, nada de tráfico», llegó a admitir un policía nacional.

En los quince días que duraron las vigilancias, los agentes no observaron ningún indicio de tráfico por parte de los sospechosos. Cabría preguntarse entonces porque el asunto llegó juicio.

Tanto en el caso de Elche como en el de Alicante la defensa la ejercía el abogado Héctor Brotons, que dirige a su vez el departamento jurídico de Alacannabis. Esta asociación alicantina promueve la legalización de la planta del cáñamo y sus derivados y proporciona asistencia letrada a sus socios.

Fuente Alacannabis

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Buenos Aires, Argentina.- La Cámara Federal ratificó la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal al confirmar el sobreseimiento de un joven que fue sorprendido fumando un cigarrillo de marihuana en cercanías del cementerio porteño de la Chacarita.
En una resolución firmada el 30 de diciembre último y a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah reiteraron la inconstitucionalidad del apartado segundo del artículo 14 de la ley 23737, conocida como “ley de drogas” que reprimía esa conducta.
En las cuatro carillas de su sentencia los magistrados dieron la razón al juez federal Daniel Rafecas quien desincriminó al joven que fue sorprendido por una brigada de la Policía Federal, en la Avenida Guzmán a la altura de la Estación Federico Lacroze de la ex Línea General Urquiza de esta ciudad, fumando un cigarrillo de marihuana.
Contra la resolución del juez Rafecas el fiscal Carlos Stornelli interpuso un recurso de apelación al que los camaristas no hicieron lugar al sostener que el fallo de primera instancia “se encuentra correctamente fundado” y que son válidas las fundamentaciones del magistrado para sobreseer al imputado.
Los magistrados reiteraron que para poder castigar al imputado es menester que el consumo de las drogas conlleve una “ostentación y trascendencia” que afecte a terceros, algo que no ocurría en el caso en estudio ya que el joven “se encontraba solo, caminando por una avenida y al advertir la presencia policial inmediatamente se deshizo del cigarrillo”.
“La tenencia de sustancias estupefacientes para el propio consumo del tenedor constituía una conducta incapaz, por sí misma, de conectarse con un resultado lesivo para otros, por cuanto no implicaba un daño al orden y la moral pública ni involucraba un perjuicio para terceros”, afirmó Ballestero en un concepto al que adhirió su colega Farah.
Los camaristas añadieron que no se advierte que por “las circunstancias en que se produjera la tenencia imputada en autos, una situación de daño -o siquiera peligro concreto- a derechos o bienes de terceros -pues no es sinónimo de ello la mera exteriorización de la conducta-“.
Por ese motivo concluyeron que corresponde “declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, para el supuesto concreto traído a examen” y confirmar, de tal manera, “el auto recurrido en todo cuanto dispone y fuera materia de apelación”

Fuente DiarioElComercial

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“No queda acreditado que la mera presencia de sustancia influyera en la conducción”

Un juez ordena que le retiren una multa y le devuelvan seis puntos a un conductor

La presencia de cannabis en la sangre no siempre “influye en la conducción”. Al menos eso es lo que ha estimado un juez de Tarragona que ha ordenado que le devuelvan seis puntos y le retiren la multa de 600 euros a un conductor sancionado por dar positivo en cannabis.

Ocurrió en 2008 y ahora los tribunales le dan la razón. Un joven fue sometido a un control rutinario de alcoholemia y consumo de drogas en Tarragona y fue sancionado por los Mossos por conducir “bajo los efectos” del cannabis.

Se había fumado un porro cuatro horas antes con varios amigos y los agentes determinaron que no estaba en condiciones de seguir al volante.

Un juez ha determinado que el servicio catalán de tránsito debe retirarle a este conductor la multa impuesta de 600 euros y devolverle los seis puntos que le retiraron. “No está probado” –recoge la sentencia- que el conductor estaba “en un estado físico y mental inapropiado para circular sin peligro” porque “no queda acreditado”, “que la mera presencia de sustancia influyera en la conducción”.

Y es que los agentes no cumplimentaron del todo la sanción especificando la cantidad de droga, uso y principio activo. Los agentes tampoco recogieron en la denuncia signos externos que demostrasen la incapacidad del joven para ponerse al volante.

Según ha explicado el abogado de la defensa, Carles Herrera, las pruebas de droga, a diferencia de las de alcoholemia, no especifican cantidades y solo indican si el test es positivo o negativo.

Fuente Telecinco

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Argentina.- En teoría la posesión para consumo no está penalizada. Pero la Justicia consideró que tener la planta en la casa donde vive con su hijo es grave.

Un padre de familia fue procesado por cultivar una planta de marihuana dentro del domicilio en que vive con su esposa e hijo, informaron hoy fuentes judiciales.

La Cámara Federal de General Roca confirmó el procesamiento y, así, avaló el fallo de primera instancia.

Para los camaristas, al hombre no lo alcanza el beneficio que rige para estos casos si tienen lugar en la esfera personal o íntima, pues cultivaba la marihuana delante de su familia.

Por ello se “aleja toda posibilidad de extender, a esta figura, los principios según los cuales se entendió que no resultaba punible la tenencia de estupefacientes para uso personal”, consideró la Cámara.

Fuente LosAndes